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El Liberalismo y la Desamortización de Tierras en el Siglo XIX
Luego de la independencia, el liberalismo fue la concepción política que dio forma a la consolidación de los Estados-nación en el siglo XIX. Este establecía una interdependencia entre las libertades políticas y las libertades económicas en torno a la idea de la libertad civil y a la propiedad agrícola. La primera condujo a que los indígenas fueran percibidos como sujetos que podían prescindir de los vínculos comunitarios para convertirse en ciudadanos de la nación, y la segunda promovía la privatización territorial.
Así, las comunidades indígenas de diferentes latitudes experimentaron el desarrollo del liberalismo durante la segunda mitad del siglo XIX. De acuerdo con Escobar Ohmstede en América Latina «el liberalismo se mantuvo como un "paradigma dominante" entre 1850-1890, sobre todo, por el convencimiento de los grupos de poder sobre la necesidad de un crecimiento económico». Las políticas liberales consideraron la propiedad comunal insostenible, pues ésta, obstaculizaba la compra y venta de la tierra.
Así, mediante disposiciones legales se dispuso la desamortización «proceso de carácter territorial que posibilitaba la incorporación o reincorporación de la propiedad raíz al comercio inmobiliario». De esta forma, se buscaba que los bienes salieran del estancamiento. En este contexto, diferentes grupos étnicos se vieron enfrentados a la misma elaboración discursiva: el desmantelamiento de la propiedad comunal.
La historiografía ha estudiado la presión de hacendados, empresarios y colonizadores sobre las tierras de los indígenas como resultado de la desamortización de tierras. Los trabajos coinciden en señalar las diferentes modalidades de despojo y los mecanismos de acción que llevaron a cabo los grupos étnicos; algunos mantuvieron el control de sus tierras, otros se esforzaron por conservar las relaciones de solidaridad entre sus miembros, y existieron casos de disputas al interior de las comunidades por el dominio de los recursos.
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En el siglo XIX los indígenas transitaron de manera expedita de la posesión comunal de la tierra a la propiedad privada. La república de indios del régimen colonial confería una serie de derechos a la población indígena como: la conservación de las autoridades políticas, tlatoanis o señores, la posesión y cultivo de la tierra, y el consentimiento de mantener su propio ordenamiento jurídico. «La Corona castellana reconoció la vigencia de sus buenas leyes y costumbres, anteriores y posteriores a su incorporación a ella, ordenando que fueran aplicadas en subsidio de las leyes de Indias».
Sin embargo, cuando el liberalismo derogó la república de indios, también se anularon las fuentes del derecho indiano, y con ello, uno de los aspectos fundamentales en las comunidades indígenas, el privilegio de mantener unida la propiedad. Durante el orden colonial, la merced real amparaba la posesión legítima de tierras, «la propiedad presuponía un carácter colectivo de la titularidad del mismo inalienable e intransferible».
Dicha amortización se justificó en el proyecto de procurar el bien común de los indios como, por ejemplo, emprender obras públicas y de ornato en los pueblos, garantizar los servicios básicos a la población y mantener la autonomía institucional de las corporaciones civiles. La política liberal desconocía el vínculo, por lo que la fragmentación de la propiedad antiguamente vinculada era posible. En consecuencia, la posesión de dominio bajo una concepción inmemorial perdía validez, la titularidad individual suponía la desvinculación del indio con la comunidad y la posesión de la tierra se establecía en términos precisos y verificables.
La desamortización significaba, por un lado, la anulación de la propiedad colectiva, y por otro, la circulación comercial de la tierra a través de la distribución individual, con el fin de fomentar la instauración de unidades productivas. Gracias a los estudios locales que se han llevado a cabo en las últimos tres décadas, es posible identificar cómo se desarrolló la política liberal en diferentes comunidades y espacios geográficos. Como afirma Antonio Escobar Ohmstede «las variantes que tuvo la individualización de la tierra se dieron a lo largo y ancho del territorio mexicano, aun, cuando las mismas leyes pretendieron homogeneizar la realidad rural y urbana».
En el centro de México la adjudicación de los terrenos de común repartimiento a título de propiedad privada comenzó a efectuarse en 1867. No obstante, la desamortización no significó que el sistema hacendario se ampliara. Verbigracia en Oaxaca, tan pronto fue promulgada la Ley Lerdo de 1856 bajo el gobierno de Benito Juárez, las autoridades distritales comenzaron a desamortizar los terrenos comunales de los pueblos de indios; sin embargo, en esa región los pueblos de indios eran los mayores poseedores de la tierra y los garantes fiscales del Estado, por lo que fueron sus máximos oponentes.
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Por otro lado, en Michoacán se reglamentaron los procedimientos para llevar a cabo el reparto de tierras en 1828. Luis Alberto Arrioja señala que en dicha región se experimentó un estancamiento numérico de los pueblos de indios y un acelerado arrendamiento de tierras. El proceso de desamortización fue disímil a lo largo y ancho del territorio mexicano; de ahí la necesidad de llevar a cabo análisis regionales para reconstruir históricamente cada una de las variaciones.
El Caso del Sur de Jalisco
La región de estudio se ubica en el oeste de México en la zona sur del Estado de Jalisco, territorio conformado por un conjunto de pueblos sobresalientes como: Zapotlán, Tamazula y Tuxpan, asiento de la población indígena de origen nahua-purhépecha. Cada uno de los pueblos se distingue entre sí. Zapotlán se caracterizó por ser un asentamiento de familias y empresarios españoles orientados hacia la agricultura de cereales, la ganadería y los favores de la administración política. Mientras que en Tamazula y los pueblos aledaños se asentaron colonos europeos, promotores de la plantación de caña de azúcar, ya que la zona contaba con suficiente agua, para desarrollar esta labor llevaron mano de obra africana procedente del puerto de Veracruz.
Los indígenas que habitaron Zapotlán, Tamazula y Tuxpán contaron con un tipo de organización política auspiciada por la monarquía española. Los franciscanos mantuvieron las autoridades municipales en Zapotlán y Tuxpan como los Tlayacanques, estos fungían como alcaldes de las repúblicas de indios, y el Tehuehueyo la autoridad principal en los respectivos barrios. Entre las funciones que tenía los representantes políticos de los indígenas era la organización y la implementación de todo tipo de trabajo, el reparto de las parcelas comunales entre las unidades familiares, el control de los recursos de la comunidad, la recaudación de tributos, la vigilancia del orden social, el cumplimiento de las festividades y el mantenimiento de las capillas barriales y la iglesia principal.
La provincia contaba con recursos naturales que, durante la época colonial, le permitió desarrollar diversas actividades económicas. Los bosques eran ricos en madera, los valles eran propicios para la agricultura, mientras que las partes altas contaban con pastos que permitían la reproducción y proliferación de ganado, y las cuencas hidrológicas favorecieron la ganadería y la agricultura, así como el desarrollo de cañaduzales. A partir de la segunda mitad del siglo XVI el uso de la ganadería traída por los colonizadores se combinó con la agricultura de tradición indígena. En la época colonial los valles de Zapotlán se convirtieron en los principales productores de trigo, conformándose la hacienda triguera.
La vida del orden corporativo de la república de indios del sur de Jalisco se caracterizó por la erección de capillas, la asignación de uno o varios santos patronos a cada una, la organización de cargos y de festividades en cada unidad de barrios, así como la organización del calendario anual festivo y laboral, en el que las distintas unidades participaban regular y exclusivamente. Entre tanto, los indígenas de Zapotlán estuvieron ocupados en la producción y distribución de alimentos y comenzaron a ser extraños en su propia tierra desde finales del siglo XVI, disminuyendo sensiblemente su número, en tanto aumentaron gradualmente el de españoles, criollos y mestizos que se asentaron y reprodujeron en el poblado.
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En últimas, como afirma Otto Shõndube, los indígenas de Zapotlán «se fueron diluyendo en la propia sociedad». El mestizaje de los indígenas en Zapotlán condujo a su reducción. Una de las explicaciones al respecto fue el desarrollo de intercambio y de concentración de mercancías, que llevó a intensificar los contactos entre indígenas y extraños. La multiplicación de mercedes dio lugar al desarrollo de haciendas, y posteriormente a la consolidación de verdaderos latifundios. Como enfatiza Patricia Núñez «ello motivó a muchos hacendados a poner un mayor interés en el rendimiento de las tierras y, por ende, se incrementó notablemente la producción, los mercados se expandieron y la economía novohispana se volvió prácticamente independiente».
A finales del siglo XVIII en el sur de Jalisco, los españoles representaban el 18.09%, los indígenas el 31.40%, mientras que una cuarta parte de la población era mestiza.
Distribución de la Población en el Sur de Jalisco a Finales del Siglo XVIII
| Grupo Étnico | Porcentaje |
|---|---|
| Españoles | 18.09% |
| Indígenas | 31.40% |
| Mestizos | 25% |
Así, para 1792 había en la región 29 haciendas y 133 ranchos, y a finales del siglo XVIII había alrededor de 1371 familias de españoles y castas. Con estas figuras legales algunos asentamientos indígenas desaparecieron, mientras que otros quedaron integrados a las haciendas que prosperaron en la zona como Tazinstla, San Lázaro, Potla o Puctla y San Bartolomé. Este proceso condujo finalmente a la consolidación de una suerte de élite criolla fuertemente relacionada con la tierra y la ganadería e intensamente endógama.
Lo cual dio origen a una nueva base económica fundada en la agricultura comercial. Según Rodolfo Fernández, las grandes propiedades abarcaban por lo general dos o más nichos ecológicos, que iban de la «playa» a la llanura, de ahí al pie de monte, la escarpa y la sierra. Las haciendas llegaban a producir azúcar, jabón, mezcal y harina de trigo, también tenían una amplia variedad de cultivos como caña de azúcar, maíz, cebada y ciertos frutales, y distinta clase de ganado como caballar, mular, vacuno (yuntas de bueyes), cerdos, ovejas y cabras.
La cría de ganado y la caña de azúcar se convirtieron para la época colonial en la base productiva de la región, en la que indios y mestizos paulatinamente fueron integrados. De tal suerte que, como sostiene Margarita Menegus, «a través del sistema de mercedes de tierras, los españoles fueron fundando estas empresas agrícolas y a lo largo del periodo colonial van a convivir, de mejor o peor manera, haciendas y comunidades indígenas», para la segunda década del siglo XIX esta coexistencia facilitó la desamortización de tierras en el sur de Jalisco, sumado a la transición de la independencia que trajo consigo una relación distinta entre el Estado y los indios, el cual, reconocía la ciudadanía a «todos los hombres nacidos en el estado que sean vecinos de cualquier lugar de su territorio», incluyendo de forma universal a los indígenas, a quienes se les confería sus derechos políticos como era la elección de cargos populares.
Por ejemplo, la ley de organización de gobierno interno de los ayuntamientos del 6 de agosto de 1824 dictada por el congreso; reconocía a los pueblos indígenas como propietarios de sus bienes comunales, pero eran los ayuntamientos los responsables de su administración, por lo que los bienes indígenas constituirían la base material de la nueva institución política y territorial. La administración de los bienes comunales por parte de los ayuntamientos era la base para la consolidación de la hacienda municipal.
En Jalisco antes del desarrollo constitucional liberal y bajo la Constitución de Cádiz se promulgó, el 9 de noviembre de 1812, el decreto que «ponía en manos de los ayuntamientos o cuerpos municipales todos los asuntos sobre tierras, privando así de toda personalidad a las antiguas repúblicas o comunidades de indios». En el estado de Jalisco los ayuntamientos rápidamente tomaron el lugar de las corporaciones indígenas en el manejo de las tierras y la administración de sus recursos.
Los nuevos ayuntamientos necesitaban capital para la construcción de nuevas obras de infraestructura como caminos vecinales, mercados y puentes, por lo que el patrimonio comunal de los indígenas se convirtió en el sustento y la base de operación y funcionamiento de la administración liberal. El proceso de desamortización sobre las tierras nativas en el sur de Jalisco se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIX de manera instantánea. En esa región del occidente mexicano la entrega de títulos individuales se realizó tan pronto fue promulgada la reglamentación, consolidándose durante el segundo liberalismo.
Este artículo presenta la conversión del nahua en propietario individual y su integración al Estado- nacional. A partir del análisis documental de títulos individuales de tierras y documentación sobre cofradías del Archivo del Arzobispado de Guadalajara, se rastrea el avance de la desamortización de tierras comunales de los nahuas en el sur de Jalisco. El argumento central es que, a medida que avanzaba el liberalismo los diferentes tipos de tierras indígenas fueron objeto de desamortización. Así, el primer liberalismo se concentró en las tierras del fundo legal y las tierras de común repartimiento, mientras que en la segunda mitad del siglo XIX fueron enajenadas completamente las tierras de cofradía y las tierras de comunidad como cuerpos de agua y bosques.
Este artículo hará énfasis en la primera etapa de desamortización de tierras; desde el momento en que se emitió la Constitución de 1824 y el decreto de privatización y circulación de los terrenos comunales hasta mediados del siglo XIX, previo al desarrollo de la Ley Lerdo de 1856. La cuestión indígena en el siglo XIX fue tratada a partir de la adjudicación de tierras. Se pensaba que mediante esa forma el indígena se incorporaría rápidamente a los Estados, y las comunidades se desvanecerían gradualmente.
A partir de esta empresa, los liberales consideraban que el proyecto modernizador se ponía en marcha, para lo cual propuso: «la destrucción de los espacios sociales y territoriales ocupados por ellos, aquello que habían sido los pilares de la república de indios colonial». De acuerdo con Rodolfo Pastor, el nuevo estado liberal pretendió -mediante las leyes de constitución municipal- imponer su propio gobierno local y terminó por despojar al municipio de sus funciones y de su autonomía, finalmente para socavar su base legal terminó por quitarle el sustento de su existencia, lo despojó de sus tierras.
Es necesario aclarar que en México existieron dos etapas para la consolidación del liberalismo. La primera basada en la Constitución de 1824, y la segunda en l...