El uso del agua y la regulación fiscal en el sector agropecuario se han convertido en temas cruciales para la sostenibilidad económica y ambiental a nivel global. A medida que los acuíferos se agotan y las reformas fiscales buscan incrementar la recaudación o desincentivar prácticas contaminantes, los agricultores enfrentan el desafío de asimilar nuevos costos sin perder su competitividad.
La tributación sobre el agua y los insumos agrícolas
En el ámbito fiscal, la aplicación de gravámenes a los recursos e insumos del campo suele generar un intenso debate debido a su impacto directo en los costos de producción. Por ejemplo, en México, el marco jurídico que norma el problema de contaminación del agua aún tiene vacíos en el nivel de reglamentación y no resuelve de manera clara la asignación de responsabilidades. La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (LFDMA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN) buscan regular su aprovechamiento y conservación, pero la imposición de tarifas y controles sigue siendo un reto.
Además de los derechos sobre el agua, las propuestas de reformas fiscales suelen incluir otros impuestos que afectan la cadena productiva:
- Impuesto Sobre la Renta (ISR): Propuestas para elevar las tasas a los productores agrícolas (en algunos casos planteando llevarlas hasta el 32% tanto para personas físicas como morales) eliminando regímenes especiales del sector primario.
- Impuestos a Agroquímicos: Gravámenes promedio a los plaguicidas y fertilizantes, insumos que actualmente son necesarios en la mayor parte de la producción.
- Impuestos indirectos: Medidas aplicadas a productos procesados derivados del campo, como el azúcar y las bebidas azucaradas, que impactan la demanda de materias primas nacionales.
El modelo de cuotas del Valle del Pájaro: ¿Un impuesto al agua subterránea?
Ante la escasez del recurso hídrico, algunas regiones han optado por esquemas de cobro directo por la extracción de agua subterránea para garantizar la viabilidad de los acuíferos a largo plazo. Un caso de estudio relevante es el del Valle del Pájaro en California, Estados Unidos.
Aunque los agricultores estadounidenses de otros lugares han regado sus cultivos de manera gratuita por medio de la extracción del agua subterránea que hay debajo de sus tierras, los agricultores de Pájaro deben pagar sumas de dinero considerables para contar con el agua de riego. Este sistema, que funciona prácticamente como un impuesto sobre el agua, busca mitigar problemas graves como la intrusión salina en los acuíferos costeros provocada por la sobreexplotación histórica.
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A continuación se detalla la evolución de los costos de la cuota de agua en esta región:
| Año / Período | Costo de la cuota por cada 1233 m³ (dólares) | Objetivo del cobro |
|---|---|---|
| 1993 | $30 | Cubrir costos de administración, lectura y medidores. |
| Reciente (aprox. 2023) | Hasta $400 | Financiar proyectos de reciclaje, recuperación y conservación del agua subterránea. |
| Proyección 2025 | $500 | Garantizar la sustentabilidad del suministro ante el cambio climático y sequías. |
En las nuevas investigaciones sobre este programa se encontró una conexión directa entre el pago del agua subterránea y su conservación: un aumento del 20 por ciento en el precio del agua subterránea ha dado como resultado una disminución del 20 por ciento en su extracción. Para ahorrar dinero y hacer frente a estos costos, muchos agricultores han invertido en tecnología para riego de precisión con el fin de distribuir el agua medida cuidadosamente justo donde se necesita.
Retos económicos para los productores y el consumo
La implementación de impuestos o cuotas elevadas sobre el agua agrícola no está exenta de consecuencias económicas. Si bien la agricultura de productos de alta calidad y alto valor comercial (como los frutos rojos o lechugas finas) puede absorber estos costos adicionales, no ocurre lo mismo con los cultivos básicos de bajo costo.
No hay manera de que sea rentable pagar altas cuotas de agua para los agricultores de cultivos básicos como el algodón, la alfalfa y la soya. Si se generalizaran estos cobros a nivel nacional, se desencadenarían cambios en la economía que obligarían a los agricultores a abandonar los cultivos básicos o a dejar por completo la actividad, lo que se traduciría en precios más elevados de los alimentos en los supermercados.
Por lo tanto, el diseño de instrumentos económicos para el control y conservación del agua agrícola debe sopesar cuidadosamente la viabilidad financiera de los productores, especialmente en los países en desarrollo, donde la prioridad suele ser el crecimiento económico y la subsistencia alimentaria frente a las regulaciones ambientales de alto costo.
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