Una Visión General del Proyecto Económico Porfirista
Tras la salida de Benito Juárez del poder en 1872 y el posterior levantamiento armado contra Sebastián de Tejada, Porfirio Díaz finalmente tomó el poder ejecutivo en la joven república mexicana. Si bien durante el primer periodo presidencial de Díaz los logros en el ámbito económico fueron más bien magros, lo cierto es que a partir de la década de los ochenta estos fueron mucho más contundentes.
El imponente desarrollo de la industria y el comercio en el Porfiriato le permitió a México una nueva colocación en el mercado mundial. Uno de los principales pilares de la continuidad del gobierno de Porfirio Díaz fue su proyecto económico, el cual se basaba en alcanzar el progreso material mediante la modernización de todos los sectores. En buena medida, México tuvo la oportunidad de integrarse al mercado mundial a partir del proceso denominado como Primera Globalización Económica, que tuvo lugar de 1870 a 1914, y durante el cual las materias primas latinoamericanas fueron muy importantes para apoyar los procesos industrializadores de Europa y Norteamérica.
De tal forma, el modelo de crecimiento económico desplegado durante los gobiernos de Porfirio Díaz fue el primario exportador. Las exportaciones mexicanas tuvieron la oportunidad de colocarse en el mercado internacional por su gran demanda, al tiempo que fueron diversificándose, pues el país vendía con profusión no solo metales preciosos, sino minerales industriales y una gran variedad de productos agrícolas.
Bases para la Estabilidad y el Desarrollo Económico
Finanzas Públicas y Deuda Externa
Para lograr la integración de México a la economía internacional, el reconocimiento y arreglo de la deuda fue capital, ya que de ello dependía el fomento de la confianza de los posibles inversionistas. Así, en la década de los ochenta, el secretario de Hacienda Manuel Dublán logró el primer arreglo de la deuda externa inglesa, lo que le abrió las puertas al país al crédito externo. A aquel arreglo le siguieron otros tres negociados por el secretario de Hacienda José Yves Limantour.
El arreglo de 1894 logró la reestructuración de la deuda interna; el de 1899 introdujo a los norteamericanos como acreedores y el de 1904 logró la dotación de un préstamo de 40 millones de dólares por parte de varias casas bancarias norteamericanas y europeas. Las finanzas públicas también fueron arregladas, pues uno de los principales problemas heredados de los periodos previos era el desequilibrio presupuestal que impedía llevar a cabo proyectos económicos de largo alcance.
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José Yves Limantour tuvo entonces como prioridad lograr y mantener la nivelación del presupuesto durante toda su gestión como secretario (1892-1911). El objetivo no era menor, pues implicó el despliegue de una política de reestructuración y contención del gasto, acompañada de la ampliación de fuentes de ingreso internas. El denominado “plan de economías” implicó la clasificación y modificación de montos de partidas presupuestarias al mínimo indispensable sin afectar el servicio público; el control de los presupuestos parciales de todas las dependencias del gobierno; la no disposición de algunas asignaciones con las que se haría un fondo de reserva y cuyos montos serían invertidos en obras de utilidad pública; y la contracción en número de la burocracia y dependencias del gobierno, entre otras acciones que le reportaron muchos ahorros a Limantour.
La reforma fiscal tuvo como propósitos aumentar la recaudación interna por medio de la eliminación de las alcabalas, el rediseño del impuesto del Timbre, la ampliación de la base gravable de algunos impuestos ya existentes y el establecimiento de nuevos impuestos. Esta reforma estuvo acompañada por cambios administrativos cuyos objetivos eran la reducción de los costos de recaudación, la simplificación de los trámites y la obtención de información precisa, todo ello tanto para hacer más eficiente el cobro de impuestos como para establecer a la Secretaría de Hacienda como el centro directivo de todo el sistema, de tal forma que la centralización política fomentada por Díaz también tuviera lugar en el ámbito administrativo.
Desarrollo de Infraestructura y Comunicaciones
El proyecto de infraestructura se centró en la ampliación de las comunicaciones; para tal fin se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 1891. El tendido de vías férreas y telegráficas, así como la rehabilitación de algunos puertos fueron prioritarios.
Los Ferrocarriles
Los ferrocarriles fueron el proyecto modernizador más importante del Porfiriato. Si bien durante la primera mitad del siglo ya se habían dado algunas concesiones para la construcción de ferrocarriles en México, sus resultados fueron nimios en buena medida porque la escasez de capital impidió la conclusión de las obras. De ahí que, hacia la década de los ochenta, el gobierno mexicano otorgara concesiones a dos empresas norteamericanas que lograron concluir con éxito el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional que iban de Ciudad de México a Ciudad Juárez y Nuevo Laredo respectivamente. Estas dos líneas fomentaron la integración económica nacional e internacional, con lo que se establecieron las bases para la consolidación de un mercado interno. El crecimiento del sector ferroviario fue enorme durante el periodo, pues en 1877 existían 666 km de vía, mientras que en 1911 habían crecido a 19 797 km.
El Telégrafo, el Teléfono y la Energía Eléctrica
En 1878 se realizaron las primeras pruebas de llamadas telefónicas. Para 1879 México inició la producción de energía eléctrica. Con el tiempo, el presidente Díaz estableció como pública la energía eléctrica e inauguró en la plancha del zócalo de la Ciudad de México las primeras lámparas.
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La Industrialización Durante el Porfiriato
Perspectivas Historiográficas sobre la Política Industrial
Por mucho tiempo, la literatura sobre el desarrollo económico en México soslayó la existencia de una política industrializadora previa al proceso de sustitución de importaciones de la posguerra. Esta noción fue muy de la mano con la idea de que la industrialización arrancó después de los cambios ocurridos en el periodo entreguerras. Hacia la década de 1950, predominaba una visión opaca sobre el desarrollo industrial prerrevolucionario. Se asumía que éste había estado a la sombra de una explotación primario-exportadora, con escasos vínculos económicos con otros sectores, acotado además por un mercado interno poco dinámico. En este marco, las posibilidades para el avance industrial eran incipientes, dirigidas principalmente por los esfuerzos modernizadores del capital externo y apoyadas en la expansión de infraestructura.
La política industrial, en este contexto, se remitía a algunos privilegios sobre tarifas de importación y exenciones fiscales, que ciertos personajes obtenían por su cercanía con el régimen, el cual externaba una ideología marcadamente liberal.
La obra de Rosenzweig (1962, 1965) permitió corregir aspectos importantes de esta visión, brindó un panorama más preciso de las actividades manufactureras dentro de la estructura económica porfirista y puso de relieve la existencia de ciertas medidas de fomento. A diferencia de la visión oficialista, que remarcaba las rupturas económicas entre el Porfiriato y la Revolución, el trabajo de Rosenzweig se destaca por construir una perspectiva que deja ver ciertas continuidades. Para este autor, las reformas liberales que van de la República Restaurada (1867-1876) al Porfiriato (1876-1911) tenían como objetivo brindar un marco institucional para alcanzar el desarrollo económico y la consolidación estatal. Se buscaba, en particular, liberar los factores productivos y acabar con los privilegios de las corporaciones, para estimular así un crecimiento económico de tipo moderno.
La influencia de su trabajo fue muy marcada hasta la década de 1980, sobre todo entre los economistas preocupados por el desarrollo. Sus aportes sobre la política industrial, aunque no fueron amplios y sistemáticos, abrieron varias líneas de investigación; especialmente permitieron restablecer los esfuerzos encaminados a discutir el papel de la política comercial en la industrialización. La influencia del trabajo de Rosenzweig ha sido perdurable, puede decirse incluso que constituye el surgimiento de una primera corriente historiográfica sobre la política industrial del Porfiriato, la cual reconoce la existencia de varios incentivos, aunque no advierte en ellos una política de industrialización definida.
Factores Clave de la Industrialización
El trabajo de Rosenzweig sugiere que el auge minero-agroexportador fue, en realidad, un factor importante para el desarrollo industrial por sus efectos sobre la fabricación local de insumos y materiales. La integración del mercado interno, por su parte, cobró fuerte impulso debido a la expansión de la red ferroviaria, la abolición de los impuestos al comercio intrarregional (las alcabalas) y al desarrollo del sistema financiero, lo que favorecería la producción manufacturera a gran escala.
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A su vez, la depreciación constante del peso plata, con respecto al oro en el mercado internacional durante el último cuarto del siglo XIX, brindó cierta protección cambiaria a la industria local, al encarecer el precio de los bienes importados. A la par, el repunte poblacional, la migración interna, el aumento de la proletarización y los salarios configuraron una demanda interna en crecimiento. Para este autor, el margen de ganancia en las actividades manufactureras se amplió de forma significativa. Hacia la década de 1890, estaba claro que no sólo la minería y el comercio exterior ofrecían grandes ventajas para la acumulación de capital; como prueba de ello la inversión en la industria tuvo un ritmo de crecimiento acelerado entre 1886-1910.
En este proceso la participación de capital nacional fue preponderante. La manufactura sería el sector económico entre los más dinámicos del Porfiriato, y en él tuvieron mayor actuación los esfuerzos locales, entre los que ocupaba un lugar destacado el caudal europeo que había migrado al país en décadas anteriores. Además de los procesos económicos que incentivaron la industrialización, se advierte el surgimiento de una peculiar política de promoción industrial.
Para Rosenzweig, el gobierno instrumentó una política arancelaria proteccionista que benefició a un gran número de productores manufactureros, esencialmente de bienes de consumo final. No obstante, esta medida se encontraba orientada considerablemente por razones fiscales, dados los elevados rendimientos que generaban los impuestos a la importación de productos. Sin embargo, el gobierno alentó la inversión manufacturera con otras medidas, como la libre importación de maquinaria e insumos de escasa fabricación en el país, necesarios para el buen funcionamiento de la producción; hubo algunas exenciones de impuestos, subsidios y concesiones, medidas que se hicieron particularmente intensas a partir de la década de 1890.
Límites y Alcances del Desarrollo Industrial
Pese a este importante avance, para Rosenzweig la industrialización llegaría pronto a sus límites, debido a la falta de un mayor crecimiento del mercado interno. La permanencia de grandes latifundios, de haciendas improductivas y una enorme masa rural empobrecida dificultaban expandir la producción industrial al ritmo necesario para alcanzar escalas de producción eficientes. La baja utilización de los activos no permitía abatir los costos. De igual forma, la productividad laboral se mantenía estancada por falta de incentivos salariales.
En la perspectiva de otros autores de la época, como Vernon, efectivamente el fomento industrial no fue la base de la política proteccionista, sino la necesidad de ingresos fiscales (Vernon, 1966: 60). De acuerdo con Solís, durante el Porfiriato se observa un proceso de acumulación industrial importante, estimulado esencialmente por las fuerzas desatadas bajo el auge minero-agroexportador, y por los cambios en los precios relativos, pero rezagado en términos internacionales y limitado por la estructura económica en general y la concentración del ingreso en particular (Solís, 1970: 73-75).
Bajo esta visión, la política industrial del Porfiriato descansaba en un proteccionismo sin objetivos claros de protección, guiado principalmente por las necesidades fiscales, pero efectivo en algunos casos a medida que se acompañaba de otros instrumentos políticos (Hansen, 1971: 28-31). Dale Story divide la política industrial en políticas proteccionistas y políticas de promoción o fomento. Las primeras se refieren a medidas cambiarias y arancelarias; las políticas de fomento se desprenden de la política financiera e incluyen incentivos fiscales. A su vez, establece tres etapas en la evolución de la política industrializadora: a) reactiva, donde las políticas se diseñan para obtener ingresos fiscales o surgen en respuesta a crisis comerciales; b) proactiva, cuando se echa mano del proteccionismo específicamente para favorecer la industria, lo que coincide con el surgimiento de las políticas de fomento; c) correctiva, “cuando el proteccionismo es desalentado en favor de la eficiencia”.
En la perspectiva de Aníbal Pinto, ello obedecía a que el sistema económico, en su conjunto, dependía de las “oportunidades y exigencias del comercio exterior”: a) Las iniciativas públicas se encontraban en función de la capacidad fiscal del Estado, la cual derivaba de los impuestos al comercio exterior; b) El mercado interno no ofrecía las condiciones propicias para una mayor diversificación industrial, dado que dos tendencias lo afectaban: una marcada concentración del ingreso, que limitaba el poder de compra de las clases bajas, y una inclinación por parte de los estratos más enriquecidos a consumir bienes de lujo importados.
El Rol del Capital Extranjero y el Sector Bancario
Las medidas político-económicas de Limantour favorecieron la llegada de capitales extranjeros, los cuales invirtieron en la creación de bancos, industrias como la textil, nuevas tecnologías en el sector minero, la energía eléctrica, la construcción de nuevas líneas férreas, entre otras. Las reformas y la expedición de nuevas leyes motivaron a los extranjeros a invertir en el país.
Inversiones europeas: Principalmente de Francia, Alemania y Reino Unido. Este último contribuyó significativamente para la construcción de ferrocarriles, tranvías y la expansión de la minería. Inversiones norteamericanas: Tenía la misma orientación que la europea. Comenzó a finales del siglo XIX, mediante la concesión de préstamos para el gobierno Mexicano.
El sector bancario también se consolidó durante el Porfiriato. En 1897 se elaboró la Ley General de Instituciones de Crédito, que estableció las bases para el surgimiento de instituciones bancarias que apoyaran la industria, la agricultura y el comercio. De ahí que el sistema bancario en México a finales del siglo XIX estuviese compuesto por bancos de emisión (uno por cada estado), bancos refaccionarios y bancos hipotecarios. Durante la economía en el porfiriato se proporcionaron distintos sistemas bancarios para hacer monedas, monitorear el progreso empresarial y el equilibrio de intercambio en el mercado.
La Minería como Pilar Económico
En el periodo colonial la principal actividad económica fue la minería, en especial, la extracción de plata. Durante el Porfiriato, el gobierno y los empresarios aumentaron significativamente la extracción de minerales. El objetivo era encontrar oro, perlas y plata; de la misma manera, metales no ferrosos, tales como el plomo, cobre, zinc y mercurio fueron producidos.
Muchos pueblos indígenas y campesinos fueron despojados de sus tierras debido a la Ley de Terrenos Baldíos de 1883. Esta ley también entregó a extranjeros y a mexicanos grandes extensiones de tierras para su explotación, lo que impulsó la actividad minera.
Impacto Social y el Declive Económico
La Profunda Desigualdad Social
Evidentemente, estas actividades económicas tuvieron fuertes implicaciones en la sociedad mexicana. La principal característica de la sociedad Mexicana durante la economía en el porfiriato fue la profunda desigualdad que existía dentro de ella. En contrapartida, no se evidenciaron mejoras económicas para los trabajadores. La explotación laboral era la norma, ya sea en las fábricas o en las haciendas.
La ley despojó a muchos campesinos de sus tierras y, como consecuencia, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo a las haciendas, transformándose en peones. Los pueblos indígenas también vieron disminuidos sus derechos. Una buena parte de ellos tenían malas condiciones de trabajo con jornadas de 10 a 12 horas; recibían un salario medido en centavos. Además, se veían obligados a comprar en las tiendas de raya, las cuales estaban ubicadas dentro de las haciendas y vendían productos básicos para los peones.
Las haciendas del país fueron muy productivas. Hasta bien entrado el siglo XX algunas siguieron trabajando; en el norte su producción se centraba en la ganadería, y en el sur, en la agricultura. Muchas de ellas exportaban sus productos, por ejemplo, las haciendas que se dedicaban a explotar el henequén en Yucatán comerciaban esa materia prima. Otras haciendas de Veracruz y de Chiapas exportaban café o caña de azúcar. Muchos productos agrícolas lograron comercializarse debido al excedente de las haciendas tecnificadas.
Crisis y Descontento a Inicios del Siglo XX
Al iniciarse el siglo XX el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso, la tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó, los productos agrícolas como el maíz y el frijol aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta en un 57%. Para 1905 el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro, antes había sido la plata, fijando la paridad en dos pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación, deterioro de los salarios y aumento de la deuda externa.
Sin embargo fue la crisis económica mundial de 1907 la que frenó el desarrollo del país. Iniciada en Nueva York, Estados Unidos, fue la primera crisis financiera del capitalismo moderno, las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas, la especulación con las acciones de bancos, minas y ferrocarriles y la falta de regulación financiera, situación que provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas impactando las economías de los países menos desarrollados como México.
La situación económica afectó a las clases altas y medias (hacendados, comerciantes, rancheros e industriales), pero principalmente a las clases bajas, que como siempre, resistieron la crisis, agravándose los problemas sociales y políticos. Hacia 1907 muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas, aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces.
Al igual que en los países industrializados surgió en México una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos desafiando la prohibición establecida por el gobierno.
En el grupo dominante se dieron importantes fracturas, la crisis económica y la falta de oportunidades políticas provocaron la ruptura entre el grupo financiero de la Ciudad de México encabezado por el ministro de Hacienda, José Ives Limantour, y el grupo de hacendados e industriales norteños que se aglutinaron en torno al general Bernardo Reyes. La oposición más sistemática y radical desde 1900, se dio a partir del surgimiento del Partido Liberal Mexicano (PLM) y sus órganos de difusión como Regeneración. En 1907 el presidente Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman, donde manifestó su intención de retirarse del poder y afirmó que el país estaba preparado para la democracia, por lo cual vería con agrado la formación de partidos políticos para participar en las elecciones de 1910. Uno de los movimientos importantes, fue dirigido por el rico empresario y terrateniente coahuilense Francisco I. Madero, quien se convirtió en el representante de los intereses políticos de la burguesía terrateniente norteña y de la pequeña burguesía urbana. La formación del Partido Antirreleccionista con Madero a la cabeza, estableció un programa liberal democrático cuyos puntos fundamentales fueron la no reelección y el respeto al sufragio efectivo, con los cuales logró conjuntar amplios sectores de la población.
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