La Sala Especializada de la jurisdicción electoral federal emitió una SENTENCIA por la cual se determinó la inexistencia del uso indebido de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, en contra de Ricardo Anaya Cortés, otrora candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”. Estas acusaciones fueron atribuidas al Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de su titular, y a José Enrique Prieto Vargas, Director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR.
Dichas atribuciones surgieron con motivo de la difusión de un punto de acuerdo de la referida Comisión y su respectiva respuesta por parte de la PGR, en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria, así como de la publicación en la página electrónica del Senado del boletín número 146. En estos documentos se relacionó al referido candidato con investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría.
Procedimiento Especial Sancionador y el Contexto Electoral
El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, inició el proceso electoral federal para elegir, entre otros puestos, el de Presidente de la República. Las precampañas del proceso electoral se realizaron del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. En tanto que el periodo de campañas se llevó a cabo del treinta de marzo al veintisiete de junio, y la jornada electoral fue el primero de julio.
La Denuncia del Partido Acción Nacional
El veintiocho de junio, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó una denuncia en contra de la Comisión Permanente, la PGR y José Enrique Prieto Vargas, por la presunta vulneración al párrafo 7 del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que la Comisión Permanente emitió y publicó un punto de acuerdo en el que, en esencia, se pidió a la PGR que informara sobre las presuntas indagatorias en contra de Ricardo Anaya y otros ciudadanos y se exhortó a que se diera celeridad a las denuncias relativas a este asunto.
Asimismo, dicha Comisión publicó en la página electrónica del Senado de la República un boletín en el que se dio cuenta de la recepción de una carpeta de investigación penal por parte de un ciudadano, la cual está relacionada con las susodichas indagatorias. Finalmente, la Comisión Permanente publicó la respuesta del requerimiento de información emitida por la PGR, en la que se menciona el nombre de Ricardo Anaya Cortés, en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria. Estas conductas, a decir del quejoso, constituyen una estrategia de la Comisión Permanente, así como de la PGR, para influir en la opinión pública de cara a la elección presidencial.
Lea también: investigación sobre intentos de hackeo a Grupo Reforma
Mediante acuerdo de veintinueve de junio, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE llevó a cabo el registro de la denuncia con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/391/PEF/448/2018, reservando su admisión y emplazamiento hasta que culminara la etapa de investigación preliminar y ordenó la realización de diversas diligencias. Posteriormente, mediante acuerdo ACQyD-INE-171/2018 de treinta de junio, se determinó la improcedencia de las medidas cautelares, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, no se observó que existiera una violación evidente al principio de imparcialidad, pues se consideró que se trata del ejercicio de comunicación entre los Poderes de la Unión, la cual está prevista en el artículo 93 de la Constitución Federal. El treinta de junio, la autoridad instructora admitió a trámite la queja.
Competencia y Controversia Jurisdiccional
Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, porque se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia el presunto uso indebido de recursos públicos y la consecuente vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en el actual proceso electoral federal, conducta que es atribuible a la Comisión Permanente, PGR y José Enrique Prieto Vargas. Lo anterior, con fundamento en los artículos 134, párrafo 7 de la Constitución Federal; 192 y 195, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 474, párrafos 1 y 3, 475, 476 y 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el presente asunto, los hechos denunciados, según el promovente de la queja, podrían tener impacto en la contienda electoral federal, pues involucran a Ricardo Anaya Cortés, otrora candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”. De ahí que esta Sala Especializada sea competente para conocer el presente procedimiento.
La Sala Especializada consideró que el aspecto a dilucidar ante la jurisdicción electoral federal consistía en:
- La presunta vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal y del artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General, atribuible a la Comisión Permanente, con motivo de la supuesta campaña de propaganda no institucional, con la finalidad de intervenir ilegalmente en el proceso electoral federal en curso, en contra de Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República, por la difusión de un punto de acuerdo dirigido a la PGR, del boletín de prensa 146 y del documento enviado por el Subsecretario del Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, incluyendo sus anexos, como lo es el oficio DV/0102/2018, enviado por la PGR, en respuesta al referido punto de acuerdo, en la página de Internet del Senado de la República, lo cual pudiera actualizar el uso parcial de recursos públicos, vulnerando el principio de imparcialidad y equidad en la contienda, pues los referidos documentos hacen mención del candidato presidencial mencionado.
- La presunta vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal y del artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General, atribuible a la PGR, con motivo de la supuesta campaña de propaganda no institucional, con la finalidad de intervenir ilegalmente en el proceso electoral federal en curso, por remitir el oficio DV/0102/2018, al Senado de la República, lo cual pudiera actualizar el uso parcial de recursos públicos, vulnerando el principio de imparcialidad y equidad en la contienda.
- La presunta vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal y del artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General, atribuible a José Enrique Prieto Vargas, Director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR, con motivo de la supuesta campaña de propaganda no institucional, con la finalidad de intervenir ilegalmente en el proceso electoral federal en curso, por emitir el oficio DV/0102/2018, en respuesta al requerimiento de información de la Comisión Permanente, lo cual pudiera actualizar el uso parcial de recursos públicos, vulnerando el principio de imparcialidad y equidad en la contienda.
La Red de Corrupción y la Reforma Energética
Según las investigaciones de la FGR, Ricardo Anaya Cortés fue cabeza de una red de corrupción que en el 2013 se instaló dentro de la Cámara de Diputados, la que operó con dinero aportado por Emilio Lozoya Austin, para que se autorizara la Reforma Energética y con ello se legalizara el saqueo de los recursos naturales del país. En su declaración del 11 de agosto de 2020, rendida ante la FGR, Emilio Lozoya señaló que por instrucción de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray se destinaron “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios” para que aprobaran la Reforma Energética.
Lea también: ¿Cómo fue el proceso legal que exoneró a Rafael Márquez?
Emilio Lozoya cuantificó esas “importantes sumas” en por lo menos 80 millones de pesos, que recibieron directamente los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el diputado Ricardo Anaya Cortés, los que a su vez distribuyeron los sobornos entre los miembros de la bancada panista. Los sobornos para aprobar la Reforma Energética también alcanzaron a los legisladores del PRI, del PVEM y del Panal, y se estima -de acuerdo con una fuente de la bancada del PRD, que votó en contra de la Reforma- que los sobornos fueron por el orden de los 5 millones de pesos para cada legislador, los cuales se distribuyeron a través de sus coordinadores de bancada.
La distribución de estos sobornos se realizó de la siguiente manera:
| Cámara | Partido | Coordinador que entregó sobornos |
|---|---|---|
| Senado | PRI | Emilio Gamboa Patrón |
| Senado | PAN | Ernesto Cordero Arroyo |
| Senado | PVEM | Jorge Emilio González Martínez |
| Cámara de Diputados | PRI | Manlio Fabio Beltrones |
| Cámara de Diputados | PAN | Luis Alberto Villarreal García |
| Cámara de Diputados | PVEM | Arturo Escobar y Vega |
| Cámara de Diputados | PANAL | Lucila Garfias Gutiérrez |
Como resultado de los sobornos a los legisladores de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, aprobaron la Reforma Energética: fueron 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del PVEM y diez del Panal, los diputados que sin restricción alguna y a pie juntillas siguieron la instrucción dictada por Enrique Peña y Luis Videgaray a través del titular de Pemex, Emilio Lozoya, para abobar la Reforma Energética. En la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva en ese momento la encabezaban Raúl Cervantes Andrade (PRI), Ana Lilia Herrera (PRI), José Rosas Aispuro (PAN) y Luis Sánchez Jiménez (PRD), fueron 96 senadores, del PRI y del PAN, los que -también bajo el mandato del dinero- votaron a favor de la Reforma, mientras que otros 28, del PRD y PT, que se negaron o no les llegaron los sobornos, votaron en contra.
Pero no fueron solo los sobornos otorgados directamente a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal lo que permitió que la Reforma Energética, al igual que todas las iniciativas de ley que envió el presidente Peña Nieto, pasara sin cuestionamientos por el Poder Legislativo. La estrategia de control a través del dinero, ideada por Luis Videgaray y ejecutada por los coordinadores de esas bancadas, también se manifestó en apoyos discrecionales a todos los legisladores, principalmente diputados, quienes, por orden presidencial, tuvieron a su alcance fondos que se utilizaron sin ninguna regulación. Tan solo en este renglón, por instrucción presidencial de Enrique Peña -a fin de mantener alineados a los diputados-, cada uno de los integrantes de las dos legislaturas que acompañaron a Peña Nieto en su gestión federal contó con un apoyo de 150 mil pesos mensuales, los cuales, incumpliendo con las normas de transparencia, no requirieron justificación documental para demostrar su debida aplicación. En la suma de todos los renglones de gastos discrecionales, cada uno de los legisladores de la Cámara Baja contó con un apoyo de un millón 200 mil pesos.
Conforme a las auditorías internas practicadas al Senado en el gobierno de Peña, se estima que por lo menos 30 por ciento de los recursos de gastos de publicidad ni siquiera fueron a dar a las cuentas de los medios de comunicación aliados, que aplaudían el ‘Momento Mexicano’, sino que esos fondos, más de 56 millones de pesos, se distribuyeron entre algunos senadores promotores de las reformas que impulsó el presidente de la República, con el respaldo de Ricardo Anaya.
Lea también: investigan posibles abusos en operativos de seguridad locales
Anaya Frente a las Acusaciones: Defensa y Confrontación Política
Dice Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder del PAN, que le parece “una locura” que la FGR tome como prueba el voto a favor de la reforma energética. Aclaró en redes sociales que su voto fue 8 meses antes de la supuesta entrega de dinero. Su respuesta breve fue: “Mi voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega. Llevaba seis meses de no ser diputado cuando supuestamente ocurrió. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno?” El video de Ricardo Anaya salió tempranito, antes de la mañanera. El panista tomó la palabra y prometió ir al reclusorio a condición de que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que sus hermanos, Pío y Martín. “De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya”, declaró Anaya. El mensaje de Anaya desquició al Presidente, quien perdió el control. “Sabe muy bien que yo no persigo a nadie. No soy de malas entrañas. No odio. No soy igual a ellos. De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar: ‘Al ladrón, al ladrón, al ladrón’”, expresó el Presidente. Agregó: “En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la Fiscalía”. Esto último evidenciado por la DEA. La pregunta surge: ¿No lo hace porque es autónoma o porque los hermanos se apellidan López Obrador?
La forma en que el gobierno federal armó y documentó tan rápido el expediente de lavado de dinero del empresario Manuel Barreiro y sus operaciones financieras con el candidato presidencial Ricardo Anaya no es nuevo en este sexenio. Un expediente muy parecido, por el mismo delito y con mecánica similar, utilizaron en febrero de 2013 para acusar y consignar a la maestra Elba Esther Gordillo, entonces lideresa del SNTE. Y en ambos casos aparece el mismo autor de las investigaciones: el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Alberto Bazbaz. Bazbaz armó el expediente de “lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita” con el que encarcelaron a Elba Esther y, también ahora, en 2017, fue quien documentó la ingeniería financiera de triangulaciones, transferencias entre empresas “fantasma” en México y en paraísos fiscales, para ocultar el rastro y la ruta del dinero con el que Barreiro le pagó a Anaya, vía prestanombres, 54 millones de pesos por sus bodegas en Querétaro.
No es casual que el mismo “sabueso” financiero -en 2013 bajo las órdenes de Luis Videgaray y en 2017 dirigido por José Antonio Meade- haya investigado y documentado, con la misma metodología (follow the money) dos casos claros de venganza política contra opositores y disidentes del actual sexenio, revestidas ambas de indagatorias judiciales. Basta ver hasta dónde llegó el caso contra Gordillo, para saber lo que se le viene a Ricardo Anaya. Están claras dos cosas: 1. El gobierno peñista quiere descarrilar al panista y sacarlo de la contienda. Y 2. Tienen mucho material y documentación de las operaciones financieras de Anaya y de sus vínculos con el presunto lavador Barreiro (más de lo conocido hasta ahora) y no dudarán en usarlo, así los acusen de politizar la procuración de la justicia. La única forma de evitar que él llegue a la Presidencia, es que se siga generando una percepción de que está involucrado en lavado de dinero y actos de corrupción.
Si surgen nuevas evidencias que lo involucren directamente con los negocios turbios de Barreiro y las operaciones de lavado de dinero a través de empresas ya catalogadas por el SAT como “fantasma”, el joven maravilla necesitará abogados muy capaces para encontrar resquicios y rendijas legales para librarlo de un procesamiento judicial o de plano de un milagro para frenar la andanada del aparato jurídico-político que quiere hundirlo con todo y candidatura. Si tiene suficientes pruebas, ¿por qué salir huyendo del país?
Lo único que ha logrado López Obrador con sus persistentes ataques a Anaya es que los azules cierren filas para defenderlo. Les construye un candidato presidencial que no encuentran. Anaya es el militante panista más conocido. El senador Damián Zepeda calificó la persecución a Ricardo de ataque institucional al PAN y dijo: “Muestra un gobierno autoritario que quiere reprimir a un líder opositor”.