El sistema de justicia penal contempla diversos mecanismos para la resolución de conflictos, entre los cuales destaca el procedimiento abreviado. Este permite la obtención de una sentencia de manera inmediata y ayuda a evitar el proceso ordinario. Se trata de un acuerdo anticipado al proceso que se establece entre el acusado y la defensa con la parte acusadora. Su finalidad es que la autoridad competente emita una sentencia, evitando así que se lleve a cabo el juicio correspondiente, de ahí que procede la palabra “abreviado”. Uno de sus objetivos principales es descongestionar el proceso penal.
Origen y Evolución del Procedimiento Abreviado
Para comprender el procedimiento abreviado, es fundamental conocer su origen. Este procedimiento ha sido objeto de estudio por diversos autores en la materia, como lo refieren diversos autores en la materia como Falcón (2010).
Históricamente, los sistemas jurídicos de cada nación, con sus estructuras políticas, han dado lugar a diferentes enfoques. En el pasado, los casos que se presentaban no se resolvían adecuadamente. Se observaban características del sistema anglosajón, que buscaba abarcar el ámbito político y religioso. El procedimiento se realiza en el sistema acusatorio, buscando resolver situaciones complejas, ya sea que se tratara de aspectos religiosos, políticos o sociales, y procurar que el imputado fuera juzgado sin emplear la fuerza y los castigos.
Los ordenamientos jurídicos que rigen la organización legal de cada uno han evolucionado. En el Reino Unido, por ejemplo, existían precedentes legales establecidos por los tribunales donde se negociaba la admisión de cargos que se le imputaban y de esta manera se evitaba llegar al juicio del acusado. A diferencia de estos sistemas, en países similares al de México, se rigen bajo el derecho continental.
En el contexto mexicano, aún se carecía de diversos aspectos para efectuar este tipo de juicios. Las reformas, como la de 2011, relativa a los derechos humanos del 10 de junio de 2011, han sido influenciadas por instituciones competentes en la materia, como el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estas reformas buscaron modernizar la justicia, permitiendo que la federativa legislar en materia penal.
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El sistema jurídico penal actual estipula que el proceso penal será acusatorio y oral, fundamentado en principios como publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto incluye la consideración de si es aplicable el procedimiento abreviado, siempre bajo lo previsto en la constitución, Tratados y demás leyes, y de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El derecho de defensa del imputado es fundamental, así como la aplicación de medidas cautelares. La tutela y garantía de los derechos humanos constituye precisamente la finalidad del sistema, ya que se buscan hacer efectivos los derechos humanos nacionales. El artículo 8 de la CADH (1969) es un referente importante, así como la progresividad de la ley (CPEUM, 1917, pág.). El modelo que se sigue busca satisfacer de manera adecuada los derechos de los ciudadanos cada vez que son transgredidos (Ferrajoli, 1989, pág.).
Requisitos y Beneficios del Procedimiento Abreviado
El procedimiento abreviado se aplica en casos no tan graves y tiene sus cimientos en dos supuestos principales: la renuncia al proceso ordinario y la aceptación voluntaria de los cargos. Uno de los mayores beneficios es la reducción de la pena condenatoria. Este mecanismo permite al acusado, a través de la defensa, llegar a un acuerdo sobre el delito, la pena o sobre ambos. Las peticiones hechas por el acusado al juez deben ser realizadas previamente para lograr el fin de aceptar su responsabilidad. Este proceso es conocido como "terminación anticipada”.
La resolución de los casos en los que puedan ser empleadas estas vías, como las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), se vuelve más eficiente. La idea es que se tengan los requisitos necesarios para que este procedimiento sea implementado, de acuerdo con la exposición de motivos de la ley. Además, este mecanismo contribuye a evitar un proceso ordinario que puede ser largo y costoso en el que la pena impuesta puede ser mayor. También, al agilizar los procesos, se busca combatir un mayor índice de corrupción y de comisión de hechos delictivos.
El Papel del Ministerio Público
El Ministerio Público juega un papel crucial en el procedimiento abreviado. Es su responsabilidad presentar las pruebas que justifiquen la causa de la detención del inculpado y que sustentan las pruebas presentadas por parte de la víctima y el imputado. Una condición indispensable para este procedimiento es que la víctima u ofendido no presente oposición.
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El Ministerio Público actúa como mediador y, junto con el juez, fija las penalidades correspondientes. En el caso de delitos culposos, la pena puede reducirse hasta una mitad de la mínima. Para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia, siempre bajo las modalidades que determine la ley.
La Acusación Particular en el Proceso Penal
La acusación particular es la posición procesal por la cual una víctima o damnificado acusa penalmente a quien haya cometido el hecho delictivo. Este acto es independiente de la acusación del Ministerio Fiscal y se vincula a hechos públicos o semipúblicos. La persona ofendida por el delito, acompañada de su abogado, presenta la acusación con el fin de perseguir el hecho y obtener las sanciones que correspondan.
¿Quiénes pueden ejercer acusación particular?
Según lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está legitimado para personarse en acusación particular quien sea afectado por un delito contra sí mismo, su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos o afines. Estos pueden ser:
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Ciudadanos españoles | O, en su defecto, representantes legales. |
| Ciudadanos extranjeros | En los casos de delitos contra sus personas, bienes o representados. |
| Personas jurídicas | |
| Estado y organismos públicos | Cuando se trata de delitos vinculados, por ejemplo, a la vulnerabilidad de derechos establecidos en la Constitución. |
| Asociaciones carentes de personalidad | Que han sido afectadas por un delito (sociedades irregulares, comunidad de propietarios, etc.). |
Delitos con diversos perjudicados
En algunos casos se cometen delitos que atentan contra dos o más personas, por lo que se habla de multiplicidad de víctimas o perjudicados. En estos supuestos existen diferentes opciones de acusación particular:
- Personación independiente de cada uno de los afectados por el delito con su respectivo representante legal.
- Agrupamiento de los afectados bajo una misma defensa o varias según los intereses que persigan. Esta medida suele ser indicada por el Juez para el buen orden de un proceso.
Es importante aclarar que si hubo acción penal por uno de los afectados no se limita el derecho a otros. Es decir, si una persona afectada por el delito inició acción penal, a posteriori otro perjudicado también podrá hacerlo.
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Imputado y acusación particular, ¿es posible?
Si bien a simple vista parece existir una incompatibilidad, es necesario analizar las circunstancias de cada caso. Dentro de un mismo procedimiento es posible que una misma persona sea imputada y ejerza su derecho de acusación particular. El ejemplo más claro es una riña en la cual las partes pueden ser simultáneamente imputados y acusadores. Si el primero realiza una acusación particular por un delito contra su persona, el acusado queda imputado. Ahora bien, este último puede, a su vez, acusar al primero y el acusador también se convierte en imputado. Por lo tanto, no hay incompatibilidad entre las dos figuras en este procedimiento.
Procedimiento y Beneficios de la Acusación Particular
¿Cómo se realiza una acusación particular?
Para personarse en el proceso es necesario que el acusador particular esté acompañado de un abogado. Existen diferentes formas o momentos en los que se pueden presentar, pero en todos es requisito el abogado que lo represente.
Inicio del proceso
Una de las maneras es que el damnificado por un hecho delictivo contra sí mismo o sus bienes interponga una denuncia o querella criminal. La misma se realiza en el Juzgado de Instrucción competente, tal como lo fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 270. Con este paso se promueve el inicio de un proceso penal.
Procedimiento iniciado
Cuando el procedimiento penal está en curso, la Administración de Justicia debe ofrecer acciones penales y civiles al damnificado. A la vez, informar sobre sus derechos a personarse como parte acusadora. Será, entonces, una decisión de la propia víctima incorporarse o no. El damnificado tiene el derecho a incorporarse al juicio oral y presentar sus conclusiones, así como considerar las del Ministerio Fiscal o de otras acusaciones. Esta personación se denomina 'apud acta' y no paraliza ni retrocede el procedimiento.
Lo que no está permitido es que en esta personación en el juicio oral se interpongan acusaciones sorpresivas. De lo contrario, se interferiría el derecho de defensa del acusado. Cuando el ofendido no ha recibido la instrucción de sus derechos, por omisión de la Justicia, se puede provocar la nulidad de lo actuado hasta el momento. La personación en este momento es la oportunidad de subsanar esta omisión.
¿Por qué proceder a la acusación particular?
Cuando un perjudicado o víctima ejerce una acusación particular en el procedimiento penal es parte de la causa. De esta manera, el letrado que lo representa tiene acceso a toda la información propia del expediente. Con el ejercicio de acusación particular se atribuye el derecho a proponer diligencias y participar con plenitud en el proceso penal. Algunos de los beneficios de una acusación particular son:
- Tienen la libertad de aportar las pruebas que obtengan durante la investigación.
- Presenciar los testimonios y declaraciones que brinde el acusado.
- Asistir a las declaraciones de todos los testigos citados a la causa.
- Presentar escrito de acusación.
- Asistir al juicio.
- Tener un representante exclusivo que defiende sus intereses particulares y trabaja para conseguir las condenas e indemnizaciones que correspondan.
Renuncia y Costas de la Acusación Particular
Renuncia del acusador particular
Un acusador particular coincide durante el procedimiento con un acusador del Ministerio Fiscal. Es decir, por el tipo de delitos ambos pueden estar en la misma posición en simultáneo, como acusadores. Uno por ser el damnificado y el otro por oficio. Si por un motivo el acusador particular, o sea, la víctima del hecho delictivo, decide renunciar, el desenlace será:
- Archivo de causa cuando se trata de delitos privados o delitos leves perseguibles a instancia de parte.
- Continuidad del procedimiento por el Ministerio público, de oficio, que sostiene su acusación para el resto de los delitos.
Costas de la acusación particular
Es la ley la que determina la responsabilidad de afrontar las costas del procedimiento y dependerá, en gran medida, de la sentencia.
- Acusado absuelto: Si la sentencia determina la absolución se impone el pago de las costas al acusador particular cuando haya actuado con temeridad o mala fe.
- Acusado condenado: Las costas correspondientes a la acusación particular serán impuestas al condenado en las causas por delitos perseguibles a instancia de parte.
La figura acusación particular es un derecho de los perjudicados, mediante la representación de un abogado, de ser parte de cada etapa de la causa. Asimismo, tiene la opción de integrarse a presentar conclusiones cuando el procedimiento esté iniciado por el Ministerio Fiscal.