Descubre por qué el Pacto Fiscal Federal es clave para una distribución justa y equilibradapost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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El sistema nacional de coordinación fiscal es precisamente eso: un sistema diseñado para que los estados se coordinen fiscalmente. La adhesión a este sistema, que se diseñó en 1978, se llevó a cabo por medio de convenios. Con este convenio los estados renunciaron a su facultad administrativa de recaudar los impuestos federales, los que se constituyeron en la recaudación federal participable, la que en turno se les participa en un porcentaje (20.5%) mediante una fórmula, que ha evolucionado con el tiempo.

Uno de ellos es el Pacto Fiscal, con el que los estados coordinan apoyos económicos a través de la Federación. Hay dinero que los estados recaudan para la Federación a través de impuestos especiales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En suma, si bien el pacto fiscal ha pendido de un hilo desde su creación, el tiempo le ha añadido una complejidad de la que no es fácil librarse.

Desafíos estructurales ante una posible separación

Si un estado decidiera salir del pacto fiscal, tendría primero que proponer una nueva estructura fiscal, aprobarla en su Congreso, y después fortalecer de manera importante una oficina recaudadora de los impuestos. Si bien ya existe un brazo recaudador en los estados, este no tendría experiencia ni estructura organizacional para recaudar los nuevos gravámenes de la noche a la mañana. Así, en el primer año, muy seguramente los estados sufrirían una caída drástica de sus ingresos. La separación del pacto fiscal de la Alianza Federalista sería ciertamente disruptiva para ambas instancias, la federal y la estatal.

Indicadores del gasto federalizado

El análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) ofrece una visión clara sobre el impacto de los recursos en las entidades:

  • Gasto federalizado 2025: 2 billones 633.2 mil millones de pesos.
  • Representación sobre el PIB: 7.3%.
  • Disminución presupuestal: 1.2% previsto para 2025.
  • Participación histórica: Pasó del 31% (2018) al 26% actual.

La propuesta de reforma y la búsqueda de equidad municipal

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal con el objetivo de mejorar la distribución de los recursos entre el gobierno federal y los municipios. Con esta reforma, se destacó la necesidad de asignar más recursos a los municipios del país y la importancia de una distribución más equitativa para impulsar el desarrollo regional.

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La necesidad de esta reforma surge de la reciente disminución en el Gasto Federalizado, lo que implica menos recursos para los municipios y un mayor centralismo en la asignación de fondos. Mario Vázquez dijo que, a lo largo de los últimos años, México ha experimentado un aumento del centralismo fiscal, lo que ha generado una mayor concentración de recursos en el gobierno federal. El centralismo fiscal ha puesto en riesgo el futuro de los estados y municipios, limitando su capacidad de crecimiento y desarrollo.

La reforma propuesta busca modificar el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para asegurar que la distribución de los recursos sea más justa y transparente. Como señaló el senador: “Ha llegado el momento de revisar qué le regresamos a los municipios, como Federación”. Comprar equipamiento, homologar los sueldos, capacitar y actualizar instalaciones son funciones que actualmente recaen en los gobiernos locales, fundamentadas en el principio básico de la solidaridad entre las diferentes entidades del país.

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