Desde el año 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), por medio de sus unidades de análisis e inteligencia financiera, comenzaron a rastrear el dinero de Guillermo Padrés Elías, cuando era senador de la República por el Partido Acción Nacional. Las autoridades han logrado identificar que la fortuna ilícita formada por el exgobernador de Sonora fue intentada ocultar a través de más de 60 mil transacciones financieras, involucrando a por lo menos 25 personas cercanas a él y 20 empresas utilizadas para circular el dinero. Incluso, parte de esos recursos llegaron a su abogado, el ex procurador General de la República Antonio Lozano, para pagar sus servicios.
En la investigación, además de la PGR, también estuvieron involucrados los países de Estados Unidos y Holanda, revelando una compleja red de corrupción que se extendía más allá de las fronteras mexicanas.
La Trama de Empresas Fachada y la Creación de una Fortuna Ilícita
Guillermo Padrés comenzó a tejer su estrategia para que el dinero del erario fuera a parar a su empresa familiar Pozo Nuevo de Padrés. Para ello, creó junto con sus familiares y amigos cercanos empresas fachada. Una de ellas fue la Minera SWF, que no contaba con los requisitos necesarios por parte de la Secretaría de Economía. En 2011, Guillermo Padrés constituyó la empresa Dolphinius en el extranjero, con la intención de proteger la ilícita fortuna familiar.
Las autoridades detectaron que Guillermo Padrés no hizo ninguna declaración fiscal de los fondos movilizados desde la cuenta de Dolphinius. Desde esa cuenta, comenzó a hacer movimientos bancarios para intentar burlar a las autoridades financieras.
Primera Causa Penal: Defraudación Fiscal y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
En la primera causa penal, el exgobernador tuvo tres inversionistas para el proyecto minero SWF. Se trata de su hermano Miguel Padrés, el empresario Francisco Monreal y la empresa Torres Peña, S.A., cuya apoderada legal era María Amanda Mendoza.
Lea también: ISR: Sujetos obligados y obligaciones
- Miguel Padrés: Hermano de Guillermo Padrés, fungió como inversionista en el proyecto minero SWF.
- Francisco Monreal: Empresario en el ramo farmacéutico y agropecuario, fue inversionista en Minera SWF. Según la investigación, Monreal fue el distribuidor y comercializador de medicamentos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora a partir del año 2010.
- Torres Peña, S.A.: Empresa inversionista en Minera SWF.
- María Amanda Mendoza: Apoderada legal de Torres Peña, S.A. y administradora única de la misma en 2010, adquirió acciones por 500 pesos en junio de ese año.
Estos tres, en 2011, inyectaron la cantidad de 8.8 millones de dólares a una cuenta de Estados Unidos, en el banco Wells Fargo, a nombre de la empresa Dolphinius. Los 8.8 millones de dólares fueron movidos de la cuenta Wells Fargo al banco Morgan Stanley, también a una cuenta de la empresa Dolphinius. Los movimientos continuaron: en mayo de 2015, Guillermo Padrés transfirió todo el dinero a otra cuenta del mismo banco, pero ahora a su nombre, donde se detectó un incremento exponencial en su patrimonio.
Casi al final de su mandato como gobernador de Sonora, en ese mismo mes, movió de nuevo todo el dinero a una cuenta personal en el banco BBVA Compass para luego, días después, realizar el cambio a moneda mexicana por 134 millones de pesos. Estos fondos fueron depositados a la cuenta de Minera SWF. Con el dinero ya en México, los 134 millones de pesos fueron destinados a las empresas familiares Toro Drilling y Pozo Nuevo de Padrés. Adicionalmente, 4.4 millones de pesos se destinaron a su abogado Antonio Lozano Gracia.
Segunda Causa Penal: Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
En la segunda causa penal, el quebranto por parte del entonces gobernador de Sonora fue por 178 millones de pesos, utilizando recursos públicos que llegaron a cuentas familiares y de sus amistades cercanas. Desde sus primeros días como gobernador en 2009, Guillermo Padrés inició la trama de redes para hacerse de cantidades millonarias, para lo cual utilizó tres empresas de textiles.
- Empresas de textiles: De manera sorpresiva, Confecciones Industriales, Sonora Apparel y una tercera empresa se activaron económicamente con la llegada de Padrés a la gubernatura.
- Humberto Aguirre Ibarra: Empresario cuya empresa, una de las mencionadas, recibió licitaciones irregulares del gobierno de Padrés. El dinero destinado a la fabricación de uniformes escolares fue a parar a cuentas personales.
- Miguel Padrés y Ernesto Alonso Castorena: Entre 2009 y 2014, el dinero circuló en las tres empresas textiles. Desde 2010, comenzaron a hacer transferencias a una cuenta en el banco HSBC a nombre de Miguel Padrés y Ernesto Alonso Castorena, identificado como amigo del entonces gobernador de Sonora y uno de sus principales prestanombres. Las autoridades detectaron movimientos en la cuenta de Castorena, quien tenía un cargo como jefe de departamento, que no coincidían con su sueldo.
- Guillermo Padrés Dagnino: Hijo del exmandatario, también recibió un auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Se detectó que entre 2009 y 2014, el gobierno de Sonora hizo "licitaciones a modo" para adquirir uniformes escolares, entregando contratos por 260 millones de pesos a empresas de familiares del exgobernador, incluido su hijo Guillermo. Dichos recursos sirvieron para fondear, con 178 millones de pesos, cuentas bancarias de las citadas empresas.
Vínculos con el Narcotráfico y la Red de Protección
Sumado a las acusaciones anteriores, Guillermo Padrés es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por vínculos con el narcotráfico. De acuerdo a un expediente, en 2009 Padrés Elías financió parte de su campaña por la Gubernatura con recursos otorgados por el empresario David Alfonso González Morillas y por el narcotraficante sinaloense Gualberto Gastélum López.
- Gualberto Gastélum López: Narcotraficante sinaloense, detenido en junio de 2015 en Hermosillo y señalado de ser el vínculo del Cártel de Sinaloa en Sonora. Reveló la protección que recibió durante la administración de Padrés y los millonarios pagos que hizo a funcionarios a cambio de protección.
- David Alfonso González Morillas: Empresario, supuestamente vinculado al financiamiento de la campaña de Padrés.
Según las declaraciones de Gastélum en la averiguación previa PGR/SON/HER/-I/273/2015, este entregó 20 mil dólares a la semana para tener la protección de la Policía Estatal Investigadora de la SSP y de los mandos de C-4, en esa fecha encabezado por Javier Dagnino, actual diputado local por el PAN y cuñado de Padrés. El capo reveló a la PGR que pagaba semanalmente a funcionarios de Padrés 20 mil dólares para poder enviar hasta 100 kilogramos de cocaína colombiana a Estados Unidos sin ser molestado por autoridades estatales. También reveló el apoyo al Gobierno del panista por 40 millones de pesos para terminar la construcción de un estadio de béisbol, a cambio de un terreno de 29 hectáreas sobre avenidas de alta plusvalía en Sonora. Dicho terreno, donde se construyó una casa tipo hacienda de grandes dimensiones, ya fue incautado, al igual que otros terrenos en la misma zona donde tenía negocios de compra y venta de autos.
Lea también: ¿Quién debe declarar ante el SAT?
Entre los funcionarios involucrados por las declaraciones de Gastelum se encuentran:
- Roberto Romero López: Exsecretario de Gobierno.
- Ernesto Munro Palacio: Exsecretario de Seguridad Pública.
- Javier Dagnino Acuña: Exdirector del C4 y cuñado de Padrés.
- Roberto Dagnino Acuña: Cuñado de Padrés.
Cuando Gastélum fue detenido, se atrincheró más de 11 horas en su casa mientras negociaba ser comunicado con Padrés, pues consideraba que todo era un error.
Colaboradores Clave de Guillermo Padrés y sus Roles
A continuación, se presenta una tabla con los principales colaboradores y sus respectivas implicaciones en los esquemas de corrupción:
| Nombre / Entidad | Relación con Guillermo Padrés | Acusaciones / Rol Principal |
|---|---|---|
| Miguel Padrés | Hermano | Inversionista en Minera SWF, receptor de transferencias ilícitas en cuentas compartidas. |
| Francisco Monreal | Empresario | Inversionista en Minera SWF, distribuidor y comercializador de medicamentos para el ISSSTESON. |
| Torres Peña, S.A. | Empresa | Inversionista en Minera SWF, utilizada en la triangulación de fondos. |
| María Amanda Mendoza | Apoderada legal de Torres Peña, S.A. | Administradora única de Torres Peña, S.A., involucrada en la adquisición de acciones. |
| Antonio Lozano Gracia | Abogado de Padrés, exprocurador General de la República | Recibió pagos por sus servicios profesionales con recursos de procedencia ilícita. |
| Guillermo Padrés Dagnino | Hijo | Acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, beneficiario de licitaciones irregulares para uniformes escolares. |
| Humberto Aguirre Ibarra | Empresario | Su empresa recibió licitaciones irregulares para la fabricación de uniformes escolares, desviando fondos a cuentas personales. |
| Ernesto Alonso Castorena | Amigo, "prestanombres" | Cuentas con movimientos no coincidentes con su sueldo, receptor de transferencias de empresas textiles. |
| David Alfonso González Morillas | Empresario | Alegado financiamiento de la campaña de Padrés con recursos de origen ilícito. |
| Gualberto Gastélum López | Narcotraficante sinaloense | Financió parte de la campaña de Padrés, reveló pagos por protección a funcionarios estatales. |
| Roberto Romero López | Exsecretario de Gobierno | Mencionado en las declaraciones de Gastélum López sobre la red de protección al narcotráfico. |
| Ernesto Munro Palacio | Exsecretario de Seguridad Pública | Mencionado en las declaraciones de Gastélum López sobre la red de protección al narcotráfico. |
| Javier Dagnino Acuña | Exdirector del C4, cuñado de Padrés | Recibió pagos semanales de Gualberto Gastélum López a cambio de protección. |
| Roberto Dagnino Acuña | Cuñado de Padrés | Mencionado en las declaraciones de Gastélum López sobre la red de protección al narcotráfico. |
Situación Legal Actual de Padrés y sus Allegados
Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, podría ser sentenciado a una pena de entre 38 y 94 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los cinco delitos que hasta ahora le imputa la PGR. Al exmandatario sonorense se le dictaron dos autos de formal prisión: uno por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, y otro por dos acusaciones de lavado de dinero y uno de delincuencia organizada.
Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exmandatario panista, también recibió un auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el 10 de noviembre con base en órdenes de aprehensión libradas por los jueces Decimosegundo de Distrito en la Ciudad de México y Cuarto de Distrito en el Estado de México.
Lea también: Auditorías: tipos y responsables
El caso del Juzgado Decimosegundo implica por ahora solo a Padrés Elías y deriva de una investigación de la PGR y la SHCP que permitió detectarle cuentas por 8.8 millones de dólares (134 millones de pesos al tipo de cambio de 2015). Dichos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal, y Padrés Elías, "pretendiendo ocultar el origen público de los mismos", movió el dinero en México y el extranjero. Posteriormente, dispersó dichos recursos a empresas controladas por sus familiares, mismas que facturan operaciones simuladas con el fin de ocultar el origen del dinero y dificultar su rastreo.
En el caso del Juzgado Cuarto se detectó que entre 2009 y 2014 el gobierno de Sonora hizo "licitaciones a modo" para adquirir uniformes escolares. Así, entregó contratos por 260 millones de pesos a empresas de familiares del exgobernador, entre ellos su hijo Guillermo. Dichos recursos sirvieron para fondear, con 178 millones de pesos, cuentas bancarias de las citadas empresas.
Los jueces determinaron que la PGR aportó los elementos de prueba suficientes para iniciar los procesos penales correspondientes. Los jueces notificaron a Padrés Elías que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza, debido a que algunos de los delitos que se le imputan son considerados como graves en el viejo sistema penal, con base en el cual será juzgado. Permanecerá recluido el tiempo que dure el juicio, que podría ser al menos ocho meses.
El exgobernador presuntamente realizó transferencias del extranjero hacia México y viceversa para ocultar el origen del dinero y dispersó los recursos a empresas controladas por sus familiares, quienes facturaban "operaciones simuladas".