La aplicación de la ley tributaria es un elemento crucial para el funcionamiento y sostenimiento del Estado, así como para el desarrollo de la sociedad. En México, el fundamento de esta aplicación se encuentra profundamente arraigado en la Constitución Política, que ocupa la máxima jerarquía en el sistema legal del país, definiendo tanto las facultades del poder legislativo como las responsabilidades de los ciudadanos.
Fundamento Constitucional de la Imposición Tributaria
La Constitución Política establece en el artículo 73 fracción VII que es competencia exclusiva del H. Congreso de la Unión establecer las contribuciones necesarias tendiente a cubrir el presupuesto del Estado. Esta prerrogativa constitucional asegura que la creación y modificación de las leyes tributarias sean un acto soberano del poder legislativo, garantizando la legitimidad en la recaudación de fondos públicos.
Asimismo, la misma Constitución establece en el artículo 31 fracción IV que una de las responsabilidades de los mexicanos es coadyuvar al gasto público de la Federación, los Estados y los Municipios en donde residan de manera proporcional y equitativa de acuerdo con los criterios que marquen las leyes. Esta obligación ciudadana es vital para el sostenimiento de los servicios y programas gubernamentales, fomentando una participación corresponsable en el financiamiento del bienestar colectivo.
Componentes Clave de la Estructura Tributaria Mexicana
El sistema tributario mexicano se conforma por diversas figuras impositivas, cada una con un propósito y una contribución específica a la recaudación fiscal. Mientras que impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) son los principales pilares de los ingresos tributarios, existen otros gravámenes que complementan esta estructura.
En la estructura tributaria de México hay otros dos impuestos relevantes: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el impuesto a las importaciones (ARANCEL). El IEPS se aplica a la producción y venta de ciertos bienes y servicios, buscando regular su consumo o generar ingresos específicos. Por su parte, el ARANCEL es un impuesto que se aplica a los bienes importados, con el fin de proteger la industria nacional o generar ingresos aduaneros.
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No obstante, la contribución a la recaudación fiscal por parte de estos impuestos es baja (alrededor de 10 %) en comparación con el ISR y el IVA (85 %). Esta distribución refleja la preponderancia de los impuestos directos e indirectos generales en la conformación del presupuesto estatal, un aspecto fundamental para comprender la aplicación de la ley tributaria y sus posibles efectos económicos y sociales en el país.
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