El debate sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México sigue vigente ante diversos tribunales. Como consecuencia de la denuncia penal interpuesta por la señora Fernández Ortega, el Ministerio Público del Fuero Común de la Ciudad de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, inició una averiguación previa por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad y los que resultaren. Este caso es un claro ejemplo de las agresiones físicas y psicológicas perpetradas por elementos del ejército en comunidades marginadas.
El caso de Inés Fernández Ortega
Los hechos ocurrieron en una zona con alta presencia de efectivos. El allanamiento de morada, robo, violación y tortura sexual se cometió en la comunidad Barranca Tecoani, del municipio de Ayutla, el 22 de marzo de 2002, por soldados que integraban el batallón de la base de “Operaciones Méndez”, coordinadas por el subteniente Raquel Méndez Hernández y su subalterno, el sargento, Andrés Sosa Zepeda.
La investigación del caso enfrentó serios obstáculos institucionales desde el primer momento. Sin embargo, cuando en mayo de 2002 se determinó la posible participación de personal militar en los hechos, la investigación fue remitida al fuero militar. Las víctimas han denunciado presiones políticas para encubrir a los responsables: la representación de la víctima denunció que la diputada local del Estado de México (EdoMex), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Silvia Mata, esposa del implicado y exjefe de operación de los soldados que cometieron la violación, Raquel Méndez Hernández, presionó para que la jueza que dictó prisión preventiva contra los jefes militares turnara el caso a otro juzgado que los dejó en libertad.
Contexto de abusos militares en Guerrero
Las denuncias en Allende reflejan una problemática estructural que afecta a diversas poblaciones del estado. La Corte determinó que los hechos del presente caso de produjeron en un contexto de importante presencia militar en el Estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada y, según se ha denunciado, en esa tarea se vulneran derechos fundamentales. Existen múltiples expedientes que documentan este patrón histórico de abusos:
- El primer caso, relacionado con la detención y tortura de Martín Barrientos Cortés en mayo de 1997, evidencia dos problemas básicos que plagan el sistema de procuración e impartición de justicia militar: primero, una falta de transparencia y segundo, una ausencia de responsabilidad.
- El segundo caso ilustra cómo el poder policial que el derecho mexicano otorga a los soldados aumenta la vulnerabilidad de los civiles a los abusos del ejército, como se observó en la detención y maltrato físico de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 1999.
Resumen de casos documentados
- Caso Inés Fernández Ortega (Allende / Ayutla): Allanamiento de morada, violación y tortura sexual cometidos por soldados en la comunidad Barranca Tecoani en 2002.
- Caso Martín Barrientos Cortés: Detención arbitraria y tortura física en mayo de 1997, exponiendo la falta de transparencia del sistema de justicia militar.
- Caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera: Detención ilegal y abusos físicos perpetrados por soldados durante su arresto en 1999 en Pizotla.
El debate sobre el fuero militar
La resolución de estos atropellos pasa por definir los límites del fuero de guerra en delitos graves. En cuanto a la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de los hechos, la Corte recordó su Jurisprudencia constante en cuanto a que la misma debe tener un alcance restrictivo y excepcional; que solo debe juzgarse a militares activos por la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, y que, bajo ninguna circuntancia, puede operar la jurisdicción militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos.
Lea también: investigación sobre intentos de hackeo a Grupo Reforma
Lea también: ¿Cómo fue el proceso legal que exoneró a Rafael Márquez?
Lea también: investigan posibles abusos en operativos de seguridad locales