El pueblo de Fraccionamiento Ex-hacienda Catano está situado a 1.6 kilómetros de Magdalena Apasco, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Norte.
Se trata de una casa de dos niveles ubicada en el tranquilo fraccionamiento Catano, en Magdalena, Apasco, Oaxaca. En la planta baja, encontrarás espacio para sala comedor, ideal para recibir a tus invitados o relajarte en familia. Junto a la cocina, hay un área designada para el lavadero, lo que facilita las tareas domésticas. En la planta alta, hay dos recámaras que ofrecen un espacio íntimo y tranquilo para descansar. Esta encantadora casa es ideal para quienes buscan una vivienda compacta en una ubicación apacible en Oaxaca, con todas las comodidades necesarias para una vida cómoda.
Magdalena Apasco: Un Vistazo General
Magdalena Apasco es un municipio de 7522 habitantes (3576 hombres y 3946 mujeres) situado en el Estado de Oaxaca, con un ratio de fecundidad de 2.10 hijos por mujer. El 9.63% de la población proviene de fuera de el Estado de Oaxaca. El 6.00% de la población es indígena, el 2.66% de los habitantes habla alguna lengua indígena, y el 0.01% habla la lengua indígena pero no español. El 84.86% de la gente de Magdalena Apasco es católica, el 58.79% están económicamente activos y, de estos, el 98.93% están ocupados laboralmente.
El Agua y su Legislación en los Valles Centrales de Oaxaca
Los estudios de cómo se ha accedido, manejado, controlado y administrado al agua, como un recurso de vital importancia para los seres vivos, nos enfrentan a discusiones en diversos niveles y planos, que abarcan lo ambiental, lo agrario y lo social en la historia. Por otra parte, los hechos históricos no se dan por sí solos, el conocimiento cotidiano que se crea generación tras generación, en muchas ocasiones se refleja en lo que la legislación marca -al menos en términos regionales-; no debe pensarse que el orden es siempre jerárquico, desde arriba hacia abajo únicamente, más bien considérese la conformación de corpus legales, que en muchos casos se nutren de las propias realidades y prácticas -cargadas de usos y costumbres, tiempo inmemorial-, las que se pretenden ordenar desde “arriba” a través de leyes, reglamentos y decretos, con el fin de evitar se continúe el “desorden” que pudieran percibir los magistrados, juristas, grupos de poder, economicistas, etc.
En este sentido, como bien lo mencionan Olivia Topete y Armando Méndez, retomando un texto de Rosa Congost (2007), es necesario tomar en cuenta que “las decisiones legislativas emprendidas por un Estado no siempre tienen el mismo efecto ni el mismo sentido, por lo que pueden crear nuevas tensiones y conflictos en el campo de las fuerzas reales”. Continuando con la idea, tenemos que “desacralizar” el concepto de propiedad de la tierra y de los recursos naturales en general, a fin de evitar caer en una historia lineal o en una “sobrevaloración a menudo inconsciente” del fenómeno, del Estado nacional y de la importancia de las leyes, lo que nos puede llevar a un juridicismo que subordina a la historia social.
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Con base en la anterior, nos sumamos a una historiografía revisionista, la que en mucho ha retomado los trabajos de Rosa Congost. Bajo los análisis de esta autora se han ido realizando diferentes estudios sobre los derechos de propiedad (agua, tierra, bosques), en los que las “prácticas y usos de éstos son una continua construcción y producto de las relaciones sociales”. Estas investigaciones ponen sobre la mesa una amplia gama de formas y maneras de derechos sobre los bienes, los cuales en muchos casos se sobreponen incluso con elementos de un pluralismo jurídico.
Sin embargo, con el fin de distanciarnos del dualismo humano(s)-naturaleza(s) -pero sin dejar de ser conscientes de los cambios que se dan-, y observando el conflicto no solo como aquel que se presenta únicamente entre dos actores debemos aventurarnos a recapacitar en lo que implican los intermediarios políticos, sociales y económicos, los que diluyen el dualismo de las tensiones sociales, al canalizar las diferencias por “vías institucionales”, aunque no siempre acertadas. De aquí que el objetivo principal de este artículo sea mostrar los ajustes y continuidades que se realizaron a la legislación sobre las aguas, y comprender el papel de los diversos actores sociales en el manejo, acceso, control y administración del agua en los Valles Centrales de Oaxaca (México), así como las negociaciones que se dieron a través de las diferencias y de los acuerdos en torno a dicho recurso.
Los ajustes, en muchos casos, reflejaron las formas en que los distintos actores presentaron y esgrimieron sus argumentos para tener derecho al agua. Sin duda, estos derechos y testimonios se manifestaron en las diversas disputas, negociaciones y vivencias cotidianas en torno a un recurso central para la sobrevivencia de humanos, animales y semillas, lo que en muchos casos se remonta al periodo colonial.
Bajo la óptica anterior, y la de las distintas formas de argumentar los derechos sobre los usos del agua, resaltaremos solamente aquella legislación que emanó del estado de Oaxaca y que refleja los diversos procesos, tendencias políticas y administrativas que comenzaban a imperar en la entidad y en el país. A la par, también pretendemos realizar una contribución a los estudios históricos en torno al agua en México, muchos de los cuáles dialogan con la jurisprudencia federal con el fin de presentar los momentos de centralización, federalización y nacionalización de los afluentes, y cómo respondieron los llamados “usuarios”. Sin embargo, deseamos llamar la atención a la necesidad de abundar y profundizar en los estudios de los recursos naturales para Oaxaca, y, más específicamente, sobre los Valles Centrales, donde la historiografía es escasa.
Llaman la atención los exiguos análisis no solo para el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, existen esfuerzos historiográficos en Oaxaca que nos llaman la atención sobre los reglamentos de aguadores, la salud, y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Oaxaca. A la vez, se ha observado de manera paralela el papel de los ayuntamientos como otorgadores de derechos y usos del agua; se han realizado estudios de los contratos con diversas empresas, como la de los textiles y las generadoras de energía eléctrica.
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En torno al análisis de la legislación en Oaxaca, resalta los esfuerzos por observar las implicaciones de la Ley de aguas de 1905, en términos de las concesiones que implicaría, a decir de algunos autores, una doble centralización, es decir, a la federal se le agregaría la estatal. Sin embargo, habría que adelantar que, básicamente las leyes que se publicaron previamente -no todas versan sobre el agua de manera exclusiva- contenían artículos sobre las aguas municipales o comunes, y estaban sustentadas en formas de derecho administrativo; esto es, son legislaciones que llevaban a la gestión y administración de “manera correcta” de las aguas tanto privadas como públicas.
En términos del escenario, estamos centrándonos en lo que se ha llamado el “Acuífero Valles Centrales”, el que se localiza en la porción centro del estado de Oaxaca y está constituido por tres valles: Etla, Tlacolula y Zimatlán, que convergen en el área donde se ubica la Ciudad de Oaxaca. Comprenden una extensión de 5,940 km2, de los cuales aproximadamente 1,130 km2 conforman la zona de extracción de agua subterránea.
Los dos ríos más importantes de los Valles Centrales -que forman tres brazos en el centro del estado de Oaxaca-, el Atoyac y el Salado, transcurren por un suelo con grandes desniveles, lo que, de hecho, propició la formación de cavernas que hacían “desaparecer” al último río mencionado. El río Atoyac nace cerca de San Sebastián Sedas, en el valle-ex-distrito de Etla, a elevaciones del orden de los 2,000 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m). En su primer tramo toma una dirección general hacia el sureste hasta la Ciudad de Oaxaca, donde ingresa a la zona geohidrológica de Zimatlán y a la altura de San Agustín de las Juntas (ex distrito del Centro) recibe por la margen izquierda las aguas del río Salado, que es uno de sus principales afluentes.
El río Salado tiene una trayectoria que inicia al oeste del municipio de San Pablo Villa de Mitla (valle y ex distrito de Tlacolula). Por otra parte, hay que considerar que la porosidad del suelo impedía grandes obras de infraestructura para la captación y conservación del agua en tiempos de estiaje, por lo que se optaba por “presas provisionales” (tierra, piedras y ramaje), que con la crecida de las avenidas desaparecían. Por ejemplo, en 1928 se comentaba que en Santa María Atzompa (distrito del Centro) que la “práctica se ha seguido desde inmemorial tiempo, [la que] está de acuerdo con las disposiciones del Estado cuando era su jurisdicción”, y seguía siendo utilizado por los pueblos que tenían ejidos en las primeras dos décadas del siglo XX.
A la par, ya sea cavando pozos o en los terrenos a las orillas de los ríos, se practicaba el riego con cántaros. Es así que, además de la temporada de estiaje, los suelos porosos -se consideraban “arenosos” los bordes del río- y sus grandes irregularidades, sumados a un importante número de actores sociales (véase figura 1 al final de este artículo y Tabla 1) que requerían agua (pueblos, haciendas, ranchos) y al accionar de los intermediarios son elementos importantes que se deben considerar a la hora de analizar el siglo XIX y las primeras décadas del XX -observándolo como un proceso de transición más no de rupturas-.
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En los Valles Centrales existieron haciendas, ranchos, rancherías, pueblos indígenas y mixtos, así como trapiches y molinos tanto en el periodo colonial como en el republicano y revolucionario. Localidades y unidades productivas que contenían una diversidad de población tanto en términos étnicos como socioeconómicos. Casi todas las haciendas de los distritos de Etla, del Centro, de Ocotlán y Zimatlán se encontraban compartiendo el río Atoyac o sus afluentes. Algunas eran cruzadas en sus terrenos por ríos perennes, lo que les permitía defender las servidumbres e incluso traspasarlas cuando se vendía la propiedad.
En el caso del distrito de Tlacolula, la mayoría de los pueblos y haciendas utilizaban el río Salado, fuera para riego, para realizar entarquinamiento, marcar límites o saciar las gargantas de los humanos y animales. Y solo en el caso de las haciendas de Alférez, Xaagá, Tanive, ubicadas en el Distrito de Tlacolula, hemos encontrado datos y vestigios físicos de presas de mampostería, las cuales captaban el agua de los arroyos que bajaba de las sierras. La utilización de terrenos de riego no solo era para el maíz o trigo, sino para otros cultivos.
La densidad de actores sociales que se registró en el periodo colonial no varió en demasía a la que encontramos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Podemos apreciar en la Tabla 1 cómo los pueblos eran numéricamente superiores a las haciendas y ranchos, lo que no evitaba una fuerte competencia por los recursos entre los diversos actores sociales, ya fuera en términos colectivos o individuales. Por otro lado, varias haciendas no sobrepasaban las 30 hectáreas (ha), como en el caso de Aguayo (municipalidad de Xoxocotlán, Distrito del Centro); algunas otras pasaban de las ocho mil ha, como Matagallinas (Distrito de Zimatlán), Poblete (Distrito de Ejutla) contaba con un poco más de 15 mil; incluso hubo haciendas más grandes como la de El Vergel con más de 30 mil ha, o la Compañía (ambas en el Distrito de Ejutla) con casi 51 mil ha.
Ahora bien, una reestructuración agraria y territorial muy importante se dio con el proceso de restitución o dotación de ejidos, durante el periodo posterior a la revolución mexicana de 1910. Al mismo tiempo, el reparto agrario propició una lenta desaparición de haciendas, así como el surgimiento de ejidos y otras localidades que exigían tener una categoría política como “municipio”. De esta manera se agregaba un nuevo actor (el ejido) que competía por los recursos, con el cual también se dieron tensiones en una misma localidad, que se manifestaron más en identidades políticas que étnicas.
En suma, la importancia de los Valles Centrales radica en que fueron y son espacios socioproductivos, generadores de recursos, donde el agua adquiere el carácter de bien al que todos buscan tener acceso, a pesar de las tensiones sociales. Los habitantes de los pueblos que accedían al vital líquido -es claro que no todos los vecinos eran usuarios del agua-, ya fuera porque sus tierras estaban cerca de las riberas del río Atoyac o del río Salado -si consideramos los afluentes que los nutrían- recibían las concesiones de los ayuntamientos, fuera con base en las leyes estatales o porque así lo marcaban los usos y costumbres.
Las instancias políticas-administrativas vendían y otorgaban derechos de agua a los hacendados, empresas e hidroeléctricas -como en el caso de San Agustín y las fábricas San José y Vista Hermosa, ubicadas en el valle-distrito de Etla-, fuera para las mejoras de los pueblos, o sencillamente para cubrir déficits municipales, como en el caso del ayuntamiento de San Juan del Estado (valle y distrito de Etla), que en 1928 decía ser propietario del río San Juan y que lo había aprovechado desde “tiempo inmemorial”. Este derecho lo asumía con base en el reconocimiento que los ribereños le daban a través de los contratos para el uso de las aguas. De esta manera el ayuntamiento se presentó como un actor de primer orden en los procesos de autorización, venta y concesión de derechos del agua.
Esto es lo que se pretende eliminar por las instancias federales a fines del siglo XIX y bajo los gobiernos posrevolucionarios.
Los datos que arroja el censo por los distritos correspondientes a los Valles Centrales nos muestran que, en el caso del Centro, las propiedades privadas del distrito tenían un acceso al río Atoyac o al Jalatlaco -que cruzaba la ciudad de Oaxaca-, a su vez contaban con pozos (Sangre de Cristo, Cinco Señores, San José) o con norias (La Concepción). La hacienda de El Rosario estimó en 1919 sus 51 hectáreas de riego en 600 pesos cada una; mientras que sus 63 ha de medio riego fueron valoradas en 400 pesos cada una y se mencionaba que tomaba agua del río Grande. Otras haciendas aprovechaban el agua que provenía de los acueductos de Hueyapan y San Felipe, como San Luis y Aguilera, y que nutrían de agua potable a la ciudad de Oaxaca.
En el caso de los pueblos, la mayoría utilizaba el Atoyac o tenían arroyos que cruzaban sus terrenos y que desembocaban en dicho río. En la segunda mitad del siglo XIX se buscó, de manera constante, reglamentar, organizar y poner en “orden” a los habitantes no solo a nivel estatal sino también nacional, lo que se fue reflejando a través de las leyes nacionales en torno al agua en las p...
Tabla 1: Actores Sociales en los Valles Centrales de Oaxaca
Fuente: Elaboración propia basada en “Colección de “Cuadros sinópticos” de los pueblos, haciendas y ranchos del estado libre y soberano de Oaxaca”. Anexo núm. 50 a la Memoria Administrativa presentada al H. Congreso del mismo el 17 de septiembre de 1883, Oaxaca, Imp. del estado a cargo de I.
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