La figura del fraude a los acreedores ha sido, desde la antigua Roma hasta nuestros días, un tema de vital importancia y objeto de grandes polémicas en el ámbito jurídico. Los autores discrepan sobre varias aristas del instituto, lo que se ve reflejado en distintos sistemas comparados. El objetivo principal de este análisis es explorar la figura actualizada del fraude a los acreedores y las medidas legales disponibles para su represión, abordando el marco normativo y las implicaciones prácticas de su aplicación.
El Fraude a los Acreedores en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)
En el marco del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), la institución del fraude a los acreedores ha sido objeto de una regulación amplia y completa. Luego de un gran esfuerzo por parte de la doctrina y la jurisprudencia, la reforma del CCyC incluyó diversos aspectos de la acción revocatoria, dando lugar a un marco legal completo para la protección de los acreedores. Las modificaciones aplicadas se consideran suficientes para la protección de los acreedores, debido a que pasó a incluir supuestos de fraude que antes no se mencionaban, y permite entablar la acción revocatoria a todos los acreedores, no sólo a algunos como planteaba el CC de Vélez Sársfield.
El legislador moderno supo oír las críticas doctrinarias priorizando la amplitud, en miras de la aplicación práctica, fundamentalmente en lo que hace a las implicaciones prácticas y las dificultades que existen a la hora de peticionarlo ante un tribunal y obtener una sentencia favorable. Una de las innovaciones es que el CCyC elimina la necesidad de fecha anterior del crédito al hecho fraudulento, y deja clara la categoría de dicho instituto, estableciendo que se trata de una acción personal, hasta el monto del crédito, cuyo efecto es la inoponibilidad.
Condiciones para la Acción Revocatoria
Para que la acción revocatoria prospere, es fundamental que la acción se ejercite dentro del plazo de caducidad de cuatro años.
Consecuencias para Terceros Adquirentes de Bienes Fraudulentos
Una cuestión crucial en el fraude a los acreedores es qué ocurre con los terceros que adquirieron los bienes enajenados por el deudor de forma fraudulenta. El tratamiento legal varía según la buena o mala fe del tercero:
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- Mientras que en caso en que la adquisición se produjera de forma onerosa: si el tercero adquirente actuó de buena fe no se procederá a rescindir su adquisición, debiendo dirigirse el acreedor contra el deudor fraudulento.
- Pero si actuó de mala fe, se verá obligado a devolver los bienes adquiridos o, en caso en que por cualquier razón no pudiera devolverlos, deberá indemnizar a los acreedores por los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado.
El Fraude en los Procesos de Insolvencia: Desafíos y Estrategias
La normativa de insolvencia, como la Ley 2445 de 2025 sobre la insolvencia de la persona natural no comerciante y del pequeño comerciante, introdujo ajustes importantes al régimen. No obstante, la lectura y aplicación de esta norma revela un problema de fondo: el desequilibrio que puede generarse frente a los acreedores al otorgar una protección excesiva al deudor. En manos de quienes actúan de mala fe, este proceso puede convertirse en un mecanismo para defraudar a terceros de buena fe de formas tan diversas como ingeniosas.
La Indefensión del Acreedor y las Maniobras Fraudulentas
En contraste, el acreedor se enfrenta a un escenario mucho más restrictivo: debe someterse a un proceso en el que solo se le reconocerá el valor de su capital, renunciando a los intereses; cualquier proceso judicial que hubiera iniciado se suspende, y sus decisiones se diluyen, pues dependen del consenso con el resto de los acreedores. No todos los deudores que acuden al proceso de insolvencia lo hacen con la buena fe que presume la ley. Existen casos en los que este mecanismo se convierte en un verdadero instrumento de fraude:
- Deudores que fabrican acreencias inexistentes o infladas, muchas veces a nombre de familiares o allegados, con el único propósito de manipular las mayorías en la votación de los acuerdos o diluir la participación de los acreedores reales.
Frente a estas maniobras fraudulentas, los acreedores se encuentran en una posición de marcada indefensión. Los plazos de la negociación son breves, las exigencias probatorias al deudor son mínimas y las herramientas de defensa resultan insuficientes. La ley se limita a exigir que el deudor relacione las acreencias sin requerir documentación sólida que las respalde, mientras que al acreedor objetante se le impone una carga excesiva de la prueba: debe demostrar que una deuda es ficticia, sin contar con mecanismos efectivos como el interrogatorio de parte o la solicitud de documentos adicionales que acrediten la capacidad económica del supuesto acreedor o la realidad de la obligación.
Por ejemplo, un deudor que debe 100 millones de pesos a su banco puede, al iniciar el proceso de insolvencia, incluir una supuesta deuda de 300 millones a nombre de su primo, respaldada por un simple documento privado. En este caso, el primo, convertido en el acreedor más grande, obtiene la mayoría en las votaciones del acuerdo, aprobando condiciones que reducen o diluyen el pago a los acreedores verdaderos. Cuando el banco intenta objetar esa deuda ficticia, se encuentra con la dificultad de probar su inexistencia sin acceso a documentos o movimientos financieros del deudor o del supuesto acreedor.
Caminos para Contrarrestar los Abusos
A pesar de la aparente indefensión del acreedor, existen caminos que permiten contrarrestar los abusos de los deudores de mala fe:
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- La primera es exigir prueba documental idónea de las obligaciones, y cuando ello no es posible dentro del trámite concursal, acudir a mecanismos de prueba extraprocesal como el interrogatorio de parte, la exhibición de documentos o la revisión de libros de comercio, que permiten fortalecer la posición del acreedor objetante.
- La segunda consiste en formular oposición formal ante el conciliador, objetando la existencia, monto, origen o legitimidad de los créditos dudosos, aun cuando este camino resulte desgastante y la carga probatoria sea desproporcionada.
Resulta imperante llenar los vacíos legales de las normas de insolvencia para evitar que estos procesos sean utilizados por los “vivos”, en detrimento de los acreedores legítimos y de los deudores que realmente necesitan de este mecanismo. Es importante dotar al conciliador de mayores facultades de verificación e indagación sobre la existencia y veracidad de los créditos, así como de establecer sanciones efectivas frente a los fraudes y recordar las consecuencias penales que puede acarrear la manipulación de este tipo de procesos. La insolvencia debe ser un instrumento de reactivación, no de manipulación.
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