Si se parte de la idea de que cualquier impuesto disminuye el bienestar de la sociedad o impone costos adicionales a sus actividades, dependiendo de cual sea su base gravable, se puede concluir que los impuestos son malos. Sin embargo, si se piensa desde una óptica diferente, asumiendo que los recursos que el gobierno retira de la economía son devueltos vía bienes y servicios, se le da sentido a la función tributaria del gobierno.
A pesar de esta perspectiva, cuando se cuenta con una estructura tributaria ineficiente o no óptima, pueden surgir serios problemas. En este contexto, diversas propuestas para impuestos únicos o estructuras simplificadas han surgido, pero no están exentas de críticas y desafíos inherentes.
Problemas de las Estructuras Tributarias Actuales
Tal como está diseñada la estructura tributaria del país, resulta clara su ineficiencia para cerrar la brecha entre los ingresos potenciales y los reales, además de su incapacidad para lograr la distribución del ingreso. Cuando una estructura tributaria es ineficiente o no óptima, se pueden tener al menos dos problemas. El primero consiste en la diferencia entre los recursos que se extraen de la sociedad y la cantidad que pueden ser regresados, mientras que el segundo puede referirse a la combinación de gravámenes con los que se constituye la estructura tributaria.
En el primer caso, se incrementa el gravamen al que son sometidos los contribuyentes, es decir, por cada peso que se extrae de la sociedad se regresa una proporción menor en virtud de los costos directos o indirectos en los que se incurren. Mientras que en el segundo, una combinación de impuestos que distorsione en mayor medida la economía puede tener serias consecuencias para asegurar su crecimiento a futuro y, por lo tanto, también pone en peligro la recaudación futura. Adicionalmente, una mala combinación de gravámenes puede tener un efecto serio en la redistribución del ingreso y la riqueza, dependiendo si se logra una estructura tributaria progresiva o regresiva.
En ambos casos, la estructura tributaria deja de cumplir con su objetivo, tanto en su función de obtención de ingresos para sufragar los gastos del gobierno como en su función de redistribución del ingreso y la riqueza. La estructura fiscal de México no cumple con su cometido ya que es insuficiente para sufragar los gastos del gobierno, está lejos de su recaudación potencial y, en términos absolutos, resulta inequitativa.
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Desventajas de Impuestos Específicos que Buscan Simplificación
En un intento de simplificar la tributación, a veces se proponen cambios hacia impuestos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o se reforman impuestos sobre la renta (ISR). Sin embargo, estos también presentan sus propias limitaciones.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Las desventajas del IVA incluyen:
- Desalienta el esfuerzo laboral al disminuir el ingreso disponible.
- Resulta difícil su aplicación general, por lo que es necesaria la introducción de exenciones.
- Poco efectivo para propiciar la equidad vertical.
- El uso de tratamientos especiales atenta contra sus ventajas, ya que disminuye la base gravable, disminuye el potencial, se complica su administración incrementando su costo y puede facilitar la evasión.
Uno de los elementos que explican la evasión del IVA, de acuerdo con Hernández y Zamudio (2004), es la forma en que se audita, pues cuando la posibilidad de ser auditado es baja se producen incentivos para sub-reportar ingresos o sobre-reportar deducciones. La productividad del IVA en promedio para el periodo 1977-2003 fue de 22.7%, es decir, de cada 100 pesos que potencialmente podrían ser recaudados tan sólo se recaudaron cerca de 23 pesos; la razón consiste en las diferentes tasas que se manejan y el régimen de exenciones, que por una parte disminuyen la base gravable y que por otra permiten la evasión del impuesto.
Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Las desventajas del ISR son:
- Dificultad para establecer la base, lo que origina la constante elusión fiscal.
- La equidad vertical no es del todo aplicable a lo largo del ciclo de vida.
- Tratamiento asimétrico a ganancias y pérdidas de las empresas.
- Desalienta la acumulación de capital físico y humano.
- Alienta las actividades informales.
Dado el nivel de captación del ISR, se constituye como uno de los impuestos más importantes para la estructura tributaria, no obstante los efectos que puede tener sobre los agentes económicos, la variación de su recaudación atada a las fluctuaciones económicas y su alto margen de elusión y evasión fiscal son elementos que deben considerarse.
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Erosión de la Moral Tributaria y Desigualdad
Las restricciones que enfrenta el espacio fiscal mexicano y la amplia tasa de evasión que prevalece en el país, resaltan la necesidad de comprender las motivaciones para el pago de impuestos. La disposición al pago de impuestos se encuentra desgastada debido a las percepciones sobre la corrupción, la mala calidad de los servicios públicos, la falta de progresividad del sistema fiscal y las normas sociales prevalecientes. En 2016, 37.0% de las personas en México consideró que la evasión era justificable, este porcentaje es el cuarto más alto de América Latina y se encuentra por encima del promedio de la región, de 29.7%.
El efecto de las normas sociales sobre la moral tributaria puede ser perverso, ya que crea una trampa donde la ilegalidad se convierte en la regla, que se reproduce sobre sí misma. De acuerdo con datos de la encuesta Latinobarómetro, 70.3% de los encuestados en México declaró tener poca o nula confianza en el gobierno (Latinobarómetro 2016). Esto podría deberse a los índices de corrupción y a la calidad de los servicios públicos, deteriorando la moral tributaria en el país. Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción, México se encontró en el lugar 130 de 180 en 2019, lo que lo coloca entre los 10 peores del continente americano y por debajo de otros países latinos como Chile, Costa Rica y Argentina.
La baja moral tributaria del país puede ser explicada en cierta medida por la desigualdad social, y la inequidad y bajo impacto redistributivo del sistema fiscal. México es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la OCDE (OCDE 2019a). En materia de salud, los servicios del IMSS y el ISSSTE recibieron una calificación promedio de 6.5 y 6.7 de 10, respectivamente, por parte de los usuarios, a la vez que 46.7% de los encuestados consideró que los actos de corrupción en los hospitales públicos son frecuentes o muy frecuentes.
Críticas al Impuesto Único sobre el Valor de la Tierra (Teoría Georgista)
Hace setenta y cinco años, Henry George expuso su programa de “impuesto único” en Progreso y Pobreza, una de las obras económicas más vendidas de todos los tiempos. Según la teoría del impuesto único, los individuos tienen el derecho natural a poseerse a sí mismos y a la propiedad que crean. Por lo tanto, tienen derecho a poseer el capital y los bienes de consumo que producen. Sin embargo, la tierra (es decir, todos los dones originales de la naturaleza) es un asunto diferente, afirman.
Los defensores del impuesto único no niegan que la tierra sea mejorada por el hombre; los bosques son talados, es cultivada la tierra, son construidas casas y fábricas. Pero separarían el valor económico de las mejoras, del valor básico, o del “sitio”, de la tierra original. El primero seguiría siendo propiedad de propietarios privados; el segundo correspondería a la “sociedad”; es decir, al representante de la sociedad: el gobierno. Los georgistas anticipan que la recaudación de dicho impuesto sobre la tierra sería suficiente para llevar a cabo todas las operaciones del gobierno; de ahí el nombre de “impuesto único”.
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Sin embargo, esta teoría se enfrenta a graves objeciones y problemas prácticos:
Dificultades en la Recaudación y Tasación
La teoría del impuesto único es aún más defectuosa, ya que se enfrenta con un grave problema práctico: ¿Cómo será recaudado el impuesto anual sobre la tierra? En muchos casos, la misma persona es propietaria tanto del terreno como de la mejora, y compra y vende ambos juntos, en un solo paquete. ¿Cómo, entonces, podrá el gobierno separar el valor del terreno del valor de la mejora?
Sin duda, quienes aplicasen el impuesto único contratarían a un ejército de tasadores. Pero la tasación es un acto puramente arbitrario, y no puede ser otra cosa. Y al estar bajo el control de la política, se convierte también en un acto puramente político. El valor sólo puede ser determinado en el mercado. En el caso de las tierras agrícolas, por ejemplo, es evidente que, en la práctica, no se puede separar el valor del terreno original del valor del suelo desbrozado, preparado y cultivado. Ésto es obviamente imposible, y ni siquiera los tasadores intentarían la tarea.
Por lo tanto, en la práctica el valor puro del terreno nunca podría ser determinado, y el programa de impuesto único no podría ser implementado, excepto por autoridad arbitraria.
Consecuencias Económicas de un Impuesto del 100% sobre la Renta del Suelo
Un impuesto de 100% sobre la renta haría que el valor capital de toda la tierra cayera rápidamente a 0 [cero, nada]. Dado que los propietarios no podrían obtener ninguna renta neta, los terrenos perderían valor en el mercado. A partir de ese momento, los terrenos, en resumen, serían gratuitos.
Además, dado que toda la renta sería desviada hacia el gobierno, no habría ningún incentivo para que los propietarios cobraran renta alguna. La renta también sería cero y, por lo tanto, los alquileres serían gratuitos. La primera consecuencia del impuesto único, entonces, es que no serían generados ingresos. Lejos de proporcionar todos los ingresos para el gobierno, el impuesto único no generaría ingresos para nadie en absoluto.
Obligar a cualquier bien económico a ser gratuito, causa estragos económicos. Dado que no pueden ser obtenidos ingresos de los terrenos, la gente los tratará como si fueran gratuitos, como si fueran superabundantes. Pero sabemos que no son superabundantes; son sumamente escasos. El resultado es un caos total en los terrenos.
En concreto, los lugares muy escasos, aquellos con alta demanda, ya no tendrán un precio más alto que los más pobres. Por lo tanto, el mercado ya no podrá garantizar que estas ubicaciones sean adjudicadas a los postores más eficientes. En cambio, todos se apresurarán a conseguir las mejores ubicaciones. Se desatará una estampida desenfrenada por las ubicaciones privilegiadas del centro de la ciudad, que ahora no serán más caras que los terrenos en los suburbios más deteriorados. Habrá gran sobrepoblación en las zonas céntricas, e infrautilización en las zonas periféricas.
Como en otros tipos de topes de precios, el favoritismo y la “fila” determinarán la asignación, en lugar de la eficiencia económica. En resumen, habrá desperdicio del suelo a gran escala. No sólo no habrá incentivos para que quienes ostentan el poder asignen los terrenos eficientemente, sino que tampoco habrá rentas de mercado y, por lo tanto, nadie podrá descubrir cómo asignarlos correctamente. En resumen, el resultado inevitable de un impuesto único sería nada menos que el caos local. Y dado que la ubicación ‒el terreno‒ debe influir en la producción de todo bien, se inyectaría caos en todos los aspectos del cálculo económico.
El gobierno podría intentar combatir la desaparición de los alquileres de mercado mediante la imposición de su tasación arbitraria, declarando por decreto que cada alquiler es “realmente” tal y cual, e imponiendo al propietario del terreno 100% de esa cantidad. Tales decretos arbitrarios generarían ingresos, pero sólo agravarían aún más el caos. Finalmente, los propietarios privados seguirían sin tener incentivos para gestionar y asignar sus terrenos eficientemente. En esta situación, sin duda el gobierno intentaría poner orden en el caos nacionalizando (o municipalizando) la tierra por completo. La propiedad gubernamental de la tierra pondría fin a una forma particular de caos absoluto provocado por el impuesto único, pero añadiría otros grandes problemas.
Plantearía todos los problemas creados por cualquier propiedad gubernamental, y a gran escala. En resumen, no habría ningún incentivo para que los funcionarios gubernamentales asignaran eficientemente los terrenos, y la tierra sería asignada con base en la política ‒el favoritismo. Dado que la tierra debe ser utilizada en toda actividad productiva, este caos permearía toda la economía. Hemos visto que los argumentos económicos a favor del impuesto único son falaces en todos los aspectos importantes, y que los efectos económicos de un impuesto único serían desastrosos.
Argumentos Morales y de Competencia
No debemos descuidar los argumentos morales. Sin duda, la pasión y el fervor que han caracterizado a los defensores del impuesto único a lo largo de los años, derivan de su creencia moral en la injusticia de la propiedad privada de la tierra. Los defensores del impuesto único se quejan de que los propietarios de terrenos se benefician injustamente con el auge y desarrollo de la civilización. A medida que la población crece y la economía avanza, los propietarios de terrenos se benefician mediante el aumento del valor de la tierra.
La pregunta surge: ¿Le será confiscada a él, o a nosotros, esta felicidad que deriva de los frutos del progreso, y será gravado con impuestos? ¿Quién, en justicia, podría recibir el botín? Pues la propiedad de la tierra es un negocio como cualquier otro, cuya rentabilidad es regulada y minimizada, a largo plazo, por la competencia.
Desafíos de Impuestos Únicos o Generalizados para la Equidad
Ante la situación actual, se ha intentado el cambio de los tributos sobre la renta por los dedicados al consumo y su generalización, tratando de evitar con ello la evasión fiscal. A pesar de que se concede que puede resultar un sistema tributario regresivo se asume que puede ser subsanado mediante una correcta aplicación del gasto. Sin embargo, la regresividad es un aspecto negativo inherente a muchos sistemas simplificados o basados en el consumo. Adicionalmente, una mala combinación de gravámenes puede tener un efecto serio en la redistribución del ingreso y la riqueza, dependiendo si se logra una estructura tributaria progresiva o regresiva.
La disposición al pago de impuestos se encuentra desgastada debido a las percepciones sobre la corrupción, la mala calidad de los servicios públicos, la falta de progresividad del sistema fiscal y las normas sociales prevalecientes. La baja moral tributaria del país puede ser explicada en cierta medida por la desigualdad social, y la inequidad y bajo impacto redistributivo del sistema fiscal. México es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la OCDE (OCDE 2019a).
Complejidad y Riesgos del Impuesto Único de Segunda Categoría (Chile)
Revisando la lista de tareas críticas que debemos realizar cada mes en materia de recursos humanos y cumplimiento fiscal, encontramos en los primeros lugares el cálculo del Impuesto Único. Este tributo progresivo a los sueldos, salarios y pensiones lo aplicamos a todos los contribuyentes que trabajan como empleados y reciben rentas superiores a las 13.5 UTM.
En el proceso de cálculo de Impuesto Único es común incurrir en diferentes errores que no podemos permitirnos, como la incorrecta clasificación de ingresos tributables y la omisión de créditos y rebajas fiscales aplicables. La precisión es esencial para mantener la conformidad fiscal y financiera de las empresas y los empleados. El Servicio de Impuestos Internos (SII) realiza cambios periódicos en los procedimientos, tarifas y lineamientos para calcular los impuestos. Debemos permanecer al tanto de éstos para no incurrir en errores por desconocimiento de las normas vigentes.
Perjudicas a tu trabajador y a tu empresa porque hay que pagar una multa: Según el artículo 53 del Decreto Ley N.º 830 sobre Código Tributario, el impuesto hay que pagarlo igual, pero reajustado según inflación (usando el índice de precios al consumidor) en el período comprendido entre el último día del segundo mes que precede al del vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago. Aplica un interés penal del 1,5% por ciento mensual por cada mes o fracción de mes de mora. Según el artículo 97 del mismo Código, este retraso conlleva una multa de un 10% del impuesto adeudado. Esta pena subirá en un 2% por cada mes o fracción de mes de retraso, pero tiene un tope: no podrá exceder el 30% de la deuda. Pero si el SII detectó que omitiste todo o parte de este impuesto en la declaración a propósito, la multa y su límite máximo serán de 30% y 60%, respectivamente.