La hacienda, como componente de la organización social y territorial del México rural, tuvo una singular importancia por ser en muchos lugares el eje a partir del cual habían tenido origen y desarrollo cientos de comunidades rurales, cuya vida social, económica y política giraba en torno de ella.
Poblados de Hacienda: Núcleos de Población Variada
Los poblados de hacienda eran comunidades asentadas en torno de los cascos de las haciendas o dentro de sus límites territoriales, y conformaban núcleos de población con una composición social muy variada, integrada por arrendatarios, jornaleros, pastores, artesanos, arrieros, tejedores, etcétera, que con frecuencia superaban los mil habitantes.
A diferencia de los pueblos con estatuto, los poblados de hacienda debían su formación a los intereses particulares de los terratenientes, quienes con el objeto de contar con mano de obra disponible para la explotación de sus empresas, fomentaron o toleraron por algún tiempo el establecimiento de población permanente.
La concesión de tierras hecha por los hacendados mediante el arrendamiento fue una de las prácticas que contribuyeron a la formación de poblaciones en el interior de las haciendas.
En el norte de México la escasez de mano de obra y la extensión de las haciendas provocaron que muchos de sus dueños decidieran dar en arriendo parte de sus tierras, principalmente aquellas de menor calidad y en zonas periféricas.
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La posesión de la tierra por parte de los pueblos, fueran ellos sus propietarios o no, siempre fue una fuente de derechos que las comunidades rurales buscaron hacer valer.
Los poblados de hacienda no constituían unidades político-territoriales con derecho jurisdiccional como comunidades políticamente organizadas, ni tenían el dominio legal sobre la tierra que ocupaban, por hallarse en propiedad privada.
Haciendas en el Altiplano de San Luis Potosí
Las haciendas en el altiplano de San Luis Potosí constituyeron un importante patrón de asentamientos que dio origen a núcleos de población sin estatuto político, ranchos, haciendas y parajes, que podemos denominar con el nombre genérico de "poblados de hacienda".
Algunas de estas poblaciones alcanzaron la categoría de municipios en la primera mitad del siglo XIX, como fue el caso de Concordia, lo cual fue un medio que les permitió independizarse de las haciendas a las que se hallaban adscritas a partir de la obtención de tierras para fundo legal y ejidos y la instalación de sus propios ayuntamientos.
En el altiplano potosino, las dificultades para la pacificación de los chichimecas y la formación de pueblos, la concentración de la tierra y en algunos casos las condiciones geográficas adversas, propiciaron desde el siglo XVII la congregación de población al interior de las haciendas, alentada por los dueños mediante concesiones sobre derechos de uso y un régimen de arrendamiento de la tierra a largo plazo y con bajos cobros de alquiler, que tenía como propósito sujetar a los campesinos para poder llevar a cabo la explotación de sus haciendas.
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Relación entre Haciendas y Poblados
La relación que mantenían las haciendas con los poblados de hacienda es un factor importante a considerar, porque explica las condiciones en que éstos se fueron desarrollando.
En los casos estudiados aquí los cambios en esa relación a menudo fueron causa de enfrentamientos que revelan, por un lado, el grado de evolución que algunos poblados de hacienda habían alcanzado hacia mediados del siglo XIX y la presión que ejercían sobre las haciendas para mantener ciertas prerrogativas que aseguraran su sostenimiento, y por el otro, el cambio de actitud de los terratenientes hacia la población asentada en sus propiedades; si al principio la idea había sido sujetar a la población y favorecer su crecimiento para garantizar el abasto de mano de obra, ahora, dado el aumento de población y la amenaza que representaban a la integridad de sus propiedades, la política a seguir fue escindirles algunos derechos y limitar su crecimiento.
Los intentos de los poblados de hacienda por obtener el estatuto de pueblos durante la primera mitad del siglo XIX a menudo ocasionó enconados enfrentamientos con los dueños de las haciendas en distintas partes del país, los cuales tuvieron desenlaces variados, dependiendo del lugar y la época en que ocurrieron.
Un ejemplo de este tipo de conflicto fue el que protagonizó el mismo Santa Anna en sus posesiones veracruzanas entre 1842 y 1853. En 1853 Santa Anna había regresado a la presidencia luego de un exilio de varios años en Colombia, lo que no le impidió frenar cualquier intento de expropiación de sus propiedades territoriales en Veracruz.
El Caso de la Familia Pérez Gálvez en San Luis Potosí
En el noroeste de San Luis Potosí la familia Pérez Gálvez, propietaria de las haciendas de Guanamé, Cruces y Bocas, protagonizó serias disputas con los poblados establecidos en estas dos últimas propiedades cuando éstos intentaron constituirse en municipios.
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Al comprar la hacienda de Bocas en 1844, Juan de Dios Pérez Gálvez tuvo que hacer frente a una vieja disputa por tierras con Ahualulco, que databa de 1823, cuando en este poblado se erigió uno de los ayuntamientos de Zacatecas, que más tarde solicitó fundo legal y ejidos a costa de las tierras de Bocas.
En 1850, Francisca Pérez Gálvez, hermana de Juan de Dios y heredera de éste a su muerte, perdió cuatro leguas cuadradas cuando se creó el municipio de La Concordia en su hacienda de Cruces; y en 1857 el rancho de Santo Domingo, situado en Cruces, y el poblado asentado en el casco de Bocas le disputaron tierras al erigirse en municipios de San Luis Potosí.
Estudios Historiográficos sobre los Poblados de Hacienda
Los poblados de hacienda han sido tratados por la historiografía mexicana en relación con la disputa por tierras entre éstos y las haciendas; sin embargo, la mayoría de los autores, al centrarse en el estudio de esas disputas donde el tema principal es la hacienda, no ha logrado profundizar en el estudio de este tipo de poblaciones, su proceso formativo, su condición política y social, y su búsqueda de reconocimiento político para la obtención de una representación política y territorial propia a partir de su conversión en municipios.
Para el caso de San Luis Potosí, el único que ha tratado el tema de las comunidades que poblaban las haciendas locales es Jan Bazant. Este autor señaló que el aumento demográfico de los asentamientos establecidos dentro de las haciendas propició que buscaran tener estatuto político, lo que originó conflictos en las haciendas de Bocas y Cruces.
El altiplano potosino, ubicado al oeste de la entidad, sin duda comparte muchos elementos comunes en el tipo de colonización y los patrones de asentamiento que se dieron en otras partes del norte de México.
Un trabajo que nos muestra esas similitudes y procesos semejantes a los ocurridos con los poblados de hacienda de San Luis Potosí es el de Manuel Plana: El reino del algodón en México.
En esta obra el autor señala cómo en la parte coahuilense de La Laguna no había propiedades territoriales eclesiásticas ni comunidades indígenas sujetas a la desamortización; sin embargo, la guerra de Reforma y la intervención francesa, crearon condiciones políticas favorables en la región para que los pequeños agricultores pudieran avanzar sobre las tierras de los grandes terratenientes, con el apoyo de los gobiernos liberales, locales y federales.
En 1864, Benito Juárez, basándose en la ley de confiscación contra infidentes, emitió un decreto mediante el cual dotó de tierra a un grupo de pequeños agricultores de la zona para establecer el primer asentamiento libre en La Laguna, llamado Matamoros, en Coahuila.
Las tierras que fueron concedidas a Matamoros, se tomaron de las tierras de Leonardo Zuloaga, a quien se le confiscaron 38 000 ha, con las que se dotó a más de 300 familias, en plena propiedad y posesión.
Otro estudio que ha tratado la demanda de los poblados de hacienda de La Laguna por obtener tierras y constituirse políticamente es el de María Vargas Lobsinger, La hacienda de "La Concha": una empresa algodonera de La Laguna (1883-1917). La autora destaca que en La Laguna la Reforma tuvo un carácter más agrario que político, pues desencadenó una lucha de pequeños aparceros por formar pueblos independientes con derecho a ejidos, que provocó el rechazo de los terratenientes, quienes utilizaron sus alianzas con algunos líderes políticos locales, para tratar de impedir a toda costa que sus propiedades fueran afectadas con la creación de nuevos pueblos.
Otros Puntos de Vista sobre las Haciendas y sus Poblados
François Chevalier señaló la disputa de tierras a las haciendas por parte de rancheros y poblados asentados en estas propiedades durante el siglo XVIII y XIX.
En "Acerca de los orígenes de la pequeña propiedad en el occidente de México, historia comparada", planteó que los rancheros que tenían en arriendo tierras de las haciendas, al usufructuarlas por largo tiempo, se convertían en los virtuales dueños de ellas, lo que representaba una seria amenaza a la integridad de las haciendas.
A esto se sumaba el hecho de que los pequeños arrendatarios, peones y terrazgueros, con el tiempo formaban poblaciones dentro de las haciendas y solicitaban ser reconocidos como pueblos, villas o ayuntamientos, para dejar de depender de las haciendas y lograr que se las dotara de fundo legal y ejidos.
El trabajo de Bernardo García "Los poblados de hacienda", aunque trata este tema de manera muy general, hace aportes significativos acerca de la importancia de los haciendas como semilleros de un gran número de poblaciones.
García plantea que las haciendas, además de ser empresas, constituían núcleos de población permanente, que deben ser un tema de estudio aparte dentro de la historiografía sobre las haciendas, pues éstas, más que como empresas, eran identificadas desde el siglo XVIII como localidades.
El Municipio y su Evolución
El municipio como orden de gobierno político-territorial y administrativo local, basado en los conceptos liberales de ciudadanía, soberanía popular y autonomía, surgió con la creación de los ayuntamientos erigidos con base en la Constitución de Cádiz de 1812.
Al desaparecer las llamadas repúblicas de indios o pueblos indios los derechos corporativos que habían tenido fueron suprimidos, con lo que jurídicamente desapareció la distinción entre poblaciones indígenas y no indígenas.
Los ayuntamientos creados a partir de la Constitución de Cádiz suprimieron los derechos exclusivos que habían tenido los pueblos indígenas, pero les permitieron mantener sus derechos en la posesión y administración de tierras, porque éstas y los demás bienes comunales de los pueblos serían la base material con que se pretendía alimentar al erario público municipal, principio que se retomó después de la independencia, al establecerse la primera república federal.
Al establecerse el primer federalismo una de las mayores demandas de los pueblos a los gobiernos estatales era la dotación de fundo legal, pero había controversia respecto de si se podía o no tomar tierras de particulares para dotar con este tipo de bienes a los pueblos, lo que suponía una oposición entre los derechos territoriales de los pueblos y los que amparaban a la propiedad privada.
La formación de ayuntamientos, como medio para proteger sus tierras y su autonomía, ya había sido un recurso utilizado por algunas comunidades durante el periodo de vigencia de la carta gaditana.
En Guanajuato, por ejemplo, José Antonio Serrano, ha mostrado la forma en que las antiguas repúblicas de indios solicitaron erigir sus propios ayuntamientos como medio para solucionar viejos conflictos por la tierra con propietarios colindantes con sus comunidades y para mantener el control sobre los recursos naturales de uso común (tierras, aguas y pastos).
En el altiplano potosino las condiciones eran distintas a las que señala Serrano para Guanajuato, aquí, salvo en la ciudad de San Luis Potosí y sus inmediaciones, los pueblos indios habían tenido escasa presencia, y en el extremo oeste de la entidad, donde se ubican los poblados que trataremos con más detalle en este trabajo, prácticamente no los hubo.
Los principales centros de población se habían formado a partir de los reales mineros, Charcas, Ramos, Salinas del Peñón Blanco, Catorce y Cedral, sólo Matehula era originalmente un pueblo de indios, pero a raíz del auge minero en Catorce a finales del siglo XVIII había sido absorbido por el asentamiento español que se creó en sus cercanías.
Es verdad que la carta gaditana estableció que podían erigirse ayuntamientos en pueblos que tuvieran mil habitantes, o incluso menos, lo cual significó una notable proliferación de este tipo de instituciones en los lugares donde había una alta concentración de población indígena que habitaba en las repúblicas, como en Oaxaca.
La transformación de un poblado de hacienda en pueblo o municipio dependió de muchos factores, pues cualquier comunidad que aspirara a esa categoría política, debía cumplir ciertos requisitos: número de habitantes, tener iglesia, escuela y recursos materiales para su mantenimiento; pero también estuvo sujeto a situaciones políticas contingentes, o intereses particulares muy localizados.
Evolución del Municipio desde la Constitución de Cádiz
El municipio como célula básica de la organización político-territorial y administrativa tuvo una evolución notable de la Constitución de Cádiz a 1857.
La carta gaditana atacó la organización corporativa que habían tenido los cabildos indígenas y buscó que las localidades más pequeñas tuvieran una representación política propia.
El número de habitantes que debía tener un pueblo para erigir en ayuntamiento fue uno de los requisitos que más se exigía que cumplieran aquellas poblaciones que aspiraran a tal título.
La Constitución de Cádiz pedía mil almas e incluso menos, pero esto varió en las constituciones estatales promulgadas después de 1824, ya que en los estados la cifra requerida respondió a sus propias condiciones y necesidades.
En algunos estados, como Guanajuato y Oaxaca, pidieron tres mil habitantes como requisito, mientras que en el Estado de México, cuatro mil.
El Caso de San Juan de Salinillas (Concordia)
El proceso que llevó a la erección de San Juan de Salinillas en municipio, con el nombre de Concordia, en 1850 ofrece muchos elementos de reflexión sobre los distintos actores e intereses que intervenían en la formación de nuevos municipios, así como acerca de la difícil ruptura de los poblados de hacienda con las haciendas a que habían estado adscritos cuando eran arrancados de su dominio para ser integrados a la organización político-administrativa y territorial de los estados con la categoría de municipios.
El origen de San Juan de Salinillas estuvo vinculado con la explotación de la sal en la extensa hacienda ganadera de Cruces, en el noroeste de San Luis Potosí. Es probable que al principio se asentaran en este lugar algunas cuantas familias para explotar la sal de forma clandestina y a baja escala.
En 1848 el juzgado constitucional de Charcas adjudicó a varias compañías salineras con sede en Salinas del Peñón Blanco los terrenos salinos de San Juan de Salinillas, con lo que se levantaron pilas para la evaporación del agua salada, hornos para cal y casas donde habitaban los trabajadores que se habían ido asentando en la cong...