El gobierno socialista de Bolivia ha iniciado un proceso de recorte de los subsidios a los combustibles, un pilar fundamental de la política económica del país durante este siglo. Estas medidas se implementan en un contexto de profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de divisas y un creciente déficit fiscal.
El ajuste económico más significativo fue dispuesto mediante el Decreto Supremo 5503, aprobado en diciembre de 2025 por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Este decreto marca un quiebre abrupto en la historia reciente de la política económica boliviana, optando por un ajuste de shock en lugar de un enfoque gradual. El presidente Paz anunció el fin de la subvención de los combustibles, remarcando la importancia de "sincerar" los precios de los hidrocarburos en el país.
La Crisis Económica que Precede al Ajuste
La situación económica de Bolivia ha sido compleja en los últimos años. El país es sin litoral y se ubica en el corazón de Sudamérica, con una población de 11.3 millones de habitantes. Bolivia está dotada de abundantes recursos naturales, incluyendo gas natural, minerales como estaño, plata, zinc y litio, así como extensos bosques y tierras agrícolas.
Desde que el auge de materias primas llegó a su fin en 2014, Bolivia ha dependido en gran medida del gasto público y la demanda interna para mantener el crecimiento económico, lo que incrementó la deuda pública y agotó casi por completo su anterior nivel récord de reservas internacionales. Esta situación se agudizó por la caída en la producción de gas natural, las bajas exportaciones de minerales, la productividad estancada en el sector agrícola y la limitada diversificación exportadora, lo que derivó en una marcada desaceleración del crecimiento que resultó en una economía en contracción desde 2024.
En este contexto de inestabilidad, la empresa energética estatal YPFB ha tenido dificultades para satisfacer la demanda de combustible, lo que se ha manifestado en largas filas en las gasolineras de todo el país. La inflación anual se aceleró al 13% en febrero, alcanzando un máximo en varias décadas, y se esperaba que siguiera acelerándose.
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El Costo y las Distorsiones de los Subsidios
Los subsidios a los combustibles han representado un costo fiscal considerable para Bolivia. El año pasado, el país gastó cerca de US$2.000 millones en subsidios a los combustibles. Este gasto se mantuvo pese a que el banco central tenía tan pocos dólares que tuvo que abandonar sus esfuerzos por mantener la paridad con el dólar. La disminución de las exportaciones de gas significó que ingresaran menos dólares y el banco central se quedó sin dólares y reservas de oro.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, señaló: “No tenemos el efectivo. El principal problema que enfrentamos es la obtención de divisas para pagar a nuestros diferentes proveedores”. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, añadió que Bolivia “tenía una gran cantidad de préstamos que pagar este mes”, lo que dificultaba el pago de las importaciones de combustible.
La Fundación Milenio (FM) advirtió que los subsidios estatales son uno de los factores principales que han profundizado la crisis fiscal y macroeconómica en Bolivia. Según su informe, el monto estimado para 2025 podría alcanzar los 2.000 millones de dólares, ajustados al tipo de cambio paralelo, solo en combustibles. Además de diésel y gasolina, otros subsidios incluyen el Gas Licuado de Petróleo (GLP), alimentos esenciales como harina de trigo y pan, y tarifas de servicios básicos como la electricidad.
Milenio identifica que los subsidios han transformado una declinación productiva en una fragilidad macroeconómica, aumentando el déficit fiscal y presionando el mercado cambiario. El déficit promedio en la última década se situó en 8,7% del PIB, dificultando al gobierno sostener los subsidios sin comprometer las finanzas públicas.
Además, los subsidios han generado distorsiones en el mercado, como la inflación reprimida y el contrabando. Volúmenes de combustibles subsidiados han terminado en el contrabando hacia países vecinos, desperdiciando recursos públicos y afectando la disponibilidad interna. Para evitar el desvío de combustible para el contrabando u otros usos no autorizados, el gobierno del presidente Luis Arce militarizó toda la cadena de distribución de combustibles.
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El Decreto Supremo 5503 y el Fin de la Subvención
El presidente Rodrigo Paz, al asumir el cargo, describió la situación del país: "Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro". Calificó el Decreto 5503 como una "decisión histórica de salvataje de la patria" que permitirá "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo".
El decreto anunció el fin de la subvención de los combustibles y la "eliminación casi total del subsidio a los carburantes", con la excepción de la garrafa de gas. Esta medida disparó los precios de los combustibles. Antes del anuncio, el litro de diésel y gasolina se vendía a un precio subsidiado de US$0,53, manteniéndose estable por más de 20 años.
Nuevos Precios de Combustibles
Con la implementación del Decreto 5503, los precios de los combustibles en Bolivia experimentaron un significativo incremento:
| Carburante | Precio Anterior (Bs) | Precio Posterior (Bs) | Equivalente US$ Posterior |
|---|---|---|---|
| Diésel | 3.72 | 9.80 | 1.40 |
| Gasolina | 3.74 | 6.96 | 1.00 |
| Gasolina Premium | N/A | N/A | 1.58 |
Es importante destacar que, en una etapa anterior, las medidas limitaban el suministro de combustible a precio reducido a la minería de oro y a la agroindustria, y luego a otros productores, pero no a los consumidores comunes. Sin embargo, el ajuste de Paz afectó directamente a los precios para la ciudadanía.
Implicaciones Económicas y Sociales del Ajuste
Las implicancias económicas para los próximos dos años serán profundas. El primer impacto se siente ya en el aumento de tarifas de transporte y en la cadena de precios de los alimentos. A ello se sumarán efectos en salud, construcción, comercio y servicios. La eliminación del subsidio eleva los costos de producción y logística, trasladándose casi de inmediato a los precios finales.
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Con evidencia económica e histórica, es razonable anticipar una contracción de la demanda agregada. Empresas que eran rentables con combustibles subsidiados verán erosionados sus márgenes, algunas reducirán personal y otras cerrarán. Durante las últimas semanas de 2025 y los primeros meses de 2026, la inflación podría ubicarse en rangos elevados, incluso entre dos dígitos altos, impulsada no solo por el aumento de costos, sino por la especulación y la incertidumbre. Los oferentes redefinirán precios incorporando márgenes de seguridad, lo que hará que muchos bienes se vuelvan restrictivos para la ciudadanía.
Desde el punto de vista fiscal y monetario, el decreto abre una ventana de oportunidad. La reducción del gasto en subsidios permitiría ahorrar miles de millones de dólares, incrementando las reservas internacionales entre 1.500 y 2.000 millones. Un mayor respaldo de reservas fortalece la moneda nacional y reduce la presión sobre el tipo de cambio. En la misma lógica se inscribe el congelamiento de salarios en el sector público, que busca reducir el gasto y enviar un mensaje simbólico de que la crisis será compartida.
El impacto social será severo. El aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afectarán con mayor fuerza a los hogares vulnerables. Muchas familias verán reducido su consumo básico, empujando a más personas hacia la pobreza. En el plano político, la conflictividad es inevitable. Ya se observan movilizaciones sindicales y sociales que rechazan el decreto y lo califican como un "gasolinazo". El sector agroindustrial y la Cámara Nacional de Industrias han advertido del riesgo de escasez de alimentos si el gobierno no atiende la falta de combustible, dado que la cosecha de verano comienza pronto y no hay suficiente carburante.
El aumento del precio del transporte público fue inmediato. Las tarifas del llamado minibús, en el departamento de La Paz, pasaron de 2,40 bolivianos a 5 en solo una noche. Sindicatos de transportistas y la Central Obrera Boliviana (COB) han expresado su rechazo y anunciado medidas de protesta.
Medidas Compensatorias y Estrategias a Futuro
El gobierno de Bolivia decidió compensar la quita de subsidios con un incremento del salario mínimo y de los bonos sociales para proteger "a quienes más lo necesitan". El presidente anunció que desde enero el salario mínimo aumentará un 20%, pasando de 2.750 a 3.300 bolivianos (US$395 a US$474). Asimismo, se confirmaron incrementos en la Renta Dignidad para adultos mayores a 500 bolivianos (US$72) y en el Bono Juancito Pinto, de 200 a 300 bolivianos (US$28,7 a US$43).
Además, para abordar la escasez de dólares, Paz anunció un "régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% de impuestos" con el fin de recuperar liquidez. El gobierno también busca liberar las exportaciones y retirar el diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación.
La Fundación Milenio recomienda un programa de estabilización robusto y la eliminación gradual de los subsidios, particularmente en combustibles, en un período de dos años. Aunque esta medida podría generar un aumento temporal de la inflación, la institución considera que es indispensable para lograr estabilidad económica y social en el mediano plazo. Milenio subraya que la desmantelación de los subsidios debe acompañarse de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables y fortalezcan la producción nacional.
En este contexto, una recuperación sostenible orientada al crecimiento económico y del empleo requiere enfrentar desafíos estructurales. Bolivia podría beneficiarse de una estrategia que aborde los desequilibrios macroeconómicos, amplíe el espacio para que su sector privado y productivo impulse el crecimiento y la creación de empleo, y fortalezca la resiliencia ante cambios en el entorno internacional y climático.
Desde julio de 2024, Bolivia cuenta con una oficina del Grupo Banco Mundial que unifica la presencia de toda la institución en el país, apoyando en áreas como la agricultura, el desarrollo urbano, la gestión del riesgo de desastres y la energía renovable. El Marco de Alianza con el País (MAP) 2023-26 del Banco Mundial se centra en fortalecer la resiliencia climática y económica, mejorar los ingresos de los hogares vulnerables y ampliar el acceso a servicios públicos de calidad.
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