En cuanto al tema de las guerras de Independencia de las naciones hispanoamericanas, la historiografía tradicional se concentró de manera especial en exaltar a los máximos líderes del movimiento republicano, así como también a los héroes de las batallas y a los mártires. En realidad, muy poca atención han merecido aquellos militares que se sacrificaron en servicio de la Patria pero que por los azares del destino debieron apartarse del servicio militar, ya fuera por causa de enfermedades o de lesiones causadas por heridas adquiridas en el campo de batalla.
El estado de invalidez implicaba para estos afectados inmensos retos, especialmente el de mirar cómo podían sostenerse ellos y sus familias. Era en realidad un considerable número de hombres ocultos bajo el velo del anonimato que vieron truncadas sus aspiraciones militares y personales.
Este artículo analiza la atención del gobierno republicano a los militares enfermos y heridos en campaña a través del proceso de formación del Depósito de Inválidos del Departamento de Venezuela en 1822 en respuesta a lo dictaminado por la ley del 5 de diciembre del año anterior expedida por orden del presidente Simón Bolívar.
Antecedentes Históricos
Desde el tiempo de dominio colonial, los españoles ya tenían contemplado en sus Ordenanzas militares el tratamiento que debían recibir los inválidos. Mediante Orden Real dictada en 1732, la Corona creó compañías de inválidos hábiles e inhábiles. Durante el Reinado de Carlos III fueron promulgadas nuevas Ordenanzas que permitieron la modernización de los ejércitos, reformándose los regimientos de inválidos con la creación de compañías sueltas.
Tras la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 y el inicio del periodo revolucionario, aumentó el número de inválidos y con ello la necesidad de legislar sobre ellos. Así entonces, en 1809 se propuso el Depósito de Beneficencia Militar para premiar a los “dignos” militares que se inutilizaran en el servicio de la nación, lo cual incluía no solo beneficios básicos de subsistencia sino también reconocimientos a sus méritos.
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Esta idea se concretó el 28 de octubre de 1811 con el decreto que dictaron las Cortes de Cádiz en el que se ordenaba brindarles atención a estos militares, y tres años más tarde se estableció un Depósito de Inutilizados en el servicio militar en cada provincia con el reconocimiento de sus respectivas pensiones.
Particularmente, la lucha por la independencia de Venezuela fue cruenta y prolongada por cuanto se extendió por más de una década. No hay que olvidar que, entre las fases más violentas, estaba la del decreto de guerra a muerte promulgado por el oficial Simón Bolívar en Trujillo (Venezuela) el 15 de junio de 1813, en reacción a las continuas violaciones al derecho de gentes por parte de los españoles y al terror impuesto en territorio venezolano por Domingo Monteverde y otros jefes realistas.
Únicamente se puede hablar de un leve respiro a este ambiente de confrontación militar con motivo del armisticio firmado a finales de noviembre de 1820 entre las partes contendientes. Los rigores mismos de la guerra hicieron mucho más complejo el panorama tanto para el bando republicano como para el bando español y es por ello que con el paso de los años empezó a ser más reiterativo el lamento de las autoridades militares ante los dos factores más pejudiciales del pie de fuerza: la deserción y las bajas por cuenta de las enfermedades y las heridas en campaña.
Obviamente, la prolongación de la guerra conllevó al agotamiento de los recursos. La recesión de las actividades productivas, el creciente endeudamiento y la crisis fiscal eran factores que le impedían al gobierno atender eficientemente las necesidades logísticas y operacionales de la tropa y, en reiterados casos, no había cómo brindarles condiciones dignas a los combatientes. La falta generalizada de recursos impactó negativamente el servicio de salud a los militares afectados por enfermedades o por heridas sufridas durante la guerra.
Es por esto que la escasez de medicamentos y botiquines, las dificultades para pagar médicos y cirujanos, además del estado deficiente de los hospitales militares, fueron circunstancias que se vieron reflejadas en los precarios niveles de atención médica. A esto habría que agregarle otro factor agravante que era la omisión o negligencia de las autoridades o de las instancias encargadas de proveer servicio curativo. Tal cúmulo de circunstancias incidió en el aumento notable del número de impedidos para el servicio militar.
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Desde la época colonial, los españoles ya tenían contemplado en sus Ordenanzas militares el tratamiento que debían recibir los inválidos y fueron reiteradas las solicitudes para acogerse a esos beneficios. En cuanto al bando republicano, durante los primeros años de lucha independentista fue en realidad muy poca la atención que se les brindó a estos militares, y, cuando se dictaron algunas normas, estas sucumbieron ante el vaivén de los cambios continuos de gobierno y el ambiente de tensión a causa de la confrontación militar.
Primeros Avances y el Rol de Bolívar
Los primeros avances significativos se dieron principalmente cuando se empezaron a sentar las bases definitivas de la República. Luego de la confianza alcanzada por los republicanos tras las dos victorias militares claves para la formación de una nación libre y soberana, Boyacá 1819 y Carabobo 1821, se incrementaron de manera ostensible las súplicas de los militares en busca de lograr ayudas del gobierno con miras a mejorar sus condiciones de vida. Súplicas a las cuales se sumaron las innumerables cartas elevadas por sus familiares.
A finales de abril de 1821, en momentos en que el ejército Libertador se preparaba para reanudar sus operaciones tras la terminación anticipada del armisticio, el general Bolívar expresó su preocupación por la cantidad de enfermos internados en los hospitales de Barinas, epicentro del cuartel general. Ante esta circunstancia, impartió instrucciones al gobernador de Mérida para que acompañado con el mejor cirujano y con el boticario Raimundo Talavera pasara revista en todos los hospitales y se concediera licencia absoluta a los enfermos de larga curación y a los inválidos.
Siendo “muy doloroso y cruel” sacarlos abruptamente, se dispuso el traslado hasta Cúcuta para que allí se les suministraran los auxilios necesarios después de lo cual serían restituidos a sus casas. Particularmente ante el presidente Simón Bolívar y altos funcionarios gubernamentales y comandantes, se presentaron numerosas peticiones en busca de la declaratoria del estado de invalidez; solicitudes no siempre atendidas oportunamente por la falta de recursos y las demandas de pie de fuerza para asegurar los espacios liberados en Nueva Granada y Venezuela, así como para atender el proyecto liberador del sur.
Muchas de esas peticiones no eran nuevas pues correspondían a un conjunto de clamores acumulados durante los años de guerra. Uno de esos casos fue el de Manuel Arraiz, herido gravemente en la batalla de Carabobo. El coronel Bartolomé Salom había dictado orden para socorrerlo con un auxilio de 25 pesos para su alimentación. No obstante, desde la ciudad de Valencia, Arraiz se quejó de que hacía algunos días no había recibido ninguna ayuda, además de lo cual denunció que tampoco sus heridas habían sido sanadas pese a sus reiterados lamentos ante los comandantes locales.
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Otro fue el de Bernardino Miranda, un soldado al servicio de la Guardia de Honor del comandante Andrés Rojas que había sido herido y hecho prisionero por el oficial realista Tomás Morales. Fue remitido a Barcelona para la respectiva curación y de allí lo trasladaron a Caracas en donde fue incorporado al cuerpo español de inválidos. Estando allí entraron triunfantes las tropas libertadoras, ante lo cual aprovechó la ocasión para allegar tres testigos que dieran fe de su situación. El clamor elevado por Miranda el 1º de agosto de 1821 ante el presidente Simón Bolívar era que se le brindara algún socorro en vista de que se hallaba “en tierra ajena sin familia” y sin poder desempeñarse en su oficio para subsistir.
Asimismo, el del capitán José María Uricoechea, quien padecía una enfermedad en el pecho a raíz de un balazo recibido en 1816 y de un duro golpe en combate. La particularidad de estos clamores es que eran solicitudes aisladas en momentos en que no se había diseñado aún una política para atender el creciente número de inválidos. Siendo consciente de estos vacíos, el 5 de diciembre de 1821, es decir cinco meses después de la batalla de Carabobo, Bolívar pidió al vicepresidente del departamento de Cundinamarca, general Francisco de Paula Santander, preparar una circular extensiva a todos los gobernadores y comandantes de la República de la Colombia para que examinaran cuidadosamente quiénes eran los verdaderos militares inválidos, para lo cual había que verificar la información sobre las trayectorias militares.
La idea era que se les dispensara diariamente al menos una ración pues este “[…] corto socorro impediría que mendiguen alimento los que han perdido sus miembros, su sangre en defensa de Colombia”
El vicepresidente Santander atendió juiciosamente esta propuesta y a tan solo pocos días, el 11 de diciembre, dictó en Bogotá un decreto de ocho puntos mediante el cual se brindaba a los inválidos un auxilio pues estos hombres se consideraron “dignos de la atención del gobierno”. En cada departamento militar debía formarse un depósito de inválidos cuyo mando y economía debía confiar el comandante general a cada uno de los oficiales de su Estado Mayor o a cualquier otro oficial disponible.
En vista de que probablemente habría muchos que por las circunstancias extraordinarias de la guerra estaban en el caso de gozar del beneficio pero aún no habían accedido al auxilio, era obligación de los comandantes generales y de los comandantes de armas de la provincia invitarlos a que justificaran su estado de invalidez con la licencia de retiro o cualquier otro documento probatorio. Era además responsabilidad de las mismas autoridades militares indagar si había dentro de su provincia algún inválido que por su crítica situación no podía presentarse o no estaba enterado de estos beneficios.
Con el fin de evitar fraudes ante la premeditada intención de algunos militares españoles abandonados de querer acceder a los favorecimientos ofrecidos por esta ley, debían los comandantes levantar informes sobre el mérito y servicios de cada inválido para comprobar las campañas que hubiesen realizado, los cuerpos a los que habían pertenecido, las funciones desarrolladas y todo aquello que acreditara haber servido cabalmente a la bandera republicana. Los comandantes militares debían además reportar ante el secretario de Guerra don Pedro Briceño Méndez, máxima instancia decisoria, los documentos adjuntados y las diligencias realizadas para que se expidieran las respectivas “letras de inválidos”, con las cuales quedaba oficialmente autorizada la asignación de una parte de la paga que debían gozar aquellos beneficiados.
A los inválidos que teniendo sus familias y domicilios fuera de la capital del departamento quisieran permanecer en sus casas, el comandante general podía concederles esta gracia en virtud a lo cual debían adelantarse los trámites pertinentes para que se les abonara lo correspondiente a la tesorería de su jurisdicción. Finalmente, el gobierno se comprometió a reconocer y recompensar el interés y dedicación de los comandantes militares en el cumplimiento de este decreto, haciéndolos también responsables de la menor omisión, descuido o falta de consideración hacia los “beneméritos defensores de la Patria sacrificados en su servicio”.
Vale precisar que en este tema, así como en otros de carácter militar, hubo cierta continuidad de algunas de las reglamentaciones expedidas en tiempos del gobierno español. Así por ejemplo, en la revisión que se hizo del caso del Capitán José Antonio Mujica, el comandante Manuel Ruiz sacó a relucir el reglamento español de inválidos del 1º de enero de 1810 aún vigente que estipulaba el sueldo entero para inválidos.
Sobre la organización del cuerpo de inválidos en la ciudad de Bogotá, se sabe que a finales de enero de 1822 estaba integrado por 25 militares, cada uno recibía su ración y entre 2 y 4 pesos de auxilio. No obstante, tal como lo reportó el comandante Rafael Urdaneta, en algunos momentos se había tenido que suspender la ración por insuficiencia de recursos. Ante este impasse, el secretario de Guerra dio orden para aplicar los correctivos del caso y para que se les entregara a estos hombres la tercera parte del sueldo que les correspondía, según su grado militar.
En el departamento de Venezuela la ley del 11 de diciembre de 1821 fue publicada a través de bando en las principales ciudades. Entre el 6 de marzo y el 18 de octubre se presentaron un total de 79 militares.
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