En México, diversas acusaciones de violación y abuso sexual contra sacerdotes han generado preocupación y movilización social. Dos casos prominentes son los del sacerdote Aristeo Baca Baca en Ciudad Juárez y el exsacerdote Eduardo Córdova Bautista en San Luis Potosí, que ilustran la complejidad de estos delitos y las respuestas institucionales y judiciales.
Sentencia por Violación Agravada en Ciudad Juárez: El Caso de Aristeo Baca Baca
El sacerdote Aristeo Baca Baca fue declarado culpable del delito de violación agravada y abuso sexual en contra de una menor de ocho años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ante esto, fue sentenciado a 34 años y cinco meses de prisión, de acuerdo con información oficial emitida. El párroco de la iglesia Santa María de la Montaña fue acusado de abusar sexualmente de la menor, quien era monaguillo de la parroquia, entre el 2015 y 2016.
Pese a que desde el 2021 había recibido una condena, ésta fue apelada para evitar que el sacerdote fuera a la cárcel, por lo cual se le dictó arraigo domiciliario. Fue este día cuando una Sala Colegiada de Apelación rarificó la sentencia en contra de Baca, quien según se informó permanecerá bajo el arraigo domiciliario.
Organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez festejaron la condena que se le dictó al sacerdote. Red Mesa de Mujeres dio a conocer por medio de sus redes sociales que “se confirma sentencia para el pederasta Aristeo Baca: ¡culpable! ¡34 años de prisión! Justicia para la víctima y su familia.”
Acusaciones y Protección en San Luis Potosí: El Caso de Eduardo Córdova Bautista
En San Luis Potosí, se ha revelado el caso del exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien está acusado de abusar sexualmente de adolescentes varones durante 30 años en seminarios o colegios católicos en el noreste de México. Un juez ordenó la captura del exsacerdote, quien podría convertirse en el primer religioso en ser encarcelado por pederastia en el país. Córdova Bautista pudo haber cometido abusos con al menos cien adolescentes, según el abogado de algunas de las víctimas, Martín Faz Mora.
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El exsacerdote es considerado "prófugo de la justicia" por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ha emprendido una cacería no sólo en México, sino en otros países, para lo que solicitó el apoyo de la Policía Internacional (Interpol).
El Rol de la Arquidiócesis y el Vaticano
Un elemento adicional de la controversia son las acusaciones que se le hacen a la Arquidiócesis de San Luis Potosí por el tratamiento que supuestamente hicieron de las denuncias del sacerdote cuestionado. De acuerdo con el exsacerdote Alberto Anthié, quien hizo pública la denuncia, esa instancia estaba enterada desde 1995 y el Vaticano también fue informado. Sin embargo, alega, no se hizo nada al respecto. Anthié señala que "el caso del padre Córdova se dio porque fue protegido durante 30 años por la Iglesia, con pleno conocimiento de los casos. Es verdaderamente increíble que teniendo toda esa información se le abrían procesos internos, decían que no había elemento suficientes, cerraban el caso y lo exoneraban de toda responsabilidad."
Por otro lado, la Arquidiócesis de la que Córdova formaba parte dice, por el contrario, que ellos fueron los primeros en denunciar al exsacerdote, pues lo acusaron formalmente de un caso de abuso sexual contra un menor presuntamente cometido en 2012. La denuncia se presentó casi al mismo tiempo que el Vaticano determinó suspender al exsacerdote y separarlo de la Iglesia Católica. Según su vocero, Juan Priego, la iglesia de San Luis Potosí no esconde ni protege al exsacerdote y, por el contrario, espera que las autoridades civiles cumplan con su trabajo y hagan justicia en favor de las víctimas. Previamente, Córdova había sido investigado por acusaciones similares en 2008, pero entonces el Tribunal de la Arquidiócesis lo exoneró al no encontrar pruebas de su responsabilidad, insistiendo Priego que "no se encubre a nadie".
Redes de Influencia y Encubrimiento
Según el abogado Faz Mora, a Córdova Bautista la cúpula católica de su estado sí le brindó protección, siendo esta una de las razones, aunque no la única, por las que pudo evitar cuestionamientos. Durante varios años el exsacerdote fue representante legal de la Arquidiócesis, y por lo tanto el encargado de procesar las denuncias de pederastia contra religiosos de esa comunidad, actuando como "juez y parte".
Además, era el responsable de los vínculos políticos de la iglesia católica local, especialmente con el gobierno del estado. Gracias a ello, estableció relaciones importantes con funcionarios y organizaciones civiles locales. De hecho, Córdova fue consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre 1999 y 2001, fundador de exclusivas escuelas privadas de corte religioso y hasta hace unos meses se desempeñó como consejero ciudadano de Transparencia y Vigilancia para la Adquisición y Contratación de Obra del gobierno estatal. También forma parte de una de las familias "de más abolengo en la localidad", siendo "uno de los sacerdotes de la elite potosina", aludiendo al término que se usa para describir a los residentes de San Luis Potosí.
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Este encumbramiento le ayudó a crear un entorno que inhibía a las víctimas. Sabían que era una persona muy poderosa y por lo tanto iba a ser difícil no sólo castigarlo sino que les creyeran, sostiene Faz Mora. "Y por otro lado también actuaba como un entorno de encubrimiento." Cuando empezaron las primeras denuncias por su conducta, en 1997, un grupo de empresarios promovió un boicot publicitario contra los medios que publicaron el caso, mientras que la cúpula de la iglesia católica del país descalificó a las víctimas. Cuando años después el Vaticano reconoció los abusos del religioso, los empresarios que lo apoyaron guardaron silencio.
Ese mismo ambiente hostil es el que enfrentó Athié en San Luis Potosí. El círculo de protección de Córdova Bautista hizo muy difícil que, primero, algunas víctimas se animaran a hablar, luego a promover una denuncia y después que las autoridades empezaran las investigaciones. En el camino, voceros de la Arquidiócesis llamaron a Athié "mentiroso y difamador", mientras que el gobernador Fernando Toranzo le dijo que actuaría cuando la Iglesia resolviera su "asunto interno". Contra el exsacerdote existe una denuncia de 19 víctimas, que podrían ser más en el transcurso de las semanas, asegura el abogado Faz Mora. Actualmente está acusado de violación, abuso sexual calificado, corrupción de menores de 18 años y secuestro.
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