A lo largo de los años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tenido un papel importante en la construcción, desarrollo y perfeccionamiento de la fiscalización de los recursos públicos federales en nuestro país.
Producto de una serie de significativas reformas constitucionales y legales, el ejercicio de la acción fiscalizadora de la ASF se ha visto robustecido, a la vez que se han diversificado sus tareas, abarcando aspectos ya no sólo de vigilancia y supervisión del empleo adecuado de los recursos públicos federales, sino también correspondientes a la consolidación de mecanismos de integridad en el servicio público y el combate a la corrupción.
El Rol de la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Es precisamente en el tema del combate a la corrupción que las funciones de la ASF han alcanzado un redimensionamiento en nuestro país tras la aprobación constitucional, en mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El SNA, tiene como objetivos esenciales la prevención, detección y combate a la corrupción, para lo cual requiere de la suma de esfuerzos ordenados entre las distintas instituciones que participan en las tareas de transparencia, fiscalización y sanción de delitos y conductas corruptas.
La ASF se constituye como el referente idóneo y pilar sustantivo del SNA, al ser integrante de dos importantes sistemas: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del Sistema Nacional de Fiscalización.
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El diseño del SNA auspicia la colaboración de las principales instituciones que pueden incidir en la prevención, detección y sanción de actos corruptos.
Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o.
Al ser un elemento central del SNA, al Comité coordinador le compete el diseño y promoción de políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Cabe preguntarnos cuáles son los desafíos que con motivo de la reforma anticorrupción 2015 enfrenta la ASF.
Subsistema Nacional de Fiscalización
El Subsistema Nacional de Fiscalización (en funcionamiento desde hace más de cinco años) es presidido por la ASF y la Secretaría de la Función Pública, integrado también por las entidades de fiscalización superior de los estados, los miembros de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
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Participación Ciudadana y Contraloría Social
El SNA atiende parcialmente al modelo teórico y puede fortalecerse y trascender hacia un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de mayores alcances.
El Subsistema Nacional de Participación y Contraloría Social sería una instancia de coordinación que robustecería los factores (normativos, organizacionales, de procedimientos, etcétera) que hoy se tienen para propiciar la participación y contraloría social como una instancia decisiva en la vigilancia de los actos y decisiones de gobierno en México.
La inclusión de un Comité de Participación Ciudadana previsto en el marco constitucional del SNA es una buena y alentadora noticia para fortalecer la rendición de cuentas de cara a la sociedad.
La Contraloría Social es definida legalmente como el mecanismo de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, por el que, de manera organizada, pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a dichos programas.
En el caso del rol de la ASF con la participación y contraloría social existen muestras de las actividades que ha venido efectuando, por poner sólo tres ejemplos:
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- el Sistema Público de Consulta de Auditorías, visible en la página web de la ASF.
- la guía para el ciudadano que explica con claridad a la sociedad ¿qué es?
La Auditoría y el Combate a la Corrupción: Perspectivas Internacionales
Es interesante y destacada la labor fiscalizadora del TFC (Tribunal de Cuentas Federal de Alemania).
Sobre este tema, la corrupción y el lavado de dinero son amenazas para las instituciones políticas, los países y las economías; debido a estos actos nocivos cometidos por individuos o empresas, en todo el mundo se pierden miles de millones de euros o dólares cada año.
Desde hace aproximadamente diez años el TFC viene colaborando en un grupo de trabajo específico de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), para discutir ideas relacionadas con los mecanismos de combate a la corrupción y lavado de dinero en áreas específicas, gobiernos, países, etcétera.
En los casos en que el TFC detecta un delito, procede a informar a la policía y a la Fiscalía, y se hacen los seguimientos correspondientes.
Asimismo, el TFC establece vínculos importantes con el Ministerio del Interior, el cual se encarga de establecer normas y bases que deberán ser empleadas por todas las instituciones gubernamentales, por los ministerios y por las autoridades alemanas.
Desafíos Internos y la Autonomía de la ASF
La Auditoría es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos, porque identifica irregularidades y establece controles (preventivos y correctivos) a otros poderes y órdenes de gobierno.
El auditor superior tiene la compleja labor de fiscalizar que los recursos públicos se ejerzan de manera correcta y que los programas de gobierno cumplan con los objetivos establecidos.
Sin embargo, la lista es alarmante y refleja que se cedió la técnica por la política. Sólo él dice qué, cómo, cuánto y cuándo auditar y qué se da a conocer. Es el retrato del debilitamiento de la autonomía y captura política de la ASF.
Una parte central es la lógica de no incomodar. Con base en cálculos con información del Sistema Público de Consulta de Auditorías (SPCA), sólo se audita uno de tres pesos de la política social en la administración federal actual.
Información del SPCA actualizada a 2024, muestra que, aparentemente, los daños patrimoniales habrían disminuido 83%. A pesar de ello, los expedientes que siguen abiertos (en aclaración o investigación sin promoverse al TFJA) han aumentado 46%, llegando a 380 mil millones de pesos.
La Comisión de Vigilancia, responsable de evaluar, ha sido omisa en auditar al auditor y difícilmente se le llamará a cuentas.
En el mediano plazo necesitamos que los diputados se enfoquen en el programa anual de auditorías, debido a que ahí se define qué, cómo y cuánto se audita. Es el instrumento más poderoso en manos del auditor superior.