El lunes 09 de junio de 2003, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reabrió un expediente crucial que puso en el ojo del huracán a altos funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Este caso, el expediente 230/01, involucra directamente al subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, junto al entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y al oficial mayor Xavier Ponce de León.
La reapertura del caso se dio a petición del nuevo secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, y se centra en el presunto desvío de 11 millones 298 mil 492 pesos. Este ilícito no había sido resuelto previamente por el excontralor Francisco Barrio, quien, según se señala, nunca quiso abordarlo debido a que habría tenido que destituir al secretario de Estado preferido del Presidente de la República.
El Origen de la Investigación y los Señalamientos
La investigación que acusa directamente a Antonio Ruiz García y a otros servidores públicos de la Sagarpa se basa en la adjudicación directa de un contrato a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural. Es relevante destacar que Antonio Ruiz García se desempeñó como director general de esta fundación durante 17 años hasta antes de ingresar al gabinete foxista.
El contrato en cuestión ascendió a casi 12 millones de pesos y tenía como objetivo la realización de un estudio sobre la situación del café en el país. Sin embargo, expertos en la materia indicaron que dicha investigación no debería haber rebasado los 500 mil pesos. Además, por exceder el monto establecido por la ley para obras y contratos, el proceso debió haberse licitado, y no adjudicado de manera directa.
Evidencia Documental y Determinación de Responsabilidades
Entre las evidencias documentales que los medios de comunicación tienen en su poder, destaca el oficio número SP/100/0204/2002. Este documento, con fecha del 13 de febrero del año pasado, fue firmado y enviado por el entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Mario Escárcega Leos. En él, Barrio daba instrucciones precisas de que la Secretaría de la Contraloría atrajera la investigación por presunto desvío de recursos federales, que ya era llevada a cabo por la Contraloría Interna de la Secretaría de Agricultura y en la que estaban involucrados Javier Usabiaga, Antonio Ruiz García y Xavier Ponce de León.
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En uno de los párrafos del escrito, Francisco Barrio explicaba la esencia de la investigación con claridad: "Sobre el particular, considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría, de conformidad con lo que señalan los artículos 57, último párrafo, y 62 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos". Por ello, estimó girar las órdenes pertinentes para que la Dirección General a su cargo se abocara al conocimiento del asunto antes mencionado y, en su oportunidad, se emitiera la resolución que en derecho procediera.
A pesar de que este oficio fue enviado un año y cuatro meses antes de la reapertura del caso, la resolución respectiva no se había emitido. Otro elemento probatorio contundente es un oficio del 31 de mayo de 2002, firmado por el titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de Agricultura, Carlos Espíndola Vargas. Este documento precisa que, tras una intensa investigación sobre el desvío de fondos públicos, "se concluyó la presunta responsabilidad del señor Ruiz García y (de) otros servidores públicos de la Sagarpa en los hechos denunciados". La Auditoría Gubernamental de la Secodam también determinó la presunta responsabilidad de los tres funcionarios de alto nivel de Agricultura.
La Defensa del Subsecretario y la Controversia
Entrevistado al respecto, el subsecretario Antonio Ruiz García rechazó las acusaciones en su contra. En su defensa, alegó que el expediente de la investigación fue cerrado desde hacía año y medio, cuando el propio Javier Usabiaga solicitó a la Secretaría de la Contraloría que lo investigaran. Según Ruiz García, la Contraloría hizo algunas recomendaciones para que se apegaran a la normatividad del gobierno federal.
Sin embargo, los oficios del excontralor Francisco Barrio y del titular de la Contraloría Interna de Agricultura revelan una situación diferente, mostrando que el expediente siguió activo hasta la llegada de Eduardo Romero. Además, Ruiz García señaló que la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural venía trabajando con el gobierno federal desde 1970 y aseguró que varios exsecretarios priístas de Agricultura también le asignaron contratos sin licitar.
Implicaciones y el Desafío para la SFP
El problema para el secretario Romero es que la prensa ya posee las pruebas documentales de los ilícitos cometidos en la Secretaría de Agricultura. Esto hace que sea difícil congelar dicho expediente sin recibir una crítica considerable. La situación planteó un dilema para el novel secretario: decidir si proseguía con la investigación que inculpa directamente al subsecretario Ruiz García o, por el contrario, enviar el expediente al archivo para seguir protegiendo a funcionarios de primer nivel e impedir que la oposición tuviera argumentos para acusar a la administración foxista de corrupta y cómplice.
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La investigación, incluso con el cambio de nombre de la Secretaría de la Contraloría a Secretaría de la Función Pública, seguía en curso, y el nuevo secretario estaría por ordenar la resolución final de este caso de corrupción que los allegados a la administración desearían que no hubiera ocurrido. Este caso de corrupción involucra a un secretario de Estado y un subsecretario del gobierno de Vicente Fox, y ha permanecido sin resolverse a pesar de las claras instrucciones de Francisco Barrio para que se emitiera una resolución.
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