La propuesta de reforma tributaria presentada al Congreso de la República surge como respuesta a la necesidad de solventar el déficit fiscal y a las presiones de las calificadoras de riesgo y la OCDE. Sin embargo, se anticipa que esta reforma afectará principalmente a los hogares de ingresos bajos y medios.
Los platos rotos del manejo irresponsable de la economía durante los últimos años, en los cuales se dilapidó la bonanza petrolera, se avanzó en la destrucción del aparato productivo y el empleo de calidad y se colmó de beneficios a las transnacionales, los pagarán la ciudadanía más necesitada.
El resultado previsible es la profundización de la desigualdad por cuenta de una estructura tributaria regresiva que aumenta los impuestos indirectos y reduce los directos.
La propuesta de reforma hace caso omiso de que los ingresos estatales han disminuido por cuenta de la destrucción del aparato productivo, como resultado de decisiones como la implementación de múltiples TLC. El mismo Gobierno reconoce descaradamente que los tributos directos “deben extinguirse” y las finanzas públicas deben “generar nuevos ingresos, en particular los provenientes del IVA”.
En efecto, las cifras muestran que para el año 2017 el aumento del IVA y los demás impuestos indirectos recaudarían $9,1 billones, 1 % del PIB, (incluye IVA, impuesto al consumo y combustibles), mientras el impuesto a la renta caería en $1,9 billones (0,2 % del PIB). Similar comportamiento se presentará en el 2018, cuando se espera que en impuestos indirectos se recaude $10,8 billones y en renta se dejen de percibir recursos por $1,2 billones, como se puede ver en la tabla 1.
Lea también: Estatuto Tributario: Parágrafo 3 del Artículo 437
De esta forma, los impuestos indirectos explicarían la totalidad del nuevo recaudo, por lo que la principal discusión sobre la próxima reforma se centra en este punto. Los demás asuntos serán negociados en el Congreso de la República.
Impacto del IVA
De acuerdo con la propuesta de reforma, el IVA pasaría de 16 % al 19 %, incluyendo en este aumento al 60 % de bienes de la canasta familiar que ya están gravados. Además, mantiene el IVA del 5 % a otros bienes que este Gobierno gravó en la reforma de 2012, como trigo, café, chocolate, aceites vegetales, pastas alimenticias y hasta el salchichón; ahora se suman los diarios y publicaciones periódicas e impresos en esta categoría.
Adicionalmente, teniendo en cuenta los ingresos de una persona que devenga mensualmente $1’500.000 -quien comenzará a pagar retefuente si se aprueba la reforma- los más afectados con el aumento del IVA serán los hogares de ingresos bajos y medios, porque tendrían que destinar una mayor porción de su ingreso a la adquisición de estos bienes, en comparación con hogares de ingresos altos.
En total, un trabajador debe destinar el 8 % de su ingreso mensual para adquirir estos 15 productos con IVA del 19 %, mientras una persona de ingresos altos tan solo destina el 0,72 % para el mismo propósito.
También se encuentra en la reforma la limitación de la exclusión del IVA para la compra de celulares y computadores y la imposición de un impuesto al consumo de datos móviles del 4 %, los cuales van en contravía del discurso gubernamental de promover la inserción del país a la economía del conocimiento, las tecnologías modernas y la cuarta revolución industrial.
Lea también: Estatuto Tributario: Artículo 369
Otros Impuestos y Sectores Afectados
En esta categoría, el Gobierno de Santos propone también gravar a las editoriales con un impuesto de renta de 9 % y 32 %, que afectaría fundamentalmente a quienes están intentando crear conocimiento en el país y se beneficiaría la importación de textos, un duro golpe a la producción editorial, intelectual y cultural del país.
Además, los combustibles también se verán afectados con la reforma, ya que la propuesta contempla un impuesto adicional a la gasolina de $135 adicionales por galón (tabla 4), denominado ‘impuesto al carbono’, que se sumarían a los más de $1.000 que se pagan hoy en día por galón de gasolina corriente con el impuesto nacional a la gasolina y ACPM, que recae sobre los hogares de ingresos bajos y medios que son los mayores consumidores de combustibles, porque en estos estratos se ubica cerca del 92 % del parque automotor.
Impuesto a la Renta y Beneficios Tributarios
Las tres mil más poderosas empresas pagarían menos impuesto a la renta y, las empresas en general, pagarían menos impuesto a la renta, bajando en promedio del 40 % al 32 %. Adicionalmente, gran parte de las exenciones tributarias y demás beneficios que gozan las más grandes se mantienen e incluso se crean nuevos, como el de “costo fiscal de las inversiones” para los gastos de evaluación y exploración del sector minero-energético.
Sin embargo, se mantiene la regresividad del impuesto a la renta, porque a diferencia de los países con que Colombia compite en los negocios globales, no hay tarifas diferenciadas entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Además, no se tiene en cuenta el nivel de desigualdad que en las empresas es más escandaloso que en las personas.
Aunque el Gobierno ha sido insistente en afirmar que los dividendos pagarán impuestos, una propuesta progresiva, la realidad es que la reforma tributaria establece que solo se hará si el pago de dividendos recae en cabeza de una persona natural, lo que en la práctica permite que se paguen dividendos sin impuestos a los socios de compañías que utilizan empresas para recibir estos ingresos.
Lea también: Estatuto Tributario: Artículo 73 en detalle
En Colombia viene haciendo carrera la idea de que las empresas deberían pagar menos impuestos y que estos deben recaer sobre personas naturales. Sin embargo, se ignora que la administración tributaria tiene una capacidad limitada para establecer quién es el beneficiario real de las actividades de empresas extranjeras en el país, los directivos de compañías extranjeras -en general- reciben sus sueldos en las casas matrices y sus gastos de sostenimiento en Colombia son cargados como gastos de las empresas, prácticas que imposibilitan cobrar impuestos a las personas naturales que derivan sus ingresos del trabajo con este tipo de empresas y erosionan la base tributaria.
Pero como es esta la lógica que se está imponiendo en la tributación nacional, los trabajadores colombianos deben asumir una mayor carga. Por eso la reforma propone gravar a las persona naturales desde $2’479.000 de ingresos mensuales con una tarifa del 10 % y pagar retefuente desde $1’487.650, un ingreso insuficiente para que una familia mejore su calidad de vida, pero que la dupla Santos-Cárdenas considera de millonarios.
Esto ocurre porque el actual Gobierno, como también lo ha reconocido, presentó una reforma tributaria dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sigue lineamientos de los países ricos de ese club, a los que Colombia no se parece en materia social ni económica.
Otros Aspectos de la Reforma
En el caso del monotributo, a pesar de ser opcional, este es el primer paso para gravar a los pequeños comerciantes. Por el lado de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), el Gobierno propone un control a la actividad teniendo exclusivamente criterios tributarios y no sobre la verdadera naturaleza de las organizaciones.
Impone, por ejemplo, la obligación de que la cooperación internacional tenga que registrase ante la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC Colombia), y no diferencia entre las pequeñas que cumplen una misión social y las grandes, asestando un duro golpe a la Constitución al violar la libertad de asociación, en una clara persecución a quienes realizan vigilancia, control y veeduría a las políticas gubernamentales.
Por el lado del fortalecimiento administrativo, a pesar de que se le dedican 14 artículos de la reforma, no aporta nada nuevo cuando se refiere a la idoneidad de los empleados de la DIAN, al mérito ni al papel que juega la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) como el ente encargado de la selección para el acceso a la carrera administrativa. De todas formas no hay voluntad política del Gobierno nacional para un verdadero fortalecimiento de la DIAN en personal y sistemas, lo cual ayudaría a disminuir la alta evasión en IVA y renta, que cuesta al año alrededor de $26 billones.
Esta falta de voluntad política también se traduce en la ausencia de mecanismos efectivos para perseguir los capitales que se fugan hacia paraísos fiscales sin pagar impuestos, las mercancías subfacturadas que ingresan desde territorios como Panamá, arruinando a productores nacionales, y las estrategias que utilizan las transnacionales minero-energéticas para comercializar a menos precio los recursos naturales del país.
La progresiva disminución de los aranceles como producto de los tratados de libre comercio también está erosionando los ingresos del Estado.
Financiación del SENA y el ICBF
La reforma tributaria de 2012 lesionó la financiación de estas dos importantes instituciones para la estabilidad y el desarrollo social del país, al disminuir los parafiscales y establecer el CREE, un impuesto con destinación específica. Los excedentes generados por este último no han sido trasladados a las instituciones indicadas, sino que han servido para generar unidad de caja en las necesidades del Gobierno nacional. Se estima que para el 2016 el SENA dejaría de recibir $1 billón, que le corresponden del CREE, pero que están siendo apropiados irregularmente por el Gobierno.
Las razones aquí esgrimidas muestran que esta reforma tributaria en nada contribuye a la solución de fondo de los problemas económicos y sociales del país, todo lo contrario.
Se hace imperioso que el Congreso de la República tome cartas en el asunto, si -como lo expresa con frecuencia- quiere ver a un país menos desigual.
La crisis económica del país tiene bases estructurales que no se resuelven con la reforma tributaria presentada al Congreso. Una verdadera justicia tributaria debería promover el fortalecimiento de fuentes de generación de riqueza en la agricultura, la industria y en los servicios de alto valor agregado, un gasto público efectivo y suficiente para las necesidades de desarrollo del país y, por supuesto, que los más ricos y las transnacionales paguen lo justo.
Las consecuencias de esta reforma tributaria que aumenta los impuestos indirectos y reduce los directos, en un contexto macroeconómico adverso de desaceleración económica, déficit fiscal y comercial, caída del consumo y aumento de la moratoria en los créditos, provocará una disminución del nivel de vida de los hogares de ingresos bajos y medios que conducirá a una profundización de la crisis económica del país.
Tabla 1: Recaudo Adicional del Gobierno Nacional Central por Tipo de Impuesto Esperado con Reforma 2017-2022 (en billones de pesos)
| Año | Impuestos Indirectos | Impuesto a la Renta |
|---|---|---|
| 2017 | 9.1 | -1.9 |
| 2018 | 10.8 | -1.2 |
tags: #articulo #383 #estatuto #tributario #explicacion