Miles de familias han sido obligadas a huir de sus hogares en Sinaloa debido a la violencia que afecta a gran parte del territorio estatal. Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, el abandono institucional y la burocracia de un Estado que no asume su responsabilidad han convertido el desplazamiento forzado en una herida que se enquista mientras las víctimas sobreviven. Llegaron a Culiacán con la esperanza de encontrar apoyo; sin embargo, únicamente encontraron silencio institucional: funcionarios que evaden, ventanillas que se cierran y un gobierno del estado más dispuesto a negar que a escuchar. Cientos de familias desplazadas han tomado parte en estas protestas y han denunciado públicamente la falta de respuesta del Gobierno estatal.
Testimonios de la Cruda Realidad
Entre pancartas arrugadas y rostros exhaustos, un grupo de familias desplazadas por la violencia espera ser recibido por las autoridades estatales. Llevan semanas, meses y años insistiendo, buscando una respuesta. Pero las puertas siguen cerradas. Nicanor Benítez, quien apenas hace dos meses fue expulsado de su tierra, demanda: “Me sacaron; no tuve oportunidad de traer mis cosas; no traje nada. Me corrieron de la casa. Tenía 85 años viviendo en Vainilla y ahora no tengo nada. Queremos que nos apoye el gobierno, pero no así, con las puertas cerradas”.
Inocencio Félix Bueno, originario de La Pitahaya, se vio obligado a abandonar su tierra en 2021. Él lamenta: “Tenía ganado, mi casa y mis cosas. Pero lo dejé todo. Vendí lo que pude y lo demás lo perdí. Ya tengo credencial de aquí porque la necesito para acceder a apoyos. Me resigné, porque esto ya no se va a acabar”. Esta misma historia la comparten las familias desplazadas de la comunidad de Vainilla, quienes tuvieron que tomar lo poco que pudieron y dejar atrás toda una vida.
Nancy Gizel Arellanes, quien hace cuatro años abandonó Los Laureles en la sierra de Badiraguato, exige: “Llegaron en la noche y nos dijeron que si al amanecer seguíamos ahí ya sabíamos. Salimos con dos mudas de ropa y sin dinero. Todo cambió de la noche a la mañana. Sólo pido un solar para tener nuestra casita”. Hoy vive en Culiacán, junto a su esposo, en una casa de lámina que le prestaron, y su esperanza de volver y vivir tranquilos ha desaparecido. Felipe Benítez, otra víctima, informó: “Dejé todo allá. La verdad aquí ando sufriendo, no veo: tengo un problema en el ojo izquierdo. Aquí ando con mucho esfuerzo, pidiendo que nos escuchen, porque nos dejaron sin nada. Queremos apoyos de vivienda”.
Estas personas forman parte de las familias que huyeron de sus comunidades serranas, de territorios que durante décadas vivieron de la agricultura y la cría de ganado. Hoy, sus casas están vacías. Los animales fueron abandonados, los techos se han deteriorado y los recuerdos quedaron esparcidos entre la maleza de los caminos que recorrieron para huir de las balas y el miedo.
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El Estado Ausente y la Burocracia Ignorante
Las familias desplazadas no son un fenómeno nuevo, pero sí una deuda que crece anualmente. Desde 2012, Sinaloa figura entre las entidades con mayor número de personas forzadas a abandonar su hogar por la violencia. El problema excede la gestión de un sexenio: es estructural. El informe Travesías forzadas aclara que Sinaloa no cuenta con una política integral de atención al desplazamiento interno, y que sus acciones se limitan a respuestas asistencialistas: despensas, subsidios temporales o promesas de lotes que nunca se materializan.
Mientras las cifras aumentan, el discurso oficial se diluye entre tecnicismos y eufemismos. La Secretaría del Bienestar, o “malestar”, como la rebautizan algunas víctimas con amarga ironía, ha sido señalada por censar a personas que no son desplazadas y por desatender a quienes sí lo son. Esperanza Hernández Lugo, desplazada en 2012 junto a 600 familias del municipio de Sinaloa, reveló: “Se supone que este año asignaron 75 millones de pesos (mdp) y nada más se utilizó para despensas, ventiladores y catres. Ya no es lo que yo digo nada más; ustedes lo han registrado. No se ha hecho obra, no hay entrega de viviendas; y esto sigue ocurriendo, las familias siguen huyendo de la violencia”.
Un orador en un mitin frente al Palacio de Gobierno reclama: “Hay mucha indolencia, poca atención. Se han reducido a dar apoyitos que no le resuelven la vida a nadie. ¿Qué pide la gente? Vivienda. Es todo. Estamos arrimados con familiares, sin empleo fijo, pagando rentas altas. Ese humanismo que presume este gobierno debe traducirse en hechos”. El gobierno de Rubén Rocha Moya ha insistido en que la atención a personas desplazadas “es prioridad”. Sin embargo, los hechos contradicen a la narrativa. Las familias que se manifestaron frente a Palacio de Gobierno el pasado 13 de octubre no fueron recibidas, y los funcionarios del Bienestar se negaron a dar declaraciones. Los censos se actualizan a medias y las promesas se reciclan en comunicados. El problema no es solamente la falta de recursos, sino la indiferencia burocrática: el desplazamiento se está convirtiendo en una estadística que no incomoda al poder. Los desplazados han insistido: “Pura reunión y nada concreto. A los desplazados sólo nos dan despensas, cobijas, colchonetas… y creen que con eso se atiende el problema. Lo que necesitamos es vivienda”.
Cifras Ocultas: Una Deuda Creciente
El desplazamiento por violencia en Sinaloa ocurre en un contexto de enfrentamiento entre facciones de los cárteles, que se intensificó en Sinaloa desde septiembre de 2024. Sinaloa se posicionó como el segundo estado con más desplazamientos en México, sólo detrás de Chiapas. Municipios como Badiraguato, Choix, Rosario, Concordia, Mocorito y Sinaloa de Leyva concentran la mayor parte de los casos. Los enfrentamientos por el control de rutas, sierras y comunidades rurales han dejado atrás pueblos fantasmas y caminos bloqueados por la incertidumbre.
El Gobierno estatal ha reportado menos desplazamientos de los que documentan organizaciones civiles, académicas y la Iglesia. Mientras las autoridades reconocen algunos cientos de familias afectadas, los registros independientes plantean miles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advierte que el número real podría ser mucho mayor. Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH de Sinaloa, afirmó: “Existe una cifra negra de desplazamientos que el Estado no ha podido contabilizar”.
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A continuación, se presenta un comparativo de las cifras:
| Fuente de Datos | Cifras de Desplazados Forzados en Sinaloa | Notas Relevantes |
|---|---|---|
| Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) | 3,309 (registro histórico total) | 1,763 familias activas este año; 652 corresponden a Culiacán. |
| Universidad Iberoamericana (Informe Travesías Forzadas 2024) | Más de 6,400 personas (entre septiembre y diciembre de 2024) | Sinaloa es el segundo estado con más desplazamientos en México. |
| Organizaciones Civiles, Testimonios Comunitarios y CEDH | Miles, el número real es significativamente mayor que las cifras oficiales | Se advierte sobre una "cifra negra" de desplazamientos no contabilizados. |
Reconocer el desplazamiento implica aceptar el fracaso del Estado para garantizar seguridad y condiciones mínimas de vida. Involucra, además, asumir la obligación de reparar daños, reconstruir viviendas y garantizar justicia, tareas que históricamente se han postergado.
Un Limbo Legal y la Indiferencia Burocrática
En 2020, el Congreso de Sinaloa aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Sin embargo, cuatro años después, su implementación todavía es fragmentaria. No hay reglamento completo, ni presupuesto suficiente, ni una instancia que garantice derechos básicos como vivienda, salud y educación para las víctimas. En teoría, la Ley reconoce el desplazamiento forzado como una violación a los derechos humanos, pero en la práctica, la mayoría de las víctimas ni siquiera ha sido registrada formalmente.
De los programas estatales anunciados, pocos han llegado a concretarse y muchos de los beneficiarios han esperado años la vivienda prometida. De acuerdo con especialistas, la omisión del Estado no sólo agrava la vulnerabilidad de las familias, sino que perpetúa la impunidad: ninguna investigación judicial ha determinado responsabilidades por los hechos que originaron tales desplazamientos. A decir de Óscar Loza Ochoa, en los últimos años, el desplazamiento en Sinaloa ha mutado: de los episodios masivos en la sierra se ha pasado a un desplazamiento paulatino, silencioso y constante. Cada semana, una o dos familias se van sin hacer ruido ni denuncia o acompañamiento institucional. El fenómeno ha alcanzado incluso zonas urbanas: colonias de Culiacán y Mazatlán registran casos de personas que huyen por amenazas o extorsión. En todos los testimonios, el patrón se repite: violencia, huida y omisión.
La Lucha por la Supervivencia y la Demanda de Vivienda
Las puertas del Palacio de Gobierno jamás se abrieron para los manifestantes. Funcionarios públicos únicamente se limitaron a fotografiar a los manifestantes y censarlos, con la supuesta promesa de buscar una solución a sus solicitudes. Algunos se retiraron a sus casas prestadas, cansados por la falta de respuesta ante lo que inició como la imposibilidad del Estado para garantizarles la seguridad en sus lugares de origen. En la práctica, las familias desplazadas viven en la precariedad urbana, hacinadas en casas rentadas o terrenos irregulares, sin acceso estable a empleo, salud ni educación.
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Cornelia Mercado, quien dejó todo en Los Laureles, sentenció: “Quisiera tener un lugar donde acomodarme; poder decir: aquí voy a estar. Quiero tranquilidad. Pero a como están las cosas, veo imposible volver. No se me hace justo, la verdad no. Esto es muy triste”. Esa frase condensa la paradoja de miles de familias en Sinaloa: no pueden volver, pero tampoco pueden quedarse. El Estado no las protege, ni siquiera las reconoce. En ese intermedio doloroso, aprenden a sobrevivir.