El Banco de Luxemburgo ha tomado medidas legales significativas, revelando acusaciones y acciones judiciales en un caso que involucra a la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana. Según ha desvelado Vanitatis, el Banco de Luxemburgo afirma que Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, contrataron a "testaferros", es decir, contaban con personas que prestaban su nombre en contratos o negocios que en realidad eran de la pareja.
Ante estas circunstancias, la entidad bancaria ha pedido el ingreso en prisión de la pareja, al acusarlos de "reiteración delictiva" y de aprovechar su libertad para un "agravamiento del alzamiento de bienes". Se ha señalado que los inmuebles de la pareja no figuraban a nombre de Arantxa, sino de distintas sociedades. Además, las últimas propiedades del matrimonio cambiaron de manos cuando Sánchez Vicario y Josep Santacana no tenían capacidad legal para venderlos, debido a una prohibición impuesta por el Banco de Luxemburgo, al que deben dinero desde hace ocho años.
El escrito de apelación, al que ha tenido acceso Vanitatis y que fue presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona por el Banco de Luxemburgo, detalla la situación. "Los querellados desobedecieron al juzgado, cambiaron al anterior liquidador y nombraron a una nueva liquidadora de la sociedad, que, desobedeciendo la prohibición judicial, y abiertas las diligencias por vaciamiento patrimonial, vendieron el último inmueble que les quedaba, en la avenida Diagonal, con sus plazas de garaje, por precio vil, haciendo desaparecer el dinero", explica el documento, solicitando, otra vez, que la pareja sea encarcelada de manera preventiva.
Origen de la deuda y acciones legales previas
La entidad bancaria ya se querelló contra Sánchez Vicario hace casi dos años por la deuda pendiente de 7,5 millones y solicitó su ingreso en prisión. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que admitió a trámite la querella y la está investigando, no halló motivos suficientes que indiquen que Sánchez Vicario quiera sustraerse a la acción de la justicia.
El origen de esta causa penal que afronta la tenista se remonta a 2009, cuando el Tribunal Supremo la condenó a pagar una multa por fraude fiscal. La Agencia Tributaria cobró esa cantidad gracias a un aval del Banco de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero con un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo. Fue en esta entidad donde la deportista guardó durante muchos años la fortuna que construyó gracias a los triunfos de su carrera deportiva, lo que explica la implicación directa del Banco de Luxemburgo en este prolongado litigio financiero.
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