El contexto en el que vivimos presenta múltiples ejemplos de violaciones a los derechos humanos (DDHH), al tiempo que se percibe el refinamiento de prácticas discriminatorias tanto en espacios públicos como en privados. Desde el punto de vista jurídico, la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que tiene por objeto anular o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de los DDHH. Esta práctica puede estar basada en una o varias categorías como: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, edad, discapacidad, condición económica, apariencia física, entre otras. Como señalan Hernández Sánchez y Esparza Romero (2010), las personas hemos aprendido a convivir inmersas en actos discriminatorios, de tal suerte que éstos se han asumido como conductas naturales, normales e incluso incuestionables. Estos derechos se fundamentan en la dignidad humana, son indispensables para el desarrollo integral de las personas y, debido a su importancia, se encuentran plasmados en la normativa internacional y en la nacional.
La lucha contra la discriminación a menudo requiere la intervención de organismos internacionales, como la ONU, cuando los sistemas judiciales nacionales no proporcionan una respuesta adecuada.
El Caso de Discriminación Interseccional de Jennifer Muñoz
Un claro ejemplo de cómo la discriminación impacta la vida de las personas y cómo estos casos pueden escalar hasta organismos internacionales se encuentra en la experiencia de Jennifer Muñoz. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando Jennifer acudió a un hipermercado, con su cuñada y su bebé. Fue interceptada por el vigilante de seguridad, que aseguraba que el juguete que llevaba su bebé, valorado en 6,90 euros, era robado. La joven escuchó cómo el vigilante le decía a su compañero: “como son gitanas, cómo no van a robar”. A pesar de las explicaciones de la joven, el vigilante la retuvo en el cuarto de seguridad durante más de hora y media, con su bebé, pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llego la policía.
Cuando llegaron los agentes, le abrieron acta de denuncia, basándose únicamente en el testimonio del vigilante y sin tener en cuenta las explicaciones de la joven, que pedía que vieran las cámaras de seguridad, como prueba de que no había pasado por la juguetería. Después, la joven se dirigió a la juguetería donde le habían regalado el juguete y habló con el dependiente, que se ofreció testificar a su favor y llamó al jefe de seguridad del hipermercado para confirmarle que él le había regalado el juguete.
Al día siguiente se celebró el juicio rápido por un delito leve de hurto, en el que sólo testificaron el vigilante de seguridad, que la acusó pese a tener conocimiento, porque así se lo había confirmado el propio dependiente de la tienda, de que el juguete era un regalo. La joven pudo recurrir la sentencia con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano, que decidió apoyar el caso por la gravedad de la vulneración de derechos ocurrida. En primer lugar, se recurrió ante la Audiencia Provincial contra la sentencia condenatoria, pidiendo además la nulidad de las actuaciones, al haberse vulnerado el derecho a la defensa de Jenifer Muñoz. El recurso fue desestimado, por lo que se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que volvió a desestimarlo.
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En palabras de Selene de la Fuente, abogada en la Fundación Secretariado Gitano e integrante del equipo jurídico que ha participado en todo el proceso judicial, “tenemos plena convicción de que a la Sra. Muñoz se le ha dispensado un trato desigual y diferenciado por su doble condición de mujer y de gitana, una discriminación que no ha sido abordada debidamente por los tribunales españoles, lo que nos obliga a acudir a la ONU. Desde la Fundación Secretariado Gitano se quiere hacer notar que éste es un claro caso de discriminación interseccional en varios niveles, cometido, precisamente, por quienes deberían haberla protegido (policía nacional, juez de instrucción y fiscal, tribunales de otras instancias…)”.
Llamamientos de la ONU a México para Combatir la Discriminación
En un contexto más amplio, la Organización de las Naciones Unidas también ha manifestado su preocupación por la discriminación en países específicos. El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial instó este lunes a México a acelerar el proceso de reforma de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, asegurando que se incorpore una definición de discriminación que incluya todos los motivos de discriminación racial, en particular los motivos de raza y linaje. Si bien destacó los avances del país en cuanto al reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, lamentó que tanto esas comunidades como los pueblos indígenas sigan enfrentando discriminación y exclusión social. En este sentido, pidió a México que emprenda acciones concretas para reducir los altos niveles de pobreza y desigualdad que afectan a los pueblos indígenas y que adopte medidas especiales para eliminar la discriminación estructural contra esos pueblo y los afrodescendientes, así como para protegerlos de cualquier acto de discriminación por parte de agencias estatales y funcionarios públicos.
Acceso Laboral y Consulta a Pueblos Indígenas
México debe asegurar que las personas indígenas tengan acceso al mercado laboral sin discriminación y que cuenten tanto en la ley como en la práctica, con condiciones de trabajo justas y satisfactorias, que incluyan una remuneración que les permita condiciones de vida dignas y acceso a la seguridad social, en particular las mujeres indígenas trabajadoras domésticas, señaló el Comité en las observaciones finales de su más reciente informe periódico sobre el país. Asimismo, llamó a México a garantizar que los pueblos indígenas sean consultados para obtener su consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos de desarrollo económico, industriales, energéticos, de infraestructura y de explotación de recursos naturales que afecten sus territorios y recursos naturales.
Atropellos contra los Migrantes
El informe abordó el tema del creciente número de migrantes, reconociendo los desafíos que enfrenta México debido a los grandes flujos de personas que atraviesan su territorio. Con respecto a esta cuestión, consideró que no obstante los compromisos del país de implementar una política migratoria basada en el respecto de los derechos humanos, los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados continúan siendo víctimas de actos de discriminación y violaciones de sus derechos, incluyendo tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y asesinatos. El Comité se refirió a presuntos casos en los que se somete a perfiles raciales a las personas de ascendencia africana, pueblos indígenas o de piel morena o negra que llegan a los puntos de control migratorio operados por agentes del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Guardia Nacional.
Asimismo expresó preocupación por deportaciones ilegales y otros atropellos supuestamente ocurridos en dichos controles migratorios, instando a México a investigar con celeridad e imparcialidad todas las denuncias en este sentido, a asegurar que los perpetradores rindan cuentas ante la justicia y a compensar a las víctimas. También recomendó al país encontrar alternativas a la detención de los solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular; adoptar las medidas necesarias para que las estancias migratorias cuenten con condiciones de vida adecuadas de conformidad con las normas internacionales; continuar con las investigaciones del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, asegurando que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados y que las víctimas tengan acceso a una reparación justa y a garantías de no repetición. En cuanto a los niños migrantes no acompañados, el Comité tomó nota de las reformas a la Ley de Migración en materia de protección de la niñez, así como la prohibición de recluir a niños migrantes en los centros de inmigración.
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La Impunidad y los Obstáculos en la Búsqueda de Justicia para Mujeres y Niñas
En todo el mundo, millones de mujeres y niñas sufren violencia, discriminación y abusos. Con demasiada frecuencia, el mensaje que reciben es el mismo: no hay posibilidad de justicia y ayuda para ellas. Se habla de impunidad cuando se producen daños sin consecuencias. Cuando no se exigen responsabilidades a los autores de esos daños. Cuando se niega protección, reconocimiento o reparación a las supervivientes. Cuando las leyes existen sobre el papel pero no funcionan en la práctica, o cuando están sesgadas contra las mujeres y niñas y no ofrecen un acceso real a la justicia.
Para las mujeres y niñas, la justicia significa: Seguridad: protección frente a nuevos daños. Dignidad: ser escuchadas, creídas y respetadas. Reparación: acceso a recursos, apoyo y reparaciones. Prevención: detener la violencia antes de que vuelva a producirse. Cuando las mujeres pueden acceder a la justicia, la violencia se detiene y combate antes. Los maltratadores son retenidos y se les exigen responsabilidades por sus actos; los lugares de trabajo se vuelven más seguros y las familias tienen menores probabilidades de quedar atrapadas en ciclos de daño y violencia. Luchar contra la impunidad es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Esta lucha envía un mensaje claro: la violencia y la injusticia no serán toleradas. La rendición de cuentas impide que los abusos se repitan y dificulta que la violencia se justifique o se normalice.
Obstáculos para la Justicia
Las mujeres y niñas se enfrentan a múltiples obstáculos superpuestos cuando tratan de obtener justicia:
- Miedo: a sufrir represalias, estigma o a que no les crean.
- Silencio: la presión familiar y social, la vergüenza o las amenazas pueden silenciarlas, o pueden toparse con el silencio de la sociedad o las autoridades.
- Costos: honorarios de asesoramiento jurídico, gastos de transporte, pérdida de ingresos y responsabilidades de cuidados que imposibilitan a muchas mujeres la búsqueda de justicia.
- Falta de asistencia y representación jurídicas: en ausencia de un apoyo jurídico accesible, muchas mujeres no pueden comprender sus derechos, desenvolverse en los procedimientos o impugnar las resoluciones judiciales, y se ven obligadas a enfrentarse solos a los sistemas de justicia o a abandonar toda esperanza de obtenerla.
- Complejidad de los sistemas: instituciones fragmentadas, burocracia, retrasos y barreras lingüísticas que agotan a las supervivientes, aumentan la retraumatización y permiten que las causas judiciales se estanquen sin resolverse. Se observa una falta de colaboración entre las distintas instituciones -como la policía, los tribunales, los servicios médicos o la asistencia jurídica- en la impartición de justicia.
- Prejuicios y discriminación: en la policía, los tribunales, las instituciones y los medios de comunicación.
- Oposición y estigma: represalias por denunciar abusos y riesgo de ser culpadas, de no ser creídas o de algo peor. Por ejemplo, muchas mujeres afirman haber sido etiquetadas como “no casaderas” tras sufrir violencia sexual.
Para las mujeres que se enfrentan a formas de discriminación cruzadas -como las mujeres migrantes, de color, con discapacidad, las que viven en la pobreza, presentan una identidad de género u orientación sexual diversa o las afectadas por conflictos-, estos obstáculos se multiplican.
Fallas en los Sistemas Judiciales y Soluciones Propuestas
Los sistemas judiciales reflejan a menudo los mismos desequilibrios de poder a los que se enfrentan las mujeres en todas partes. A la superviviente se le interroga con más detenimiento que al agresor. Es frecuente que las y los jueces examinen el historial o el comportamiento sexual de una mujer en lugar de centrarse en el consentimiento. La igualdad de género avanza cuando los sistemas judiciales se diseñan para cumplir a todas las mujeres y niñas. Es decir:
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- Leyes que protejan a las supervivientes, no que las castiguen. Leyes que definan claramente el consentimiento sexual, protejan a las supervivientes en lugar de dudar de ellas y eliminen la discriminación. Para ello tienen que diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y con la participación de las organizaciones defensoras de sus derechos.
- Sistemas coordinados. Una mujer no debería tener que contar su historia cinco veces en cinco oficinas distintas. La policía, los tribunales, la asistencia jurídica, los servicios sanitarios y sociales deben trabajar juntos y despejar las vías hacia la justicia, para que el apoyo sea oportuno y eficaz.
- Prevención integrada en la justicia. Las medidas de protección tempranas y los procedimientos eficientes que impiden la intensificación de la violencia dificultan que los agresores sigan delinquiendo.
- Asistencia jurídica accesible y asequible. Apoyar la asistencia jurídica, incluida la disponibilidad de profesionales de la justicia de base comunitaria, contribuye a la difusión de información jurídica práctica para que las mujeres puedan reclamar pagos, propiedad, custodia, protección y su condición jurídica en la práctica, no solo en teoría.
- Datos y pruebas que expongan lo que se intenta ocultar. Datos desglosados por género en el ámbito de la justicia y la rendición de cuentas para que las lagunas sean visibles, se pueda hacer un seguimiento de los avances y se puedan abordar los retrocesos.
- Financiación sostenida. Los derechos no se hacen valer por sí mismos. Los servicios judiciales necesitan una financiación constante para ser accesibles, seguros y fiables, incluidos los servicios centrados en las supervivientes y la asistencia jurídica.
Los sistemas judiciales evolucionan sin cesar. Se transforman a medida que se cuestiona el poder y cambian las normas, gracias, en gran medida, a mujeres que se organizan, documentan los daños y exigen reformas. Hasta el momento, las organizaciones independientes de defensa de los derechos de las mujeres han sido fundamentales para el progreso, pero ahora muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer debido a la falta crónica de financiación y a las reacciones adversas.
Discriminación en Unidades de Información: Bibliotecas y Museos en México
Más allá de casos individuales y recomendaciones a nivel nacional, la discriminación es objeto de estudio para comprender su impacto en diversos entornos. El artículo estudia la discriminación como un fenómeno y una práctica social que limita el acceso a los derechos humanos y a recursos clave (como la información), así como su expresión en desigualdad social, especialmente en ciertos grupos, como el de las personas con discapacidad. Para ello, examina de forma integral siete casos en unidades de información, específicamente en dos bibliotecas y cinco museos.
La primera indagación sobre el tema permitió comprobar que en los últimos años se ha incrementado el interés profesional sobre la discriminación en México. Los siete casos en estudio corresponden a igual número de denuncias ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), durante el período 2003-2016. En 2016, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se solicitó al Consejo información relacionada con la denuncia de prácticas discriminatorias en unidades de información. A partir de la respuesta oficial, se eligieron siete unidades de información, organismos tradicionalmente catalogados como democráticos que comparten funciones relacionadas con la conformación y la preservación de colecciones, además de tener como cometido el proporcionar servicios de información a una comunidad diversa de usuarios. Concretamente, se involucraron dos bibliotecas y cinco museos, todos ubicados en Ciudad de México (CDMX). De estas instituciones, cuatro son públicas y tres corresponden al ámbito privado.
Instituciones Involucradas en Casos de Discriminación
| Institución | Tipo |
|---|---|
| Museo de Arte Moderno (MAM) | Pública |
| Biblioteca de México “José Vasconcelos” (BM) | Pública |
| Museo del Objeto del Objeto (MODO) | Privado |
| Museo del Chopo (MUC) | Pública |
| Museo Interactivo Infantil-Papalote Museo del Niño (Papalote) | Privado |
| Biblioteca Vasconcelos (VSCLS) | Pública |
| Museo Frida Kahlo (MFK) | Privado |
Generalmente, los procesos implicaron el trabajo de muchos años; por ejemplo, el caso de la BM fue muy particular, ya que a partir de la primera solicitud o inconformidad del usuario hasta que el CONAPRED ejecutó la conclusión del caso pasaron diez años. En el otro extremo, está el suceso ocurrido en el MUC: no se ratificó la denuncia y, por lo tanto, el caso permaneció abierto solo unos meses. Los otros cinco casos se prolongaron dos, tres, cinco y hasta ocho años para considerarse finalmente concluidos. De los siete casos, cinco tienen que ver con discriminación por motivos de discapacidad, uno por preferencia sexual, apariencia física y condición social, así como otro se relacionó con el origen nacional. Considerando las múltiples discapacidades, un enfoque en el de mayor incidencia, la discapacidad física o motriz (accesibilidad), presentó el mayor número de casos, seguido de otro por discapacidad visual.
Como parte de los resultados destacan: la vulneración del derecho a la no discriminación, la importancia del principio y derecho de la accesibilidad y la información, la reiterada denuncia de discriminación por motivos de discapacidad, además de las oportunidades de cambio y mejora institucionales en materia de capacitación, comunicación y lenguaje inclusivo, así como la accesibilidad y la seguridad para el usuario. De acuerdo con el análisis, la visibilización de estas experiencias representó una gran oportunidad de cambio y mejora, comenzando por tres áreas:
- Capacitación: los trabajadores asistieron al curso de sensibilización del CONAPRED y se creó un Comité Permanente contra la Discriminación (CPD) con la idea de instaurar políticas para prevenir la discriminación en el museo. Un pilar de esta cultura es la capacitación, ya que, en muchas ocasiones, el desconocimiento, la falta de habilidades o la información falsa, son el origen de las prácticas discriminatorias. De acuerdo con la investigación, la capacitación debe incluir a todas las personas, independientemente de la función que desempeñan en la unidad de información, desde los directivos hasta el personal de seguridad.
- Comunicación y lenguaje inclusivo: el museo emitió una circular que fue distribuida a todo su personal, con relación al derecho a la no discriminación. Mediante este comunicado, el personal se comprometió a otorgar un servicio de calidad a todas las personas, y en especial a las personas con discapacidad. Es fundamental que la autoridad guarde una comunicación efectiva con todos los usuarios, disponga de la habilidad para prevenir situaciones problemáticas, así como que logre responder adecuadamente a las quejas o reclamaciones.
- Accesibilidad y seguridad del usuario: adecuaciones arquitectónicas con objeto de tener la accesibilidad adecuada para personas con discapacidad; esto es, las personas pudieran ingresar y desplazarse libremente en las instalaciones. Adecuaciones en el inmueble: colocación de rampas, barandales de protección y señalizaciones de espacios reservados. Además, para que exista la responsabilidad real de otorgar un servicio de calidad y sin distinción a todas las personas, es elemental reforzar la cultura de la no discriminación desde la estructura, enfocada en respetar la dignidad de las personas y sus DDHH.
Es indudable la correspondencia entre los derechos a la no discriminación, información, educación, cultura, recreación y esparcimiento con el principio y derecho a la accesibilidad. De acuerdo con la investigación, la mayoría de las instituciones no presentaron de inicio un entorno accesible, cómodo, moderno e integrador para que todos los usuarios pudieran desplazarse de manera autónoma, fácil y segura.
El Rol de ONU-Habitat en la Lucha contra la Discriminación
En ONU-Habitat, la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles, nos solidarizamos con las ciudades y comunidades de todo el mundo al condenar el racismo y la discriminación en todas sus formas. Exigir el fin del racismo y la discriminación racial es un deber consagrado en la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos valores están en el centro del trabajo de ONU-Habitat por ciudades y asentamientos humanos seguros, resilientes e inclusivos para todos, libres de racismo y todas las formas de discriminación. Todos, como individuos y como organizaciones, tenemos un papel importante que desempeñar a medida que avanzamos. Cada uno de nosotros debe afirmar y demostrar consistentemente los valores de diversidad, inclusión no discriminatoria y respeto mutuo en todos los aspectos de nuestras vidas.
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