La figura de Andrés Manuel López Obrador ha sido, en distintas etapas de su carrera política, centro de controversias y acusaciones que han puesto a prueba el sistema jurídico y político mexicano. Desde el proceso de desafuero en 2006 hasta las recientes acusaciones de narcopolítica que involucran a funcionarios de su partido, su trayectoria ha estado marcada por debates intensos sobre el uso del poder y el Estado de derecho.
El Proceso de Desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2006
La discusión que en México se dio sobre el procedimiento de desafuero del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no sólo provocó múltiples comentarios de naturaleza política en los medios de comunicación nacionales y en los circuitos políticos del país, sino también variadas reflexiones jurídicas al respecto. Estas últimas son las que ocupan las presentes líneas, aunque las políticas no dejan de estar presentes, por tratarse de un asunto eminentemente político que fue generado desde las instancias de poder con la intencionalidad evidente de eliminar a un adversario político de la contienda electoral del proceso comicial de 2006.
En este contexto, esas instancias utilizaron al aparato del Estado de manera ilegítima para mantener en el poder a los que actualmente gobiernan o a sus aliados, preocupados por una modificación al status quo que revertiría la situación de privilegio que durante décadas han tenido, e interesados en que no se combatan actos de corrupción como el Fobaproa, y se modifique el proyecto económico y social vigente. Las reflexiones jurídicas recorren el ámbito de lo jurídico, y ponen una vez más a prueba el frágil Estado de derecho que se pretende construir en México.
Debates Jurídicos y Filosóficos
En materia de filosofía del derecho se ha comentado el papel de la ley, del Estado de derecho y el de los derechos humanos. Para algunos, la ley debe imponerse a toda costa sin tomar en consideración ningún elemento ulterior como la justicia. La discusión pública ha servido para reafirmar que para la existencia del Estado de derecho no basta la ley, que ésta no sólo debe tener un origen democrático sino debe estar orientada hacia la garantía de los derechos.
El Estado de derecho implica origen y ejercicio democrático del poder, división de poderes, control de constitucionalidad, argumentación jurídica, publicidad del poder y control severo de su arbitrariedad. La ley por la ley puede ser el mejor instrumento de dominación del poder; la ley no puede absorber al derecho, la autoridad debe resolver conforme a la ley pero también conforme al derecho, la ley se debe interpretar y aplicar desde la Constitución y sus derechos.
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Otro tema que ha estado en la discusión pública en materia de filosofía del derecho, ha sido el saber si las formas de resistencia civil y la movilización social forman parte del Estado de derecho. Para muchos, estas formas son anti-Estado de derecho, incompatibles con él. Muchos, por el contrario, sostenemos que las movilizaciones sociales, la resistencia civil, la desobediencia civil, si se producen por cauces pacíficos son instrumento del Estado de derecho. Estos procedimientos permiten perfeccionar el Estado de derecho, advertir de sus insuficiencias, sus defectos e injusticias. Son instrumentos que operan ante la incapacidad de las instituciones establecidas para procesar reclamos y reivindicaciones sociales. Desconocerlas como opuestas al Estado de derecho es no asumir el origen democrático del poder y entraña concebir un orden jurídico autárquico y autosuficiente, lo que no puede ser sino una mentira, una imposibilidad racional.
Cuestionamientos Constitucionales
En materia constitucional se ha dado un buen número de discusiones y todas muestran la insuficiencia del orden constitucional nacional. Entre ellas destacan:
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El momento de la separación del servidor público desaforado: Según el párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución, el efecto de la declaración de procedencia sería separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos determina que si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión. En un procedimiento de desafuero anterior, el de René Bejarano, se prefirió el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al artículo 111 de la Constitución. Una recta interpretación debería privilegiar la norma constitucional sobre la legal.
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¿Qué autoridad debería haber sustituido al jefe de gobierno del Distrito Federal en caso de haberse producido el desafuero?: Opino que la hipótesis procedente es la de "cualquier otra causa", por lo que la Asamblea Legislativa debe designar a un sustituto que termine el encargo. Esto se debe a que no se actualizan los supuestos de falta temporal, de falta absoluta, de renuncia o las de remoción que, según la base quinta, inciso f), del artículo 122 de la Constitución, consisten en causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la unión o el orden público en el Distrito Federal.
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¿Debería haber participado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el procedimiento de desafuero?: Según el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, las legislaturas locales intervienen en los procedimientos de desafuero. La respuesta que tome en cuenta una interpretación literal de la Constitución será negativa, puesto que el Distrito Federal no tiene la naturaleza de Estado y el jefe de gobierno del Distrito Federal no era un gobernador. Sin embargo, en distintas ocasiones, el Poder Judicial federal ha asimilado a los órganos de gobierno del Distrito Federal a los poderes de un Estado. Este es un tema debatible y no resuelto totalmente.
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¿Existen medios de defensa legal contra las decisiones de la sección instructora y de la Cámara de Diputados en materia de declaración de procedencia?: Según el párrafo sexto del artículo 111 de la Constitución, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. El Poder Judicial se ha decantado por la improcedencia del juicio de amparo sobre cualquier acto o determinación en los supuestos del procedimiento de desafuero. Lo anterior significa que la sección instructora o cualquier órgano de la Cámara de Diputados, incluyendo a su pleno, puede tomar decisiones aberrantes o antijurídicas y no habría medio de defensa alguno, lo que contraviene los derechos humanos de los sujetos a estos procedimientos. Se trata de una excepción al control de constitucionalidad, de una excepción ¿constitucional? al Estado de derecho.
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¿Por las características de este procedimiento de desafuero, habríamos estado ante un golpe de Estado anticipado?: Muchos así lo han estimado, en virtud de las conversaciones entre el presidente de la república, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador, el secretario de Gobernación para decidir el procedimiento de desafuero y alterar con ello la autonomía de la procuraduría y la independencia judicial, porque encontraron impurezas que han pervertido el procedimiento. A sabiendas de la popularidad de López Obrador decidieron impedir su acceso como candidato presidencial en 2006, y de esa manera vulnerar la voluntad ciudadana, al reducir ilegítimamente sus opciones de voto.
Se utilizó la manipulación y se hizo uso político indebido de procedimientos e instrumentos jurídicos para hacerse del poder a espaldas de la voluntad electoral, y en síntesis, por la presencia de un ejercicio inmoral de la ley, de la política sin moral, una maniobra política que se sirvió inmoralmente de los medios jurídicos para socavar el Estado de derecho. Ciertamente no se trató de un golpe de Estado realizado por militares, pero sí por elementos del gobierno; se utilizaron vías ilegítimas, el uso faccioso del aparato del Estado para mantener a un grupo en el poder, y estas acciones se hicieron con violación del sistema constitucional al tratar de impedir el acceso a una candidatura presidencial con total menosprecio de la voluntad ciudadana.
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¿Se justificó el procedimiento de declaración de procedencia?: A la luz de la experiencia, en este caso me parece que se justificó la institución en contra de lo que opinaron, para otros casos, otras voces. Es verdad que la declaración de procedencia debió simplificarse y la norma secundaria debió ajustarse a la Constitución. Es incorrecto que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos pervierta en su artículo 25 el objetivo de la institución. Es también absurdo que contra las decisiones del órgano legislativo en esta materia no se hubiese admitido medio de defensa alguno, pues limita al Estado de derecho. Resulta aberrante que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 28 hubiese determinado la separación inmediata del cargo del servidor público al resolver sobre la declaración de procedencia, y el artículo 111 de la Constitución obligue a ello al momento de la sujeción a proceso.
La declaración de procedencia debe orientarse y concebirse por su finalidad: impedir que los amagos y acechanzas del poder permitan que acusaciones infundadas sirvan para destituir y/o inhabilitar políticamente al adversario. Cualquier propuesta de reforma en la materia debe verse en la integridad constitucional. Estas instituciones no deben servir para salvaguardar impunidades y permitir corrupción, pero tampoco para menoscabar y violar derechos humanos. Esto es, los fines públicos deben conciliarse con los derechos humanos del servidor público.
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Nuevas Acusaciones y la Reaparición de López Obrador en 2026
Andrés Manuel López Obrador ha decidido volver a escena en el momento más delicado para Claudia Sheinbaum. La denuncia del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve altos funcionarios por narcotráfico ha tensado sobremanera la relación bilateral, provocando además un terremoto político que amenaza con nuevas y devastadoras réplicas a base de más denuncias por narcopolítica contra otros gobernadores mexicanos de Morena, el partido oficialista.
La última reaparición de López Obrador sucedió en este contexto, en que el gobierno norteamericano ha acusado a diferentes funcionarios de México, como a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, de posibles nexos con el crimen organizado. En un documento de cinco cuartillas, reafirmó su apoyo a la mandataria federal, y acusó a algunos servidores de Estados Unidos de querer debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.
La Estrategia Defensiva del Gobierno Mexicano
Ante la escalada de presión política y judicial desde Estados Unidos, el expresidente y factótum de la izquierda mexicana publicó una carta en sus redes sociales cerrando filas con la presidenta. La estrategia defensiva del Gobierno mexicano, acostumbrado a manejar los embates de Donald Trump, ha ido subiendo de tono hasta abrazar abiertamente la tesis injerencista. El fundador y líder indiscutible de Morena dio un paso a un lado hace justo dos años, tras ceder el poder con la arrolladora victoria de Sheinbaum en las urnas. Un relevo que el propio López Obrador había diseñado al detalle para, además de dar espacio a la nueva presidenta, evitar grietas y guerras dentro de un partido heterogéneo.
Desde su retiro en su rancho de La Chingada, en el sur de Chiapas, el expresidente no había dado apenas señales de vida pública. Su reaparición ha sido esta vez más extensa, por medio de una carta donde se pregunta “¿por qué cambió tanto el presidente Trump?”, con quien él mismo tuvo que lidiar durante su primera etapa en la Casa Blanca (2017-2021). Con un tono entre medido y paternalista, López Obrador acusa al entorno del presidente estadounidense de utilizar “prácticas intervencionistas con el pretexto del combate al narcotráfico y la migración”.
Una tesis en la que profundiza al denunciar que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”. El Gobierno mexicano ha entrado definitivamente en una nueva fase en su estrategia de contención. Un patrón, las acusaciones de injerencismo, que están siguiendo otros gobiernos progresistas latinoamericanos, como el presidente brasileño Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, ante la campaña política y militar desplegada por Trump sobre la región.
Antes de la carta de López Obrador, la presidenta Sheinbaum ya había subido ese mismo escalón. “¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”, se preguntó retóricamente durante un acto masivo celebrado este domingo para celebrar los dos años de su victoria electoral. México, que afronta el año que viene unas elecciones donde Morena se juega mantener su mayoría parlamentaria, está levantando nuevos muros defensivos más allá del discurso. La semana pasada, la mayoría oficialista aprobó una reforma a la Constitución para permitir que las elecciones se puedan anular invocando una “injerencia extranjera”.
Mientras tanto, varios de los políticos, entre ellos el gobernador Rubén Moya, acusados de facilitar los negocios de una facción del Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos, se han presentado ya ante la Fiscalía General de la República (FGR). La Justicia estadounidense pide su captura y extradición, a lo que México ha respondido abriendo una investigación interna. En principio, todos comparecieron como testigos en una investigación con la que México busca, además de apuntalar su defensa de la soberanía, un cierto control de daños ante el escándalo.
El terremoto político tiene además una importante derivada económica. Estados Unidos está aprovechando la presión para apretar en las negociaciones ya abiertas para renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TMEC), el salvavidas mexicano ante la guerra comercial y la palanca para reanimar una economía estancada. Con este panorama, el horizonte no es muy alentador. Estados Unidos ha dado ya señales de que continuará con una campaña más agresiva contra la narcopolítica. Los siguientes nombres que aparecen en la palestra, según las filtraciones a la prensa que han sido la norma en otros casos, son los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo. De consumarse el nuevo golpe, el impacto sería aún mayor. Durazo fue secretario de Seguridad Pública de López Obrador en los primeros años de su sexenio.
En su carta, el expresidente ha comparado las concesiones que, a su juicio, hizo el primer Trump con México, como la firma del primer TMEC o la no inclusión de los carteles del narco como organizaciones terroristas, una de las primeras medidas que tomó tras su segunda llegada al poder. Para rematar, en su carta rescata un caso con evidentes ecos a la situación actual. La detención en suelo estadounidense en 2020 de Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018), bajo acusaciones también de vínculos con el narcotráfico. “Solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México; aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política”, apunta el expresidente. En aquella ocasión, con toda la maquinaria diplomática en marcha, México logró capear el temporal con una investigación propia que terminó por exculpar al general.
Reapariciones Públicas de López Obrador desde su Retiro
Desde que acabó su administración y dijo "Muchas gracias y hasta siempre", el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en cuatro ocasiones de su retiro de la política. Dichas salidas han sido a causa del lanzamiento de un nuevo libro en su faceta como escritor, a favor de Cuba y Venezuela, y en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La primera reaparición del exmandatario federal ocurrió un año y dos meses después de haber dejado este cargo, el cual asumió Claudia Sheinbaum después de ganar la presidencia, y fue con motivo de la publicación de su libro "Grandeza", editado por la española Planeta en 2025. De acuerdo con su descripción, López Obrador busca reivindicar el México prehispánico, los pueblos originarios y la grandeza cultural. "Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", comentó en X.
La segunda vez pasó luego de la operación "Resolución absoluta" ejecutada por el gobierno estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026, donde se aprehendió al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. A través de X, Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía y le recordó a Trump la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz". "Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano", escribió.
Poco más de dos meses después, el expresidente mexicano defendió a Cuba de los dichos y las acciones de EU, como la imposición de aranceles a los países que les vendieran petróleo, y que ha causado apagones y escasez de combustible en la isla. "Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", dijo, e invitó a la ciudadanía a donar a la asociación civil Humanidad con América Latina con el fin de adquirir alimentos, medicamentos y gasolina para "apoyar al pueblo cubano". EL UNIVERSAL dio a conocer que dicha organización no gubernamental, creada por ciudadanos, escritores y periodistas, había sido autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 9 de marzo de 2026 y cuenta con una vigencia de cuatro años con la finalidad de recibir donaciones.
La última reaparición de López Obrador sucedió este miércoles, en el contexto de que el gobierno norteamericano ha acusado a diferentes funcionarios de México, como a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, de posibles nexos con el crimen organizado. En un documento de cinco cuartillas, reafirmó su apoyo a la mandataria federal, y acusó a algunos servidores de Estados Unidos de querer debilitar a Morena y fortalecer a la oposición. "En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", expresó.
Análisis de Expertos sobre las Recientes Acusaciones de Narcopolítica
Los tiempos políticos nunca son producto de la casualidad, son calculados, dice la analista mexicana Stephanie Henaro, a propósito de la publicación de detalles de una investigación realizada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre supuestos aportes del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del año 2006 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "No creo que el Departamento de Estado de Estados Unidos saque unas declaraciones sin ser verificadas. No podemos perder esto de vista, pero sí hay que esperar que salgan más pruebas”, añade Henaro. Tener el tema sobre la mesa podría ser una oportunidad de reaccionar ante las denuncias y las sospechas que quedan planteadas.
Para Ernst, "sin una lucha coherente contra la corrupción seguirán inefectivas todas las demás políticas para bajar la violencia en el país”. Henaro, en tanto, piensa que la reacción de AMLO ante las denuncias "son la típica respuesta de su administración, que solamente invalida los temas que no son convenientes”. Para ella, el que la acusación "venga directamente de Estados Unidos saca a relucir la impunidad y la ausencia de justicia que hay en México”. Las acusaciones provocaron un sismo, pero no son necesariamente sorprendentes. Ernst estima que las acusaciones podrían sorprender a quienes "creen que existe una clara línea divisora entre Estado y crimen, pero ese no es el caso”.
De acuerdo con el experto de International Crisis Group, "el crimen organizado forzosamente participa en la política en el país, y una de las puertas de entrada han sido y siguen siendo las elecciones. Esto se manifiesta más allá de los colores de partido o de los niveles de gobierno. Que haya acuerdos no es la excepción, sino la regla”. Sin embargo, también destaca que "las acusaciones contra López Obrador son eso, acusaciones, y no pruebas directas en contra de su persona”. Ambos expertos consultados coinciden en que lo ocurrido, por tener lugar en época electoral, tiene connotaciones especiales. Para Henaro, el golpe podría ir dirigido tanto a AMLO como a la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. "En este contexto ambos son sinónimos”, estima. Ernst, por su parte, duda de que haya efectos electorales, pero sí ve otras consecuencias.
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