De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene, entre otras atribuciones, fomentar y proteger la propiedad industrial, es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones de aplicación industrial y comercial.
Estos derechos pueden incluir un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto; un proceso de fabricación novedoso; una marca o aviso comercial, una denominación que identifique un establecimiento o una declaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto. Adicionalmente, el organismo descententralizado (IMPI) tiene asignadas atribuciones para atender los diversos procedimientos a seguir cuando ocurre el uso ilegal de estos derechos y a declarar, en su caso, la caducidad o nulidad cuando un titular de este derecho así lo solicite, por considerar que están siendo afectados por un tercero.
Procedimientos de Declaración Administrativa en México
Cuando una persona física o moral que cuente con interés jurídico, es decir, la capacidad legal para reclamar el uso ilegal de los derechos de propiedad intelectual, podrá presentar ante el Instituto, una solicitud de “declaración administrativa”. Estas pueden ser de: nulidad, caducidad, cancelación, infracción y declaratoria de notoriedad o fama de marcas.
De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial existen procedimientos administrativos para defender los derechos de Propiedad Industrial que permiten anular, caducar, cancelar e infraccionar, mediante solicitud ante el IMPI.
Definición de Declaración Administrativa de Nulidad
El procedimiento de declaración administrativa de nulidad es un acto de control, mediante el cual, previa emisión de un acto administrativo, como es un registro de marca, un gobernado que acredite tener interés jurídico, expone su inconformidad ante el organismo por su otorgamiento, haciendo valer un mejor derecho para su uso, o cuando se encuentre en algún supuesto de los establecidos en el artículo 258 de la Ley, legitimándose para ello en una expectativa de derecho.
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Supuestos para la Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad
Procede la solicitud de declaración administrativa de nulidad cuando:
- Cuando se hayan otorgado en contravención a la Ley o las disposiciones sobre requisitos y condiciones;
- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud;
- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla;
- Cuando una marca haga valer el mejor derecho por uso anterior; ininterrumpidamente antes de la fecha de presentación o, de la fecha de primer uso declarado;
- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;
- Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación;
- Cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor de una marca extranjera, la registre u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera (Mala fe).
El "Interés Jurídico" para la Nulidad de Patentes según la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó la importancia del interés jurídico para solicitar la nulidad de una patente en México. Este fallo se deriva de un caso en el que una empresa farmacéutica buscó anular la patente de un competidor, argumentando que esta limitaba su capacidad de operar en el mercado. Inconforme con esta resolución, la empresa promovió juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien confirmó la decisión del IMPI.
Ante ese panorama, la compañía decidió promover amparo directo donde planteó la inconstitucionalidad del artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial (hoy abrogada). La Segunda Sala de la SCJN estimó que para demostrar un interés jurídico y poder solicitar la nulidad de una patente, es necesario acreditar una afectación directa y concreta al derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. La resolución de la SCJN proporciona una mayor claridad sobre los requisitos para impugnar patentes en México y contribuye a fortalecer la seguridad jurídica.
Otros Tipos de Declaraciones Administrativas ante el IMPI
Además de la nulidad, el IMPI gestiona otras declaraciones administrativas:
- Solicitud de declaración administrativa de caducidad: Procede por no haberse usado (signos distintivos) o por falta de pago de las anualidades correspondientes (invenciones).
- Solicitud de declaración administrativa de cancelación: Procede cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido distintividad.
- Solicitud de declaración administrativa de infracción de propiedad industrial: Procede cuando se realizan actos de competencia desleal o se está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular.
La Nulidad Administrativa de Patentes y Derechos de Propiedad Industrial en Otras Jurisdicciones
España: Un Cambio Hacia la Competencia Administrativa
El pasado 14 de enero del 2023 entraron en vigor las disposiciones legales que atribuían a la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) las competencias directas en materia de nulidad y caducidad administrativa. A través de estas normas, las acciones de nulidad y caducidad que antes se conocían en el orden jurisdiccional han pasado a conocerse de forma directa en la OEPM.
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La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, exigía a los Estados miembros contar con procedimientos administrativos de nulidad y caducidad. A través de los procedimientos de nulidad y caducidad, las personas que se consideren perjudicadas y que cumplan con los requisitos del artículo 58.1) de la Ley 17/2001, de Marcas, podrán iniciar estos procedimientos, cuya finalidad es eliminar del registro una marca o nombre comercial.
Con el fin de acercar a los usuarios los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad administrativa, la OEPM ha puesto a disposición de los interesados varias herramientas. Todos los trámites de los procedimientos pueden realizarse a través de la Sede Electrónica de la OEPM mediante una interfaz sencilla e intuitiva. Para aquellos usuarios que no se encuentran obligados a relacionarse con la Administración de forma telemática, se han incluido en la página web de la OEPM los formularios correspondientes a todos los trámites electrónicos para que puedan ser presentados en papel. El Área de Nulidad y Caducidad está incorporada dentro del Departamento de Signos Distintivos.
Colombia: La Controversia de la Nulidad en Litigios por Infracción
Contrario a lo que ocurre en varios países alrededor del mundo, en el derecho colombiano resulta polémico y controvertido abordar la posibilidad de alegar la nulidad de la patente en el marco del litigio civil por infracción. La robusta presunción de validez que cobija los actos administrativos durante su vigencia constituye una talanquera jurídica a la materialización práctica de dicha alternativa. Siempre que en el proceso civil no conste la declaratoria judicial previa de nulidad de la patente, habrá razones prácticas para considerar que una defensa exitosa del demandado no podrá enfocarse exclusivamente en cuestionar la validez de la concesión del derecho que la contraparte estima vulnerado.
En otros países, como Colombia, aplica un sistema distinto bajo el cual el juez de la infracción carece de competencia funcional para declarar la nulidad de la patente. En Colombia, lo anterior ocurre porque los actos provenientes de autoridades administrativas, incluyendo los que conceden un derecho de patente, se encuentran investidos de una presunción de validez bajo la cual aquellos habrán de reputarse válidos en tanto no exista una decisión definitiva mediante la cual el juez de lo contencioso administrativo resuelva declararlos nulos.
Desde la auténtica consolidación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, ha sido claro que los actos proferidos por las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones, solamente pueden ser anulados por jueces especializados.
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Medios de Impugnación contra Actos y Resoluciones del IMPI en México
Recurso de Revisión ante el IMPI
Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión con el objetivo de que se dé una segunda valoración y salga favorable dicho acto o resolución. Es un medio ordinario de impugnación y directo de defensa legal que tienen los gobernados, afectados, en contra de un acto administrativo que lesione su esfera jurídica de derechos o intereses, ante la propia Autoridad que lo dictó, el superior jerárquico u otro órgano administrativo, para que lo revoque, anule, reforme o modifique, una vez comprobada la ilegalidad o inoportunidad del acto, restableciendo el orden jurídico violado, en forma económica, sin tener que agotar un procedimiento jurisdiccional.
Según el Artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
Juicio Contencioso Administrativo Federal
El juicio contencioso administrativo federal es el medio de defensa por el cual, el particular y la autoridad, en el plazo de 45 días y en casos excepcionales dentro de los 5 años, demandan la nulidad de actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.
En el caso particular, se demanda al propio IMPI ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por no estar de acuerdo con la resolución emitida en el juicio de Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad o Infracción.
Juicio de Amparo
El juicio de amparo es un medio procesal constitucional que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías.
El juicio de amparo tiene dos características fundamentales:
- Se trata de un juicio impugnativo autónomo, es decir, no consiste en un recurso o apelación que meramente constituya otra instancia, sino que implica iniciar un proceso completamente nuevo; no es parte del mismo juicio, sino que es otro juicio.
- Es un juicio de garantías, es decir, no obstante que se trata de un juicio de orden constitucional, el juzgador no se limita a ver si existieron violaciones constitucionales, sino que puede incluso dejar subsistentes las violaciones constitucionales, siempre que se demuestre que nadie resultó afectado en sus derechos fundamentales. Asimismo, puede exigir la suspensión de un acto que, no obstante ser constitucional, viole las garantías individuales.
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