Una prolongada polémica entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha centrado la atención en los salarios de los servidores públicos y las medidas de austeridad. Estas políticas han chocado repetidamente con los reclamos de los ministros de la máxima corte del país, quienes defienden su independencia.
El Marco Constitucional y el Conflicto Inicial
Según el artículo 127 de la Constitución mexicana, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, el artículo 94 de la misma carta magna establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos durante su encargo. Esta dualidad ha sido la piedra angular de la disputa.
En 2019, los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México acordaron disminuir su sueldo en un 25%, percibiendo poco más de 200,000 pesos mensuales (aproximadamente 10,000 dólares). En total, los 11 ministros dejaron de percibir 67,000 pesos mensuales, cada uno. Esta reducción salarial de los magistrados los acercó más al nivel de remuneración que, según algunas interpretaciones jurídicas del artículo 127, debería ser el techo de todos los servidores públicos. Sin embargo, por tratarse de un poder independiente, éstos regulan sus propios salarios.
En respuesta a la presión, los magistrados emitieron un comunicado, según reportó el portal web de Aristegui Noticias, en el que afirmaron: “Las percepciones que reciben los ministros (…) no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes”. Añadieron que “sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece”.
Desde el inicio de su mandato en 2018, Andrés Manuel López Obrador emprendió reformas constitucionales para bajarse el sueldo e impedir que nadie en la Administración pública cobrara más que el presidente. Ya entonces, los jueces se sintieron agredidos en su autonomía con aquella medida presidencial y presentaron cientos de amparos contra ella. “El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, se quejaron en aquel momento. Pese a las tensiones, los jueces hicieron un gesto de buena voluntad para autorregularse en algunos extremos, reconociendo una deuda de las élites del país con el pueblo llano.
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Evolución del Conflicto y Postura de la SCJN
En agosto de un año anterior a la actual escalada, la Suprema Corte de Justicia se comprometió a reducir el costo de su funcionamiento en 5,000 millones de pesos, ahorros que irían más allá de la reducción de salarios de los 11 ministros mejor remunerados.
En algún momento, el Congreso había planteado la posibilidad de que a partir del 2019 los nuevos ministros y jueces no ganaran más que el presidente. Sin embargo, la Corte rechazó esta idea por ser contraria al principio constitucional de que a trabajo igual corresponde igual remuneración. Esta constante fricción entre la austeridad republicana y la autonomía judicial resalta una batalla que hoy, casi cinco años después de los primeros roces, se dirime en prácticamente los mismos términos: sueldo y austeridad.
La Intensificación del Enfrentamiento: Del Acuerdo a la Confrontación
La relación de Palacio Nacional con la Suprema Corte había sido más que fluida durante la presidencia de Arturo Zaldívar, período en el que el Poder Judicial colaboró en ciertas iniciativas del Gobierno, como la despenalización del aborto o la regulación de la marihuana. Estos fueron días “históricos” para la Corte y el Gobierno no expresó quejas, sino todo lo contrario.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la elección de la ministra Norma Piña como presidenta del máximo órgano judicial. Las peleas entre el Ejecutivo y la Suprema Corte se han recrudecido, especialmente después de que proyectos clave para el presidente, como la reforma electoral y el mando militar de la Guardia Nacional, han sucumbido ante los votos de los ministros. Con la pérdida de la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en el Congreso en 2021, la Suprema Corte se posiciona como el principal contrapeso a las aspiraciones del Gobierno, una situación similar a la de 2018.
El presidente López Obrador ha recurrido a una estrategia centrada en el aspecto económico. En un país con millones de personas en situación de pobreza o con recursos económicos limitados, el argumento de los altos sueldos de los ministros es una herramienta efectiva para el Gobierno de la austeridad, un mensaje que resuena con una parte importante de la población.
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A los ministros se les sitúa cada mañana en un esquema simple: arriba en el trono están ellos, con sus grandes sueldos, y abajo, el pueblo, sufriendo sus embates. La caja de los truenos se abre casi a diario en Palacio Nacional, donde no se escatiman adjetivos contra los jueces y su sistema “podrido”.
Las recientes resoluciones de la Corte, que han anulado reformas electorales basándose en aspectos formales de su aprobación en el Congreso, han avivado el conflicto. El Gobierno percibe estas acciones como una injerencia espuria de un poder respecto a otro, lo que genera una contraofensiva constante. Este clima de tensión se mantendrá probablemente hasta las próximas elecciones, en el verano de 2024, cuando López Obrador busca recuperar la mayoría absoluta para impulsar sus reformas constitucionales sin impedimentos.
Las Cifras de la Disputa y la Propuesta de Reforma de AMLO
Las diferencias salariales entre el presidente y los ministros de la SCJN son un punto central de la confrontación.
| Cargo | Salario Mensual (Pesos MXN) | Aguinaldo (Pesos MXN) | Prima Vacacional (Pesos MXN) |
|---|---|---|---|
| Presidente de México (2019) | 108,000 | - | - |
| Presidente de México (actual) | 137,000 / 130,000-140,000 | - | - |
| Ministro SCJN (2019, después de reducción) | 200,000 | - | - |
| Ministro SCJN (según AMLO, dato oficial) | 284,500 | - | - |
| Ministro SCJN (según "40 excesos") | 297,403.77 | 586,092.53 (40 días) | 95,474.68 (10 días) |
El presidente López Obrador ha señalado que los ministros violan el artículo 127 de la Constitución al tener un salario superior al suyo, y ha expuesto una lista de “40 excesos del Poder Judicial”. Esta lista incluye, además de los altos salarios y bonificaciones, otras prestaciones que considera un abuso y ofensivo.
En este contexto, el mandatario ha ordenado a la ministra de Gobernación, Luisa María Alcalde, que solicite a Norma Piña una explicación sobre por qué los garantes de la ley presuntamente incumplen la Constitución con salarios que superan al del presidente. “Que me expliquen, para que yo lo informe al pueblo de México”, ha declarado López Obrador, otorgando cinco días para la respuesta.
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Ante lo que él mismo describe como una "respuesta leguleya" de los ministros, el presidente ha afirmado que enviará una iniciativa de reforma constitucional más precisa. “Hay que cerrar todas las posibles salidas o los escapes a lo que ya es de por sí muy claro. Ellos le dieron otra interpretación o utilizaron excusas leguleyas para tener cinco veces más que el presidente, de todas formas hay que acotar eso, blindar ese artículo”, dijo. Esta reforma, que no requerirá la asesoría de expertos, buscará detallar cómo elegir a servidores públicos, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de voto directo.
López Obrador indicó que esperará a contar con una mayoría calificada en la próxima legislatura para impulsar esta reforma, con el objetivo de eliminar lo que considera “excesos” en el Poder Judicial. Argumenta que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte porque qué interpretación se le puede dar” cuando establece que ningún servidor público puede tener un salario más elevado que el del presidente. Aunque reconoció que podría haber una excepción del 50% sobre su salario, los ministros, según sus cifras, exceden ampliamente este límite.
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