El general activo Pedro Almazán renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública estatal (SSP) en Guerrero, tras una serie de señalamientos de presuntos actos de corrupción y nexos con el narco. Almazán Cervantes dejó el cargo a tres años y nueve meses de que fue designado durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez y ratificado en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, tras registrarse más de ocho mil homicidios dolosos durante este periodo.
En las últimas semanas, el general en activo que se desempeñaba como funcionario estatal de seguridad fue señalado de presuntos nexos con los grupos del narco que operan en la entidad, principalmente en las regiones de Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente. Para diversos sectores, la inseguridad y violencia que se registra en Guerrero es responsabilidad de Pedro Almazán Cervantes, quien ha sido acusado de corrupción e ineptitud por sus mismos policías.
Irregularidades financieras y gestión de recursos
La gestión al frente de la seguridad pública enfrentó cuestionamientos por parte de las autoridades federales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal en 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Según el informe emitido por la ASF, se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. A continuación, se detallan los puntos críticos encontrados:
- Monto total analizado: 187 millones 645 mil pesos (85.3% del presupuesto).
- Probable daño al erario: 20 millones 158 mil pesos.
- Obra no ejecutada: 990 mil pesos.
- Subejercicio de recursos: 19 millones 258 mil pesos.
Incluso, la auditoría descubrió que, aunque se privilegió el gasto en equipamiento policial, no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
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Denuncias internas y desmantelamiento operativo
Un grupo de militares y civiles que pasaron por la entidad señalan al general Pedro Almazán Cervantes de vivir en su “burbuja” compuesta por más de 20 escoltas, varios vehículos y un sinfín de privilegios. Esta situación de aislamiento, según los críticos, lo mantiene alejado del grave problema que día a día viven ciudadanos de a pie, quienes padecen el auge desbordado de la delincuencia en el estado.
Además, se han documentado quejas sobre el personal de la SSP:
- Uso de la fuerza: Dos tercios de la corporación estatal están habilitados como guaruras de políticos, funcionarios y sus familiares.
- Conflictos con mandos: Desde que asumió el cargo, el general cambió constantemente de subsecretarios de operación policial, lo que ocasionó trastornos en los operativos.
- Intereses personales: Se han presentado acusaciones sobre el cobro de supuestas cuotas a coordinadores regionales y el desvío de recursos destinados a combustible para patrullas que son utilizadas en servicios de seguridad privada a empresas privadas.
Por su parte, la dependencia que encabeza el general Almazán Cervantes rechazó en su momento, mediante un comunicado, que el militar prestara algún tipo de protección a delincuentes o políticos vinculados al narco como se le acusó, argumentando que la SSP no está facultada para proporcionar por sí misma servicio de seguridad a persona alguna.
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