Recientemente, el ámbito político mexicano ha sido escenario de diversas disputas legales respecto a la validez de las candidaturas de figuras prominentes. Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron los registros de Miguel Ángel Mancera Espinosa y Damián Zepeda como candidatos al Senado de la República, al considerar que estuvieron apegados a derecho y no se violó ni la Constitución ni la ley electoral federal.
Impugnaciones sobre Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera
En el caso de Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, los magistrados afirmaron que cumplió con los requisitos de separarse del cargo partidista con la anticipación indicada en los estatutos panistas, contrario a lo alegado por los actores. Por su parte, la candidatura del exmandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, por la vía plurinominal, enfrentó una impugnación que refería un supuesto incumplimiento del requisito establecido en el artículo 55 de la Constitución federal.
Dicho artículo se refiere a la prohibición establecida para gobernadores y para el Jefe de Gobierno de ser electos en la entidad de su jurisdicción durante el periodo de su encargo. Sin embargo, por mayoría de votos, los magistrados consideraron que, en este caso, no aplica dicho requisito al ser previsto únicamente para aquellas postulaciones que corresponden a una entidad federativa, validando así su candidatura.
Contexto de las irregularidades electorales
El panorama electoral se ha visto marcado por tensiones y señalamientos constantes. El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, aseguró que la figura de los candidatos independientes se está aprovechando para impulsar de “forma truculenta” sus registros con el fin de fragmentar el voto. En esta misma línea, la candidata independiente a diputada federal, Luis María Calderón Hinojosa, señaló que el INE debe ser cuidadoso en sus señalamientos, porque acusa a todos los candidatos independientes de cometer irregularidades.
La situación se complica con las denuncias de diversos actores políticos sobre la transparencia en los procesos. Por ejemplo, la dirigencia nacional del PRI presentó una queja ante la Comisión Fiscalizadora del INE contra los precandidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, por informar solo una fracción de sus gastos de precampaña. Asimismo, dentro del Frente Amplio, el exgobernador de Michoacán también requirió un informe detallado de cada una de las firmas entregadas, tras ser descalificado por presuntamente no cumplir con el número requerido de apoyos.
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Distribución de recursos públicos
Para contextualizar la magnitud del proceso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un financiamiento considerable para las actividades de campaña. La siguiente tabla resume la distribución inicial de recursos para el proceso electoral:
- Morena: 44 millones de pesos
- PRD: 38 millones de pesos
- PAN: 28 millones de pesos
- PRI: 26 millones de pesos
- Candidatos sin partido: 3.9 millones de pesos (repartidos entre procesos)
Ante la condena generalizada por hechos violentos en mítines y las dudas sobre la legalidad en los registros, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, y el presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, convocaron a todos los partidos políticos a firmar un Pacto de Civilidad para evitar que se repitan actos que empañen el desarrollo democrático del país.
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