En el ámbito jurídico mexicano, el amparo fiscal representa una herramienta esencial para la defensa de los derechos de los contribuyentes. Este instrumento legal permite tanto a empresas como a particulares salvaguardar sus intereses frente a posibles acciones abusivas o injustas por parte de las autoridades fiscales. Profundizar en su naturaleza y aplicación es crucial para entender cómo los ciudadanos pueden protegerse en el complejo sistema tributario.
Origen y Evolución del Juicio de Amparo
El Amparo como tal es una figura y creación mexicana muy peculiar, la cual nace en aquel año de 1841, en la Constitución de Yucatán con una función protectora. Posteriormente, en el año de 1847, esta figura se convierte en federal con el acta de reformas. Previo a lo ya mencionado, como mero dato histórico, el mismo Crescencio Rejón fue quien presidió una comisión en cuanto a la legislatura de Yucatán del 23 de diciembre del año de 1840, en la que como tal se presenta el proyecto de constitución y específicamente en el artículo 53 establecía como tal el juicio de amparo. Es donde por primera vez se utiliza el término de “amparo”, el cual tenía como significado connotativo el de aquel que preveía la protección de garantías constitucionales.
El restablecimiento de la constitución de 1824 fue un suceso llamativo en cuanto a amparo se refiere, ya que con un voto particular de Mariano Otero en el acta de reformas del cual se mencionó previamente, fue quien, con su voto, el 21 de mayo de 1847 se vio reflejado en el artículo 25. Este artículo expresaba como idea fundamental, el que los tribunales de la federación, tendrán la obligación de amparar a todo mexicano donde se le vean violentados los derechos que la propia constitución le reconozca, más que por algún acto de autoridad, sea el legislativo o ejecutivo, se le violenten. Esto de lo anterior sin hacer ninguna clase de observación respecto de una crítica a la ley, lo cual comparando con el momento jurídico actual eso se ha cambiado y recibe de nombre control difuso y control concentrado de la constitución.
Art. 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.
Es importante adentrar en este tema por diversas cuestiones, siendo una de ellas la necesidad de la correcta aplicación de tan bella figura jurídica y creación mexicana, la cual en su naturaleza de la protección constitucional de los derechos humanos de toda aquella persona se vea realizada, y es ahí donde el Juicio de Amparo genera una serie de actos eficaces a dicha necesidad de protección.
Lea también: Amparo Fiscal: Un Análisis Práctico
Fundamentos Constitucionales del Amparo Fiscal
Son los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política Federal los que contemplan la figura legal del “Amparo”. La Constitución mexicana de 1917 es heredera de la Constitución de 1857, la cual a su vez es producto del espíritu liberal de la época; como buenos liberales, los constituyentes de 1857 desconfiaban del poder, origen -desde su perspectiva- de la mayoría de las injusticias a las cuales se enfrentaba un individuo. Por ello había que construir mecanismos jurídicos para procurar evitar los abusos del gobernante. El juicio de amparo fue la figura para alcanzar ese fin, poniendo a la Constitución por encima de todo acto del gobernante, quien podría ser suspendido a petición del agraviado, en tanto el Poder Judicial determinase si la presunta violación existía.
Las bases constitucionales a partir de las cuales se ha construido toda una jurisprudencia de protección para el contribuyente se encuentran en el artículo 31, fracción IV constitucional, que establece como obligación de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".
El Sistema Tributario Mexicano
En principio, es importante recordar que el sistema tributario mexicano tiene como objetivo cubrir los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México, de los Estados y Municipios, dentro de un marco legal que sea proporcional y equitativo, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los principales ingresos de la política fiscal se obtienen por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo.
En esa tesitura es que a través de las reformas fiscales se busca establecer un sistema tributario que se ajuste a dichos objetivos, para lo cual la norma debe modificarse a través del Poder Legislativo. Así, año tras año los legisladores presentan una reforma fiscal mediante la cual modifican las leyes para mejorar la gestión tributaria. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de recaudar los impuestos, emite cada año la Resolución Miscelánea Fiscal a través de la cual pormenoriza la forma en que los contribuyentes deben aplicar la normatividad fiscal, con la finalidad de que cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales y de cierta manera llenar las lagunas que contiene la ley.
Qué es el Amparo Fiscal
El amparo fiscal es un instrumento legal que permite a las empresas y particulares proteger sus derechos frente a posibles abusos o injusticias fiscales por parte de las autoridades. Este brinda a los contribuyentes una protección legal sólida. Permite impugnar decisiones fiscales desfavorables y defender los derechos ante las autoridades. Además de la protección legal, el amparo fiscal puede generar beneficios económicos significativos. Muchas empresas utilizan el amparo fiscal para reducir su carga tributaria.
Lea también: Procedencia del Amparo Indirecto Fiscal en México
DERECHO FISCAL EN EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO, IMPACTO JURÍDICO Y SOCIAL. Una vez que hemos dado pauta a la explicación propia del juicio de amparo mexicano así como del origen del derecho fiscal y esté debidamente fundamento en la constitución procedemos al análisis en concreto de la fusión de ambos temas, y esto es posible con un mero raciocinio lógico jurídico que no implica ningún esfuerzo, ya que como tal si apreciamos que le juicio de amparo como tal es aquel método de protección de derechos humanos reconocidos en la constitución. Ahora bien, lo analizamos desde la perspectiva contraria, en la que el articulado 31 de nuestra carta magna genera una obligación de contribución la cual trae consigo ciertos principios como lo son de proporcionalidad en la cual la Real Academia Española nos dice es todo aquello que de “Conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí”. Así mismo se encuentra el de legalidad que la misma RAE nos define como: “Cualidad de legal; Ordenamiento jurídico vigente. Y por último el principio de equidad que este sin una definición...
Partes en el Juicio de Amparo
En un principio parte aquel a quien como tal se le violentan sus derechos, a quien la ley le atribuye el nombre de “quejoso”. El quejoso es aquel que procesalmente realiza una súplica de observancia constitucional o bien convencional respecto de alguna sentencia se le hubiere dictado de manera previa por un tribunal en cuanto a lo conducente por el recurso de apelación que haya hecho valer en 2da instancia. Precediendo lo anterior, el quejoso interpone juicio de amparo fundamentando que la sentencia o bien en cuestión de amparo indirecto, alguna clase de acto u omisión del cual se le hubiere sido agredido jurídicamente. A lo cual, mediante un razonamiento lógico jurídico en su demanda de amparo, le hará ver al juzgado de distrito o bien tribunal, sea el caso concreto, la forma en el que la autoridad le violentó sus derechos.
Retomando las partes, mencionamos a la autoridad responsable, aquella que como tal es directamente con quien se genera este conflicto. Aquella que como tal por su cuestión de relevancia jerárquica es quien violenta los derechos del quejoso, esto en su omisión o bien aplicación o no aplicación de ciertos criterios los cuales benefician o afecten la esfera jurídica del quejoso sea el caso. Algo que podemos rescatar de esta parte mencionada, es que se subdivide en dos tipos: la primera conocida como autoridad ordenadora, que en ocasiones se le considera como aquel que, por su jerarquía y poder, en un criterio personal, su decisión, por colmarse de las facultades que el poder respectivo le da, ocasiona el daño directo y al momento de su aplicación. Es donde aparece como tal la segunda figura, la conocida autoridad ejecutora, que entre sus características es quien lleva a cabo, o sea, ejecuta, lo que la ordenadora ordene. En conjunto son autoridad responsable y afectan los derechos de las personas.
Posterior a esta se encuentra el ahora tercero interesado, a quien por mucho tiempo hasta antes de la reforma se le conoció como tercero perjudicado. Este, como tal, en una gran mayoría es la contraparte del quejoso en el juicio natural, y quien, de concederse o negarse el amparo, se le pueden ver afectados o bien beneficiados sus intereses respecto con el asunto.
Por último y no por ello menos importante se encuentra el Ministerio Público Federal, de quien se puede salvar que en él es quien recae la importancia de aquella protección a la sociedad así como del velar porque el proceso se esté llevando a cabo de una manera correcta con ciertas cuestiones las cuales se deben de analizar desde la perspectiva de aquel que como tal no tiene interés alguno en el juicio, más puede beneficiar por medio de sus participaciones a diversas partes o sectores sociales.
Lea también: Cómo presentar un Amparo Fiscal en México
La Suspensión del Acto Reclamado
“La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado.”
Implicaciones del Amparo Fiscal
El amparo en materia fiscal y la industria surgida bajo su sombra no sólo erosiona la capacidad de recaudación del gobierno, sino la legitimidad del cobro de impuestos, ya que los amparados pagan menos impuestos respecto a quienes no logran la protección de la justicia. En México los contribuyentes gozan de la protección de la justicia con una amplitud probablemente mayor a la de cualquier otro país del mundo. Esa protección no existió durante casi cien años, ya que el artículo correspondiente viene de la Constitución de 1857. El texto constitucional no cambió, sencillamente a partir de los años sesenta fue interpretado de manera distinta, de tal suerte que se ampliaron los derechos de los contribuyentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, a principios de los años sesenta, sostener que la violación de dicho artículo sí constituye una violación a las garantías de los contribuyentes; con este criterio se garantizó la procedencia del juicio de amparo contra leyes que imponen contribuciones y presuponen violaciones al artículo 31 de la Constitución. El amparo fiscal ha llevado a que ciertos grupos de contribuyentes se hayan visto beneficiados con el no pago de impuestos, mientras otros sí deben hacerlo, dado que en el sistema jurídico mexicano la declaración de inconstitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo sólo beneficia a aquellos que buscan la protección de la justicia (la llamada doctrina Otero).
Con el apoyo de los despachos de abogados especialistas que han ido desarrollando toda una sofisticada técnica para defender al contribuyente, el juicio de amparo se ha convertido en un poderoso instrumento jurídico en manos de los contribuyentes. Toda nueva ley puede ser impugnable por sus supuestos vicios de inconstitucionalidad. Dada la baja recaudación en México, la necesidad de aumentar la recaudación ha llevado a permanentes cambios en la legislación, con lo cual siempre deja espacio para buscar el amparo. Un abogado fiscal juega un papel crucial en el proceso de amparo fiscal. En casos más complejos, un abogado fiscal puede representar a la empresa ante las autoridades fiscales y los tribunales.