Estados Unidos ha dado un golpe significativo a las relaciones bilaterales con México al acusar formalmente a varios funcionarios de alto nivel en el estado de Sinaloa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. se centra en el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros importantes políticos y figuras de seguridad, señalados por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa.
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló en su escrito, hecho público por el Departamento de Justicia, una lista con nombres y apellidos de funcionarios acusados de conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos.
Principales Acusados y Cargos
La acusación contra Rocha Moya, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, también incluye a otras nueve personas. Entre los señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios vinculados a instituciones de seguridad, procuración de justicia y cargos políticos en Sinaloa. Esta es la primera vez que un gobernador y un senador en funciones son acusados por la justicia de EE.UU.
Los cargos contra Rocha incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. El gobernador de Sinaloa fue acusado de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas. Los delitos tienen una pena mínima de 40 años y la Fiscalía podría llegar a pedir la cadena perpetua.
Según el Departamento de Justicia, todos los señalados presuntamente ayudaron al tráfico de "cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos" desde sus cargos. Además, el Departamento de Justicia señaló que los acusados recibían sobornos a cambio de facilitar las labores del Cartel de Sinaloa y la protección de sus cabecillas en el estado del noroeste de México. A cambio de tal colaboración, según la acusación, los señalados habrían "recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel".
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Conexión con "Los Chapitos" y Corrupción
En particular, los acusados presuntamente ayudaban a la facción de "Los Chapitos", que se quedaron al frente de un fragmento de ese cartel tras la detención y procesamiento judicial en EE.UU. de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Terrace Cole, el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ha señalado que Rocha fue elegido gobernador de Sinaloa en 2021 con ayuda de Los Chapitos, quienes le ayudaron "secuestrando e intimidando a sus rivales". A cambio, Rocha se reunió con ellos y les prometió protección. "Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa", afirmó el Departamento de Justicia. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público.
Las autoridades de Estados Unidos señalan que el Cartel de Sinaloa se ha aliado con los políticos y funcionarios "corruptos", quienes han "vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos" que llegaron a los millones de dólares. Entre las "funciones esenciales para el cartel" se encontraba la "protección a los líderes" para no ser investigados, detenidos o llevados a juicio. También son acusados de proporcionarles "información sensible de las fuerzas del orden y del ejército" para ayudarlos en sus actividades.
Según la investigación de la DEA, el fiscal Dámaso Castro Saavedra recibía 11.000 dólares al mes por informar a los miembros del grupo criminal de las operaciones policiales que se planeaban con ayuda de Estados Unidos. Por su lado, el comandante de la policía municipal de la capital del Estado, Juan Valenzuela Milán, cobraba 1.600 dólares al mes por dar acceso ilimitado a sus agentes y que el grupo los usara para "mantener el orden en Culiacán" con arrestos, secuestros y asesinatos. Este último, Valenzuela Milán, enfrenta acusaciones añadidas por participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar de la misma.
La Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán presuntamente "protegieron los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos", además de "permitir que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin sufrir consecuencias".
Listado de Funcionarios Mexicanos Acusados
La acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. involucra a diversas figuras clave en el gobierno y las fuerzas de seguridad de Sinaloa. A continuación, se detalla un listado de algunos de los principales señalados:
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| Nombre | Cargo/Rol Actual o Anterior | Acusaciones Generales |
|---|---|---|
| Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa | Narcotráfico, posesión ilegal de armas, conspiración, protección al Cártel de Sinaloa |
| Enrique Inzunza Cázarez | Senador por Morena, ex-Secretario General del Gobierno de Sinaloa | Narcotráfico, posesión ilegal de armas, conspiración |
| Dámaso Castro Saavedra | Vicefiscal General de la Fiscalía estatal | Narcotráfico, sobornos, información sensible al Cártel de Sinaloa |
| Enrique Díaz Vega | Exsecretario de Administración y Finanzas del Estado | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| Marco Antonio Almanza Avilés | Exjefe de la policía de investigación | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| Alberto Jorge Contreras Núñez | Exjefe de la policía de investigación | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| Gerardo Mérida Sánchez | Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| José Antonio Dionisio Hipólito | Exsubdirector de la policía del Estado | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| Juan de Dios Gámez Mendívil | Alcalde de Culiacán | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa |
| Juan Valenzuela Milán | Excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán | Narcotráfico, sobornos, protección al Cártel de Sinaloa, secuestro y homicidio |
Reacción del Gobierno Mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura cautelosa. La presidenta Sheinbaum, en su rueda de prensa diaria conocida como "La mañanera", señaló que "nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de EE.UU.) es político". "Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder contra" Rocha Moya, dijo la mandataria.
La presidenta de México explicó que la Fiscalía General de la República procederá a analizar la documentación recibida desde EE.UU. La Fiscalía de México confirmó revisar el pedido de EE.UU. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha respondido que Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de los hombres en la lista, pero que no ha enviado "elementos de prueba" de su culpabilidad. La petición, indicó la Cancillería, "no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición". "Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición".
El fiscal especial Ulises Lara señaló que esta solicitud no vino acompañada de las evidencias necesarias. "El tratado bilateral refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, de nuestro país", dijo el fiscal. "Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados", añadió. Sin embargo, anunció la creación de una investigación propia para determinar si hay bases para las detenciones de los acusados y su posible extradición. En los casos del gobernador Rocha Moya y el senador Inzunza Cázarez, el fiscal Lara aseguró que para su detención y procesamiento, primero el Congreso mexicano debe votar por la retirada de su fuero constitucional.
Sheinbaum hizo hincapié en la defensa de la soberanía de México, señalando que era la primera vez que ocurría algo así: "Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México". En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha cuestionado "la forma en que se dio a conocer" la acusación contra el gobernador y los otros nueve funcionarios -ante la confidencialidad provista en los tratados-, y por eso, ya ha confirmado que enviará una carta de extrañamiento a la Embajada estadounidense.
Descargos de los Acusados
Algunos de los acusados han rechazado los señalamientos. Rocha ha defendido su inocencia y asegura que la acusación es un ataque a la Cuarta Transformación. "Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno", ha subrayado en su perfil de X. "Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable", dijo.
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Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez también rechazó los señalamientos. "Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas", escribió el senador en su cuenta de X. Aseguró que la acusación responde a sus críticas a la presencia de agentes de EE.UU. en México que hizo en los últimos días por un caso ocurrido en el estado de Chihuahua. "Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas", escribió el senador en X. Inzunza también ha defendido su inocencia en sus redes sociales. "Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes", ha expresado.
Implicaciones en las Relaciones Bilaterales
Los cargos formales han detonado las ya sufridas y tensadas relaciones bilaterales entre ambos países desde la llegada de Trump, agravadas por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua bajo la sospecha de estar participando en un operativo de seguridad sin el conocimiento del Gobierno federal. El caso coincide además con una creciente presión del gobierno de Donald Trump para que México intensifique sus acciones contra los cárteles del narcotráfico.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha respaldado el anuncio de los cargos y ha subrayado el compromiso compartido por ambos países en el combate al narcotráfico. "La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos", ha zanjado.