El panorama político y judicial en Ciudad Juárez se ha visto convulsionado por una serie de acusaciones que involucran directamente a figuras de alto nivel. La situación ha escalado a niveles federales, poniendo en el centro de la controversia a Armando Cabada Alvídrez, actual aspirante a diputado federal plurinominal por Morena.
Procesos judiciales contra Armando Cabada
El alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, deberá comparecer mañana martes en el Centro de Justicia Federal. La relevancia del citatorio podría derivar en que al alcalde Armando Cabada se le vincule a proceso. El citatorio es en relación con el seguimiento que hizo la Fiscalía General de la República, quien encontró elementos suficientes para atraer el caso y llevarlo ante la justicia penal federal.
Este proceso se origina tras un incidente donde, de acuerdo con testigos presenciales y a la investigación que realizó la Fiscalía General de la República, el alcalde Cabada agredió verbalmente y amenazó al periodista de Televisa Juárez. Se trata de un ataque contra un periodista por el delito de amenazas, previsto y sancionado en el artículo 204 del Código Penal de Chihuahua. Como resultado del incidente, el periodista de Televisa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Alberto Velázquez, abogado de Héctor González, explicó a Norte Digital que durante la audiencia del martes el Ministerio Público federal presentará la imputación contra Cabada. Ya incorporados los argumentos, el juez fijará 72 horas o incluso la duplicación del término a 144, para que Armando Cabada presente su respuesta.
Señalamientos de complicidad política y administrativa
Más allá de las agresiones, han surgido graves acusaciones respecto a la gestión pública. El diputado panista sostuvo que la omisión de denunciar oportunamente convierte al alcalde en cómplice político y administrativo de una situación que afectó recursos retenidos a trabajadores municipales.
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Al respecto, se han destacado los siguientes puntos críticos sobre la gestión y las omisiones señaladas:
- Incumplimiento legal: Quien conoce una irregularidad de esta magnitud tiene la obligación de denunciar y de tomar las medidas necesarias para proteger el patrimonio de los trabajadores y del municipio.
- Falta de transparencia: Olson afirmó que la comparecencia dejó más dudas que respuestas, pues lejos de deslindarse de la situación, Cruz Pérez Cuéllar reconoció que tuvo conocimiento del problema sin haber promovido las acciones legales correspondientes.
- Exigencia ciudadana: El caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias para garantizar que nunca más se juegue con recursos que pertenecen a las familias juarenses.
“El problema no es solamente que existiera un adeudo; el problema es que, una vez conocido, no se actuó conforme a la ley”, expresó el legislador. Por tanto, se insiste en que los ciudadanos merecen conocer toda la verdad y que se determinen las responsabilidades correspondientes, ya que la rendición de cuentas no puede limitarse a explicaciones políticas.
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