Un subsidio es un apoyo económico del Estado para reducir el precio que paga el consumidor. Específicamente, el subsidio al combustible es un apoyo mediante el cual el gobierno absorbe una parte del impuesto por la compraventa de combustible. Cuando el porcentaje de este apoyo es mayor, los conductores pagan menos. Así funcionaría: las estaciones de servicio o distribuidores bajan el precio (por ejemplo, Q10 menos por galón), y luego el Estado les devuelve ese monto. Este modelo -común en varios países- requiere controles para asegurar que el descuento realmente llegue al consumidor final y no se quede en la cadena de distribución.
Mecanismo y Financiamiento del Subsidio en México
En México, el gobierno federal otorga apoyos fiscales para contener el alza de los precios de los combustibles, particularmente de la gasolina regular (Magna) y el diésel. Esto significa que el gobierno absorbe una mayor parte de los impuestos. Por ejemplo, del 13 al 17 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicó un estímulo al diésel de 80.35 por ciento y, en el caso de la gasolina regular, la de mayor consumo, fue de 26.97 por ciento. En el caso del diésel, el gobierno cubrió 5.91 pesos por litro y los consumidores pagaron 1.44 pesos. Para la gasolina Magna, la administración aplicó un subsidio de 1.80 pesos y los conductores pagaron 4.89 pesos por litro. Dichas cuotas fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. En la semana del 4 al 10 de abril, el gobierno cubrió 5.97 pesos por litro de diésel y los consumidores 1.38 pesos; asimismo, absorbió 2.09 pesos por litro de gasolina Magna y los automovilistas pagaron 4.6 pesos.
El precio de la gasolina en México no depende de un solo factor. Se calcula a partir de una combinación de elementos: el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, los costos de traslado y distribución, el margen de ganancia de las estaciones de servicio y los impuestos. Las autoridades hacendarias han informado que el subsidio a los combustibles fósiles está siendo financiado con el superávit de los ingresos generados por la exportación del petróleo, por encima del precio previsto en el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión. El diésel es el principal combustible para el transporte de carga, pasajeros, maquinaria y gran parte del sector productivo. Cualquier variación en su precio tiene impacto en los costos de distribución y, eventualmente, en los precios de bienes y servicios para el consumidor final.
La Controversia: ¿A quién beneficia realmente el subsidio?
Una política que ha generado gran polémica entre la sociedad es el subsidio a los combustibles fósiles, ya que la noción general apunta a que este subsidio beneficia a los más pobres. Sin embargo, el subsidio que está siendo otorgado a la gasolina es regresivo, ya que beneficia fundamentalmente a las clases medias y altas, que son las que disponen de uno o más automóviles por familia. Esto es porque los individuos de mayores ingresos tienden a demandar mayor cantidad de combustible.
Según datos de la SHCP, el esquema actual en realidad subsidia a los segmentos más ricos de la población. Esto se evidencia en la siguiente distribución:
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| Segmento de Ingresos | Porcentaje del Beneficio Total del Subsidio |
|---|---|
| 20% más rico del país | Casi 60% |
| 20% más pobre del país | Tan sólo 3% |
En contraste, por cada peso del subsidio a la gasolina que recibe un individuo perteneciente al 10% de la población con menores ingresos, un individuo en el 10% más rico se lleva 32 pesos. Si lo comparamos con políticas de combate a la pobreza, encontramos que tenemos maneras más eficientes de redistribuir la riqueza. Un ejemplo son las becas educativas de Oportunidades, donde 65.3% del beneficio lo recibe el 30% más pobre del país. Una política social tiene incidencia progresiva cuando, entre menores ingresos se tienen, más apoyo se recibe. También resulta evidente cuando se compara el subsidio a los combustibles con aquellos otorgados a las tarifas eléctricas domésticas y agrícolas, que están dirigidos a los grupos de menores ingresos económicos.
Impacto Económico, Social y Ambiental
Actualmente, el Estado mexicano destina una cantidad de recursos importante al subsidio de la gasolina. En 2012, el subsidio representó 220 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4% del PIB. Durante 2013, la SHCP previó disminuir el subsidio y lo cifró en 48 mil 895 millones de pesos para todo el año. En el sector educativo, con el monto del subsidio de 2012, hubiéramos podido pagar 7.58 veces el presupuesto total de la UNAM. Invertir en la educación es, sin duda, una política eficaz para disminuir la pobreza.
Generalmente, un subsidio causa un mayor consumo de un bien. Al subsidiar la gasolina, se generan incentivos para el uso del automóvil y los combustibles fósiles, lo cual a su vez tiene un impacto social reflejado en mayor contaminación. Actualmente, México es uno de los países con mayor consumo de gasolina en el mundo al ubicarse en la posición 25. En el caso del diésel, que es vital para muchas actividades económicas, los subsidios ya están provocando restricciones en el abasto.
Un aumento en el precio de la gasolina puede generar un aumento en los precios de los bienes que requieren transporte, como los alimentos. Sin embargo, esto no implica que habrá mayor inflación en el largo plazo. La inflación se define como un aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía. En realidad, si analizamos experiencias de otros países podemos ver que los precios bajos de la gasolina no garantizan una inflación baja. Venezuela tiene uno de los precios de gasolina más baratos del mundo en 35 centavos de peso por litro y una inflación de 50% anual. Además, los impuestos a la gasolina tampoco generan más inflación. En Corea del Sur, Italia y Noruega hay un impuesto de más de 10 pesos por litro y ningún país tiene una inflación mayor al 3% anual.
Desde una perspectiva global, los gobiernos gastan cerca de US$423.000 millones cada año para subsidiar el consumo de combustibles fósiles, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto significa que por cada dólar comprometido para mitigar los efectos de la crisis climática, se gastan cuatro dólares en subsidios a los combustibles fósiles. Estas medidas alientan el consumo derrochador, sin llegar necesariamente a los hogares de bajos ingresos. La única solución duradera a la crisis energética y la mejor manera de reducir el impacto de los altos precios que pagan los consumidores es un aumento en la inversión en tecnologías e infraestructura de energía limpia.
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Subsidios a los Combustibles en América Latina: Casos y Desafíos
Cuando los gobiernos en América Latina han intentado disminuir el subsidio a la gasolina, las calles se han llenado de manifestantes que protestan contra el aumento del precio del combustible. Así lo han experimentado países como Ecuador, Panamá y Perú, que, en medio de la ola inflacionaria que recorre el mundo, han enfrentado una dura oposición cuando se pone sobre la mesa aumentar los precios a productos como la gasolina o el diésel. Y pese a que conlleva un fuerte riesgo político, recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo el anuncio: "A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado." El gobierno colombiano anunció que a partir de octubre el precio de la gasolina subirá cada mes unos cinco centavos de dólar por galón. Los críticos argumentan que la disminución del subsidio a la gasolina afectará a las familias más vulnerables y aumentará la pobreza en un momento en que la situación económica del país es apremiante.
Depende de cómo se mida, pero en lo que concuerdan los expertos, es que los subsidios se llevan una gran parte del gasto fiscal de los países. Sea porque un país tiene un profundo déficit fiscal, o porque busca impulsar una agenda menos contaminante (o las dos cosas), el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, incluida la gasolina y el diésel, ha estado en el centro del debate porque reducirlos o eliminarlos afecta el bolsillo de los consumidores en el corto plazo y puede tener efectos políticos de gran envergadura.
Los subsidios no son iguales en todos los países. Hay subsidios al consumo que buscan mantener el precio que pagan los consumidores por debajo del valor de mercado, y otros que operan a través de aportes para rebajar los costos de los productores. La gasolina está subsidiada en todos los países de la región a través de distintos mecanismos que pueden incluir subsidios directos, fondos de estabilización, rebaja de impuestos, exenciones fiscales o algún tipo de control de precios a través de empresas estatales. Más allá del mecanismo que se implemente, básicamente los subsidios tratan de desacoplar parcialmente el precio que paga el consumidor final del valor de mercado.
En medio de la escalada de precios de los combustibles, Brasil, la mayor economía de la región, aprobó una regulación para limitar la recaudación de impuestos sobre los combustibles que hacen los estados y eliminar los impuestos federales que gravan la gasolina. Y en términos más generales, la petrolera semiestatal Petrobras también ha estado contribuyendo a que los precios no se disparen, como también ocurre en Argentina con YPF, de la que el Estado tiene el 51% de la propiedad. México es un importante exportador de petróleo, y el gobierno anunció que el impuesto que pesa sobre los combustibles estará 100% subsidiado.
Países como Colombia, Perú o Chile cuentan con un fondo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como FEPC en Colombia y Perú, y MEPCO en Chile. Son fondos que apuntan a mantener los precios de los combustibles dentro de ciertos márgenes para mitigar las fluctuaciones de los precios internacionales. Perú, por su parte, extendió el plazo de entrega de subsidios a través de su fondo para estabilizar precios. Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia han subsidiado las gasolinas como parte de una política general de control de precios y subvenciones fiscales que han caracterizado a estas economías latinoamericanas. Una situación compleja han enfrentado países como Ecuador y Panamá, que no lograron implementar reducciones de subsidios este año tras masivas protestas que exigían mantener las ayudas fiscales. Otros países como El Salvador, Honduras o Guatemala han aplicado tanto políticas de subsidio tradicionales o congelamiento de las tarifas en los últimos meses por el contexto inflacionario. República Dominicana también ha implementado un mecanismo mixto de subsidios y congelamiento de tarifas, mientras que en Costa Rica el sistema funciona a través de la fijación de precios.
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Sin duda los precios son más bajos en los países productores de petróleo y en aquellos que aplican los subsidios más altos. Con la recuperación económica tras la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, la meta de disminuir o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles pareciera estar cada vez más lejana. En los países de América Latina la mayoría de los gobiernos están tratando de controlar la inflación de manera urgente, antes de avanzar en la transición energética, dadas las circunstancias geopolíticas y de suministro que afectan al mundo.
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