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La búsqueda de un sistema fiscal óptimo es un desafío constante para las economías globales. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado su Informe sobre Competitividad Fiscal 2025, en el que alerta sobre la elevada carga tributaria que soportan las empresas en España. Según el informe, España es el cuarto país de la OCDE y de la UE con mayor dependencia de los ingresos fiscales procedentes del sector empresarial: el 48,8 % de la recaudación total proviene de impuestos ligados a la actividad empresarial, muy por encima del promedio de la OCDE (37,8 %) y de la Unión Europea (39,4 %). Aunque la economía global -y la de los Estados miembros de la UE- se ha recuperado en gran medida de los recientes shocks, como la pandemia y la crisis energética, las presiones fiscales a largo plazo persisten. Según el informe, cualquier reforma fiscal debe encontrar un equilibrio cuidadoso entre los beneficios marginales de aumentar la recaudación procedente del sector empresarial y los posibles efectos negativos: desincentivar la inversión, reducir la creación de empleo y debilitar el crecimiento económico.

La Carga Fiscal Empresarial en España: Una Realidad Desafiante

La carga fiscal de las empresas en España sería de las más altas de Europa y la OCDE: España se sitúa entre los países con mayor presión fiscal empresarial, según diversos indicadores publicados en el informe:

Indicador Fiscal Empresarial España Promedio UE Promedio OCDE
Dependencia de ingresos fiscales del sector empresarial (% recaudación total) 48,8% 39,4% 37,8%
Recaudación por Impuesto sobre Sociedades (IS) y cotizaciones sociales (% ingresos fiscales totales) 33,8% 26,1% -
Contribución fiscal empresarial total (% PIB) 17,8% 14,8% 12,8%

La recaudación por Impuesto sobre Sociedades (IS) y cotizaciones sociales supone el 33,8% de los ingresos fiscales totales, mientras que, en la UE, este dato alcanza un nivel inferior, concretamente el 26,1% y alcanzó, en 2023, el 12,3% del PIB, lo que representa más de tres puntos porcentuales por encima de la media europea. La contribución fiscal empresarial total como porcentaje del PIB en España registra un índice del 17,8%, situándose por encima del promedio de la Unión Europea, que es del 14,8%, y del promedio de la OCDE, que asciende al 12,8%. La complejidad del sistema tributario para las empresas añade unos costes adicionales de cumplimiento: España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Los costes de cumplimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, pueden llegar a suponer el 29% de lo recaudado.

El Dilema entre Recaudación y Equidad: Una Constante en la Reforma Fiscal

Más allá de la situación española, el debate sobre la reforma fiscal ha sido una preocupación global. La experiencia de reformas fiscales en las últimas décadas revela que un dilema típico en los esfuerzos por reformar sistemas tributarios se da casi inevitablemente entre los objetivos de recaudar más y ser al mismo tiempo equitativos. Es muy común que una mayor equidad incida en costos de eficiencia que, a la postre, redundan en una menor recaudación. Estos costos surgen de diversos factores como pueden ser distorsiones de precios, costos administrativos adicionales, costos políticos, etc. En teoría, este dilema se puede resolver si las reformas tributarias se centran únicamente en el objetivo de eficiencia (Gil-Díaz y Thirsk, 2000) y, se argumenta, el objetivo de equidad se puede atender mediante un esquema redistributivo que descanse en un apropiado sistema de transferencias y, en general, de gasto público orientado en la dirección deseada. Sin embargo, la implementación de estas teorías es compleja. En la realidad, sin embargo, los países encuentran diversos problemas que hay que considerar como limitantes o dados y, en consecuencia, las propuestas de reforma fiscal deben adaptarse a procesos complicados pues, si bien existen recomendaciones generales de reforma fiscal, cada país encuentra contextos particulares de índole muy diversa, como aspectos históricos, culturales, políticos, geográficos, etc., que terminan condicionando los resultados de cualquier propuesta de reforma fiscal. Además, al proponer una reforma en un sistema tributario es indispensable lograr un balance entre los objetivos planteados de antemano. Un claro ejemplo se puede observar cuando se plantea alcanzar un balance entre eficiencia para el crecimiento y efectos en la distribución del ingreso considerando aspectos como las consecuencias en la recaudación, la evasión tributaria, los costos de tributación para los contribuyentes y los de recaudación, el costo marginal social de los fondos públicos y posiblemente agregando también cuestiones relacionadas con coordinación internacional, relaciones intergubernamentales (federalismo) y costos de transición al nuevo proyecto tributario. De igual manera, hay que señalar que aunado a lo anterior, las situaciones institucionales y políticas también son importantes en el resultado final (Brys, Matthews y Owens, 2011).

Este análisis se profundiza al considerar la neutralidad de los impuestos. Nos parece necesario presentar algunas breves y sintéticas consideraciones sobre algunos aspectos tributarios que en ciertas ocasiones no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones a nivel de la política económica. Si bien la recaudación constituye un cometido de significativa importancia, está fuera de discusión que los impuestos o sea la política tributaria también constituye uno de los instrumentos que utiliza la política económica para alcanzar los objetivos fijados por ésta. Por consiguiente, se produce un efecto en cadena que comienza con la creación o modificación de uno o varios impuestos, lo cual altera el flujo de ingresos y los precios relativos de los bienes y servicios, ello afecta las expectativas y decisiones de los agentes económicos lo cual incide en las fuerzas del mercado (oferta y demanda) y finalmente repercute en el comportamiento de la economía. Lo primero, antes de responder dicha pregunta, es ponernos de acuerdo en cuanto a lo que entendemos por impuestos “neutros”. A nuestro juicio un impuesto es neutro cuando reúne las siguientes características: i) no modifica las decisiones de los agentes económicos en la aplicación de los factores de la producción, ii) no crea en los factores de la producción un efecto sustitución o alteración, y iii) dichos aspectos indican que su finalidad es “recaudar”. Lo expuesto nos muestra que cuando el diseño de un impuesto pretende alcanzar la “equidad”, necesariamente se aleja de a la neutralidad. Ciertamente que es difícil concebir un impuesto “neutro”, por lo tanto partir de la hipótesis contraria constituiría un error de importancia considerando las consecuencias negativas que ello podría generar en la política económica. Ello es así, dado que si se ignoran los efectos de la política tributaria (impuestos) en la política económica, ello sin duda va a generar enfrentamientos con los objetivos y metas establecidas por ésta. Por lo tanto, si bien no está mal que al diseñar los tributos en determinadas situaciones se tenga presente la neutralidad, debemos tener en cuenta que ésta difícilmente pueda ser alcanzada.

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Impacto de la Distribución del Ingreso en la Capacidad Fiscal

La distribución del ingreso por sí misma condiciona fuertemente la capacidad del sistema tributario para mitigar la desigualdad y avanzar hacia la equidad. La evidencia sugiere que a mayor equidad en la distribución del ingreso, mayor aumento de la recaudación y efectividad de los sistemas tributarios para el logro de la equidad. Por el contrario, y de manera paradójica, la capacidad de recaudación se obstaculiza en países con mayores desigualdades, países que con frecuencia están asociados a gobiernos más pequeños que difícilmente pueden incidir en una mejor distribución del ingreso. Por lo general, los países que se enfrentan a una baja capacidad recaudatoria no sólo tienen serias dificultades para reformar su sistema tributario con el fin de hacerlo más equitativo, sino que además enfrentan esquemas de gastos obsoletos y, por ende, poco eficientes, a menudo plagados de corrupción.

Estrategias Fiscales en Países Desarrollados y en Desarrollo

El tema de la reforma fiscal en países en desarrollo no es reciente. Quizás desde la década de 1970 se ha discutido cómo lograr incrementos en la recaudación de los gobiernos en un contexto de desigualdad económica. Más adelante, particularmente en las décadas de 1990 y 2000, una buena cantidad de países iniciaron reformas tributarias, la mayoría de ellas orientadas a gravar con más intensidad el consumo. De hecho, varios de estos países fueron países de la región latinoamericana, con resultados diversos. Aun en aquellos casos de relativo éxito, como lo fue por ejemplo el caso brasileño, el tema de la desigualdad como obstáculo serio de la recaudación continúa siendo un punto de debate. Incluso podría decirse que, a raíz de la crisis económica mundial de 2008 y de la creciente desigualdad en los países desarrollados, el tema ha recobrado importancia y vigencia. En los países en desarrollo, por supuesto, el tema es más relevante y, quizás, una característica común de muchos de ellos es que uno de los grandes obstáculos es la fuerte concentración del ingreso. En esencia, el argumento es que la fuerte concentración del ingreso implica que si se quieren realizar reformas fiscales recaudatorias y redistributivas, sería necesario gravar a los grupos de altos ingresos con tasas que seguramente desincentivarían la actividad económica.

Si se parte de la idea de que el principal instrumento para redistribuir ingresos por medio del sistema tributario son los impuestos al ingreso personal, la comparación entre la experiencia de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y algunos países latinoamericanos es muy ilustrativa. Primero, entre mayor sea la carga tributaria de un país, mayor el potencial para incidir en la distribución del ingreso. Cabe señalar que en las últimas décadas, la carga tributaria promedio, medida como porcentaje de recaudación total del PIB, para los países de ingreso medio fue de 18.3%, frente a 29.4% del mundo desarrollado. Segundo, si se considera que el instrumento por excelencia para incidir en la distribución del ingreso es el impuesto al ingreso, es muy claro que los países en desarrollo disponen de muy poca capacidad para atender con eficacia el tema de la equidad. Así, por ejemplo, durante la década pasada los impuestos al ingreso representaron 38.6% de la recaudación total en los países desarrollados, frente a 24.3% en los países en desarrollo. De esta última cifra, casi dos tercios correspondieron a impuestos a las empresas. Ahora bien, si se considera la contribución del impuesto al ingreso personal, se observa que en el mundo desarrollado la contribución de esta fuente a la recaudación total fue de 25.0%, frente a 9.1% en los países en desarrollo. Como proporción del PIB, estas cifras son de 7.2 y 1.9%, respectivamente. En un análisis regional en el que se excluye a los países latinoamericanos, se observó que la contribución del impuesto al ingreso personal en la recaudación total fue de tan sólo 5.5%, cifra por demás desalentadora. Los estudios existentes sobre la capacidad para redistribuir los ingresos provenientes de los sistemas tributarios en Latinoamérica concluyen que el sistema tributario tiene una participación marginal en el logro de ese objetivo; mientras tanto, en los países avanzados esa capacidad de redistribución de los ingresos es muy importante, a pesar de que ha disminuido en los últimos 10 años.

El Rol Estratégico del Gasto Público en la Redistribución

Frente a las limitaciones de la tributación para la equidad en ciertos contextos, el gasto público emerge como una alternativa potente. Ahora bien, como ya se mencionó, alternativamente, puede pensarse en atender el tema de la equidad mediante el diseño de un esquema apropiado de transferencias y gasto público que, sin distorsionar precios relativos modificando impuestos, logre direccionar el gasto y las transferencias en la dirección deseada. Con respecto a esto, parece claro que determinar la incidencia última del gasto público es más sencillo que determinar la incidencia tributaria; esta última depende de factores tan diversos y aleatorios como son, por ejemplo, estructuras de mercado, movilidad de factores, grados de apertura de los países, entre muchos otros. No es sorprendente entonces que en los países desarrollados (con excepción de los Estados Unidos) se estime que el efecto redistributivo del gasto público sea de aproximadamente el doble del producido mediante el sistema tributario; ello se debe, de manera primordial, a que es más sencillo plantear esquemas de gasto orientado a los grupos que se quiere beneficiar, logrando así que el destino del gasto se pueda determinar más fácilmente. Por ejemplo, el gasto en educación básica es, por su naturaleza, más progresivo (llega a los hogares pobres) que el gasto en educación superior, o bien, las transferencias a los grupos más vulnerables, si se identifican con claridad, llegan a los beneficiarios con más facilidad que las exenciones tributarias. De esta manera, si se establecen los mecanismos institucionales adecuados, los esquemas de gasto redistributivo se pueden controlar mejor, aunque su diseño no es tarea fácil. Sin duda, en los países que tradicionalmente tienen un gasto público ineficiente o incluso en los que tienen altos grados de corrupción, difícilmente se podrán realizar reformas fiscales; mientras que los países en los que el sistema de gasto público funciona de manera eficiente representan tierra fértil para implementar ese tipo de reformas. Las estructuras políticas y económicas de un país determinan la estructura y eficiencia de su gasto. Bird y Zolt (2005) concluyen que en los países en desarrollo puede ser más importante gastar mejor que gastar más. La evidencia sugiere que tanto el bajo nivel de gasto público como una focalización deficiente de las transferencias han afectado drásticamente la capacidad redistributiva del gasto público en los países en desarrollo. La operación de los programas públicos de transferencias se dificulta por la existencia de amplios sectores informales. En los países en desarrollo los sistemas de seguridad están enfocados en trabajadores de altos ingresos en el sector formal y en la burocracia. Así, en el año 2000, en las economías en desarrollo, sólo 40% de la población en edad de retiro gozaba de una pensión. En los países desarrollados este porcentaje fue de 90%.

La Incidencia de los Impuestos Específicos y la Eficiencia Económica

Más allá de los impuestos generales, los impuestos sobre bienes y servicios específicos ilustran cómo la tributación afecta las decisiones económicas. Los gobiernos recaudan impuestos de diferentes formas por razones diversas. Usan los impuestos sobre la renta o el patrimonio tanto para recaudar dinero para financiar el gasto público como para redistribuir los recursos y reducir la desigualdad. A veces gravan bienes específicos con la finalidad de recaudar fondos o para influir en la decisión de los compradores. Muchos países gravan en la actualidad los cigarrillos para desincentivar el consumo de tabaco, pero mucho antes de que se conocieran sus efectos nocivos para la salud, los impuestos al tabaco se usaban para recaudar fondos. Durante siglos, la sal se ha empleado como conservante que permitía almacenar, transportar y comercializar alimentos. Los chinos de la antigüedad abogaron por gravar la sal con impuestos para recaudar fondos porque la gente la necesitaba, por muy elevado que fuera su precio. Un ejemplo de esto es cómo un impuesto sobre un bien puede afectar tanto a productores como a consumidores. En un principio, el equilibrio del mercado se encuentra en el punto A. Supón que la venta de sal se grava con un impuesto del 30 % sobre su precio habitual para que lo paguen los productores de este bien. El nuevo equilibrio se encuentra en el punto B, donde se comercializa una cantidad más reducida. Aunque el precio que paga el consumidor ha aumentado, fíjate en que no es un 30 % más alto que antes, porque los consumidores responden al incremento de precio comprando menos cantidad de sal, y cuando se produce menos sal, cae el coste marginal de la producción. El precio para el consumidor, \(P_1\), es un 30 % más alto que el precio que reciben los productores (neto, después de pagar el impuesto), que es \(P_0\). Los proveedores reciben un precio más bajo que antes, producen menos y tendrán beneficios más bajos. Este ejemplo ilustra una característica importante de los impuestos: el efecto principal de un impuesto no siempre lo notan más las personas que deben abonarlo. La introducción de un impuesto puede generar una pérdida de eficiencia. Comparado con la situación anterior al impuesto, parte del excedente se ha transferido de los consumidores y los productores al gobierno, pero también se ha reducido el excedente total: ha habido una pérdida de eficiencia. Para recaudar el máximo de ingresos posible y reducir la pérdida de eficiencia, las autoridades gubernamentales preferirían gravar un bien con baja elasticidad de demanda, de manera que la caída de la cantidad sea más bien pequeña. Pero esto también significa que la incidencia del impuesto recaiga en gran medida sobre los consumidores. Históricamente, los impuestos sobre bienes esenciales han sido fuente de conflicto social. El célebre impuesto a la sal que creó la monarquía francesa resultó muy gravoso para el pueblo y contribuyó a precipitar la Revolución Francesa. En 1930, el precio artificialmente elevado de la sal en la India colonial británica provocó uno de los instantes más decisivos del movimiento de independencia indio: la marcha de la sal de Mahatma Gandhi para extraer sal del océano Índico. Por otro lado, si el gobierno crea impuestos con la finalidad de reducir el consumo de un bien considerado perjudicial (como el tabaco o el carbón), serán más efectivos si la demanda es elástica, de manera que se produzca una mayor caída de la cantidad.

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