El uso de pipas de agua como solución al desabasto se ha convertido en una práctica común en diversas regiones. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución eficaz, puede representar un problema adicional, afectando la salud de los habitantes y generando otras problemáticas.
El caso del río Sonora
Como es de esperarse, todos los estudios sociales revisados aluden al evento del derrame de origen minero en el río Sonora. Para atender la problemática, se debió abastecer de agua a la población por medio de pipas y entrega de garrafones de agua purificada (Elizalde, 2020; Noriega, 2019). De acuerdo con Elizalde (2020), esta práctica de recolección de agua de las pipas afectó la salud de los habitantes.
Esta necesidad provocada por el derrame, trastocó la vida diaria de los habitantes, pues tuvieron que organizarse en torno a los horarios del reparto de agua. Además, por lo limitado del abastecimiento, fueron alteradas sus prácticas de higiene y salud al no poder hacer uso del recurso como se acostumbraba (Ortiz, Tapia y Rascón, 2016).
Otro estudio de más largo aliento iniciado en el mismo año del derrame, lo hizo Luque et al. (2019) a través de un trabajo de 253 entrevistas en 23 localidades del río Sonora durante 2014-2016. En su libro, los autores brindan una caracterización socioeconómica y ambiental de la región del río Sonora, y luego identifican algunos impactos del derrame. Como la marca negativa a la identidad colectiva de lo que significa el río; impactos en el ingreso económico y la organización productiva tradicional; afectaciones en los sistemas de acceso al agua para consumo humano para sus cultivos y animales y en la biodiversidad.
A una conclusión similar llega la tesis de Vázquez (2016), en la cual señala que se generalizó la idea de que cualquier producto pecuario o agrícola estaba contaminado, por lo que bajó la demanda de productos de la zona (Franco, 2019; Vázquez, 2016). También hubo un daño al sector turístico, pues las personas dejaron de visitar y consumir productos en la región (Carrillo, Espinosa, Olguín y Cuevas, 2015; Vázquez, 2016).
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Entre los problemas señalados se encuentra que hubo personas que se registraron sin ser realmente residentes de la región (Rascón, 2016; Toscana y Hernández, 2017); además, se señala la insuficiencia de una indemnización de 15 mil pesos por toma de agua ante la magnitud del impacto. También los pobladores indicaron que en la lista de beneficiarios faltaron personas que sí habían sido afectadas (Toscana y Hernández, 2017). El conflicto no fue solo por la forma en cómo repartieron dichos recursos, también por la manera como se dotó de infraestructura a las comunidades.
En conclusión, de acuerdo con los estudios sociales, prevalece la idea de que la indemnización no sirvió para remediar los impactos del derrame.
Pipas de agua y la salud pública
En San Luis Potosí, el uso de pipas para abastecer de agua a la población se ha convertido en una práctica común ante la evidente incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio continuo a través de la red pública. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución eficaz, representa un problema más: es insuficiente, costosa y deja a miles de familias en condiciones precarias.
El gasto que deben asumir hogares, comercios e industrias para garantizar el vital líquido resulta alarmante. En promedio, una pipa de 10 mil litros cuesta entre $900 y $1,500 pesos, y muchas veces se requieren varias al mes. Esto convierte al agua en un lujo que no todos pueden pagar. A esto se suma el riesgo sanitario latente.
La mayoría del agua distribuida en pipas no cumple con los estándares de calidad necesarios para su uso humano. Proviene de pozos, es apenas clarificada y tratada con químicos que sólo “encubren” temporalmente bacterias y contaminantes. Una vez que se disipa el efecto del cloro, el agua queda sobreclorada y potencialmente peligrosa. A pesar de ello, se cobra como si fuera potable. ¿Dónde están los certificados que lo avalen?
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La ley es clara: la CEA y la COEPRIS están obligadas a verificar la calidad del agua transportada en pipas y supervisar a los proveedores. No obstante, en la práctica, estas acciones son insuficientes o se intensifican sólo en momentos críticos.
La situación en Puebla
La ciudad de Puebla enfrenta un dilema creciente en torno al suministro de agua, donde las pipas emergen como una solución costosa pero necesaria para muchos residentes. Una investigación revela la magnitud del problema: los residentes de Puebla gastan enormes sumas en este servicio, enfrentando no solo altos costos sino también preocupaciones sobre la calidad del agua que reciben.
Según una investigación realizada por el Instituto de Ciencias de la BUAP, residentes de Puebla destinan una cantidad significativa de recursos financieros a la adquisición de pipas de agua, superando incluso los ingresos de la concesionaria Agua de Puebla. El estudio destaca que, a pesar de la disminución en el suministro de agua por parte del organismo operador, las pipas de agua no logran garantizar una alternativa efectiva y asequible para todos los residentes.
Además del aspecto económico, surge una preocupación aún mayor en torno a la calidad del agua suministrada por las pipas. Investigaciones previas han revelado niveles preocupantes de contaminantes, como plomo, en varios pozos de la región.
La crisis hídrica en Puebla se ve agravada por la contaminación del agua, un problema que afecta tanto a los recursos naturales como al suministro público. Las actividades diarias de los habitantes de Puebla, como lavar la ropa o los trastes, contribuyen a la contaminación del agua de manera inadvertida. La falta de plantas tratadoras de aguas residuales adecuadas agrava la situación, permitiendo que los contaminantes se acumulen en los ríos y arroyos de la región.
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Para abordar esta crisis, se requiere una acción concertada a nivel gubernamental y comunitario. Además, es fundamental fomentar la conciencia ambiental entre la población, educando sobre la importancia de preservar los recursos hídricos y adoptar hábitos sostenibles en el uso del agua.