En España coexisten centros de titularidad pública y privada. Todos tienen el derecho a la educación. La educación y la enseñanza son derechos constitucionales de todos los españoles. El modelo constitucional educativo español actual cumplió treinta y tres años de vigencia en 2018. La necesidad de superar el pasado llevó al constituyente del 78 a redactar un artículo (el 27 CE), cuyo rasgo más destacado es la integración dialéctica que contiene en su seno del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Este expresa, a su vez, la dialéctica relación entre los valores de igualdad y libertad. La existencia y convivencia de ambos no resulta incompatible si se entiende que su fin primordial no puede ser otro que el libre desarrollo de la personalidad del verdadero titular del derecho a la educación en libertad e igualdad, que es el menor de edad. La Constitución española reconoce además el derecho de los padres para elegir libremente la educación de sus hijos y el derecho a que estos reciban una educación moral y religiosa de acuerdo a las creencias y convicciones de sus padres. Establece la gratuidad de la educación básica, así como su obligatoriedad.
Clasificación y Cifras de la Educación Privada
Los centros privados pueden impartir todas las enseñanzas no universitarias. El MEFD, junto con las administraciones autonómicas, establece los requisitos generales que todos los centros privados deben cumplir. Algunos centros pueden tener excepciones por características sociodemográficas, ruralidad, ubicación en cascos históricos o impartición de varias etapas.
Los centros privados no concertados pueden elegir libremente su denominación salvo coincidencia con centros públicos. Por otra parte, los centros concertados pueden definir su carácter propio dentro del marco constitucional.
Estadísticas del Sistema Educativo Español (Curso 2023-2024)
| Tipo de Centro (No Universitario) | Número de Centros | Porcentaje del Total de No Universitarios | Porcentaje de Centros Privados |
|---|---|---|---|
| Total Centros No Universitarios | 28 710 | 100 % | - |
| Centros Privados (Total) | 9 385 | 32,69 % | 100 % |
| Centros Privados Concertados | 5 854 | 20,39 % | 62,38 % |
| Centros Privados No Concertados | 3 531 | 12,30 % | 37,62 % |
En el ámbito universitario, la coexistencia también es notable:
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| Tipo de Universidad | Número | Porcentaje del Total |
|---|---|---|
| Total Universidades con actividad | 91 | 100 % |
| Universidades Públicas | 50 | 54,95 % |
| Universidades Privadas | 41 | 45,05 % |
| Universidades No Presenciales (Total) | 7 | - |
| Universidades No Presenciales (Públicas) | 1 | - |
| Universidades No Presenciales (Privadas) | 6 | - |
El Sistema de Conciertos Educativos y su Financiamiento
El sistema actual tiene su origen en el art. 27 de la Constitución Española y la LODE. Uno de sus rasgos más destacables es la financiación estatal de los establecimientos docentes privados que reúnan las condiciones exigidas por la ley. Los conciertos educativos financian con fondos públicos a centros privados que cumplen condiciones legales, principalmente en enseñanzas obligatorias. Su finalidad es asegurar la gratuidad donde no haya suficientes plazas públicas y facilitar la libertad de elección.
El sostenimiento económico público de los centros privados constituye un ejemplo de un derecho constitucional de configuración legal. El legislador ha articulado este derecho a través de un sistema de conciertos educativos que suscita muchos interrogantes, sobre todo por su otorgamiento restrictivo, al estar supeditado a la planificación educativa estatal.
Condiciones y Requisitos para Centros Concertados
La duración mínima de los conciertos educativos es de seis años en primaria y cuatro en el resto, vinculada al cumplimiento de requisitos. Los centros concertados deben impartir gratuitamente las enseñanzas concertadas, ofrecer actividades complementarias y servicios voluntarios y no lucrativos, contar con Consejo Escolar, aplicar los mismos criterios de admisión que los centros públicos, someter la selección del profesorado a control, mantener una ratio similar a la pública y cumplir requisitos de calidad. Ello significa que la financiación pública debe estar condicionada a que los centros cumplan determinados requisitos como: la gratuidad de la enseñanza, y el establecimiento de las condiciones necesarias para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas.
Regulación y Autorización de Centros Privados
Todos los centros privados deben cumplir las mismas condiciones que los demás centros. La autorización exige el cumplimiento de los requisitos materiales y de calidad establecidos en el Real Decreto 640/2021, reforzados por las modificaciones introducidas por el Real Decreto 905/2025. Entre estos requisitos se incluye la presentación de un proyecto global de docencia e investigación, así como el cumplimiento de criterios mínimos relativos al tamaño de la institución, la oferta académica, la composición del profesorado y la actividad investigadora. Organizativamente, cuentan con personalidad jurídica propia y elaboran sus normas internas y órganos de gobierno conforme al marco general aplicable, que tras la reforma incorpora mayores exigencias de calidad, transparencia y estructura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
Debates sobre la Libre Elección y el Papel del Estado
La primera de las libertades educativas a la que apelan los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo es la elección de centro por parte de las familias. A este respecto, lo primero que quiero aclarar es que no existe un derecho constitucional a la libre elección de centro educativo. Se trata de una facultad que deriva del derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del artículo 27.3 CE que, como es sabido, no es un derecho de prestación sino una libertad pública.
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En consecuencia, a diferencia de lo que los partidarios de la educación privada defienden, considero que las familias pueden mostrar su preferencia por un determinado centro educativo. Esta preferencia debe ser tomada en consideración por los poderes públicos, pero no es vinculante. Los datos demuestran que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. En España se ha producido en la última década una preocupante concentración del alumnado socialmente vulnerable en la escuela pública. Nueve de cada diez centros que concentran a alumnado desfavorecido son públicos.
Apoyándose en una interpretación extensiva de la libre elección de centro, la anterior Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa, subordinaba el diseño de la red de centros escolares a la llamada demanda social. De modo que, si las familias solicitaban más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debía realizar más conciertos, lo que colocaba a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada. Conviene recordar a este respecto la singularidad de España frente al resto de los Estados de la Unión Europea, pues sólo Malta y Bélgica nos preceden en número de centros concertados, siendo la educación pública la claramente prioritaria en todos los demás países.
Con el fin de revertir esta realidad, la nueva Ley Orgánica, 3/2020, LOMLOE, elimina el concepto de “demanda social” y establece el deber de las administraciones educativas de promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Medidas que estimo acertadas porque considero que una interpretación que promueva las llamadas “preferencias paternas” como eje del sistema se compadece mal con el modelo educativo diseñado por la CE.
Si bien es cierto que el artículo 27.9 CE establece un mandato constitucional de ayuda a los centros docentes por parte de los poderes públicos, la más temprana jurisprudencia del TC clarificó que “el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. La concertación de la escuela privada no puede estar estrictamente subordinada a las preferencias paternas pues en esta materia los poderes públicos deben seguir las orientaciones que la propia Constitución impone para el gasto público en general.
El "Pin Parental" y el Currículo Oficial
El artículo 27. 3 CE es reclamado, también, con el fin de auspiciar determinadas exenciones paternas a que sus hijos cursen materias o actividades del currículo oficial y el llamado “pin parental”. La Constitución deja poco espacio a las conciencias paternas cuando éstas no concuerdan o se sienten incómodas con los contenidos curriculares obligatorios, sean estos troncales o complementarios. Ello es lo que explica que el TEDH haya rechazado reiteradamente posturas similares.
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Frente a posturas que ven en ello una suerte de “dirigismo cultural” por parte del Estado, la jurisprudencia de Estrasburgo ha reiterado que el adoctrinamiento estatal queda ahuyentado cuando los poderes públicos, en el cumplimiento de sus funciones educativas, supervisen y fiscalicen que las materias y conocimientos que forman parte del currículo educativo oficial sean expuestos y transmitidos de manera “objetiva, crítica y pluralista”. Lo que viene a significar que el Estado puede libremente incluir en el currículo educativo materias o contenidos susceptibles de contrastar con las ideas o creencias de los progenitores, siempre que se garantice su tratamiento neutral. La educación es el principal instrumento de socialización y una herramienta imprescindible para la convivencia democrática. Por lo que habilitar jurídicamente a los padres para oponerse a que sus hijos menores participen de las materias y actividades obligatorias sobre la base de sus conciencias, resulta una interpretación inadecuada por excesiva del artículo 27.3 CE, en detrimento del derecho a la educación integral de éstos.
Estructura de la Educación en España
La educación básica en España es obligatoria y gratuita para todas las personas. Se desarrolla a lo largo de 10 cursos académicos que, en principio, se corresponden con la etapa de los 6 a los 16 años.
- La educación infantil (entre los 0 y los 6 años) tiene carácter voluntario. Hasta los 3 años es de pago y no se ofrece en todas las localidades, aunque en muchas localidades existen centros concertados que están parcialmente subvencionados.
- La educación primaria (entre los 6 y los 12 años) tiene carácter obligatorio. La educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno, desde los seis a los once años de edad, por lo que consta de seis cursos académicos.
- La educación secundaria (separada en una parte obligatoria y otra posobligatoria). La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) consta de cuatro cursos, entre los 12 y los 16 años. Igualmente, es sufragada mediante impuestos en instituciones públicas y concertadas.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales concretando la estructura de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Existían estudios de primer ciclo (Diplomado, Maestro, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico), estudios de primer y segundo ciclo (Licenciado, Arquitecto o Ingeniero), y estudios de tercer ciclo (programas de doctorado). Además, existían títulos propios, que eran estudios no reglados conducentes a una titulación no oficial, reconocida solo por la universidad que los impartía.