Los niveles de corrupción e impunidad en las diferentes ramas del poder ejecutivo y judicial han afectado la percepción de la población frente a la efectividad del sistema. La corrupción en el Poder Judicial va en aumento, impactando la credibilidad y la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Corrupción y Nepotismo en el Poder Judicial Mexicano
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que en 2023 atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Resultado de la política de Cero Tolerancia a la corrupción y en su participación activa en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el CJF atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo.
Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves, y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a 1,500 jueces y magistrados. En 24 años, el CJF impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. La sanción más severa -y escasa- fue la destitución, ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados.
La mayor parte de los castigos han sido llamados de atención por escrito, en público o en privado, o advertencias de que no deben reincidir. Entre los casos que merecieron un simple regaño por parte del CJF hay juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades; que fueron negligentes o descuidados; que alteraron actuaciones judiciales; que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas; que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios, y que negaron amparos a personas que habían sido torturadas o incomunicadas. El CJF rara vez fue más lejos.
Aunque tiene la facultad de acusar a funcionarios ante el Ministerio Público federal (MP), en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. En lo que respecta al ámbito penal, se logró la vinculación a proceso de tres personas servidoras públicas; además, se cuenta con siete carpetas de investigación en trámite iniciadas contra personas juzgadoras; se han tramitado 553 solicitudes y requerimientos ministeriales relacionados con carpetas de investigación y averiguaciones previas.
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Quinto Elemento Lab obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales de las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024, solo cuatro juzgadores pisaron la cárcel y por muy corto tiempo. Uno es Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de favorecer con sus fallos a personas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación; otro, Efraín Cázares López, señalado por liberar a decenas de acusados en el llamado "Michoacanazo", un proceso que inició en 2019 con la detención de funcionarios locales acusados de tener vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. El magistrado José Manuel Rodríguez Puerto estuvo en la cárcel unas horas, bajo proceso por defraudación fiscal.
Estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (2000-2024)
La siguiente tabla resume las acciones disciplinarias del CJF:
| Categoría | Número | Descripción |
|---|---|---|
| Denuncias atendidas (2023) | 391 | Por corrupción y nepotismo. |
| Sanciones administrativas (2000-2023) | 664 | Aplicadas a 423 jueces y magistrados por faltas leves y graves. |
| Destituciones | 30 | 22 jueces y 8 magistrados. |
| Denuncias penales presentadas | 23 | Contra juzgadores por posible delito. |
| Juzgadores que pisaron la cárcel | 4 | Entre 2000 y mediados de 2024. |
| Vinculaciones a proceso (2023) | 3 | Personas servidoras públicas. |
| Carpetas de investigación en trámite | 7 | Iniciadas contra personas juzgadoras. |
Redes de Corrupción en el Poder Judicial de Yucatán
Una red de corrupción y tráfico de influencias opera en los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Esta red favorece a políticos, empresarios o familiares de personas influyentes, dejando la justicia en el estado “prostituida” y trabajando para el mejor postor. El sistema judicial es el más corrupto de la entidad, de acuerdo al INEGI.
El tráfico de influencias de los despachos jurídicos que intervienen en los procedimientos legales y que trabajan para el crimen organizado, lavado de dinero, prestanombres, mafia inmobiliaria, influyentismo, claro ejemplo son aquellos despachos que tiran las sanciones ejecutorias. El claro ejemplo de esta situación de corrupción se dio con el exfiscal Wilbert Cetina Arjona, designado por Vila Dosal, quien utilizó su cargo para el tráfico de influencias y vender carpetas de investigación, juicios y favorecer a amigos y a su propia firma de abogados. Esta situación causó su destitución y que fuera denunciado penalmente, aunque la carpeta de investigación lleva cuatro años sin registrar movimientos.
La abogada y activista Dariana Quintal Narváez indicó que la justicia en Yucatán, en especial en los juzgados familiares, está totalmente corrompida. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del INEGI, revelan que las autoridades de las que mayor percepción de corrupción tienen los yucatecos son los jueces, con el 67.3% de los mayores de 18 años; el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, con el 61.6%; la Policía Estatal, con el 61.1%, la Policía Municipal, con el 58.3%, y la Fiscalía General de la República, con el 57.5%. Es decir, de acuerdo al INEGI, el Sistema de Justicia de Yucatán es el más corrupto.
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Uno de los casos más recientes quedó al descubierto tras el homicidio de una niña de 6 años de edad, a manos de sus padres, registrado en Ciudad Caucel. En estos hechos estaría involucrada una Juez de lo familiar y que, según los familiares de la niña, tuvo una responsabilidad directa con la muerte de la menor, por lo cual piden su destitución y ha sido acusada penalmente por el delito de omisión de funciones. De acuerdo con los datos, la Juez Rita Elvira Ortiz Noh, en reiteradas ocasiones negó el cambio de custodia, para que la niña quedara al cuidado de la abuela, esto ante los antecedentes de violencia.
Casos de Corrupción Judicial en Argentina
Los casos de corrupción en el sistema judicial federal en Argentina no son un fenómeno reciente. Este no es el único caso en el que los jueces federales argentinos están acusados de planes de soborno. Para 2020, Argentina ocupó el puesto 78 entre 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, retrocediendo 12 puestos con respecto al 2019.
Juez Federal Walter Bento
El 5 de mayo, el juez federal Walter Bento, fue imputado por la Fiscalía General de Mendoza por asociación ilícita, cobro de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los fiscales dicen que Bento estaba a cargo de la red, que incluía a tres abogados y un exfuncionario de aduanas, Diego Aliaga, que fue secuestrado y asesinado por asaltantes desconocidos en julio de 2020. Aliaga habría actuado como intermediario, reuniéndose con los abogados y dándoles instrucciones del juez, según el diario Clarín.
Juez Federal Raúl Reynoso
En 2015, Raúl Reynoso, un juez federal en la ciudad fronteriza norteña de Orán, fue acusado de soborno y de favorecer a los pequeños y grandes narcotraficantes que operan en la frontera entre Argentina y Bolivia.
Juez Federal Carlos Soto Dávila
Asimismo, el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue imputado por integrar la red de contrabandistas de Itatí, la cual se encargaba de transportar marihuana producida en Paraguay hasta la pequeña ciudad de Itatí en Corrientes y luego transportarla hasta las principales ciudades de Argentina. Se cree que la red tenía la capacidad de transportar hasta seis toneladas de marihuana por semana. Soto Dávila, dijeron los fiscales, trabajó con dos de sus secretarios y cinco abogados que representaban a personas acusadas de tráfico de drogas para proteger la red de contrabando.
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Interferencia Política y Corrupción Judicial en España: El Caso Gürtel
Si alguien no sólo tiene que ser honrado sino parecerlo más que nadie son los jueces. El espectáculo que están dando una buena porción de jueces madrileños, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Vieira al frente, al descubrirse que la empresa que debe modernizarles les paga dietas por asesorarles por cuenta de la Comunidad, es penoso.
Vieira, junto al singular Emilio Fernández Castro, se enfrentó al magistrado Suárez Robledano cuando se trataba de dilucidar si se anulaban o no del sumario de la Gürtel las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón que, como se sabe, fue el juez que inició la instrucción del más escandaloso caso de corrupción política que ha habido en España, sin que los verdaderos responsables hayan dado explicación alguna. Suárez Robledano, un magistrado conservador, mantuvo la dignidad del poder judicial. Gracias a esa anulación que propiciaron esos otros dos magistrados del TSJM, el Tribunal Supremo terminó condenando a Garzón por un delito de prevaricación y le expulsaron de la carrera judicial. Así se escribe la justicia en España cuando la política, en sus estratos más altos, se interfiere en su camino.
El 23 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que ha decidido anular por dos votos contra uno todas las grabaciones, excepto una, realizadas en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Garzón y prorrogada por el juez Pedreira. Dos votos, el de Vieira y de Fernández Castro, contra uno, de Suárez Robledano, que presenta un voto particular en el que justifica la grabación de las conversaciones. "Yo creo -dice Trillo- que aquí el papel fundamental es el de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo tenemos bajo control. Tengo una relación personal con Vieira. El problema es la instrucción del juez Pedreira." Efectivamente, el problema era el de unos jueces, Garzón o Pedreira, que se atrevieron a investigar las finanzas de un partido.
Mecanismos de Vigilancia y Propuestas de Reforma
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial. El sistema tiene sus grietas. Es endogámico, explicó Melgar-Adalid. “Cuesta mucho trabajo que un amigo venga a ejercer la disciplina frente a otro amigo, conocido o compañero del trabajo, y esto ha ido entorpeciendo un poco la función disciplinaria”, dijo el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. “[Actualmente] tenemos la existencia de familiares, amigos, nepotismo cruzado, de decenas de personas que pertenecen a una misma familia y trabajan en el Poder Judicial. Por supuesto que esto propicia redes de complicidad y de apoyo”, opinó el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer.
Este sistema está a punto de desaparecer. Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en lugar de este órgano habrá un Tribunal de Disciplina Judicial. Uno de los pilares de la iniciativa del presidente consiste en disolver al CJF y sustituirlo por un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. El nuevo tribunal, que estaría conformado por cinco magistrados electos por voto popular, podrá también investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra estos.
Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de la Fundación para la Justicia, propone que para reducir el riesgo de que los juzgadores se cuiden entre sí podría haber una conformación mixta del nuevo tribunal, en la que algunos miembros pertenezcan al Poder Judicial y otros sean externos. El Consejo de la Judicatura Federal tiene diversas maneras de captar información sobre la conducta de los juzgadores. La Visitaduría Judicial realiza visitas programadas y sorpresa a los juzgados y tribunales, se entrevista con el personal y elabora informes de conducta. El área de Contraloría verifica la evolución patrimonial.
Si la SED encuentra elementos suficientes en una queja, remite el caso a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA). Cuando la falta no es grave, el caso lo resuelve la Comisión de Disciplina, otro de los órganos internos del CJF. Si se trata de faltas graves que ameriten destitución o inhabilitación, son resueltas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por la presidencia de la SCJN y otros seis consejeros. La ley orgánica y los acuerdos que regulan el funcionamiento del Poder Judicial exigen que estos escritos vayan acompañados de pruebas documentales en las que se constate cuándo, dónde y cómo ocurrieron hechos que suelen suceder de manera oculta y sin testigos. Las discusiones transcurren en sesiones privadas y los casos se deciden por votación.
En la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el MP, el delito había prescrito o estaba a punto de extinguirse. Con frecuencia, resolvió mudar de juzgado o de tribunal a los funcionarios y decidió investigarlos solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas. Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dicta que el CJF debe denunciar a un juzgador ante el MP en cuanto sepa de un posible delito, primero suele hacer su propia investigación. La ley además establece que, para que un juzgador pueda ser aprehendido o enjuiciado, antes debió ser suspendido por el CJF, tras su propia investigación. Y esto puede llevar años.