La violencia, en sus diferentes formas y modalidades, constituye desde hace algunos años uno de los focos de conflictividad más fuertes dentro de las instituciones educativas. A pesar de ser espacios de ideas y conocimiento, en las instituciones de educación superior se mantienen estructuras de género que limitan la participación de las mujeres en igualdad y replican la violencia de género. En México, la violencia sexual está tipificada desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define a la violencia docente como aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad o condición social.
La problemática en la UNAM y el contexto estudiantil
Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acontecimientos como el feminicidio de una joven estudiante y ataques violentos de grupos porriles han conmocionado a toda la comunidad educativa. Asimismo, los relatos sobre robos, acosos sexuales callejeros e intentos de secuestro en las proximidades de los planteles se han vuelto una experiencia recurrente. Estas agresiones provienen de diversos actores dentro del entorno escolar:
- Compañeros: Representan el mayor porcentaje de agresores en contextos de violencia sexual.
- Personal docente: Incluye conductas de hostigamiento donde se llega a negociar calificaciones por sexo.
- Personal administrativo y directivos: Participan en dinámicas que, en ocasiones, obstaculizan las denuncias.
La siguiente tabla resume la tendencia de las quejas formales presentadas en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, reflejando el incremento en la visibilización de estas problemáticas:
| Tipo de acusado | Quejas (2017) | Quejas (2020) |
|---|---|---|
| Estudiantes | 11 | 17 |
| Personal universitario | 6 | 19 |
Desafíos en la denuncia y la respuesta institucional
A pesar del auge en el número de estudios sobre violencia de género, para su atención se continúa abordando como un problema individual y no como un problema de la organización. Las autoridades suelen actuar más de forma reactiva que proactiva, tratando los casos como situaciones aisladas. Araceli Mingo y Hortensia Moreno expusieron cómo el sexismo que se respira en la Universidad tiende a restringir la capacidad de acción de las mujeres para denunciar el acoso sexual y consolidar el silencio sistemático.
El papel de las instituciones educativas es crucial en la prevención de la violencia. El contar con un diagnóstico del hostigamiento o del acoso sexual que los estudiantes universitarios padecen por parte de docentes, personal administrativo, autoridades o de otros estudiantes es esencial para poder analizar necesidades existentes y desarrollar programas de prevención y atención pertinentes. Es necesario ganar la confianza de las mujeres, demostrando que las instituciones van a actuar ante las acusaciones, incluso cuando los actos ocurran fuera de las instalaciones universitarias.
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