La interrogante sobre cuántos países han cambiado de régimen político nos sitúa ante una complejidad conceptual profunda. Ante la pregunta de ¿qué significa “cambio de régimen”, en qué consiste y de qué “transformación” estamos hablando?, resulta fundamental diferenciar entre los niveles de cambio, de gobierno y de régimen. Mientras que el cambio de gobierno implica el reemplazo en el poder ejecutivo, el cambio de régimen toca las estructuras más profundas que definen los mecanismos de acceso y distribución del poder.
En América Latina, los cambios se han sucedido con rapidez, donde la democracia electoral está consolidada pero enfrentando desafíos significativos. La democracia no se reduce a la celebración de elecciones; también implica el ejercicio de una ciudadanía integral, política, civil, social y económica; con participación efectiva. Sin embargo, en la última década y media, el debate ha oscilado entre democracia representativa versus democracia participativa. Los estudios sobre la región concluyen que, en la actualidad, existe un fuerte apoyo a la democracia, a pesar de que se registra también un nivel elevado de insatisfacción con los resultados de los gobiernos democráticos.
La inestabilidad y la gobernabilidad democrática
En las últimas dos décadas, muchos presidentes latinoamericanos han sido reemplazados fuera de los marcos electorales, lo cual revela un cuadro complejo de gobernabilidad. Desde 1991 encontramos 16 presidentes que han renunciado antes de concluir su mandato. En todos los casos, los reemplazos se efectuaron manteniendo un cierto apego a las normas constitucionales. Los sistemas presidenciales han derivado en muchos casos en un hiper-presidencialismo, que lleva a que los presidentes gobiernen por decreto, minimizando el rol del congreso y buscando controlar al poder judicial.
La región requiere reconstituir pactos sociales nacionales que le garanticen estabilidad y le permitan mejorar las oportunidades para la gobernabilidad democrática. Los congresos se encuentran divididos y sin mayorías claras, lo que obliga en toda la región a una negociación constante que muchas veces no da resultados y empantana el sistema político. Ante este escenario, es necesario diseñar mecanismos para la construcción de acuerdos nacionales efectivos, capaces de reflejar la pluralidad de la sociedad en el marco de una democracia guiada por las mayorías, pero que respete a las minorías.
Dinámicas del cambio político y administrativo
Es importante destacar que el cambio de régimen no debe confundirse con otros procesos superficiales. Incluso el cambio de nombre de un país -como el paso de Suazilandia a Esuatini en 2018 o Macedonia a Macedonia del Norte en 2019- responde a decisiones políticas, diplomáticas o identitarias claras que no alteran necesariamente la estructura del régimen. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cambios significativos en denominaciones estatales por razones políticas:
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- Sri Lanka (1972): Adopción del nombre tras la aprobación de una nueva Constitución, rompiendo con el pasado colonial.
- República Democrática del Congo (1997): Regreso al nombre tras la caída de Mobutu Sese Seko.
- Macedonia del Norte (2019): Cambio tras un acuerdo con Grecia para facilitar su entrada en organismos internacionales.
- India (años noventa): Revisión de diversos nombres heredados del periodo británico, como el paso de Bombay a Mumbai.
Cambiar un nombre oficial no consiste en sustituir una palabra en un mapa; el Ejecutivo debe comunicar la decisión a la ONU y a todos los organismos internacionales en los que participa, lo cual conlleva un impacto económico considerable. Sin embargo, esto es distinto al proceso de erosión democrática o de transición inversa que algunos estados experimentan cuando los mecanismos de acceso al poder se ven comprometidos o cuando los actores políticos buscan descarrilar la democracia recién conquistada.
La clave está en cómo percibimos el cambio. La gobernabilidad democrática requiere de acuerdos duraderos que impidan la regeneración de vicios del pasado y establezcan otros que fortalezcan el Estado. En última instancia, la posibilidad de evitar una regresión autoritaria depende de la capacidad de las instituciones para resistir el estancamiento y de los actores políticos para comprometerse con el respeto a las libertades y derechos fundamentales.
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