La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Constituye una violación grave a los derechos humanos. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Digna Ochoa y Familiares Vs.
Abuso y explotación sexual, trata, trabajos forzosos y rapto son solamente algunos de los peligros a los que se enfrentan hoy día los niños de todo el mundo. El alcance mundial y el anonimato de Internet han facilitado enormemente la distribución de material relacionado con abuso sexual de menores, y el acceso a este. Los delincuentes sexuales pueden producir, intercambiar e incluso emitir en directo vídeos de abusos a niños, e incluso a bebés. Sharing, downloading, or storing sexual content involving children or teenagers is a crime.
Acusaciones de Agresión Sexual contra Julio Iglesias: Un Caso Reciente
La Justicia española investiga las denuncias públicas de agresión sexual contra el cantante español Julio Iglesias que realizaron dos mujeres. Las acusaciones fueron publicadas, el martes, en un reportaje de investigación realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision. Este viernes, el artista calificó las acusaciones como "absolutamente falsas".
"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid informó que había abierto diligencias de investigación tras recibir el 5 de enero una denuncia relacionada con los presuntos hechos, supuestamente ocurridos hace unos 5 años fuera de España, pero que pueden ser abordados por la justicia del país. Si en las pesquisas de la Fiscalía se hallan indicios de la comisión de algún delito se presentará una demanda ante el juzgado; de no ser así, la causa se archivará.
Según sus testimonios, las agresiones sexuales tuvieron lugar en 2021 en las propiedades del cantante de Punta Cana, en la República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas. Las mujeres, una de las cuales trabajó como empleada doméstica para el artista de 82 años y la otra como fisioterapeuta, alegaron que este "normalizó el abuso" e impuso un ambiente coercitivo, amenazante y violento. Según los dos medios autores de la investigación, Julio Iglesias y su abogado no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios antes de la publicación de sus reportajes.
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Testimonios de las Presuntas Víctimas
Una de las mujeres entrevistadas, una empleada doméstica bajo el nombre ficticio Rebeca en el reportaje, contó que él la llamaba regularmente a su habitación al final del día y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento. "Me usaba casi todas las noches", afirmó. Y agregó: "Me sentía como un objeto, como una esclava". Rebeca, una mujer de nacionalidad dominicana que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos descritos, también alegó que Iglesias la obligó a participar en tríos con otra empleada. Describió, asimismo, que el cantante la abofeteó y le tocó los genitales.
La otra mujer, una fisioterapeuta venezolana llamada Laura en el artículo, aseguró que Iglesias le tocó los pechos y la besó en la boca contra su voluntad. Añadió que la amenazaba constantemente con despedirla, controlaba la cantidad de comida que ingería y le preguntaba cuándo le venía la regla. "Siempre decía que estaba gorda y que tenía que adelgazar", aseveró Laura, que describió un ambiente de trabajo de "abuso normalizado". Aunque ella aseguró haber rechazado con frecuencia las insinuaciones sexuales de Iglesias, puntualizó que "había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas".
ElDiario.es y Univision, que investigaron el caso conjuntamente durante tres años, afirman que las acusaciones están respaldadas por pruebas documentales, entre ellas fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos. En el reportaje se cita a otros exempleados de Iglesias que describen un ambiente amenazante y de gran estrés para quienes trabajaban para él. Se ha sabido que las mujeres bajo los alias Rebeca y Laura presentaron una denuncia el 5 de enero contra Iglesias por agresión sexual y trata de personas ante la Audiencia Nacional, que investiga delitos presuntamente cometidos fuera de las fronteras de España.
Reacciones y Declaraciones
En un comunicado publicado este viernes, en su cuenta de Instagram, Iglesias señaló que "con profundo pesar", respondía a las acusaciones hechas por "dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa". "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer". Las acusaciones las califica de "absolutamente falsas". "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".
Tras la publicación de las denuncias, un viejo amigo de Iglesias, Jaime Peñafiel, calificó las acusaciones como "mentiras absolutas". Otro allegado, el periodista Miguel Ángel Pastor, afirmó no haber oído nunca "ninguna insinuación de que pudiera haber cometido este tipo de actos". Por su parte, una mujer identificada como gerente de una de las propiedades del cantante en el Caribe calificó las acusaciones de "absurdas".
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La ministra de Igualdad del gobierno español, Ana Redondo, expresó su esperanza de que el caso se investigue "hasta el final". "Cuando no hay consentimiento, hay agresión", publicó en redes sociales. Ione Belarra, líder del partido de izquierda Podemos, pidió que se acabe con "el silencio" en los casos de agresión sexual cometidos por "agresores famosos que están protegidos por su dinero". La dirigente conservadora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras más visibles en el escenario político de España, expresó su apoyo al cantante: "La Comunidad de Madrid nunca contribuirá al linchamiento de artistas y menos aún al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", publicó en redes sociales.
Denuncias y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se considera que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando una niña, niño o adolescente desaparece, es importante que el reporte se haga de forma inmediata a las autoridades, esto incrementa la posibilidad de localización.
En INTERPOL trabajamos para hacer frente a estos delitos de dimensión internacional. Emitimos notificaciones amarillas, para ayudar a rastrear a niños desaparecidos. Por otro lado, nuestros expertos en trata de personas colaboran con los países miembros para rescatar a niños víctimas de trata y trabajos forzosos.
Si has sido afectado, tienes el derecho de acudir personalmente o auxiliado y apoyado de la Persona consejera de la Entidad a este OIC en la toma de la declaración respectiva. Éste Ente de Legalidad vigila que se garantice a la Presunta víctima la confidencialidad en el manejo, uso, resguardo y conservación de cualquier documento o constancia que se le proporcione a la Persona consejera y al mismo Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, así como de los registros, referencias y notas que realicen de su intervención, asesoría y acompañamiento.
En caso de ser víctima o conocer de actos de abuso de autoridad, debe presentar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos. La Fiscalía recibe denuncias en diferentes centros de atención, como las Salas de Atención al Usuario -S.A.U-, las Unidades de Reacción Inmediata -U.R.I-, los Centros de Atención a Víctimas y las Casas de Justicia. Para estos comportamientos usted también podrá presentar queja o denuncia ante la entidad de donde hace parte el servidor público, y de igual manera ante la Procuraduría General de la Nación, para que, si hay lugar a ello, inicien el proceso disciplinario correspondiente. A falta de ella, usted puede acudir ante la Personería Municipal o Defensoría del Pueblo.
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La Problemática de las Denuncias Falsas
Una acusación falsa o denuncia falsa es un delito que consiste en una actuación realizada ante una autoridad policial o judicial en la que se imputa a una persona un delito a sabiendas de su falsedad. Hay dos bienes jurídicos protegidos: el honor de la persona y la Administración de Justicia.
Es necesario distinguir la denuncia falsa del delito de falso testimonio, de la simulación de delitos y de la presentación de testigos falsos. El delito de acusación o denuncia falsa requiere los siguientes elementos:
- La imputación precisa de hechos concretos y específicos contra una persona determinada.
- Los hechos imputados serían constitutivos de delito si fueran ciertos.
- La imputación tiene que ser falsa.
- La denuncia o querella ante la autoridad competente (policía, juzgado o Ministerio Fiscal).
- Mala fe, dolo o intención delictiva del denunciante.
La denuncia debe incluir una serie de hechos inexistentes y debe presentarse con conciencia y voluntad de ello. Es decir, que el denunciante tiene que actuar con dolo, conocimiento de la falsedad del hecho y un temerario desprecio hacia la verdad.
Regulación y Sanciones de las Denuncias Falsas
El delito de denuncia falsa está regulado en el artículo 456 del Código Penal español, en el Título XX (Delitos contra la Administración de Justicia), Capítulo V (de la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos). El artículo 456.1 del Código Penal establece pena de prisión y/o multa en función de la gravedad del delito que se ha intentado imputar. Por lo tanto, las consecuencias de una denuncia falsa son:
| Tipo de Delito Imputado | Pena de Prisión | Multa |
|---|---|---|
| Delito grave | 6 meses a 2 años | 12 a 24 meses |
| Delito menos grave | - | 12 a 24 meses |
| Delito leve | - | 3 a 6 meses |
Por otro lado, si el denunciante hace pública la denuncia y posteriormente se demuestra su falsedad, podría ser culpable también de un delito de calumnias. En estos supuestos habrá un concurso real de delitos al tratarse de dos delitos distintos.
No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Hay dos sujetos que pueden perseguir delito de denuncia falsa: el juez o tribunal que ha conocido del caso y el denunciado cuyo honor ha sido vulnerado. Para ello, es necesario que previamente se emita sentencia firme, auto de sobreseimiento o archivo por el juez o tribunal. Es decir, que la causa penal que abre la denuncia falsa ha tenido que terminar con sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
En Argentina, las denuncias falsas son delitos tipificados desde hace más de un siglo. El Código Penal sanciona tanto la falsa denuncia (art. 245) como el falso testimonio (art. 275), con penas que pueden incluir multas o prisión. El Código Penal prevé para la falsa denuncia una pena de 2 meses a 1 año de prisión o multa. Para el falso testimonio, establece una pena base de un mes a cuatro años de prisión, que puede elevarse a entre 1 y 10 años cuando se comete en una causa penal en perjuicio del imputado.
Prevalencia y Obstáculos a la Denuncia
Frente a este panorama, el discurso sobre las denuncias falsas merece ser leído con cuidado. Los estudios disponibles sugieren que representan una porción minoría del total de denuncias, y no toda denuncia que no prospera judicialmente es una denuncia falsa. Los estudios disponibles demuestran que no existe, al menos en términos empíricos y documentables, un problema estructural de denuncias falsas en el ámbito de la violencia basada en género, ya que representan menos del 1 % del total de las denuncias.
Lo que sí muestran los datos con solidez es que la violencia de género está masivamente subdenunciada, y que el temor a no ser creídas es una de las principales razones por las que las víctimas no denuncian. En algunos casos, la narrativa de la "denuncia falsa" es utilizada por agresores como estrategia para deslegitimar las acusaciones en su contra.
¿Qué tan extendida es la violencia de género? La violencia contra las mujeres es un fenómeno de escala masiva. En Argentina, el 45% de las mujeres declara haber experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja actual o anterior. De ellas, el 77,3% no hizo la denuncia. En 2024 hubo 247 víctimas letales de violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 36 horas. En al menos el 48% de esos casos se habían registrado hechos previos de violencia, pero solo el 16% había denunciado al agresor y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes. Es decir, aún en sus expresiones más graves, la violencia contra las mujeres aun es un fenómeno subdenunciado.
En Argentina, solo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufren violencia realiza la denuncia, y un 1,6% concurre a dispositivo institucional, pero no denuncia. Además, específicamente en el caso de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, entre el 90 % y el 95 % no se denuncian. Este elevado nivel de subregistro también se relaciona muchas veces con la edad de la víctima y con relación de dependencia con el agresor.
De acuerdo con la Recomendación General núm. 33 del Comité CEDAW, la justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de las mujeres a la justicia, y la capacidad y el poder efectivos para reclamar sus derechos jurídicos. Sin embargo, en los casos de violencia de género y abuso sexual, las víctimas enfrentan una compleja red de barreras que inhiben la denuncia:
- Institucionales y judiciales: el sistema de justicia suele percibirse como un entorno hostil, fenómeno que las fuentes describen como una "segunda agresión" o "revictimización".
- Influencia de mitos y estereotipos de género: la justicia a menudo opera bajo la "sospecha como norma", asumiendo que el relato de la víctima es falso o exagerado.
- Obstáculos sociales y económicos: estigma y vergüenza, miedo a represalias, dependencia económica, o barreras económicas o de acceso.
- Insuficiencia en la aplicación efectiva de las medidas de protección, falta de respuestas judiciales oportunas y consecuente consolidación de patrones de violencia e impunidad.
En resumen, cuando la justicia se convierte en una amenaza o una trampa para quien denuncia, el silencio es muchas veces la única opción percibida como segura para las víctimas.
Impacto del Endurecimiento de Penas y Recomendaciones
Endurecer las penas por denuncias falsas tiene un efecto inhibidor concreto sobre las víctimas, que opera en varios niveles:
- Desde el punto de vista jurídico: los abusos sexuales son delitos que requieren una investigación seria y libre de prejuicios discriminatorios. Si la investigación posterior no logra una condena, estos profesionales quedarían expuestos a ser acusados de falso testimonio, aun cuando hayan hubieran actuado con responsabilidad y dentro de sus obligaciones legales.
- Desde el punto de vista psicológico: el miedo a no ser creída, a ser revictimizada por el sistema y a quedar expuesta además a una acusación penal es suficiente para profundizar el silencio que ya existe.
- Desde el punto de vista político: vale preguntarse para qué sirve endurecer penas ante un fenómeno que los datos no muestran como extendido, cuando la legislación ya cuenta con herramientas para investigar y sancionar las denuncias falsas. Lo que el endurecimiento agrega no es eficacia jurídica sino una amenaza: que denunciar tenga un costo lo suficientemente alto como para que muchas víctimas prefieran el silencio.
El endurecimiento de las penas por falso testimonio no solo impacta sobre las víctimas directas de violencia: también pone en una situación de alta vulnerabilidad a los profesionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes, como docentes, trabajadores de la salud y psicólogos/as. Estos profesionales tienen obligación legal de denunciar cuando detectan indicios de abuso. El efecto concreto es alarmante: ante el riesgo de enfrentar consecuencias penales, muchos pueden optar por no denunciar. Y si quienes están en la primera línea de detección del abuso infantil se silencian, las consecuencias para las víctimas más vulnerables son devastadoras.
En sus Observaciones finales al octavo informe periódico de la Argentina, y en particular en el apartado referido al acceso a la justicia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó expresamente “Retirar la propuesta de modificación del Código Penal (núm. de expediente 228/25) relativa a las falsas denuncias en casos de violencia de género y se asegure de que las modificaciones legislativas no creen obstáculos para formular denuncias, no disuadan a las víctimas de buscar protección ni menoscaben la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género”.
Mejoras para el Sistema de Justicia
En lugar de centrar el debate en el endurecimiento del castigo frente a situaciones minoritarias, la evidencia muestra que una estrategia más eficaz es fortalecer integralmente el sistema de justicia, de modo que los procesos sean más rigurosos, confiables y justos, y que la verdad pueda emerger sin revictimización.
En ese sentido y de acuerdo con los estándares internacionales relativos al acceso a la justicia se identifican algunos ejes de intervención:
- Formación continua y obligatoria de magistradas/os, fiscalías, defensorías y fuerzas de seguridad en el marco normativo vigente en materia de género y acceso a la justicia, orientado a eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias que afectan la valoración de testimonios y pruebas. De esta manera se puede prevenir la revictimización y asegurar decisiones judiciales imparciales y compatibles con la debida diligencia en casos de violencia de género y violencia sexual.
- Incorporación por parte de los operadores del sistema de una perspectiva de género y de derechos de niñas, niños y adolescentes, que permita comprender cómo la violencia, el trauma y sus secuelas inciden en los relatos y en la participación en los procesos judiciales. Esta mirada resulta imprescindible para evitar decisiones basadas en estereotipos, prejuicios o expectativas irreales de credibilidad, que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes y constituyen una barrera estructural al acceso efectivo a la justicia.
- Garantizar investigaciones diligentes, oportunas, imparciales y técnicamente adecuadas en los procesos penales, especialmente en casos de violencia de género y violencia sexual. Desarrollar y fortalecer dispositivos coordinados entre fiscalías, equipos psicosociales, servicios de salud y peritajes especializados, que eviten la reiteración innecesaria de entrevistas, reduzcan el desgaste emocional de la denunciante y garanticen un proceso judicial respetuoso y equilibrado para todas las partes.
- Garantizar medidas de protección oportunas y eficaces para las víctimas, acompañamiento continuo y respuestas judiciales diligentes en los casos de violencia de género. Es necesario fortalecer estas respuestas para prevenir nuevas vulneraciones, evitar la revictimización y asegurar una tutela judicial efectiva, en cumplimiento del deber de debida diligencia y del derecho de las mujeres a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Los obstáculos probatorios, los tiempos judiciales, la revictimización constante y la falta de acompañamiento adecuado hacen que el silencio sea muchas veces la única opción para las víctimas.
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