Un estímulo fiscal es un beneficio otorgado por el gobierno que permite reducir, diferir o recuperar impuestos con el objetivo de incentivar ciertas actividades económicas. Los estímulos fiscales son herramientas utilizadas por el gobierno para promover el crecimiento económico. Los estímulos fiscales pueden presentarse de distintas formas.
El propósito de los instrumentos económicos o estímulos fiscales es la de incentivar a los particulares y fomentar una conducta con enfoque del desarrollo sustentable. Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental.
La Problemática Ambiental y la Respuesta Global
La problemática ambiental es cada día más grave y ha atraído la atención de científicos, académicos y jefes de gobierno. Las actividades realizadas por el ser humano son en gran parte responsables por el deterioro ambiental. Entre estas actividades nocivas tenemos: deforestación, fragmentación de ecosistemas, extinción de especies, la producción desmedida de residuos sólidos, especies invasoras. Estas acciones en conjunto, además de otros factores, han contribuido al fenómeno del cambio climático.
A nivel internacional, esfuerzos por mitigar los problemas ambientales han culminado en conferencias internacionales, convenciones y la negociación de tratados internacionales. A nivel nacional, el gobierno ha producido legislación ambiental sofisticada para hacer frente a estos retos. Las entidades federativas también, dentro de sus áreas de competencia, tienen legislación moderna que considera fenómenos modernos como el cambio climático.
Otra herramienta que recientemente está siendo usada para contribuir a la conservación ambiental es el estímulo de carácter fiscal a empresas por certificaciones “verdes”. Los problemas ambientales se pueden interpretar, desde el punto de vista económico, como resultado de fallas en los mercados, carencia de información, diseños institucionales y de política, que se traducen en la transferencia de costos de quienes los provocan hacia otros sectores de la sociedad o incluso, a las generaciones futuras.
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El objetivo de este trabajo es analizar el potencial de los estímulos fiscales en la conservación ambiental y su implementación efectiva en Tamaulipas. La política ambiental en el país y en el estado busca visualizar las reglamentaciones existentes y la relación gobierno-gobernado y medio ambiente.
Evolución de la Política Ambiental en México
Los países del continente Europeo son cúspide en la implementación de mecanismos para la protección del medio ambiente. Entre los ejemplos más destacados se encuentran las reformas constitucionales de España, así como gigantescos esfuerzos que realiza la Comunidad Europea para cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. Por lo que respecta a México, aun cuando en lo relativo al medio ambiente no se le da la atención debida, cuenta con las herramientas necesarias para la implementación de la política ambiental, como lo son instrumentos fiscales entre los que se encuentran los estímulos fiscales.
A lo largo del tiempo se han podido observar diversos marcos jurídicos en relación a la materia ambiental, para ello fue necesario plasmar por etapas la evolución de la política en el medio ambiente.
Primera Etapa: Enfoque Sanitario
La primera etapa tiene un enfoque “sanitario”, entendiéndose por salubridad como el conocimiento de las condiciones sanitarias del ambiente natural de la población. Es dentro de esta etapa, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando se empieza a poner especial énfasis en el tema ambiental, dando lugar en 1971 a la primera legislación contra la contaminación en México, llamada Ley para la Prevención y el Control de la Contaminación, la cual en un apartado especial ofrecía estímulos fiscales y otros incentivos para la descentralización de industrias. En 1972 se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SSMA), que dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; sin embargo, la SSMA tuvo limitaciones que hicieron la cuestión ambiental sólo un discurso simbólico.
Segunda Etapa: Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico
En la segunda etapa, la política ambiental adquirió un enfoque integral hacia la preservación y restauración del equilibrio ecológico, creando en 1982 una ley ambiental más rígida a la anterior, llamada Ley Federal de Protección al Ambiente, en la cual se instituía la facultad del gobierno para clausurar industrias que no instalaran equipos para el control de la contaminación y estableciendo penas privativas de la libertad de seis meses a 5 años a los ejecutivos de las corporaciones que violaran la misma, además esta obligaba tanto a dependencias de gobierno como a las industrias a presentar las correspondientes declaraciones ambientales de acuerdo a su rama. En año 1983 se instituye por primera vez en el plan nacional de desarrollo el tema ecológico, llevándose a cabo la creación de la primera dependencia ambiental dentro del gabinete presidencial, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), la cual prometía ser una dependencia efectiva para tratar los asuntos ambientales, sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado.
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Tercera Etapa: Desarrollo Sustentable
En la tercera etapa, la política ambiental adquiere un enfoque de “desarrollo sustentable”, en el cual se plantea la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y políticas ambientales de nuestro país desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. En el sexenio de 1994-2000, se generaron nuevas medidas que tendieron a corregir las rigideces y el tratamiento “de choque” que tuvo la política en su fase inicial. Apareció de modo claro una coherencia con la temática internacional: la certificación y el circuito de negocios ambientales. Con la creación en 1994 de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), por primera vez existió en la administración pública un organismo que reunía la gestión de los recursos naturales renovables con la del medio ambiente. A esta secretaría se le encarga coordinar la administración y aprovechamiento de los recursos naturales, y su proyecto se inscribe en el discurso del desarrollo sustentable. A partir de 2000 se desincorpora el ramo pesquero y se transforma la secretaría en SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Se creó el Programa Sectorial del Medio Ambiente (2007-2012). Se implementaron leyes federales para la protección del medio ambiente, en el 2003 la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, en 2004 la Ley de Aguas Nacionales, en 2005 la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Bioseguridad. El plan nacional de desarrollo 2007-2012 en su eje rector número 4 abordó estos temas.
Ante los diversos cambios medioambientales, demográficos, culturales, el país tuvo la necesidad de incorporar y modificar la política ambiental como parte del plan nacional de desarrollo, creando además leyes y dependencias especializadas en el resguardo del medio ambiente y recursos naturales. El papel que juega la política ambiental en México es indispensable, ya que de ella dependen los resultados favorables que se ven repercutidos principalmente en el entorno natural, sin embargo, también trae consigo beneficios de carácter social, económico, entre otros, por ello es sumamente importante que se lleve a cabo a través de una adecuada implementación para que se logre el objetivo deseado de una manera satisfactoria. En México, las principales políticas ambientales se establecen por la vía legislativa. Dicha ley al haber sido instaurada tras una larga y constante lucha para lograr un marco legal conveniente, el cual regulara de manera adecuada y con rigor los asuntos ambientales en México, es considerada como el instrumento rector de la política ambiental. Por ende y de acuerdo a la misma el gobierno de nuestro país tiene el deber de tomar en cuenta lo referente al medio ambiente para efectos del plan de desarrollo nacional. El artículo 16 de la misma ley establece "las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, observaran y aplicaran los principios a que se refieren las fracciones I a XV" del artículo 15 de dicho ordenamiento jurídico. En virtud de ello, federación, estados y municipios tienen la obligación correlativa de llevar a cabo las medidas pertinentes para la adecuada implementación de la política ambiental. De lo anterior podemos inferir que el avance en materia ambiental es evidentemente benéfico, como lo es por ejemplo la existencia de la citada ley, sin embargo, hace falta un realce en el enfoque de determinados aspectos importantes en materia ambiental, entre los cuales figuran educación ambiental, auditorías ambientales, estímulos fiscales.
Características y Esquemas de los Estímulos Fiscales Ambientales
Los estímulos fiscales en materia ambiental poseen dos características particulares: la extrafiscalidad y la neutralidad. El primero se entiende que no se establece con el ánimo o deseo de producir ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta, de carácter social, económico, o de otra índole. El principio de equidad admite excepciones y que esas excepciones deben estar justificadas con fines extrafiscales de interés público, siendo claramente la preservación del medio ambiente un fin extrafiscal más que justificado que puede y debe dar origen a la figura de las exenciones.
Los estímulos fiscales generalmente, se llevan a cabo bajo los siguientes esquemas:
- Exención
- No causación
- Deducciones
- Créditos o acreditamientos
El Código Fiscal de la Federación prevé en los artículos 25 y 25-A que se pueden acreditar los estímulos a que se tenga derecho si se cumple con los requisitos que establece la mencionada disposición aunados a los requisitos que estén señalados en los ordenamientos legales que concedan dichos estímulos. Solo se podrán acreditar hasta el monto de los pagos de impuestos que efectivamente se deban pagar. Si el estímulo es mayor al importe de la contribución a pagar, solo se acreditará el estímulo hasta el importe del pago. Esto deberá ser en un plazo no mayor a cinco años que se contaran a partir del último día en que venza el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho de obtener el estímulo; o bien, a partir del día siguiente a aquel en que nazca el derecho a obtener el estímulo cuando el contribuyente no tiene la obligación de presentar declaración del ejercicio. Cuando se acrediten o reciban indebidamente estímulos a los cuales no se tuviera derecho, se deberá reintegrar la cantidad ilegalmente recibida, más recargos y actualizaciones que se calcularán a partir de la fecha en la que se haya recibido el estímulo y hasta la fecha en la que se devuelva al fisco federal la cantidad recibida indebidamente, en los términos que establece el CFF.
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Factores Impulsores y Ejemplos de Estímulos Fiscales
Dos factores han sido decisivos en el impulso de los estímulos fiscales en materia ambiental: la cobertura en los medios de comunicación y concientización social respecto a los problemas ambientales como el cambio climático o la extinción de especies, adicionalmente, crisis económicas mundiales y fenómenos de desaceleración mundial. La importancia de la concientización no solo de las empresas sino de la sociedad en general de que es fundamental conservar el medio ambiente, ha originado que las empresas no solo busquen ser amigables con la naturaleza, sino además que las empresas busquen hacer llegar a los consumidores de sus productos o servicios que son empresas socialmente responsables, que invierten recursos para cuidar el medio ambiente. Así tenemos que las empresas deben ver a la condición de empresas amigables del medio ambiente como una ventaja competitiva para con las empresas que no lo son y por ello su condición debe convertirse en un móvil no puramente de conciencia social, sino de conveniencia económica.
En relación con el medio ambiente, los estímulos fiscales se encuentran establecidos dentro de los instrumentos económicos de la política ambiental, plasmados en los artículos 21 y 22 de la LGEEPA. Los instrumentos económicos son ciertas medidas de carácter financiero y fiscal que ayudan a fomentar, motivar o incentivar la conducta de los individuos para reducir la contaminación y degradación de los recursos naturales. Por su parte, los estímulos son una herramienta de valor trascendental, ya que consolidan no solo la protección al ambiente sino que contribuyen a la economía nacional, esto a través de la implementación de tecnología limpia versus reducción de la carga impositiva. Así, entre los instrumentos económicos con que cuenta nuestro gobierno para hacer frente a los problemas del medio ambiente hay de tres tipos: los económico-fiscales, los de mercado y los financieros. Esta tendencia utiliza como complemento tributos o gravámenes, exenciones, desgravaciones y estímulos que fomenten la protección del medio ambiente. En el ámbito Estatal se encuentran establecidos en el Código de Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas (CDSET), los estímulos fiscales e incentivos económicos. En el país se encuentran plasmados diversos estímulos fiscales en las legislaciones.
Un incentivo importante que se introdujo en 2006 consiste en que las Personas Morales y Físicas que realicen actividades empresariales pueden efectuar la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos que sean activos fijos durante el ejercicio en que se efectúe la inversión. Esta opción sólo podrá ejercerse en el caso de inversiones en bienes que se utilicen de manera permanente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso obtengan la constancia respectiva por parte de la SEMARNAT, que es la dependencia facultada para emitir constancia de que las empresas asentadas en las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey emplean tecnologías limpias. Esta opción no puede ejercerse en el caso de autobuses, camiones de carga, tracto camiones y remolques. Otro ejemplo de estímulo fiscal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta es la depreciación inmediata.
Al otorgar esta clase de incentivos el Estado busca mediante el sistema impositivo del país, lograr un mayor crecimiento económico promoviendo actividades que tengan como efecto un subsidio concedido a las empresas, logrando además el bienestar de la población, al utilizar dichas empresas tecnología amigable. La implementación de los instrumentos económicos, y a su vez, de los estímulos fiscales, se enfrenta a una serie de obstáculos institucionales, puesto que su distribución se encuentra plasmada en la ley que lo otorga, y ante tal circunstancia resulta sumamente complicado, tener conocimiento de cuál estímulo será aplicable al caso concreto; no solo en el sentido del ámbito de acción del regulador, sino además en términos jurídicos y del costo de la concertación requerida, dificultando que puedan cumplir de manera su finalidad, que es motivar el uso de tecnología limpia a través del beneficio de la deducción de la carga impositiva.
