Sinaloa y Baja California se han convertido en focos de tensión política y militar tras revelarse presuntos vínculos de funcionarios con grupos del crimen organizado. La situación ha generado una serie de acusaciones cruzadas y detenciones de alto impacto que han puesto bajo la lupa a diversos actores gubernamentales.
La situación en Sinaloa: exfuncionarios bajo la mira de Estados Unidos
El caso de Sinaloa ha cobrado relevancia debido a la detención de figuras clave del gobierno estatal. De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad, habra protegido a integrantes de Los Chapitos a cambio de sobornos mensuales de 100 mil dólares. Las acusaciones señalan que el exfuncionario habría utilizado la dependencia de seguridad estatal para beneficiar a integrantes del Cártel de Sinaloa entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Junto con Mérida Sánchez, también trascendió la entrega en Nueva York de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Díaz Vega enfrenta acusaciones relacionadas con asociación delictuosa para importar narcóticos a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados con operaciones de narcotráfico.
Reacción del gobierno estatal
La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la situación no afecta actualmente a la administración sinaloense, debido a que Gerardo Mérida ya no forma parte del gobierno estatal desde diciembre de 2024. Además, indicó que continuará trabajando en beneficio de la población y rechazó tener información sobre posibles investigaciones adicionales contra otros funcionarios mexicanos por parte de autoridades estadounidenses.
Jaime Bonilla y las acusaciones en Baja California
En otro frente, Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y actual Senador, subió a la Tribuna del Congreso para lanzar una acusación directa contra su sucesora en el gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Bonilla argumentó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tomó represalias contra el gobierno local por violar acuerdos, tras los hechos violentos donde fueron incendiados 20 vehículos y tiendas de conveniencia.
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Según Bonilla Valdez, las claves para explicar la violencia pasan por la incapacidad de operación política de Marina del Pilar Ávila, señalándola además de violentar las leyes para imponer a Ricardo Iván Carpio como fiscal de la entidad a pesar de que este ha sido señalado de mantener vínculos con los cárteles de la droga.
Tabla: Puntos clave de las controversias
- Sinaloa: Acusaciones contra Gerardo Mérida por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
- Sinaloa: Detención de Enrique Díaz Vega por tráfico de narcóticos y uso de armas prohibidas.
- Baja California: Denuncias de Jaime Bonilla sobre acuerdos gubernamentales con el CJNG.
- Baja California: Cuestionamientos sobre la designación del fiscal Ricardo Iván Carpio.
Jaime Bonilla aclaró que eso nunca pasó en su gobierno y ratificó sus dichos ante la comisión, argumentando que fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que hace cosas completamente adversas que no están de acuerdo a la 4T. Por su parte, Mario Delgado, líder nacional de Morena, rechazó las acusaciones de Jaime Bonilla y mostró el respaldo del partido a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila.
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