A partir de los años 1990, la minería en México se expandió aceleradamente. Entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46,048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban 1,531 proyectos en el país. El nexo con el tema que estudiamos es que el texto expone la expansión de las empresas mineras transnacionales, principalmente canadienses, sobre el territorio nacional. Además, señala prácticas de evasión fiscal a las que suelen recurrir estas empresas. Más que ningún otro país, Canadá se ha beneficiado de la aurificación de la minería en el país.
Expansión y Dominio de la Minería Canadiense en México
Esta nueva etapa de la minería en el país se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y la plata, que se lleva a cabo en el 70% de las minas que operan en el país. De estas, el 68% son propiedad de corporaciones canadienses. La minería en México extrae más de 70 mil kilogramos de oro anuales, que representan 64 mil millones de pesos. Tan solo las 10 minas de oro más grandes extraen cerca de 60 mil kilogramos y, considerando que seis de estas minas son canadienses, casi 60% del oro extraído es propiedad de mineras canadienses, equivalente 35 mil kilogramos aproximadamente.
Las empresas canadienses también toman tres de los lugares en la lista de las 10 minas más importantes de plata en México, con las minas: La Colorada, en Zacatecas, de Pan American Silver; San José en Oaxaca, de Fortuna Silver, y San Dimas en Durango, de First Majestic. En México, alrededor de 75% de las concesiones mineras otorgadas en administraciones pasadas fueron a mineras extranjeras, la mayoría canadienses. En México operan 238 empresas con capital extranjero, de las cuales 153 son de Canadá, 32 de Estados Unidos, 14 de China y nueve de Australia. En 25 estados de México existen 1,177 proyectos mineros de compañías extranjeras, de los cuales 503 están en etapa de exploración, 96 en producción y 49 en etapa de desarrollo.
Por su parte, la minera mexicana Fresnillo es propietaria de las minas “la Herradura” (produce cerca de 13,700 kg anuales) y Noche Buena (produce 3,600 kg), ambas ubicadas en Sonora.
El Marco Legal y Sus Consecuencias
La Ley Minera, publicada en 1992, en la antesala de la firma del TLCAN, dio enormes facilidades y privilegios a las mineras. Con la Ley Minera aprobada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y vigente hasta hoy, México pasó a ser uno de los países del mundo con mayores facilidades para la extracción de minerales sin dejar beneficios para el pueblo mexicano. Dicha Ley dio la posibilidad a los titulares de concesiones de operar hasta por 100 años en los territorios concesionados y permitió la especulación financiera con las concesiones, es decir, la especulación con los bienes públicos de México.
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Cabe reconocer que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han otorgado nuevas concesiones mineras, aunque la presión de las corporaciones, que en el caso de las canadienses han sido activamente impulsadas desde la embajada de su país, no se ha dejado de sentir. No obstante, nuevos proyectos mineros han empezado en estos años, al cobijo de una ley contraria a los intereses reales del pueblo de México.
Impacto Económico y Evasión Fiscal
Las enormes ganancias de esta explotación no se reportan cabalmente a las autoridades mexicanas y contrastan con su ínfima contribución al bien público: escasos empleos y reducidos impuestos. Por ejemplo, en el año 2019, los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas el 0.13% de la recaudación total del gobierno federal por actividad económica; para 2020 la minería aportó 0.32%; para 2021 0.97%.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha acusado a las mineras canadienses de no pagar los impuestos, ocupar las tierras y precarizar a su fuerza trabajadora en México. La empresa First Majestic Silver Corp, con sede en Vancouver, enfrenta un reclamo tributario del gobierno mexicano por 11 mil millones de pesos debido a un fraude fiscal, pero la empresa eligió acudir a tribunales internacionales para eludir el cobro. El adeudo de impuestos derivados de cotizaciones a la baja del precio de la plata con maniobras artificiales fue detectado desde el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo ni este ni el de Enrique Peña Nieto realizaron gestiones para el cobro. En enero de 2022, Raquel Buenrostro, responsable del Sistema de Administración Tributaria, dio a conocer a medios que First Majestic Silver Corp eligió acudir a tribunales internacionales para eludir el cobro con el argumento de “trato discriminatorio” de parte del gobierno mexicano.
La minera canadiense Almaden Minerals, que opera en México bajo la subsidiaria Minera Gorrión, inició un procedimiento internacional de arbitraje contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el que reclama una indemnización por 200 millones de dólares por las afectaciones económicas que generó la cancelación de las concesiones mineras para explotación en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Almaden Minerals señala que desde el pasado 14 de marzo notificó al Gobierno su intención de presentar un reclamo por violaciones al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
Repercusiones Sociales y Ambientales
Esta destrucción se genera en zonas cuyos habitantes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, quienes lejos de mejorar su situación económica y su calidad de vida, como reza el discurso empresarial que promueve la minería como motor del desarrollo, han visto cómo se profundiza su desigualdad y se generan problemas adicionales, entre ellos la ruptura del tejido social y los desplazamientos forzados. En los 10 municipios mexicanos con la mayor producción de oro y plata los niveles de pobreza y pobreza extrema son mayores que los del promedio del país.
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La situación de conflicto legal ha redundado en una baja de los presupuestos que la minera destina a los contratistas que realizan la extracción de mineral. Es el caso de la constructora guanajuatense La Cantera Desarrollos Mineros, propiedad del empresario Guillermo Ernesto Webb Cruces, que tiene a su cargo las minas Santa Elena y el Ermitaño en la cuenca del río Sonora. Obreros de la empresa entrevistados en Banámichi, Sonora, señalaron que enfrentan jornadas laborales de 12 horas diarias durante 20 días, con la indicación de trabajar a destajo a más de 500 metros de profundidad con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Los mineros saben que se trata de un trabajo en condiciones extremas, con jornadas que exceden las de ley en condiciones extenuantes al desempeñarse en túneles que mantienen temperaturas difíciles de soportar, con buena paga y sin respeto a las prestaciones mínimas. Al igual que en Banámichi, los mineros contratados son trasladados a emporios mineros en Coahuila, Estado de México, Durango y Guerrero; duermen en campamentos incómodos y reciben alimento de baja calidad. Las jornadas son de 12 horas y se trabaja 20 días seguidos por diez de descanso.
Juan Manuel, un trabajador de la mina, señaló que hay un incumplimiento de las condiciones que le fueron ofrecidas cuando se contrató en Guanajuato. La existencia de penalizaciones o la sola amenaza de que estas lleguen, está provocando una creciente presión sobre los trabajadores: “los contratos son de 20 días de trabajo por diez de descanso, pero al ser turnos de 12 horas, terminas molido. “En la minería la primera regla es no hablar de las irregularidades, no quejarte. “Yo digo que por lo pesado de las jornadas de trabajo y por el calor que hace allá abajo, se dan los errores. Hace unas semanas un chofer de una tolva se quedó dormido y no salió de la mina a la hora que se disparó. No le pasó nada porque no se tumbó en la zona donde se quedó dormido, pero el error le valió el despido inmediato. Los mineros confirman la irregularidad en los pagos.
Un proveedor de alimentos, en una pequeña fonda que prepara 100 “lonches” al día a 70 pesos cada uno de ellos, se queja de que no les acepten aumentos cuando los insumos les cuestan más, además de que los pagos se tardan en llegar. Un corto circuito en una toma de electricidad al parecer clandestina estuvo a punto de provocar un incendio en el campamento donde se alojan los trabajadores. La concesión a la minera canadiense es inmensa, según la página de la empresa es de 102 mil 220 hectáreas, superior al territorio de Banámichi que es de 80 mil 700 hectáreas.
María Eloina Lugo Hernández es alcaldesa de Huépac, municipio colindante de Banámichi, es una maestra jubilada que ha convivido toda su vida con los beneficios y las afectaciones de la minería. Reconoce los beneficios de la actual bonanza, pero también sabe que hay temporada de vacas flacas cuando se acaba el metal, entonces lo que dejan las mineras son solo problemas. “Las mineras generan empleo, lo que es muy bueno, pero también causan problemas, como el daño a los caminos, a la carretera estatal, por el tráfico pesado, entonces les pedimos que apoyen para repararlo. Huépac y Banámichi forman parte de los municipios afectados aguas abajo por el derrame de la presa de jales de Cananea, sobre el río Sonora. El derrame de desechos tóxicos al río Sonora ocurrido en 2014, aún tiene secuelas: el pasado 13 de septiembre una brigada médica del gobierno estatal atendió en el centro de salud de Banámichi a personas que siguen padeciendo problemas de salud por esa causa.
La alcaldesa agrega que “Sé que en Banámichi les acaba de dar la minera 17 mil pesos a cada ejidatario, pero eso no es nada en relación a los beneficios que obtiene la minera, eso es lo que yo creo, aunque no tengo los datos exactos de ello”. El pueblo se transforma por la presencia de los mineros. Además de la minería otras actividades económicas importantes son la ganadería, la apicultura y la agricultura.
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Resistencia, Conflictos y Demandas de Justicia
#CambiémoslaYa reúne a pueblos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio que buscan reformas profundas en la Ley Minera. Más información en: www.cambiemoslaya.org.mx y en asisevelamineria.org.mx.
En el marco del segundo aniversario de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe documenta más de una decena de violaciones a los derechos humanos en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero. La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal, como ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. El caso de San José del Progreso es un ejemplo de imposición de proyectos a través de la violencia que se vive en muchos estados de la República mexicana.
Desde 2008, se han organizado múltiples acciones para frenar la actividad minera en el municipio de Chicomuselo, advirtiendo que las minas impactan de forma negativa el medio ambiente y la salud de las personas que habitan en las zonas donde hay extracción. Existen 16 concesiones en el municipio, explotación minera de barita, oro y antimonio, por parte de la compañía canadiense Blackfire Exploration. Como consecuencia de las movilizaciones que demandaban el cierre de la explotación minera, es asesinado en 2009 el activista Mariano Abarca Robledo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Por dicho asesinato, el gobierno estatal clausuró las actividades mineras que se iban desarrollando. En febrero del 2012, campesinos e indígenas pertenecientes a 78 ejidos de 11 municipios de la Sierra y la Costa de Chiapas conformaron “Guardias Civiles de Autodefensa”, con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras en la entidad. El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García denunció, en agosto de 2013, la oferta de promesas de proyectos de obra social, como carreteras y clínicas, por parte de la empresa minera Montecristo a ejidos del municipio, a pesar de lo acordado en el 2009. Además, en septiembre de 2013, denunciaron que Fernando Coello, el abuelo del actual gobernador Manuel Velasco Coello, anunció de forma intimidatoria que él va a ser quien explote los recursos mineros del municipio. Por otra parte, la REMA denunció que la actividad minera en Chicomuselo se ha reiniciado en el ejido de Santa María desde el 19 de enero de 2014. Y en marzo de 2010, la REMA dio a conocer las pruebas de los cheques que la empresa Blackfire Exploration entregó al entonces presidente municipal Julio César Velásquez, en el año 2009 cuando es asesinado Mariano Abarca.
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