Por mayoría de votos en sesión plenaria del Congreso del Estado, Juan Manuel León León fue designado como Fiscal General Autónomo del Estado. Ocupará el cargo por un período de 12 años, como lo establece la reforma de ley aprobada el mes pasado.
Designación de Juan Manuel León León como Fiscal General Autónomo
El voto de confianza para continuar al mando de la Fiscalía, se realizó en el marco de la sesión realizada en el recinto legislativo. Los 25 diputados que conforman la LXIII Legislatura emitieron su voto correspondiente. Cabe recordar que la terna enviada por el Ejecutivo, estuvo integrada por María del Mar Flores, Edgar Homero Rosado Muñoz y Juan Manuel León León, quien resultó favorecido en la votación.
En días pasados, el hoy Fiscal Autónomo compareció ante los diputados para presentar su propuesta de trabajo. Se comprometió a continuar con las acciones para impulsar su proyecto de una Fiscalía Ciudadana, cercana a la gente, respetuosa de los procesos, además de una estrategia de trabajo con base en siete proyectos aplicables para todas las áreas especializadas de la dependencia.
Juan Manuel León León cuenta con una trayectoria en el servicio público con más de 30 años. Ha ocupado puestos como Ministerio Público, Secretario Técnico y Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupo hasta antes de ser designado Fiscal General del Estado en 2020.
Cambios en la Investigación del Caso Ayotzinapa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, trabajará “nuevas orientación en la investigación” de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014.
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Las nuevas pesquisas, detalló la mandataria, se harán “a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años”. Según destacó Sheinbaum el miércoles, el nuevo responsable de la Unidad Especial “ya está muy familiarizado con el caso”.
Pazarán releva a Rosendo Gómez Piedra, que había liderado las investigaciones desde 2022. En los últimos meses se había instalado en la Fiscalía General de la República una guerra con acusaciones cruzadas entre el propio Rosendo Gómez y un grupo de trabajadores. En la denuncia, las personas supuestamente afectadas señalan al exresponsable por peculado y extorsión, entre otros delitos.
El fiscal señaló entonces a EL PAÍS que las acusaciones eran falsas y que se trataba de una “venganza” por el despido de dos personas, que justificó porque “estaban robando información”. Sin embargo, Sheinbaum aseguró que “él renunció, él decidió renunciar”. Y vinculó la salida con una petición de ls familiares. “Incluso ya habían pedido que el fiscal no permaneciera”. “Y fue una decisión de él, de decir: ‘Bueno, yo ya cumplí un periodo, una fecha’, y tomó la decisión de retirarse”, mantuvo.
El sustituto se integró en el equipo hace meses y ya conoce a los allegados de los desaparecidos. “Hubo una reunión ya con él o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento”, señaló.
Los padres y las madres de Ayotzinapa, continuó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, cuentan con la información que ha dado pie a las nuevas líneas de investigación. “En cuanto haya resultados, obviamente, se le informará, después de informarle a los familiares, a todo el país”, precisó.
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Hace justo un mes fue asesinado uno de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República para esclarecer lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Patricio Reyes Landa, alias Pato, fue supuestamente uno de los criminales que participó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
La impunidad ha rodeado durante más de una década la investigación del caso y en mayo también fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por la vinculación con la desaparición de los estudiantes. Según la acusación, la funcionara estuvo involucrada en la desaparición de las grabaciones de cámaras en el Palacio de Justicia de Iguala, donde los normalistas fueron secuestrados en septiembre de 2014.
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