La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza año con año revisiones de los ejercicios de administración presupuestal del gobierno. En el ejercicio correspondiente a 2023, la ASF detectó irregularidades por alrededor de 1 millón 61 mil pesos en la distribución de becas Benito Juárez.
¿Cómo se Detectó el Pago de Becas a Estudiantes Fallecidos?
La ASF comparó el registro de personas fallecidas durante el ejercicio fiscal 2023, proporcionado por el Registro Nacional de Población (Renapo), con el padrón de 23 beneficiarios de la beca del Grupo Funcional Desarrollo Social, proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Tras este análisis, se detectaron 513 pagos a 486 alumnos por un importe de 1 millón 61 mil pesos realizados después de la fecha de su fallecimiento durante 2023.
Otras Irregularidades Detectadas
La revisión de los pagos realizados en el marco del programa de becas reveló diversas irregularidades, según los hallazgos reportados. Se llevó a cabo un análisis comparativo entre el padrón de beneficiarios proporcionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y los registros de matrículas de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2023.
Este cruce de información incluyó a instituciones bajo la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tales como la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM). Como resultado de esta comparación, se detectaron pagos realizados a 19 mil 984 estudiantes por un monto total de 101 mil 314 pesos, sin que estos beneficiarios estuvieran registrados en las matrículas de las instituciones antes mencionadas.
Aclaraciones y Persistencias
Del total de un millón 600 mil 17 pesos erogados tras el fallecimiento de 486 estudiantes, la CNBBBJ logró justificar la exclusión de estos beneficiarios con las solicitudes de confronta realizadas ante el Registro Nacional de Población (Renapo) durante el primer y segundo semestre del 2023. Sin embargo, persisten inconsistencias en 110 pagos realizados a 106 alumnos, por un monto de 374.5 miles de pesos.
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Con eso se violaron las Reglas de Operación del programa, mismas que establecen que se incluirán solamente a jóvenes de 18 a 29 años “que no estudian ni trabajan propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas” para recibir capacitación para el trabajo. Tampoco se supervisó que los Acuerdos del Comité Técnico del programa se publicaran en la página de internet, “y que los expedientes de los beneficiarios se integraran con los requisitos y documentación de acuerdo con la normativa del programa”.
Antecedentes y Auditorías Previas
La querella se presentó con base en cinco auditorías realizadas por la ASF a ese programa en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 (en que el Programa ha ejercido recursos por 78,579.6 millones de pesos en términos reales) y en los que se emitieron 19 Pliegos de Observación, pues fueron identificadas irregularidades diversas por más de 170 millones de pesos, además de desorden en la instrumentación de ese plan, que para entonces carecía de Reglas de Operación.
También la ASF identificó en ese periodo que hubo duplicidad de beneficiarios pues 700 aprendices inscritos y supuestamente no estudiantes recibieron 8.5 millones de pesos, y al mismo tiempo eran beneficiarios del plan Becas para el Bienestar Benito Juárez. Resultado del cruce con información con la proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se identificó que 33, 909 beneficiarios tenían dos o más registros patronales o sea que sí tenían trabajo durante el periodo en que supuestamente recibían capacitación para el trabajo y cobraban el apoyo.
En las cuentas públicas 2019 y 2020, explicó que la ASF identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 800,000 pesos. La ASF identificó que no pudo acreditarse la capacitación recibida, no se comprobó la existencia de los centros de trabajo, que estos recibieran visitas de verificación por parte de la STPS “y, en algunos casos durante la visita no se encontró ni al tutor ni a los becarios, así como un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando la capacitación se dio supuestamente en la Ciudad de México”.
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