Descubre el Legado Inmortal de Benito Juárez: Gobernanza y Retos Económicos que Transformaron Méxicopost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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La figura de Benito Juárez es central en la historia de México, un personaje cuyas acciones definieron gran parte del siglo XIX y sentaron las bases del Estado moderno. Su trayectoria, marcada por profundos cambios y constantes desafíos, es un testimonio de su compromiso con las ideas liberales y la soberanía nacional. Desde sus humildes orígenes hasta la presidencia, Juárez enfrentó crisis económicas y políticas que lo llevaron a tomar decisiones trascendentales.

Orígenes y Primeros Pasos en la Política

Benito Juárez nace el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, poblado zapoteca ubicado en la Sierra de Ixtlán, perteneciente a la intendencia de Oaxaca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Huérfano a los tres años, queda al cuidado de su abuela Justa López y ayuda a su tío como pastor, quien le enseña el castellano. En 1818, al perder una oveja, por temor al castigo, se traslada a la ciudad de Oaxaca a vivir con su hermana Josefa, sirvienta en la casa de la familia Maza.

Su carrera política inicia en 1831 como regidor del ayuntamiento de Oaxaca. Se titula de abogado en 1834, es maestro, rector y diputado local. Desde este último cargo propone confiscar las propiedades de los herederos de Hernán Cortés. Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia defiende a los indígenas de Loxicha de las limosnas excesivas; el párroco comparece ante los juzgados y es absuelto, pero Juárez es encarcelado al revertírsele las acusaciones contra el clero.

Entre 1844 y 1847, es sucesivamente juez civil y de hacienda, diputado federal y secretario de gobierno en Oaxaca. En su desempeño se opone a las exigencias del clero del pago de limosnas excesivas y de consignar a quienes se niegan a pagar el diezmo; asimismo, apoya que se financie la guerra con los Estados Unidos mediante hipotecas de los bienes del clero.

Gobernador de Oaxaca y el Forjamiento del Estadista

Como gobernador de Oaxaca del 2 de octubre de 1847 al 12 de agosto de 1852, Benito Juárez implementó importantes reformas. Prohíbe a Santa Anna el paso por el estado de Oaxaca por el desastre de la guerra con los Estados Unidos; suprime las alcabalas, establece una casa de moneda e introduce un sistema de rotación de cultivos; reorganiza al poder Judicial y multiplica las escuelas públicas; inicia la construcción de caminos y funda sucursales del Instituto de Ciencias y Artes.

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Sobre su visión de gobierno, Juárez escribe: “Dios y la sociedad nos han colocado en estos puestos para hacer la felicidad de los pueblos y evitar el mal que les pueda sobrevenir [...] Hijo del pueblo, yo no lo olvidaré; sostendré sus derechos, cuidaré de que se ilustre, se engrandezca y se cree un porvenir”.

La Lucha por la Reforma Liberal

La dictadura de Santa Anna divide al país entre liberales y conservadores, un conflicto que marcaría el destino de México. Los conservadores pensaban que el progreso solo se alcanzaría mediante un sistema monárquico y una sociedad corporativa, fundamentados en una iglesia y un ejército fuertes. En contraste, los liberales pugnaban por una república representativa, federal y popular similar a la norteamericana, que destruyera la herencia colonial, las corporaciones y los fueros, y que desamortizara los bienes del clero y las propiedades comunales para construir un país de pequeños propietarios.

En medio de esta lucha, en mayo de 1853 Santa Anna envía a Juárez prisionero a San Juan de Ulúa, luego a La Habana y de ahí se le deporta a Nueva Orleans donde para sobrevivir, trabaja en un taller de imprenta -enferma de fiebre amarilla- y como torcedor de tabaco. Ahí, durante dieciocho meses, consolida sus ideas liberales y su acercamiento con personajes como Melchor Ocampo, hombre inclinado hacia el socialismo utópico, que mayor influencia ejerció sobre Juárez; y de intelectuales como Ponciano Arriaga, liberal social; de José María Mata, radical liberal, y de José Guadalupe Montenegro, también exiliados.

Al proclamarse el Plan de Ayutla, Juárez vuelve a México en julio de 1855 y sirve como escribano en el cuartel del general Álvarez, jefe de la insurrección contra Santa Anna. Álvarez lo identifica y lo nombra su consejero político. Juárez expone en su autobiografía “Apuntes para mis hijos”: “el pensamiento de la revolución [de Ayutla] era constituir al país sobre las bases sólidas de libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil, [por eso], se juzgó indispensable excluir al clero de la representación nacional...”.

Al triunfo de la revolución de Ayutla, Juárez es secretario de Justicia e Instrucción Pública, cuando el presidente Juan Álvarez expide la Ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, que suprime los fueros eclesiásticos y militares y establece la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, conocida como Ley Juárez, el 22 de noviembre de 1855. En 1856 es gobernador interino de Oaxaca.

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El 18 de diciembre de 1857 asume la presidencia de la República interinamente por ministerio de ley por ausencia de su titular Comonfort, quien abjura la Constitución de 1857. Comonfort ordena su aprehensión pero después lo pone en libertad cuando Zuloaga lo desconoce y se proclama presidente. Juárez establece su gobierno legítimo en Guanajuato el 18 de enero de 1858, mientras Zuloaga instala un gobierno conservador paralelo en la capital. Juárez organiza su ejército con elementos populares y emprende la Guerra de Reforma contra los conservadores que dura tres años (1858-1861).

Desde el fuerte de San Juan de Ulúa, el 12 de julio de 1859 expide la Ley de nacionalización de los bienes del clero regular y secular para despojar al clero de su riqueza y acabar con la fuente de financiamiento de las rebeliones conservadoras, lo que constituye la primera reforma agraria de México. El 23 de julio siguiente, la Ley sobre el matrimonio civil, y el día 28 del mismo mes la Ley del registro civil.

Al vencer la causa liberal, Juárez regresa a la capital y es electo presidente constitucional en 1861. Decreta entonces nuevos ordenamientos: libertad de imprenta, secularización de hospitales e instituciones de beneficencia, reglamentación de la instrucción pública, que junto con las anteriores leyes de reforma constituyen la revolución cultural más trascendente del siglo XIX mexicano. Además, elimina las alcabalas que obstaculizan el desarrollo de la economía -aunque la medida no puede sostenerse por la guerra contra los franceses-, y ordena la expulsión del nuncio papal Luís Clementi y de los embajadores de Guatemala y de España que habían apoyado a los conservadores.

Señala Juárez ante el Congreso: “En cuanto a la expulsión del delegado apostólico, no hay en ella ni cuestión diplomática, ni ataque a la libertad religiosa. Con el gobierno temporal de Roma, la República conservará las mismas relaciones que con las otras potencias y las leyes que aseguran la libertad de cultos, no se oponen a que los católicos residentes en el país mantengan libres relaciones con el jefe de su religión, pero sólo en lo espiritual”.

Desafíos Económicos y la Suspensión de Pagos

La presidencia de Juárez estuvo marcada por severos retos económicos. El Estado seguía siendo pobre, financiado por impuestos que pocos pagaban y por tarifas aduanales que se esforzaba en cobrar. La nacionalización de los bienes eclesiásticos no rindió los resultados esperados y tampoco las medidas presupuestales o la acuñación de $200,000 pesos en monedas de cobre. La economía estaba paralizada.

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La escasez de recursos públicos lo obligó a suspender por dos años el pago de la deuda externa el 17 de julio de 1861. La ley establecía: “Desde la fecha de esta ley, el gobierno de la Unión percibirá todo el producto líquido de las rentas federales, deduciéndose tan sólo los gastos de administración de las oficinas recaudadoras, y quedando suspensos por el término de dos años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para a la deuda contraída en Londres y para las convenciones extranjeras”.

Juárez señaló en una carta enviada al ministro de México ante Francia e Inglaterra que “salvar a la sociedad y reorganizar nuestra hacienda, para poder satisfacer más adelante nuestros compromisos con la debida religiosidad, es el objeto que nos ha guiado a decretar la suspensión”. Es importante destacar que México había dejado de pagar la deuda pública exterior en varias ocasiones previas sin consecuencias graves, como en 1827, 1832, 1838, 1846, 1847 y 1854. Sin embargo, esta vez los acreedores, España, Francia e Inglaterra, unidos por la Convención de Londres del 31 de octubre del mismo año de 1861, respondieron a la suspensión con el bloqueo militar del puerto de Veracruz.

La Intervención Francesa y el Gobierno Itinerante

La suspensión de pagos, aunque una medida de emergencia para salvar las finanzas nacionales, fue el pretexto para una nueva intervención extranjera. En este contexto, el colonialismo francés trató de hacerse pagar deudas exorbitantes y de convertir a México en un bastión francés que sirviera de base para imponer otros protectorados en Centro y Sudamérica. En realidad, la deuda pública legítima de México con Francia era ínfima y había disposición de pagarla; la intervención se sustentaba exclusivamente en los fraudulentos Bonos Jecker. Manuel Payno, negociador de la deuda, señala: “se nota la injusticia que envuelve…la presencia de las armas francesas en nuestro país, cuando Francia es la nación con quien mejor ha cumplido México, y con quien tiene las más vivas simpatías”.

Decidido a instaurar una monarquía católica, el conde Alphonse Dubois de Saligny ordenó que 6,000 efectivos del ejército francés, bien armados y pertrechados, iniciaran su avance hacia la capital del país el 17 de abril de 1862 en reclamo de doce millones de pesos por concepto de indemnización por hechos cometidos contra los súbditos franceses, la ejecución de los contratos convenidos por Miramón con Jecker y el derecho a intervenir en el sistema judicial, a ocupar el territorio y a establecer aranceles en las aduanas mexicanas, entre las principales demandas.

Los ejércitos franceses fueron derrotados en la batalla de Puebla el 5 de mayo siguiente; detienen su avance casi un año, pero el 31 de mayo de 1863 toman la capital mexicana y nombran una asamblea de notables que en realidad manda el general Élie-Frédéric Forey y después el mariscal Achilles Bazaine. Antes, Juárez ordena la expatriación de extranjeros involucrados en la intervención francesa en México; entre ellos Jecker; además, reorganiza al ejército republicano para hacer frente a la ocupación extranjera.

A partir de entonces, durante cinco años Juárez ejerció un gobierno trashumante, que según las vicisitudes de la guerra trasladó a San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) sucesivamente. Desde esos lugares dirige la acción militar de los ejércitos republicanos: del Norte con Mariano Escobedo, de Occidente con Ramón Corona y de Oriente con Porfirio Díaz.

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