La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció la inocencia de las indígenas hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas injustamente por más de tres años. A 11 años de que Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de secuestrar a seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la PGR ofrecerá una disculpa pública y reconocerá su inocencia.
Las mujeres, que vendían aguas frescas, fueron acusadas por el secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en marzo de 2006, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
El Incidente en Santiago Mexquititlán y la Falsa Acusación
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa comenzó el 26 de marzo de 2006, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando seis agentes de la AFI despojaron a varios comerciantes de sus mercancías y acusaron que se trataba de piratería. Los afectados exigieron que los autores se identificaran y exhibieran la orden que avalara el desalojo, por lo que los elementos que participaron en tal operativo dejaron la comunidad y acordaron con los comerciantes pagar por los daños causados.
Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, el Procurador General ordenó el arresto de tres mujeres indígenas que aparecían en una foto junto con los agentes de la AFI en un diario local. Luego de cinco meses, las mujeres fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los oficiales de la AFI. Las tres mujeres fueron detenidas el 3 de agosto de 2006, y su expediente fue consignado con pruebas falsas y contradictorias.
Durante las audiencias, los agentes de la AFI se contradijeron y el testigo principal nunca apareció en los careos. La única evidencia en su contra es una fotografía publicada en un periódico local en la cual Alberta y Teresa se ven al lado de los agentes de la AFI.
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Las Víctimas y el Proceso Judicial Injusto
Jacinta Francisco Marcial, junto con otras dos indígenas que vendían aguas frescas en un tianguis de Querétaro, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR -que vestían de civil- durante un zafarrancho, que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.
Perfiles de las Mujeres Indígenas
- Alberta Alcántara Juan es de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro. Tiene 31 años de edad y antes de su detención trabajaba en una fábrica de ropa y en una pequeña parcela de tierra propiedad de su familia. También confeccionaba muñecas de tela para incrementar los ingresos de su familia.
- Teresa González Cornelio es originaria de San Francisco Shaxni, municipio de Acambay, estado de México. Ella tiene 25 años de edad y antes de su detención trabajaba las tierras de su familia y hacía muñecas de tela. Esta casada con Gabriel, el hermano de Alberta.
Las Sentencias y la Defensa
Por esta acusación de secuestro, Jacinta fue sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español.
El 19 de diciembre de 2008, Jacinta fue la primera en recibir una sentencia condenatoria de 21 años de prisión y 2 mil días de multa, que equivalía a 91 mil 620 pesos. Fueron condenadas a 21 años de prisión. Durante los tres años en los que estuvieron recluidas, sufrieron violencia de género en su condición de mujeres, indígenas y pobres.
Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de seis hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua. También se demostró que materialmente es imposible que ella, junto con las otras dos mujeres indígenas, pudieran privar de la libertad a seis agentes.
La Lucha por la Liberación y la Persistencia de la Injusticia
Por esas razones, un Tribunal Unitario revocó en 2009 la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad. Jacinta salió libre en septiembre de 2009 -tras tres años en la cárcel- después de que la PGR se desistió de la acusación.
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Alberta y Teresa fueron originalmente detenidas y acusadas conjuntamente con Jacinta Francisco Marcial, otra vendedora, quien fue liberada en septiembre de 2009. Sin embargo, a pesar de la misma falta de evidencia en el proceso de Teresa y Alberta, la PGR decidió mantener los cargos y por lo tanto buscar una confirmación de la condena.
Las dos mujeres, que fueron condenadas a 21 años de prisión, están esperando el resultado de un nuevo juicio. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se encuentran encarceladas en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006. La audiencia final del nuevo juicio fue el 3 de febrero de 2010. Desde entonces el juez tiene 30 días hábiles para emitir una sentencia.
Reconocimiento de Inocencia y Disculpa Pública de la PGR
En 2016, 10 años después de haber sido encarceladas, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la PGR debía reparar el daño en este caso. La disculpa se ofrecerá ocho meses después de que este Tribunal Colegiado se lo ordenó a la PGR.
A través de sus redes sociales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el próximo 21 de febrero en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología se realizaría este “evento inédito”, que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por haber acusado a las tres mujeres indígenas ñhä-ñhú de secuestrar a los agentes federales.
La aceptación del error de la dependencia, se llevará a cabo el próximo 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, "para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas", dijo la PGR, que también informó que el evento será transmitido en vivo, a través de www.gob.mx/pgr y por el canal de la plataforma YouTube del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y contará con la participación de las víctimas, así como de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las mujeres.
Ante ello, la PGR anunció a través de un comunicado, que llevará a cabo un evento de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las indígenas, acto público mediante el cual cumplirá con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04;6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04.
Implicaciones del Caso y Desafíos en el Sistema de Justicia
“El caso es emblemático ya que muestra la discriminación y juicios injustos que muchos y muchas indígenas enfrentan en el sistema de justicia penal mexicano,” dijo Rupert Knox. En México, sin embargo, aunque el artículo 1 de la Constitución cita desde junio de 2010 que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, no existe una legislación para que ocurra. “El gobierno mexicano debe liberarlas inmediatamente y sin ninguna condición.”
“La violencia es un producto de las desigualdades perpetuadas por una cultura machista por ello hay que desnaturalizarla, desecharla y denunciarla”, mencionó la secretaria de las mujeres, Ingrid Gómez e informó que por ello las Lunas están cumpliendo una labor muy importante pues las atenciones vienen en incremento con un 25% al año pasado.
En su turno, Gasman Zylberman, presidenta del Inmujeres, resaltó el compromiso coordinado de las instituciones por buscar la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. Sin embargo, hizo un llamado a la acción “para implementar estrategias que involucren a las masculinidades a informarse y comprender la gravedad del contexto de violencia en el que se encuentran las mujeres, pues no solo se trata de prevenir y sancionar, sino de educar.
“Hay que decirle a los hombres que la violencia no es natural que debemos de acabar con ella.”
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