América Latina ha sido escenario de varios asesinatos de alto perfil que han conmocionado a sus respectivas naciones y al panorama político regional. Estos crímenes, que a menudo involucran a presuntos asesinos a sueldo o grupos de delincuencia organizada, han desencadenado complejas investigaciones y generado profundas incertidumbres.
El Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador conmocionó al país sudamericano. Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho candidatos a la presidencia en las elecciones anticipadas que se celebrarán en Ecuador el 20 de agosto. El mandato del presidente Guillermo Lasso debía culminar en 2025, pero en mayo de este año decretó la disolución de la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como "muerte cruzada", en medio de un juicio político contra el presidente por acusaciones de malversación de fondos públicos.
Después de que fuera asesinado de tres disparos en la cabeza a la salida de un acto político en Quito en la tarde del miércoles, un hombre que fue señalado como el presunto autor material del crimen murió. Según la Fiscalía de Ecuador, quedó herido durante el cruce de balas y luego falleció en la Unidad de Flagrancia en Quito. Tenía antecedentes penales, ya que previamente había sido arrestado por cargos relacionados con armas, informó el gobierno.
Los Sospechosos y la Investigación
Las autoridades anunciaron la captura de seis presuntos implicados en el homicidio. La detención se hizo a pocas horas del ataque armado tras varios allanamientos en el sureste y sur de Quito. La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva por 30 días a los seis. La medida, informó la Fiscalía, se tomó tras la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos. Según dijo el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, los seis son extranjeros y "pertenecen a grupos de delincuencia organizada", sin especificar a cuáles. Más tarde, las autoridades ecuatorianas confirmaron a medios locales que tanto el sospechoso fallecido como los seis detenidos son de nacionalidad colombiana, motivo por el cual se ha pedido la colaboración con la policía del país vecino.
Los detenidos tienen antecedentes penales por distintos delitos y sobre 2 de ellos pesaba una orden de captura por un caso de receptación, es decir, encubrimiento de un delito, según los reportes en medios de Ecuador y Colombia. Durante los allanamientos se encontraron un importante arsenal:
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- Un fusil
- Una subametralladora
- Cuatro pistolas
- Tres granadas
- Dos cargadores de fusil
- Cuatro cajas de munición
- Dos motocicletas
- Un vehículo reportado como robado, donde presuntamente se movilizaban los miembros de este grupo delictivo
Zapata añadió que la policía "empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales". En la misma rueda de prensa, repudió el asesinato de Fernando Villavicencio, al que catalogó como “un crimen político con carácter terrorista”. A su vez, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) viajarán al país sudamericano a colaborar con la investigación. La Cancillería colombiana, por su parte, rechazó a través de un comunicado “de manera vehemente” el asesinato del candidato presidencial, y expresó sus condolencias a sus familiares y simpatizantes. Expresaron solidaridad al pueblo ecuatoriano y un mensaje de confianza en las instituciones para que ayuden a “esclarecer los hechos y castigar a los responsables”.
El Magnicidio de Jovenel Moïse en Haití
La participación de ciudadanos de Colombia en el crimen del candidato ecuatoriano recuerda a lo sucedido en julio de 2021 con el presidente de Haití Jovenel Moïse, que fue asesinado en su casa por un grupo que incluía a 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses. Las investigaciones haitianas, colombianas y estadounidenses relacionadas con la muerte de Moïse iniciaron poco después del asalto del 7 de julio de 2021, que dejó al presidente de 53 años con 12 heridas de bala y a su esposa, Martine, gravemente herida. Actualmente hay más de 40 personas encarceladas, entre ellas 18 colombianos en Haití y tres haitiano-estadounidenses con vínculos en el sur de la Florida, así como miembros de la guardia presidencial haitiana acusados de aceptar sobornos para retirarse o no presentarse a trabajar. De los 30 guardias que debían trabajar ese día, solo se sabía que siete estaban de servicio.
La Conspiración y los Motivos
Horas antes de que un grupo de ex soldados colombianos asaltara la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021, recibieron nuevas órdenes. Al parecer, uno de los jefes del escuadrón les dijo que su misión había cambiado y que ahora tenía un doble objetivo: encontrar y matar a Moïse, y encontrar y tomar varias bolsas grandes de lona que estaban repletas de dinero y que se encontraban dentro de la casa. La cantidad que supuestamente había en su interior oscilaba entre los $45 millones y los $53 millones, de acuerdo con las declaraciones que algunos de los sospechosos encarcelados compartieron con los funcionarios colombianos y estadounidenses que investigan el asesinato. Esta considerable cantidad de dinero supuestamente escondido en la casa del presidente sugiere que pudo haber sido un incentivo adicional para que los ex soldados colombianos y guardias presidenciales haitianos, mal pagados, llevaran a cabo el plan mortal después de recibir la orden de hacerlo. Una fuente colombiana con conocimiento de la investigación en su país sudamericano dijo al Miami Herald que “la decisión de matar al presidente surgió un día antes del asesinato. A los colombianos se les dijo que tenían que hacerlo. No hay indicios de que se resistieran a esta orden”. Añadió: “Creemos que iban por el dinero”.
Otras fuentes policiales de Haití y del sur de la Florida familiarizadas con el asalto mortal dijeron que la noche del asesinato se robaron importantes cantidades de dinero en efectivo y otros objetos de valor del interior de la casa de Moïse. Un sospechoso declaró ante los investigadores estadounidenses que le informaron que el dinero que había en la casa de Moïse era un pago al líder haitiano por parte de narcotraficantes. Sin embargo, las autoridades estadounidenses y colombianas no mostraron interés en investigar las acusaciones de que el dinero o el asesinato del presidente podrían estar interconectados con narcotraficantes. La idea de que Moïse, quien conocía las pistas de aterrizaje y las entregas de droga, podría haber sido asesinado porque planeaba entregar una lista de los principales narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos también ha sido rechazada por los investigadores.
Las sospechas de que el narcotráfico desempeñó un papel en el asesinato del presidente se plantearon en un reporte de 124 páginas de la Policía Nacional de Haití, pero, al igual que los investigadores de Estados Unidos, la policía haitiana no siguió ninguna pista relacionada con el narcotráfico. El sospechoso colombiano encarcelado Alejandro Giraldo Zapata declaró ante la policía haitiana que el asesinato de Moïse fue premeditado, citando a Duberney Capador Giraldo, quien describió al presidente como alguien que “merecía este destino por haber sido un dictador, un narcotraficante que federaba pandillas armadas”. El reporte también señala que algunos de los otros colombianos acusados admitieron haberse llevado dos bolsas llenas de dinero en efectivo, documentos, pasaportes, chequeras y rifles de asalto confiscados a guardias presidenciales. “Al final del ataque, que le costó la vida al Presidente de la República, estos individuos armados saquearon completamente la habitación del Jefe del Estado, robaron documentos, grandes cantidades de dinero y diversos objetos, entre ellos el servidor de las cámaras de vigilancia”, se lee en el reporte.
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Antes de ser asesinado en julio, Jovenel Moïse había estado trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas. Moïse pensaba entregar a Estados Unidos el expediente detallando en cada caso su grado de implicación, lo que explicaría por qué los atacantes saquearon su casa en busca de documentos. Su esposa, Martine, alegaba que después de dispararle a su esposo, los asesinos buscaron entre sus papeles un documento específico. Meses antes de su muerte, Moïse había denunciado que poderosos grupos empresariales querían terminar con él. Tomó una serie de medidas que no gustaron a sus enemigos, como una limpia en el departamento de aduanas, la nacionalización de un puerto marítimo sospechoso de ser vía de contrabando, la destrucción de una pista clandestina de aterrizaje usada por avionetas de Venezuela y Colombia, y la investigación del comercio de anguilas para el blanqueo de capitales.
Una figura central en la lista de Moïse era Charles Saint-Rémy, cuñado del expresidente Michel Martelly y sospechoso de tráfico de drogas. Otro nombre incluido es Dimitri Hérard, jefe de la unidad de policía que protegía a Moïse y sospechoso de tráfico de drogas desde 2015. También, Joseph Felix Badio, un exinformante de la DEA y líder de los sicarios la noche del 7 de julio, tuvo conversaciones telefónicas con el nuevo primer ministro del país. Revelan también que el mandatario recibió una llamada de la DEA alertando del uso desmedido de una pista clandestina, y aunque Moïse ordenó su destrucción, las autoridades locales se negaron.
El Proceso Judicial
Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y Frederick Bergmann fueron puestos en custodia por sospecha de participación en el asesinato de Moïse, según informó el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ). Pretel Ortiz e Intriago son directores de la academia Counter Terrorist Unit Federal Academy y de Counter Terrorist Unit Security (CTU), una firma de seguridad privada. Estos hombres pretendían derrocar a Moïse para reemplazarlo con Christian Emmanuel Sanon, quien tiene doble ciudadanía haitiana-estadounidense y aspiraciones políticas en Haití. Los conspiradores al parecer esperaban que Sanon otorgara en contrapartida a CTU jugosos contratos para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipamiento militar. Veintemilla al parecer acordó brindar apoyo financiero para el golpe. El plan original de los acusados no incluía el asesinato, según indicó el DOJ.
Por el momento, solo se han presentado cargos formales en Estados Unidos. Fiscales federales de Miami acusaron a un ex militar colombiano, Mario Antonio Palacios Palacios, conocido como “Floro”, a un ex senador haitiano, John Joël Joseph, y a un narcotraficante haitiano convicto, Rodolphe “Dòdòf” Jaar, de conspiración para secuestrar o matar al presidente de Haití. Se declararon inocentes y están detenidos sin fianza en un centro de detención federal a la espera de ser juzgados. La fiscalía y los agentes federales de Miami también tienen la vista puesta en acusar a tres haitiano-estadounidenses - Christian Emmanuel Sanon, James Solages y Joseph Vincent- por su presunta participación en la conspiración del golpe mortal. Todos ellos están bajo custodia en Haití. Pero el traslado de cualquiera de estos sospechosos a Miami ha sido un reto, debido a la sensibilidad política del caso de asesinato en Haití, Washington y Colombia. Para complicar aún más las cosas, ha habido una gran rotación de los jueces de instrucción que presiden el caso penal en Haití, y un quinto juez, Walther Wesser Voltaire, recientemente llevó a cabo una nueva ronda de interrogatorios con los sospechosos bajo custodia.
Entre ellos están dos altos funcionarios de seguridad encarcelados, Jean Laguel Civil y Dimitri Hérard, responsables de la seguridad de Moïse la noche de su asesinato y llamados por el presidente para enviar refuerzos. Los investigadores policiales los acusan de complicidad interna o de inacción. El juez también escuchó al ex jefe de policía Léon Charles, actual representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos. Vincent declaró ante el juez durante el interrogatorio que no sabía nada “en absoluto” acerca del complot para asesinar al presidente de Haití, afirmando que solo tenía conocimiento de un plan para destituirlo. Vincent y Solages se encontraban en los terrenos de la casa del presidente la noche del asesinato y Solages gritó falsamente que la redada formaba parte de una operación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Vincent, quien en su día fue informador de DEA, se entregó a la policía haitiana, y Solages también lo hizo.
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En los días posteriores al asesinato, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia y el Director de Inteligencia de la Policía Nacional viajaron a Haití con Interpol para colaborar en las investigaciones. El expresidente colombiano Iván Duque dijo que las agencias de inteligencia de su país “pudieron aclarar las cosas en un tiempo bastante corto y eso también nos permitió aclarar muchas cuestiones respecto a la ejecución del asesinato”. Sin embargo, hay una cuestión que los investigadores colombianos no pudieron resolver: quién fue el autor intelectual del crimen. Duque señaló que los 22 colombianos que viajaron a Haití no tenían antecedentes penales y habían prestado servicio militar en el país, dejando un rastro de pruebas desde pagos por internet hasta la compra de boletos de avión. Sin embargo, averiguar más sobre su estancia en Haití resultó difícil para los investigadores. "Las personas que tenían el mayor nivel de información murieron, así que claramente hay un deseo de encubrir la verdad intelectual", refiriéndose a Duberney Capador, colíder de la brigada, quien murió en un tiroteo con la policía.
El Asesinato de Luis Donaldo Colosio en México
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrió el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 17:12 horas, hora del Pacífico. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928. Por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación, el caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. Para las reglas que en ese entonces operaban en la política mexicana, Colosio no era solamente un candidato presidencial; era de facto el próximo presidente de México.
Contexto Político y el "Destape"
Colosio obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal conocido como «destape», acostumbrado durante los gobiernos priistas en México. Aproximadamente un año y medio antes de las elecciones, el presidente en turno designaba al candidato del PRI a través del mecanismo conocido como dedazo, y se le consideraba el nuevo presidente. El «destape» de 1993 cumplió con las reglas: el PRI anunció el apoyo a favor de Luis Donaldo Colosio, entonces secretario de Desarrollo Social, el 28 de noviembre de ese año. Aunque se manejaron otros nombres, los otros precandidatos «finalistas» fueron Pedro Aspe Armella y Manuel Camacho Solís. Camacho renunció al DDF en represalia por no obtener la nominación, aunque luego aceptó hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ernesto Zedillo fue nombrado coordinador de campaña de Colosio.
A finales de 1993, Luis Donaldo Colosio y su equipo contaban con buenos augurios para su campaña. Sin embargo, el 10 de enero de 1994, el entonces presidente de la República nombró a Manuel Camacho como comisionado para la paz en Chiapas. Esa decisión, que Salinas asegura fue consensuada con Colosio, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato. Durante las semanas siguientes, con la atención mediática en las negociaciones con los zapatistas, Colosio realizó su campaña de manera fría y vacilante. La tensión aumentó tanto que Carlos Salinas se vio forzado a declarar: «No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo». En esos meses, el presidente y el candidato priista se habían distanciado. Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo, con un discurso en el Monumento a la Revolución, enfatizando valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Aunque es creencia popular que ese discurso le costó la vida, Colosio ya había criticado al presidencialismo en el pasado.
El Día del Atentado en Lomas Taurinas
Uno de los puntos que levantó sospecha en torno al caso fue la elección de la colonia Lomas Taurinas como sede del mitin, ya que se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato, y presentaba múltiples problemas de logística; todo ello se pasó por alto. El 17 de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de la campaña, decidió que el mitin se realizaría en Lomas Taurinas, a sugerencia de Jaime Martínez Veloz. Lomas Taurinas se ubica en una barranca cerca de la línea internacional con Estados Unidos, a espaldas del aeropuerto, rodeada por colonias populares que carecían de agua potable, drenaje y calles pavimentadas. La zona donde se realizó el mitin era un parque terregoso, y el PRI local decidió utilizar la parte trasera de una pick up como templete, ya que se trataba de un acto «informal».
Colosio arribó al Aeropuerto Internacional de Tijuana a las cuatro de la tarde, una hora más tarde de lo programado. Ahí lo esperaban entre mil 500 y 2 mil personas, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban entre 3 mil 500 y 4 mil, casi el doble de lo que estimaron los miembros de logística y seguridad. El candidato arribó en una camioneta Blazer a las 16:35 de la tarde. El candidato descendió entre vítores de los asistentes al mitin, y caminó con dificultad para cruzar el puente de madera y llegar al templete improvisado. Colosio pronunció su discurso: «Un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es que el escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Aquí en Tijuana, como en Baja California, ¡vamos a ganar!... Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política...»
A las 17:09 horas, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer. Los integrantes del Grupo Omega, formado por expolicías, trataron de formar barreras para darle paso, pero la multitud se arremolinó en torno a él, forzándolo a caminar con mucha dificultad. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración. A las 17:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente trece metros y medio, uno de los asistentes logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profusamente de la cabeza.
Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta Blazer, pese a que en el lugar había dos ambulancias. Menos de diez minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana. A las 17:20 el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. Aproximadamente a las 18:55, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible, y los médicos lo declararon muerto a las 19:45 horas. Afuera del hospital y en todo el país se vivía un clima de tensión. A las 8:47 de la noche, Liébano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, anunció el fallecimiento. El presidente Carlos Salinas emitió dos declaraciones, enviando a su médico personal y al procurador general de la República para "coadyuvar en la investigación". Mientras, Mario Aburto Martínez, el detenido, fue llevado a la delegación de la PGR en Baja California e interrogado por primera vez.
Controversia y el Caso de Mario Aburto
Mario Aburto Martínez, quien fue condenado a más de 40 años por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, podría salir en libertad en 2024. Jesús González Schmal, abogado defensor de Aburto, ganó un amparo legal que podría sacarlo de prisión. Sin embargo, la Fiscalía General de México solicitó que ese recurso fuera anulado, y ahora queda en las manos de la Suprema Corte de Justicia de México decidir. Schmal comentó que «cuando [a Aburto] lo aprehenden, lo golpean por todos lados» y reveló que un juez federal aceptó un amparo similar bajo el argumento de que Aburto fue severamente torturado para que confesara el magnicidio, aplicándole la «famosa tortura del gas en la nariz».
En el año 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México revisó el caso y determinó que “el fin o propósito de la tortura a la que fue sometido [Aburto] la causaron para que admitiera haber incurrido en las conductas que le inculparon”. La fiscalía confirmó que había decidido abrir una investigación para revisar las alegaciones de tortura contra Aburto. Incluso, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, se pronunció a favor de una revisión del caso y dijo que el hecho se “trató de un crimen de Estado”. De acuerdo con declaraciones de la defensa, Aburto no ha podido ver a su familia en 29 años, todo el tiempo que lleva en prisión. Desde 1928, cuando José de León Toral mató a Álvaro Obregón, no había ocurrido un crimen que desestabilizara a la clase política mexicana como lo hizo la muerte de Colosio. Al final, ni Colosio ni Camacho alcanzaron la presidencia; quien lo logró fue Ernesto Zedillo.