El debate sobre el desarrollo sostenible llevado a cabo en foros multilaterales tiene gran relevancia para la formación de políticas nacionales y cuenta con el compromiso de la sociedad civil. Estos diálogos han sido cruciales para moldear la dirección de las políticas ambientales a nivel global.
Marco Internacional del Desarrollo Sostenible
La Rio 92 consolidó el concepto de desarrollo sostenible como la promoción simultánea y equilibrada de la protección ambiental, de la inclusión social y del crecimiento económico. Veinte años después de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la Asamblea General de la ONU decidió la celebración de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida también como Cumbre de la Tierra, Conferencia de Río o Río-92, en Río de Janeiro en 1992. Entre los documentos importantes de referencia de la Eco-92 con impacto en las políticas públicas brasileñas, estuvieron: la Agenda 21 (un voluminoso programa de acción global, en 40 capítulos); la Declaración de Río (conjunto de 27 principios por los cuales debería ser conducida la interacción de los humanos con el planeta); la Declaración de Principios de los Bosques; la Convención de la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio Climático.
Posteriormente, la Conferencia Rio + 20 contribuyó a definir la agenda del desarrollo sostenible para las próximas décadas. El objetivo de la Conferencia fue la renovación del compromiso político con el desarrollo sostenible a través de la evaluación del progreso y las lagunas en la implementación de las decisiones adoptadas por las principales cumbres sobre el tema y del tratamiento de temas nuevos y emergentes.
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015, representó el momento político internacional de mayor relevancia para el desarrollo sostenible desde la Rio + 20. La Cumbre, al margen de la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó el documento "Transformando Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", que concluyó un proceso negociador lanzado en Rio de Janeiro para definir la estrategia global para el desarrollo sostenible en los próximos quince años, en áreas de importancia central para la humanidad y el planeta.
Políticas Ambientales Internacionales y el Rol de la ONU
Las políticas ambientales internacionales son fundamentales para abordar el impacto del modelo de desarrollo económico actualmente predominante en la gran mayoría de los países. Este modelo, a menudo predatorio, interfiere de forma irreversible en los procesos ecológicos y tiende a considerar como "externalidades" procesos directamente vinculados, como la contaminación ambiental. Las políticas medioambientales internacionales consisten en orientaciones e indicaciones de cómo los países deberían actuar a partir de la constatación de un único mundo con recursos finitos; usualmente esas políticas son pactadas en encuentros entre líderes mundiales que se reúnen para adoptar metas o prácticas más sostenibles en diversos sectores.
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Para establecer políticas internacionales, la ONU realiza conferencias sobre temas específicos, reuniendo gobiernos, organismos multilaterales y representantes de la sociedad civil previamente acreditados. Una conferencia importante que trajo la temática socioambiental, en vista de los problemas ambientales que se agravaron de manera significativa con los efectos de la globalización económica, fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. Fue esta conferencia en la que, por primera vez, la comunidad internacional se reunió para debatir sobre cuestiones ambientales globales y el desarrollo económico, y ella devino un marco histórico para enfrentar problemas como la salud, los derechos humanos, la igualdad de género y el hambre, entre otros.
Convenios Ambientales Clave para Brasil
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue aprobado durante la 2ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Fue firmada y ratificada por Brasil y tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica, de sus componentes y el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. La CDB es uno de los más importantes instrumentos internacionales relacionados con la temática ambiental.
La Convención sobre Diversidad Biológica consolidó en tres grandes grupos las diferentes formas posibles de conservación: la clásica, con el establecimiento de áreas con restricción de acceso y uso; la de uso sostenible; y el reparto de beneficios provenientes del uso de la biodiversidad. El segundo grupo, el uso sostenible de la biodiversidad, trata mayoritariamente de alternativas que involucran un intercambio y una eventual negociación sobre el uso de la tierra y de los atributos que la forman, popularmente denominados recursos naturales, como la zonificación económica y ecológica.
El reparto de los beneficios del uso de la biodiversidad, el tercer grupo, es el más complejo. Se trata de la idea de que en el caso del uso de la biodiversidad de una región genere algún beneficio, ese debe ser repartido con el país o con el área de donde vino ese componente de la biodiversidad. Es el caso clásico, por ejemplo, de remedios desarrollados a partir de principios activos presentes en plantas, animales o microorganismos. Según la Convención, los beneficios derivados de este uso, como beneficios con la venta del medicamento, deberían ser compartidos de forma justa y equitativa con los poseedores del recurso.
La CDB fue responsable de la definición de importantes marcos legales y políticos mundiales que orientan la gestión de la biodiversidad en todo el mundo, incluyendo:
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- El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que establece las reglas para el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados (OMG).
- El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que establece en el marco de la FAO las normas para el acceso a los recursos genéticos vegetales y el reparto de beneficios.
- Las Directrices de Bonn, que orientan el establecimiento de las legislaciones nacionales para regular el acceso a los recursos genéticos y el reparto de los beneficios resultantes de la utilización de esos recursos (lucha contra la biopiratería).
- Las Directrices para el Turismo Sostenible y la Biodiversidad.
- Los Principios de Addis Abeba para el uso sostenible de la biodiversidad.
- Las Directrices para la Prevención, Control y Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras.
- Los Principios y Directrices del Enfoque Ecosistémico para la Gestión de la Biodiversidad.
El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Quioto es un tratado internacional que define objetivos para la reducción de emisiones de gases que agravan el efecto invernadero y fue concebido en el marco de las discusiones globales sobre cambio climático. Entre los eventos que lo precedieron, destacan el IPCC's First Assessment Report, que tuvo lugar en Suecia en agosto de 1990 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ECO-92 en Río de Janeiro, en junio de 1992.
El acuerdo fue discutido y negociado en la ciudad que le dio el nombre, Kioto, en Japón en 1997 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005, cuando se alcanzó la condición exigida sobre la ratificación por al menos el 55% del total de países los Estados miembros de la Convención y que eran responsables de al menos el 55% del total de las emisiones de 1990. Durante el primer período de acuerdo entre 2008 y 2012, 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometieron a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) al 5,2% de los niveles de 1990.
La emisión de GEEs es inherente a los procesos biológicos: fermentación entérica del ganado, desechos animales, quema y descomposición de madera y hojas, entre muchos otros. En vista de las características de las moléculas de los GEEs de retener calor, el agravamiento del efecto invernadero fue designado "Calentamiento Global".
Marco Legal y Políticas Públicas Nacionales de Brasil
En Brasil, la movilización entre técnicos y profesionales de diversas áreas presionó al gobierno brasileño a aprobar medidas y establecer leyes para revertir un escenario creciente de destrucción de las áreas naturales. Una de las consecuencias fue el establecimiento de la Política Nacional del Medio Ambiente (Ley No. 6.938 de 31 de agosto de 1981) que definió por primera vez muchas de las reglas y principios que hoy garantizan que haya equilibrio entre las actividades económicas y la conservación ambiental al mismo tiempo, al mismo tiempo que se pueda atender a las necesidades de la población y establecer espacios territoriales protegidos, denominados unidades de conservación.
La PNMA dispone de principios relacionados a la acción gubernamental, como el mantenimiento del equilibrio ecológico, planificación y fiscalización del uso de los recursos ambientales, control y zonificación de las actividades que son potencial o efectivamente contaminantes e incentivos al estudio y la investigación de tecnologías orientadas al uso racional y la protección de los recursos ambientales.
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Esta ley estableció una estructura formal como el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), que integra órganos federales, estatales y municipales, cuya instancia máxima es el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que define las diferentes reglas por medio de "resoluciones ", para establecer los límites para las actividades económicas modificadoras o que causan la degradación ambiental. Este consejo está constituido por representantes de los gobiernos federal, estaduales, municipales y de entidades ambientalistas, sectores empresariales (industria, comercio y agricultura), poblaciones tradicionales e indígenas y comunidad científica.
La Constitución Federal Brasileña, en su artículo 225, garantiza el derecho al ambiente equilibrado para las presentes y futuras generaciones, e asigna el deber de preservarlo a todos los ciudadanos, incluyendo el poder público. En este mismo artículo, la Constitución Federal asigna al poder público los deberes de protección de la biodiversidad, de la exigencia de estudios de impactos ambientales para actividades potencialmente contaminantes y de creación de espacios territoriales especialmente protegidos.
En el plano nacional, apuntando a implementar las obligaciones asumidas en la Convención de Biodiversidad, el Gobierno Federal brasileño estableció la Política Nacional de la Biodiversidad, a través del Decreto nº 4.339 / 2002, cuyos principios se derivan de los establecidos en la CDB. Tal política opera la promoción, de forma integrada, de la conservación de la biodiversidad y de la utilización sostenible de sus componentes, con el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, de componentes del patrimonio genético y de los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos.
Desafíos Ambientales Actuales y el Impacto de la Agroindustria
A pesar de los marcos legales y los compromisos internacionales, Brasil enfrenta importantes desafíos ambientales. Amigos de la Tierra y Reporter Brasil han publicado un nuevo Informe en el que exponen que la agroindustria está llevando a la Amazonia brasileña a un punto de inflexión ambiental. Durante el mes de febrero, la deforestación de la selva amazónica en Brasil alcanzó un nivel histórico nunca visto. Este hecho contrasta con la suposición de que 2021 marcaría el inicio de la acción climática en Brasil con la aplicación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
Esta destrucción se suma a una década perdida de acción climática para Brasil. Mientras tanto, los principales fabricantes europeos de pesticidas Bayer y Basf han estado presionando para debilitar las regulaciones sobre pesticidas en Brasil. Sólo en febrero de este año, el nuevo Gobierno brasileño ha autorizado o renovado 42 productos agroquímicos, 24 de ellos no autorizados en la UE.
SEEG calculó cuánto dióxido de carbono (CO₂) generó Brasil, constatando que en 2021 el país emitió 2.420 millones de toneladas brutas de CO2 equivalente, el nivel más alto en 19 años. Lo anterior supone un incremento del 12,2% respecto al 2020 (2.160 millones de toneladas). Esto se debe, precisamente, al cambio de uso de suelo (degradación de la tierra), que es responsable del 49% de todas las emisiones del país. De este porcentaje, la deforestación en la Amazonía representó el 77% de las emisiones en 2021. Además, una encuesta reciente del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) muestra que el área deforestada en 2022 fue la mayor de los últimos 15 años.
Según el científico brasileño, ambientalista y ex-secretario del Observatorio del Clima, Carlos Rittl, entre las principales causas de la deforestación en la Amazonía se puede destacar la impunidad de los delitos ambientales, los retrocesos en las políticas ambientales, la actividad ganadera, los proyectos madereros, la minería, el fomento de la ocupación ilegal de tierras públicas y la reanudación de grandes obras. Además de la deforestación en la Amazonía y el Cerrado, datos de Greenpeace apuntan a un aumento en la violencia contra los pueblos indígenas y las comunidades locales en los últimos años.
Emisiones de CO2 y Deforestación en Brasil
| Año | Emisiones de CO2e (millones de toneladas brutas) | Variación anual (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 2.160 | - |
| 2021 | 2.420 | +12.2 |
La deforestación en la Amazonía representó el 77% de las emisiones en 2021, mientras que el área deforestada en 2022 fue la mayor de los últimos 15 años.
Cambio de Gobierno y Expectativas para la COP27
El pasado domingo 30 de octubre, la población brasileña volvió a las urnas para elegir al presidente que les acompañará en los próximos cuatro años. Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) se impuso con 60.345.999 sufragios, por lo que gobernará Brasil por tercera vez a partir del 1 de enero de 2023. Además de los desafíos económicos en las cuentas públicas, empleo, desigualdad, salud y seguridad, a Lula le queda la responsabilidad de proteger a los pueblos originarios y la biodiversidad, ad portas de la cumbre climática más importante a nivel internacional: la COP27.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 27, se llevará a cabo en Sharm el-Sheik, en Egipto, entre el 6 y el 18 de noviembre. Según algunos especialistas del clima, Brasil lleva los peores resultados de los últimos años, con crecientes tasas de deforestación, un aumento en el número de incendios y planes para expandir la producción de combustibles fósiles como gas y petróleo. Lula ya recibió invitaciones, entre otros, del gobernador de Amapá, Waldez Góes (PDT), presidente del Consorcio de Gobernadores de la Amazonía Legal, y se confirmó que va a participar de la conferencia. Por otro lado, para Cristina Orpheo, directora ejecutiva del Fundo Casa Socioambiental Brasil, la energía no sería el problema más urgente en el país: “No tenemos una política climática seria, cada año aumentan la deforestación y los eventos climáticos extremos en Brasil. No tenemos nada para llevar para la COP27”, comenta Orpheo.
Por otro lado, la exministra del Medio Ambiente, Marina Silva - quién podría volver a la cartera, según algunos - señaló en una entrevista que el país hará historia en la COP27. “Brasil ya no hará chantajes en temas ambientales. Durante su gobierno anterior, el presidente Lula creó planes para combatir la deforestación en la Amazonía y el Cerrado, así como un programa y política nacional sobre cambio climático, un fondo nacional para financiar acciones climáticas, el Fondo Amazonía y metas para reducir la deforestación y las emisiones cuando Brasil no tenía una obligación formal en el contexto de las negociaciones climáticas.” Para Carlos Rittl, el discurso del presidente electo promete la renovación de compromisos con esta agenda, la reconstrucción de políticas públicas en el tema con diálogo y la participación de diferentes sectores de la sociedad. “Ahora podemos esperar un intento de retomar el papel brasileño en las COP, perdido en los últimos 4 años, y un mayor peso de Brasil en las negociaciones climáticas.”
De hecho, Lula prometió restaurar la aplicación de la ley en la selva amazónica para frenar la deforestación. «Brasil se ocupará del tema climático como nunca antes, queremos ser responsables de mantener el clima. Si el mundo está dispuesto a ayudar, mantener un árbol en pie en la Amazonía puede valer más que cualquier (otra) inversión”, dijo Lula en un discurso. En cuanto a otros compromisos, en su programa de gobierno se propone crear mecanismos para disminuir los gases contaminantes; cumplir las metas que el país asumió a raíz del Acuerdo de París; y garantizar la transición energética que transforme las actividades productivas hacia un paradigma de sostenibilidad ambiental, social y económica.
En su primer discurso posterior a los resultados electorales, Lula indicó los principales lineamientos de su gobierno, en términos de justicia ambiental y climática: la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, y la prohibición de cualquier tipo de actividad ilegal y territorios indígenas, ya sea minería o tala. Por todo esto, Rubens Born, especialista en derecho ambiental que estará en la COP27, califica el discurso de Lula como “una excelente noticia que tendrá repercusión internacional”. Justamente, pocas horas después de su victoria como presidente, el gobierno de Noruega anunció que reanudará la ayuda financiera a Brasil para reducir la deforestación en el país. Para Born, la COP27 será un momento donde el presidente Lula podrá anunciar algunas medidas de su futuro gobierno, por lo que existe una gran expectativa en la sociedad brasileña respecto a la protección ambiental, la sostenibilidad, y el resguardo de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Brasil contará, además, con un Consejo Nacional de Cambio Climático, que será dirigido por el propio presidente de la República y en el que participarán varios ministerios, la sociedad civil, los estados y municipios. Con ese espíritu se revisó y retomó el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm), lanzado en 2004 y que, hasta 2012 fue fundamental para la reducción del 83% de la deforestación en la región. Esa reducción se considera una de las mayores contribuciones ya realizadas por un país para enfrentar el cambio climático.
Asimismo, el Fondo Amazonía está de vuelta, con la liberación de más de 3.000 millones de reales (alrededor de 550 millones de dólares) que estaban retenidos desde 2019. La primera reunión del Fondo estableció como prioridad el apoyo urgente a las poblaciones indígenas y la lucha contra los delitos ambientales. Brasil necesitará mucho apoyo e inversiones para generar un nuevo ciclo de prosperidad, capaz de promover el crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Estos son algunos de los compromisos del país, pero se cuenta con la cooperación internacional, ya sea en inversión, cooperación sur-sur, cooperación trilateral o investigación científica, para demostrar que es posible generar riqueza sin destruir el medio ambiente.
Cumplimiento Ambiental de Productos en Brasil
Las regulaciones ambientales también son parte integral del cumplimiento de los productos en Brasil. Varias agencias reguladoras, como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), hacen cumplir normas y directrices ambientales específicas del sector. El cumplimiento implica cumplir con los requisitos de etiquetado, obtener las certificaciones necesarias para la importación y exportación y cumplir con las medidas de vigilancia del mercado. Las regulaciones de cumplimiento de productos en Brasil sirven como una salvaguarda vital contra riesgos potenciales para la salud, la seguridad y el medio ambiente del consumidor.
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