El futbol mexicano se ha visto sacudido en los últimos años por diversas investigaciones relacionadas con irregularidades financieras y administrativas. Entre los casos más sonados se encuentran las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre presuntos esquemas de evasión de impuestos en diferentes clubes y exintegrantes de la liga.
Esquemas de evasión fiscal bajo investigación de la FGR
Desde junio del año pasado, los reportes fiscales del club Santos Laguna alertaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con fuentes federales, los directivos maquinaron en 2017 un esquema para evadir la retención del impuesto sobre la renta (ISR) de 54 millones de pesos, con el cual integrantes del cuerpo técnico y jugadores percibieron pagos con el rubro de primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, cuando en realidad se trataba de salarios.
Las denuncias fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación. La FGR ya solicitó dictámenes contables, domicilios y movimientos bancarios de los involucrados, cuyas carpetas de investigación se están manejando por separado, aunque todos los casos apuntan a un mismo esquema operativo. El método bajo sospecha habría sido implementado para reducir las cargas fiscales de los jugadores con apoyo de altos mandos del club.
A continuación se detallan algunos de los montos y periodos clave bajo la lupa de las autoridades fiscales:
- Periodo investigado: Entre 2013 y 2018.
- Operaciones concentradas: Primer semestre de 2017.
- Monto de evasión estimado por jugador: Varía entre los 747 mil y los 2.3 millones de pesos.
- Monto total del presunto daño al erario: Más de 7.4 millones de pesos relacionados con los jugadores señalados.
En el caso del conjunto lagunero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el miércoles pasado que la institución pretendió deducir 97.6 millones de pesos en 2014 por concepto de contrato colectivo de trabajo, pero el SAT rechazó el procedimiento. De comprobarse los delitos, tanto futbolistas como directivos podrían enfrentar consecuencias penales severas.
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Directivos implicados y la postura de las autoridades
El caso también involucra a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y dueño de Santos Laguna. La FGR lo ha declarado prófugo de la justicia tras no presentarse a una audiencia por un caso independiente de defraudación fiscal que superaría los 17 millones de pesos.
El delito que se imputa al empresario mexicano no amerita prisión preventiva y, en caso de que un juez de control lo vincule a proceso en su próxima audiencia, enfrentaría el proceso en libertad. Por su parte, la FMF, que se ha mantenido al margen (como en la mayoría de casos) no considera sanciones inmediatas ante la posibilidad de que algún afiliado se vea involucrado en una acción penal por delitos fiscales.
El problema histórico de los dobles contratos
En agosto de 2018, la SHCP-por medio del sistema tributario- abrió una investigación contra el club Tiburones Rojos del Veracruz por la presunta existencia de dobles contratos y la posibilidad de que esto pudiera derivar en defraudación fiscal. Con ello, la Liga Mx ordenó una auditoría realizada por la consultora británica Ernst & Young, la cual derivó más tarde en la desafiliación del Veracruz.
Para las autoridades deportivas, el contrato que celebran futbolistas y clubes es el único que tiene validez y por el cual se pueden dirimir controversias como incumplimiento de pago, adeudos o recisiones de forma unilateral. Fundada en 2017, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) propuso en una asamblea la creación de un convenio colectivo de trabajo para evitar más conflictos por dobles contratos. Por siete años el proyecto se ha mantenido en el mismo punto, pese a las diferentes mesas de diálogo.
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