El clima de tensión política e incertidumbre se prolonga en Honduras. Más de dos semanas después de las elecciones, el país sigue sin saber quién será su próximo presidente, y navega entre pausas del conteo de votos y denuncias por irregularidades. En este contexto de inestabilidad, diversas acusaciones han surgido, abarcando desde intentos de desestabilización gubernamental hasta complejas redes de influencia internacional.
Denuncias de Golpe de Estado por la Presidenta Xiomara Castro
La mandataria hondureña Xiomara Castro denunció este martes que está en marcha un intento de golpe de Estado contra su gobierno y llamó a la población a movilizarse en defensa de la democracia. La denuncia de Castro apuntó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado el año pasado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y recientemente indultado por el mandatario de ese país, Donald Trump. Según Castro, ahora Hernández planea ingresar a Honduras para proclamar como ganador al candidato Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional, fuerza política bajo la cual Hernández gobernó entre 2014 y 2022.
En sus declaraciones, la presidenta Castro afirmó en la red social X: “Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”. Ante esta grave situación, añadió: “Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”. Las movilizaciones convocadas en Tegucigalpa serán pacíficas, confirmó el coordinador general del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) y expresidente Manuel Zelaya, esposo y asesor de Castro.
En respuesta a las acusaciones, Juan Orlando Hernández negó las imputaciones de un “intento de ruptura constitucional” y responsabilizó a la presidenta y a su gobierno por cualquier atentado contra su vida o la de su familia. En X, el exmandatario aseguró: “Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional”. En paralelo, desde las Fuerzas Armadas descartaron un intento de golpe. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, afirmó que esto no ocurrirá y ratificó su lealtad a la presidenta en funciones.
El Conteo Electoral y Sospechas de Fraude
Las declaraciones de la presidenta se suman a otras denuncias de fraude sobre las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre, entre ellas las realizadas por Salvador Nasralla, del Partido Liberal -quien también denuncia irregularidades en favor de su rival- y por la candidata del partido de gobierno Libre, Rixi Moncada. Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura encabeza la votación con el 40,54% de los sufragios, ubicándose 43.185 votos por delante de Nasralla, de centroderecha, que sumaba el 39,19%.
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El CNE dispone de un plazo de 30 días desde la jornada electoral para oficializar los resultados finales. En Honduras no hay segunda vuelta, por lo que la presidencia se define en una sola votación. Además del sucesor de Castro, la elección involucraba 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano.
En un primer momento, el CNE informó que enfrentó varios desafíos desde el inicio del conteo y atribuyó la demora a fallas técnicas, añadiendo luego que hubo intentos de alterar el software de transmisión de resultados. Sigue pendiente el inicio del escrutinio especial para revisar 2.792 actas en las que se denunciaron irregularidades. El ganador se confirmaría una vez finalizada la revisión de estas actas en particular, cuestionadas por el partido Libre y por el Partido Liberal de Nasralla. Este último sostiene que esas actas representan hasta 12 veces la ventaja actual de Asfura y, no obstante, no descarta que sea necesario un recuento total de los votos. Sin embargo, el escrutinio especial no se inició este martes, como estaba previsto, por distintos obstáculos que enfrenta el CNE, entre ellos problemas técnicos y administrativos, además de amenazas y hostigamientos. La consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, afirmó que personal de partidos políticos “avasalla” o presiona al ente electoral.
Injerencia Extranjera y el Indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández
Según denuncias del partido gobernante, las declaraciones y acciones del presidente Trump en los días previos a las elecciones influyeron en la campaña y constituyeron una injerencia extranjera. En ese entonces, el mandatario estadounidense respaldó públicamente a Asfura y prometió que Washington le brindaría un “gran apoyo” si ganaba, asegurando que solo trabajaría con él y no con otros candidatos.
A esto se sumó el controvertido indulto otorgado a Hernández, quien había sido condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Trump argumentó que el exmandatario había sido “tratado de manera muy dura e injusta”. El 28 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que otorgaría un “indulto pleno y completo” a Hernández, lo que generó de inmediato serias preocupaciones dada la gravedad de sus condenas. Apenas tres días después, el 1 de diciembre, Trump concedió formalmente el indulto y Hernández fue liberado ese mismo día.
El veredicto inicial contra Hernández se produjo tras la presentación de abundante evidencia por parte de la fiscalía que demostró su papel en una red criminal de gran escala, facilitada desde el Estado, en la que utilizó el poder del gobierno hondureño para proteger y expandir operaciones de tráfico de cocaína. Las autoridades estadounidenses describieron el esquema como “narcotráfico patrocinado por el Estado”, subrayando que Hernández utilizó instituciones públicas, fuerzas de seguridad y su influencia política para brindar protección a traficantes a cambio de sobornos y apoyo político. JOH recibió millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico y utilizó esos fondos para financiar su ascenso político y sus campañas electorales.
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El indulto a Juan Orlando Hernández, uno de los pocos expresidentes condenados por narcotráfico en tribunales estadounidenses, tiene profundas implicaciones para la política exterior de Estados Unidos, el Estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción en la región. Esto establece un precedente preocupante, especialmente considerando los procesos judiciales de Estados Unidos contra otras figuras poderosas, como el hermano de JOH y el exministro de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, casos que fueron celebrados como avances en la rendición de cuentas de las élites implicadas en el crimen organizado. A nivel regional, el indulto podría debilitar la cooperación contra el narcotráfico y la corrupción al erosionar la confianza en los compromisos de Estados Unidos con la rendición de cuentas y el Estado de derecho. Podría fomentar la impunidad de las élites implicadas en el crimen organizado y la corrupción, al tiempo que obstaculiza futuras investigaciones que dependen del efecto disuasorio de procesos judiciales creíbles. Más ampliamente, el indulto diluye los mensajes de política estadounidense sobre los esfuerzos antidrogas en un momento en que, al mismo tiempo que Trump utiliza al ejército de Estados Unidos para presionar al régimen autoritario de Venezuela liderado por Nicolás Maduro, presentándolo como una operación antidrogas, está indultando a un expresidente que fue condenado por usar su cargo para facilitar el envío de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. Las entregas de cocaína facilitadas por JOH superan con creces la cantidad de drogas ilegales que supuestamente transportan las lanchas rápidas atacadas por la Marina de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico oriental.
Miembros del Congreso estadounidense han criticado enérgicamente el indulto y se han presentado resoluciones en ambas cámaras que condenan la decisión (H.Res. 929 y S.Res. 530). Más allá de considerar estas medidas, el Congreso podría usar su autoridad de supervisión para examinar la justificación de la administración para el indulto y evaluar sus posibles implicaciones para los intereses de seguridad de EE. UU.
Historial de Narcotráfico, Corrupción y Abusos durante el Mandato de Hernández
Durante la presidencia de Juan Orlando Hernández (JOH, 2014-2022), Honduras fue conocida por el narcotráfico y la corrupción a gran escala, así como por graves violaciones a los derechos humanos, en particular contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y periodistas. Diversos informes documentaron que decenas de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos fueron asesinados, amenazados o atacados, entre ellos el asesinato de alto perfil de la activista Berta Cáceres en 2016. Estimaciones compiladas por fuentes de la sociedad civil sugieren que entre 2001 y 2021 se registraron alrededor de 219 homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, de los cuales una parte sustancial ocurrió durante los años de Hernández: aproximadamente 34 en su primer mandato (2014-2018) y otros 14 en su segundo (2018-2022). Estos datos revelan un fracaso sistemático del Estado para proteger a los defensores de derechos vulnerables.
Del mismo modo, observadores internacionales criticaron la reelección de JOH en 2017, un resultado alcanzado tras controvertidos cambios constitucionales que provocaron protestas y una crisis política marcada por la represión. Las fuerzas de seguridad reprimieron manifestaciones masivas y la política militar y policial utilizó fuerza excesiva, incluida munición real, contra los manifestantes. Organizaciones de derechos humanos documentaron múltiples muertes de manifestantes y numerosas lesiones causadas por armas letales y menos letales.
Los señalamientos que fiscales del distrito sur de Nueva York hicieron sobre Juan Orlando Hernández, antes de su condena, daban mayor peso a la sospecha de que tuvo un rol importante en la red de narcotráfico de su hermano. Berman sostenía que el exdirector de la policía protegía los cargamentos de cocaína “a petición” del entonces presidente Hernández y de su hermano, Tony, excongresista que fue condenado por narcotráfico en octubre de 2019. El nombre del exjefe policial, Bonilla, también había salido a la luz durante el juicio de Tony Hernández en 2019. El narcotraficante convicto Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, testificó que el exagente de la policía era un confidente cercano del presidente Hernández y su hermano, y que protegía los cargamentos de drogas y les notificaba de las operaciones de las fuerzas de seguridad. En una extensa entrevista con el medio hondureño Noticiero Hoy Mismo, el expolicía negó todos los cargos recientes, así como tener alguna conexión con narcotraficantes o con los hermanos Hernández.
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El exdirector de la policía ha protagonizado controversias durante mucho tiempo. Su nombramiento para el cargo en 2012, por parte del entonces presidente Porfirio Lobo, fue bastante criticado debido al oscuro historial de abusos a los derechos humanos de Bonilla, que incluía acusaciones de que formó parte de un escuadrón de la muerte. De manera inesperada, el Ministerio Público de Honduras anunció el 2 de mayo que Bonilla también estaba siendo acusado de blanquear 20 millones de lempiras (unos US$800.000), según un informe de El Heraldo. La acusación a Bonilla es una de las que involucró de forma más directa a Juan Orlando Hernández en la operación de narcotráfico de la que formó parte su hermano Tony, y además vinculó al entonces presidente hondureño con asesinatos supuestamente cometidos con su conocimiento. La denuncia contra el exjefe policial sostenía que Tony Hernández y el presidente Hernández, quien es identificado simplemente como CC-4, “ayudaron a Bonilla a ascender en los rangos dentro de la Policía Nacional de Honduras” entre 2010 y 2013, cuando Juan Orlando ejerció como presidente del Congreso. Bonilla era “de tanta confianza” del presidente Hernández y de su hermano que ambos le encomendaban “tareas especiales, incluso asesinatos”, según la denuncia. Aunque no se identifica por su nombre, se presume que dicho testigo es el exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien se declaró culpable de tráfico de drogas y armas y ha estado cooperando con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) con la esperanza de recibir una sentencia más indulgente. Ardón ya había mencionado antes, durante el juicio a Tony Hernández, el presunto papel de Bonilla en el asesinato del narcotraficante.
El "Hondurasgate": Audios Filtrados y Redes de Influencia
Una serie de audios filtrados publicados por medios digitales ha desatado una tormenta política en América Latina. El caso, bautizado como "Hondurasgate", incluye acusaciones de conspiración, campañas de desinformación y supuesta injerencia internacional. Según los medios que difundieron el material, las grabaciones revelarían una presunta red de influencia integrada por actores políticos de Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región para atacar o desestabilizar gobiernos progresistas latinoamericanos.
En una de las grabaciones, se escucha: “El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación”. También aparece mencionado el presidente argentino, Javier Milei. El caso provocó reacciones inmediatas en varios países. El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió en X: "Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional."
En contraste, varios de los señalados rechazaron tajantemente la autenticidad de los audios. “Claramente no es mi voz”, respondió Juan Orlando Hernández en X. Según Diario Red y Hondurasgate.ch, los audios fueron analizados utilizando el software Phonexia Voice Inspector, desarrollado por la empresa checa Phonexia. Pero, hasta ahora, ninguna agencia internacional ni institución independiente ha confirmado públicamente la autenticidad de los audios.
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