El término "terrorismo fiscal" ha surgido en el debate público para describir una política tributaria que, según sus críticos, prioriza la persecución y la intimidación sobre la investigación y el desarrollo económico. Esta calificación se ha empleado para denunciar iniciativas que supuestamente otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un poder excesivo, criminalizando a los contribuyentes y socavando principios fundamentales del derecho.
¿Qué Implica el Terrorismo Fiscal?
El diputado Jericó Abramo Masso calificó la iniciativa como “terrorismo fiscal”, al perseguir más que investigar. Las reformas al Código Fiscal de la Federación, impulsadas por Morena, instalan una política de terrorismo fiscal que convierte la recaudación en un fin persecutorio y no en una herramienta de desarrollo económico. Christian Castro aseguró que el Código Fiscal es punitivo porque pretende recaudar a la fuerza lo que no saben administrar con eficiencia.
Según las voces críticas, el dictamen viola el principio de presunción de inocencia, convierte resoluciones administrativas en delitos y criminaliza a contribuyentes sin distinción.
Críticas a las Reformas al Código Fiscal
Violación de la Presunción de Inocencia y Criminalización
Las y los diputados federales del PRI, coordinados por Rubén Moreira, votaron en contra del Código Fiscal de la Federación 2026, por considerar que violenta el principio de la presunción de inocencia, convierte una resolución administrativa en un delito y criminaliza a contribuyentes sin distinción. Durante la discusión del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, Abramo Masso alertó que la reforma criminaliza a las y los contribuyentes, al permitir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declare operaciones inexistentes sin audiencia previa, violentando el principio de presunción de inocencia y transformando una resolución administrativa en delito penal.
El legislador coahuilense explicó que con las recientes modificaciones, el SAT podrá suspender patentes aduanales, confiscar mercancías y rematarlas sin sentencia, afectando gravemente el patrimonio de personas inocentes. “Eso no es justicia fiscal, es una política de miedo y abuso”, enfatizó.
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“Esta reforma no investiga, persigue. Le otorgan al SAT un poder desmedido que pone en riesgo a miles de empresas formales y productivas del país. No distingue entre el pequeño comerciante y el gran defraudador fiscal”, sostuvo.
Impacto Directo en Contribuyentes y Empresas
Asimismo, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce la existencia de más de 3 mil 500 empresas bajo sospecha de irregularidades fiscales, de las cuales más de mil 600 ya obtuvieron sentencias favorables. “Con esta reforma, esas defensas dejarán de tener efecto; todos serán culpables antes de ser investigados”, advirtió Abramo Masso.
Se ha señalado que se castiga al pequeño contribuyente, y las personas físicas del régimen simplificado de confianza perderán sus sellos digitales si retrasan tres declaraciones. Por ello, es un dictamen que representa un retroceso en derechos fiscales, libertades ciudadanas y seguridad jurídica. Simulan ir contra los evasores, pero golpean a quienes trabajan, pagan sus impuestos y sostienen este país.
Casos de Empresas bajo Sospecha de Irregularidades Fiscales
| Categoría | Número Aproximado |
|---|---|
| Empresas bajo sospecha | Más de 3,500 |
| Empresas con sentencias favorables | Más de 1,600 |
(Nota: La tabla se ha generado basándose en los datos proporcionados en el texto.)
Autoritarismo y Recaudación Forzosa
En la discusión en lo general, el legislador Emilio Lara Calderón afirmó que el Código Fiscal que presenta Morena es una expresión del autoritarismo que han desarrollado en los últimos años, porque, subrayó, pretenden un Estado que sepa todo de los contribuyentes, pero que ellos no sepan nada de cómo se gastan los recursos. Por ello, alertó que no pueden acompañar un Código que sólo busca vigilar, intimidar y que no genera confianza en los mexicanos.
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El diputado Christian Castro aseguró que Morena ya dejó al país en quiebra y por eso ahora busca dinero por todas partes, pero no para fortalecer ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, sino para seguir engañando al pueblo. Por eso, precisó, acuden a un Código Fiscal punitivo que pretende recaudar a la fuerza lo que no saben administrar con eficiencia.
Contexto Histórico y Demanda de una Política Fiscal Justa
Recientemente el Senado aprobó las reformas legales para considerar la evasión de impuestos como una figura penal de delincuencia organizada, lo cual da lugar a caer en interpretaciones que ya en épocas pasadas hemos sufrido, de terrorismo fiscal. En la época de Carlos Salinas y Pedro Aspe, metieron a la cárcel a varios empresarios de distintas partes de la república, incluyendo Jalisco, para infundir temor en la población. Aunque no distinga la Ley, los actos terroristas también puede provocarlos la misma autoridad.
Abramo Masso señaló que el PRI no se opone al combate a la corrupción ni a la evasión, pero sí a los excesos que ponen en riesgo la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. “Queremos que los factureros vayan a la cárcel, pero no a costa de criminalizar a los emprendedores y generadores de empleo”, afirmó. “Queremos un SAT fuerte, con inteligencia, no con intimidación. Queremos combatir la evasión, pero con legalidad, no con terrorismo fiscal. Esta reforma criminaliza al contribuyente, pero sigue dando alas a los evasores fiscales que tienen padrinos políticos”, enfatizó Emilio Lara.
Las y los diputados del PRI reiteraron que México necesita una política fiscal justa, moderna y humana, no un sistema persecutorio. La defraudación fiscal ha llegado al grado de poner en riesgo la recaudación, pero no es óbice para que la autoridad obre sin apego a las leyes o las aplique según su libre albedrío.
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